El atentado incendiario ocurrido el fin de semana en las obras de la central hidroeléctrica Rucalhue, en la comuna de Santa Bárbara, remeció nuevamente a la opinión pública y volvió a encender las alarmas sobre la persistencia de hechos violentos en la Macrozona Sur.

Más allá de los graves daños materiales -avaluados en $4 mil millones-, lo ocurrido tiene una dimensión simbólica y política que obliga al Estado a actuar con claridad y firmeza.

La reacción del Gobierno fue rápida y categórica. El presidente Gabriel Boric condenó en duros términos el ataque, anunció que se invocará la Ley Antiterrorista y recalcó que los responsables serán perseguidos con todo el peso de la ley.

La señal no ha pasado inadvertida. Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) manifestaron su respaldo al uso de esta norma, condenando el atentado y exigiendo justicia tanto para las personas afectadas como para las empresas contratistas que sufrieron las pérdidas. En la misma línea, actores empresariales de la zona -como la Multigremial de La Araucanía y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)- valoraron el uso de las nuevas herramientas legales que permiten perseguir a asociaciones criminales con mayor eficacia.

“En contextos de alta complejidad como el que vive la Macrozona Sur, la ambigüedad o la pasividad institucional terminan por profundizar la desconfianza y abren espacio a discursos extremos”.

El caso incluso motivó un inusual pronunciamiento desde el ámbito internacional: la embajada de China en Chile emplazó directamente al Ejecutivo a garantizar la seguridad de sus inversiones, recordando que la central Rucalhue es propiedad de un conglomerado de esa nación. La presión internacional se suma así al reclamo interno por seguridad, estabilidad y certeza jurídica.

La calificación del hecho como delito terrorista puede, sin duda, abrir discusiones en el plano jurídico y político. No es la primera vez que en Chile se debate sobre los alcances de la Ley Antiterrorista, sus usos, limitaciones y eventuales consecuencias. Algunas voces han cuestionado su aplicación por eventuales efectos sobre las garantías procesales, mientras que otras alertan sobre su uso selectivo. No obstante, más allá de las consideraciones técnicas o ideológicas, lo que no admite matices es que, ante ataques de esta magnitud, que emplean la violencia para amedrentar, paralizar proyectos estratégicos y generar temor en la población, el Estado debe actuar con una postura clara, coherente y sin titubeos.

Esa claridad no solo implica perseguir penalmente a los responsables, sino también entregar certezas a las víctimas, a las comunidades locales, a las empresas que invierten en el país y, sobre todo, a la ciudadanía, que espera vivir bajo un Estado de Derecho que garantice su seguridad.

En contextos de alta complejidad como el que vive la Macrozona Sur, la ambigüedad o la pasividad institucional terminan por profundizar la desconfianza y abren espacio a discursos extremos. En cambio, cuando el Estado nombra los hechos por lo que son y activa todos los recursos legales disponibles, se fortalece el principio de que nadie puede estar por sobre la ley, cualquiera sea la causa que invoque.