Tres meses de diálogo fueron necesarios para firmar el acuerdo que sentó las bases de un nuevo intento por cambiar la actual constitución que rige al país.
Un trabajo que tras momentos críticos y, a veces hasta desalentadores para las partes, finalmente dio como fruto un pacto casi unánime entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, lo que le otorga una legitimidad basada en la representación de la mayoría de las miradas de la sociedad. Algo que no sucedió en el anterior proceso. Y no es esta la única diferencia con el consenso que dio paso al primer intento constituyente, nacido en noviembre de 2019 que, como su nombre indicaba, se trataba de un acuerdo que buscaba en primer lugar la paz y, luego, una nueva constitución.
El pasado nos enseñó que nada está dicho, y que el diálogo respetuoso y la necesidad de transar para acordar es lo que pavimentaría la vía para un proceso constitucional exitoso y una nueva carta fundamental para Chile.
Hoy, con una situación política muy distinta a la vivida en plena crisis social, tanto el gobierno, como los partidos políticos y los ciudadanos mismos, entendieron que las bases para iniciar un proceso constituyente no debían estar apremiadas por el tiempo, sino que necesitaban, como condición sine qua non, interpretar las miradas, anhelos y necesidades de todos los chilenos. Y para ello hubo que dialogar, ceder, transar y acordar, como se hace en todas las instituciones democráticas de una sociedad.
Una reforma constitucional, que tiene comprometido el apoyo de la mayoría de los partidos y movimientos representados en el Congreso, habilitará este segundo proceso constituyente que, además, nace con 12 bases institucionales fijadas por el acuerdo. Márgenes que también deberán representar en su conjunto las necesidades que los chilenos han reafirmado, por lo que requerirán una prolija y compleja discusión. Traspasada esta valla, vendrá la nominación, por parte del Congreso, del comité de 24 expertos encargado de redactar el anteproyecto sobre el cual trabajarán los 50 consejeros electos por la ciudadanía. Aquella será la base para la discusión y redacción del nuevo texto que hará el consejo constitucional.
Así también, un comité técnico de admisibilidad revisará las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la comisión experta y en el consejo constitucional, para advertir eventuales decisiones que sean contrarias a las bases institucionales.
Finalmente, un plebiscito ratificatorio, nuevamente con voto obligatorio, cerraría el proceso a fines del próximo año. Allí, otra vez será la ciudadanía la encargada de decidir si la propuesta que el consejo constitucional entrega es la que Chile necesita. Es una segunda oportunidad, y tal vez la última, como reconociera el presidente de la Cámara de Diputados, de modificar una constitución que los chilenos apoyaron cambiar con una arrasadora mayoría en el plebiscito constitucional del 25 de octubre del 2020.
Sin embargo, debemos aprender de la historia, pues finalmente lo que se determinará en esa votación es si la propuesta emanada de este proceso es la que espera la mayoría de los chilenos y la que el país requiere para regir su destino. El pasado nos enseñó que nada está dicho, y que el diálogo respetuoso y la necesidad de transar para acordar es lo que pavimentaría la vía para un proceso constitucional exitoso y una nueva carta fundamental para Chile.
