El Director Ejecutivo de Chile Transparente fue uno de los más requeridos por los medios de comunicación para analizar las irregularidades en las asesorías externas encargadas por diputados. Contabilizó 26 entrevistas en un poco más de una semana. Su juicio es claro: hay que investigar para saber si los asesores engañaron a los parlamentarios o si se estaba haciendo mal uso de esas asignaciones. Les da el beneficio de la duda, así como también asegura que ni este caso ni los fraudes, colusiones, evasiones y otras malas prácticas conocidas recientemente hacen que el país haya pasado a la categoría de corrupto. Dice que haber descubierto en poco tiempo la basura que teníamos bajo la alfombra hizo creer a la gente que vivimos una corrupción muy profunda, ”pero estamos muy lejos de eso”, recalca.
Por Pamela Rivero | Fotografías: José Carlos Manzo
A fines de agosto, el Director Ejecutivo de Chile Transparente (el capítulo chileno de Transparencia Internacional), Alberto Precht, estuvo en Concepción participando en una actividad de la Semana SELLO de la UDD, donde analizó el desarrollo del periodismo actual desde la perspectiva de la transparencia y de la probidad.
En esa fecha, la agenda política estaba centrada en los reclamos del candidato presidencial, Alejandro Guillier, porque varios bancos, entre ellos BancoEstado, no le habían otorgado créditos para financiar su campaña. Su competidora a La Moneda, Carolina Goic, también había entrado al debate. Juntos, se quejaron de la Ley de financiamiento público, y expresaron su malestar por la situación, señalando que dadas las circunstancias sólo aquellos que tenían recursos o que eran millonarios, “como Sebastián Piñera”, sostuvieron, tenían una verdadera chance en la campaña presidencial. Sobre ese tema y sobre los últimos casos de corrupción conocidos en Chile se centró la conversación que Precht tuvo con NOS en esa ocasión. Sin embargo, luego de que cuatro investigaciones periodísticas denunciaran el plagio de informes de asesorías externas encargadas por parlamentarios, pagadas con recursos que les entregaba el Congreso para apoyar su labor legislativa, se hizo necesaria una segunda entrevista para tratar el tema. Una de las indagaciones había solicitado la asesoría de Chile Transparente para analizar los informes. Con ese conocimiento, Precht fue enfático en aclarar que del universo estudiado existía un gran porcentaje de asesorías “bien hechas” y que, por lo tanto, cumplían cabalmente con su función. “El caso de las otras, que tenían problemas de citas o que plagiaban textos casi completos, o aquellas donde un mismo informe se vendía muchas veces, es un llamado de alerta para que los órganos internos de la Cámara Baja como del Senado hagan su trabajo fiscalizador”, manifestó. Pero también, agregó, son hechos que el Ministerio Público debería investigar.
-Al ser masivas y transversales, ¿puede considerarse a estas asesorías “copy paste” sólo como una mala práctica, o esto es derechamente un delito?
Cuando tienes que cerca del 40 por ciento de los parlamentarios investigados pagaron por asesorías que no cumplieron con estándares mínimos de forma o de fondo, claramente se podría estar dando no sólo un atentado en contra de la propiedad intelectual, sino que también un mal uso de los recursos, que es, por ejemplo, lo que se está investigando en el caso del senador Orpis, donde se utilizaba a los asesores para distraer recursos fiscales para otros fines. Por eso es tan importante la transparencia, porque puede que efectivamente un parlamentario haya sido engañado por su asesor, pero también puede que no, y eso es lo que tiene que investigar la fiscalía.
-Los diputados anunciaron que borrarán de los registros de consultores de la Cámara a los autores de informes cuestionados por plagio y que aumentarán los controles internos. ¿Basta con eso o se necesita más?
No basta con eso claramente, esto es una gran oportunidad para avanzar hacia un sistema de asesorías moderno, liderado por la Biblioteca del Congreso Nacional, donde la asesoría externa sea residual y se cuente con un filtro de calidad a posteriori, tanto de pertinencia, oportunidad y calidad como de resguardo de la propiedad intelectual. Aquí no puede ser que haya personas que se estén arrogando y estén cobrando por obras que no les son propias, eso en algunas universidades del país significaría la expulsión inmediata de un estudiante.
-¿Deberían devolver el dinero que se gastó en esas asesorías cuestionadas?
Esto de empezar a devolver los dineros ya depende de la conciencia de cada uno, pero acá existe un estado de derecho y una forma de sancionar este tipo de conductas, por lo cual hay que esperar que las instituciones a quienes les asiste la responsabilidad de investigar sean las que determinen cuándo hubo una irregularidad, de qué tipo son éstas y en cuáles no las hay. Yo esperaría que los diputados que se sintieron engañados por sus asesores se querellaran en contra de ellos. También, que se tomaran resoluciones que fueran al fondo del asunto y que hubiese apertura a todo tipo de investigación, tanto a la de la fiscalía como al derecho que tenemos los ciudadanos de fiscalizar el buen uso de los recursos fiscales.
-¿Debería entonces el Senado entregar los antecedentes que está solicitando el Ministerio Público? (Hasta el cierre de esta decisión, la Cámara Alta no había accedido a este requerimiento)
Acá hay que distinguir dos cosas: una es el derecho que tenemos todos los ciudadanos a acceder a esta información. En ese entendido, el Senado no debió negar los antecedentes que solicitaron los medios de prensa que estaban realizando investigaciones por las asesorías externas. Otra cosa es la entrega que debe hacer al Ministerio Público, y que yo entiendo que la hará cuando este organismo persecutor haga las solicitudes de manera pormenorizada y cumpliendo determinadas formalidades. Yo creo que esto es una cosa de tiempo solamente, porque el Senado tiene que colaborar con la autoridad que investiga los delitos en Chile.
-Luego de que se destapó el financiamiento irregular de la política, varios reconocieron que se “sabía” de la existencia de esta práctica. ¿Ocurriría lo mismo con estas asesorías?
Bueno, ya estamos cumpliendo 10 años del copy paste de Wikipedia del senador Navarro, por lo tanto, esas prácticas no son nuevas.
El regreso del hombre del maletín
A menos de un mes de haber inscrito su candidatura presidencial, el senador Alejandro Guillier denunció un bloqueo crediticio de la banca. Con ello apuntaba no sólo al BancoEstado por haberle negado un crédito para financiar su campaña, sino también a entidades privadas que no accedieron a su requerimiento. Surgió entonces la discusión sobre si el acceso a los recursos podría ser un elemento que determinase una elección.
-¿Puede darse una cancha pareja para los candidatos cuando existen diferencias evidentes en los apoyos financieros y en los patrimonios que ellos tienen para solventar económicamente una campaña?
Las competencias lamentablemente nunca van a ser parejas porque dependerán de los patrimonios de cada candidato. En esta elección presidencial partimos de la 
base de que uno de los postulantes tiene uno de los patrimonios más importantes de Chile y eso siempre va ser complejo de manejar. Sin embargo, hay mucho de injustificado en estas críticas, porque el nuevo sistema de financiamiento de la política además de ser más transparente, señala vías distintas de aporte. Las campañas se pueden financiar con un 20 por ciento de aporte propio del candidato, que puede provenir de créditos solicitados a una entidad financiera. Por lo cual uno dice, puede ser que efectivamente tengas problemas para conseguir ese 20 por ciento, pero qué pasa con el 80 restante, la ley ofrece varias otras alternativas.
-De todas maneras, no es usual que un candidato con posibilidades reales de convertirse en Presidente de la República inicie su carrera con problemas de “plata”.
Bueno, porque antes vivíamos en un laissez faire, donde había todo un periodo no regulado en el que los candidatos recibían aportes de personas jurídicas de manera no regular y, por ende, ya tenían una caja bastante importante, y los topes del gasto eran mucho mayores también. La ley que tenemos hoy es muy buena en varias materias porque fomenta campañas más limpias, con mayor transparencia y con mayor trazabilidad. Además, yo entiendo que los diputados y senadores que votaron esta ley sabían que al sacar el aporte reservado de las empresas tendrían que buscar el financiamiento por otros lados. Nosotros, desde Chile Transparente, lo dijimos hace un año, legislar en caliente no es algo positivo, porque no se ven todas las externalidades que una nueva norma puede generar.
-¿Qué otras consecuencias podría tener esto de haber legislado “a la rápida”?
Por ejemplo, tenemos un Servicio Electoral que no puede cumplir con todas las atribuciones fiscalizadoras que se le entregan. También se dejaron fuera puntos fundamentales, como los periodos pre electorales. Nadie puede creer que una campaña empieza 60 días antes de una elección. Eso es absurdo, tenemos candidatos presidenciales que llevan cuatro años haciendo campaña y otros que no han parado nunca de hacerlas. Por eso debiésemos tener una regulación para saber quiénes los financian en esos momentos, cuáles son las actividades que realizan y también limitar esas posibles actividades de campaña, como lo hacen los norteamericanos a través de comités exploratorios. También debería existir una limitación mayor al uso de recursos fiscales para aquellos que ostentan un cargo de elección popular o que son funcionarios de gobierno.
-¿Cómo así?
Lo vimos en la elección municipal pasada. La Contraloría General de la República hizo estudios donde demostró que el gasto de los municipios aumentaba cuando el alcalde iba a la reelección. Las mejores fondas, por ejemplo, son siempre antes de una elección municipal, tiran toda la carne a la parrilla, y esto se da porque deben renunciar apenas 60 días antes, entonces previo a ese período, ocupan su cargo para publicitarse. Lo mismo pasa con senadores y diputados. Ellos debieran tener una limitación de las asignaciones que reciben o, incluso, debieran renunciar a los cargos si quieren repostularse, para que estuvieran en igualdad de condiciones con los demás candidatos.
-¿En Chile Transparente habían previsto que podrían suscitarse estos problemas por el tema del nuevo financiamiento?
Transparencia Internacional y sus capítulos en Latinoamérica no son muy partidarios de sacar completamente a las empresas del financiamiento de la política y entregarle todo el peso al Estado, porque el Estado tampoco es neutro. Lo que creemos es que tiene que haber una buena mixtura, pero con ciento por ciento de transparencia, es decir, si hay un peso aportado a la política, debemos saber de quién viene, con excepción de aportes muy menores de personas naturales. Pero, sin embargo, el consenso en Chile fue que se debía prohibir completamente el aporte de empresas. Cuando ya tienes eso, tú sabes que cerraste una puerta pero abriste una ventana.
-¿Para qué?
Cuando pones reglas y haces que obtener financiamiento sea más difícil, generas la tentación de que pudiesen venir aportes con difícil trazabilidad, de orígenes que no sean los más puros. Hoy perfectamente podría volver el hombre del maletín si es que los incentivos se ponen mal y no existe la fiscalización.
Premio a los delincuentes arrepentidos
-Para Transparencia Internacional ¿Chile es un país corrupto?
No, no lo es. Y también hay que tener claro que es difícil decir si un país es corrupto o no, porque existen niveles distintos de corrupción. En Transparencia Internacional distinguimos entre lo que es la corrupción sistémica de aquella que es ordinaria o regular. La primera ocurre en un país donde el Estado o la sociedad en general están capturados, por ejemplo, por el crimen organizado, por una banda de narcotráfico o por poderes empresariales que quieren cooptar el poder político. En el caso chileno hemos tenido casos de corrupción importantes, pero no podríamos hablar de que existe una corrupción sistémica campante. En general, cuando somos víctimas de algún delito, los chilenos podemos acudir a Carabineros y luego ir a los tribunales de justicia; existe el Estado de Derecho y se respeta bastante y, por eso mismo, Chile sigue estando entre los 30 países con menor percepción de corrupción en el mundo.
-Cuando nos enteramos en tan poco tiempo del financiamiento ilegal de la política, de la colusión de las farmacias, del confort y de los pollos; del megafraude en Carabineros, por nombrar algunos casos recientes, esa comparación internacional que menciona es como un consuelo menor.
Lo que sucede es que en Chile hace tiempo teníamos basura debajo de la alfombra que no sabíamos que existía o que no queríamos ver. Hoy, gracias al Ministerio Público, a las investigaciones periodísticas, a las ONGs que estamos trabajando en estos temas y a una sociedad más activa, se ha ido levantando esta alfombra y estamos viendo qué es lo que tenemos. Evidentemente en un primer momento eso va a afectar la percepción y la sociedad va a creer que estamos en una corrupción muy profunda, pero lo relevante acá es cómo las instituciones, el Estado y la sociedad reaccionan. Si no hubiese indignación sería preocupante y aquí en Chile existe indignación. También sería de cuidado si no existiese persecución penal o una reacción legislativa o del Ejecutivo. A uno le gustaría que fuese mucho mejor, pero hay reacción, por lo cual creemos que si bien falta muchísimo y las medidas que se han aprobado distan de ser perfectas, existe una reacción que nos permite ser optimistas hacia el futuro.
-La Agenda de Probidad y Transparencia del Gobierno contiene bastantes iniciativas legales y administrativas para mejorar la calidad de la política y el ejercicio de la actividad pública, pero qué pasa con el sector privado, ¿faltan leyes para evitar y perseguir la corrupción en ese sector?
Nosotros creemos que es importante que existan leyes que castiguen cualquier tipo de abuso donde se privilegie el interés particular versus el interés general, pero eso no basta. También es necesario que haya mayor nivel de conciencia y educación al interior del sector privado, porque es parte tanto de las soluciones como del problema. Hay un proyecto de ley que se está tramitando que tipifica la corrupción entre particulares. Eso va a cambiar completamente lo que entendemos por corrupción; por ello esperamos que sea de pronta aprobación.
-Para detectar la colusión existe la delación compensada que, en términos simples, premia al coludido que se autodenuncia con la exclusión o disminución de la multa. Para las víctimas de una colusión es difícil entender que se dé ese beneficio.
Hay cosas que son difíciles de explicar, como esto de que la delación compensada es fundamental para destruir la corrupción. Uno dirá pero cómo puede ser que el Estado premie a un delincuente, y es verdad, eso se hace, se premia a un delincuente arrepentido para perseguir a otros delincuentes que siguen cometiendo ese tipo de delitos; por lo mismo, es importante que se siga fomentando.
-Pero para el ciudadano común que quiere denunciar algún ilícito en su lugar de trabajo no existen ese tipo de garantías. Incluso corre el riesgo de ser despedido si es que acusa a sus jefes, por ejemplo.
En Chile casi no existe legislación de protección al denunciante, y eso es algo que estamos trabajando con el Ministerio Público. De hecho, el próximo año vamos a crear un centro de asistencia a víctimas y testigos de corrupción para poder protegerlos de mejor forma, porque hoy los únicos que tienen un nivel de protección son los funcionarios públicos, que por lo demás es bastante débil. Al no existir una garantía claramente establecida, una persona frente a un posible delito que, por ejemplo, pudiese estar ocurriendo en su empresa, prefiere quedarse callada. Algunas empresas tienen canales de denuncias, pero ellos funcionarán sólo si están bien implementados. También podríamos hablar de incentivos económicos para un trabajador honesto que descubre que está ocurriendo algo malo en una empresa, porque esa persona está cuidando el patrimonio de su lugar de trabajo. En Estados Unidos se premia al que entrega información por corrupción. En Chile, en términos generales, al que denuncia se le ve como “acusete”. En el colegio al que denuncia al compañero que le copia en la prueba se le tacha de desleal, se le hace bullying. Incluso en las familias, cuando un niño acusa a otro porque le pegó, el adulto le responde: “y por qué no le pegaste de vuelta y en cambio vienes a acusar”, cuando nosotros debiésemos fomentar la denuncia fundada y premiar a aquel que privilegia la conducta honesta frente a la conducta mentirosa.
¿Todo es parrillable?
En el año 2009, Chile Transparente publicó el Diccionario del Corrupto de la Lengua, que recoge, desde la A la Z, aquellos términos que definen las malas prácticas o pillerías más comunes entre los chilenos. Más de 45 mil personas contribuyeron proponiendo distintos conceptos que reflejan las faltas de transparencia de la vida cotidiana.
-“Hecha la ley, hecha la trampa” era una de las primeras frases que se leía en el Diccionario del Corrupto de la Lengua. Después de tanto escándalo de corrupción y de las leyes que se han creado para evitarlos, ¿seguiremos pensando en hacer trampa?
Si bien no podemos decir que Chile es un país corrupto, sí tenemos que reconocer que acá se aplaude la pillería, y que entre el pillo y el corrupto hay una línea muy delgada. Uno lo puede ver en situaciones cotidianas, como las evasiones, como saltarse la fila en un banco o copiar en el colegio. Son prácticas recurrentes en nuestra sociedad, porque éste es un país donde nos indignamos mucho por la corrupción del otro, pero vemos poco la corrupción propia.
-¿Un pillo con poder es un corrupto en potencia?
Sin duda. Y con eso hay que estar atentos porque generalmente relacionamos la corrupción con el poder y con quienes lo ejercen, pero no opinamos lo mismo de las licencias médicas falsas, por ejemplo. Por eso mismo hay que luchar por esa extensión del concepto de corrupción. Hay que ser bastante cara de palo para abusar del sistema a través de licencias falsas y exigir a los políticos un comportamiento angelical. Es fundamental que se empiece a construir esa coherencia cada día de manera más fuerte en la sociedad chilena.
-¿Es “caro” ser corrupto hoy en este país?
Está empezando a serlo, porque ya tienes una sociedad que se revela ante ese fenómeno. Ser corrupto tiene un costo reputacional muy importante. Es cosa de ver lo que ha pasado con las empresas y personas involucradas en casos de corrupción. En segundo lugar, tienes un Ministerio Público que se atreve a perseguir los delitos de corrupción cada vez con más fuerza y, tercero, porque progresivamente están aumentando las sanciones. Sin duda lo que tenemos dista mucho de lo ideal, pero estamos en un camino que es distinto a una impunidad total
-Entonces, ¿podríamos decir que en Chile ya no todo es “parrillable”?
Creo que hoy una persona que quiere cometer un acto de corrupción lo tiene que pensar varias veces porque eso hoy, al menos, ya tiene una tremenda condena social.