Sobre el futuro económico del país, el economista señaló que hay un riesgo de inflación de expectativas respecto del próximo Gobierno, pues prevé un escenario más complicado, con un cobre a la baja y costos de producción más altos.
En su visita a Concepción, con ocasión de la entrega del Reporte Anual de Sostenibilidad de Isapre Masvida, el economista Alejandro Ferreiro, director del Consejo para la Transparencia, y ex Ministro de Economía, se refirió al complicado panorama social y económico que vislumbra para Chile en los próximos años, de no mediar voluntad política para cambiarlo. “Estamos en una sociedad mucho más consciente de sus derechos, pero que ha olvidado sus deberes”, señaló, afirmando que el tema de la Responsabilidad Social se hace cada vez más relevante, por cuanto la sociedad y las redes sociales han obligado a transparentar el accionar de muchas entidades, apuntando a que la transparencia ha provocado que la gente vea la Responsabilidad ya no sólo como un esfuerzo publicitario de las empresas o una actividad filantrópica, sino que ahora también se interesa por cómo obtiene sus utilidades esa empresa, exigiendo que sea de manera responsable.
Afirmó la necesidad de reformar el sistema de las Isapres, que nació “desregulado”, razón por la cual hubo muchos abusos. “Se ha ido avanzando, pero no es fácil, porque tiene un estigma que provoca que mucha gente sienta que es un modelo que no cuadra bien con lo que las personas esperan en materia de seguridad social”. Acota que las entidades ven las reformas como una amenaza, sin entender que en realidad son una oportunidad para darles viabilidad. “La paradoja es que la reputación de la industria es mala, pero hay un actor que tiene una buena imagen, Masvida, cuyo ejemplo, de ser seguido, permitiría revertir el estigma”.
Añade que durante estos cuatro años no se han logrado las reformas necesarias al sistema de Isapres, por falta de acuerdos políticos, lo que pone en serio riesgo su permanencia, porque hoy ya se está viendo un decaimiento creciente e incesante debido a los costos que derivan de la estructura del tercero pagador. “El Tribunal declaró inconstitucional la tabla de factores, hay gran cantidad de recursos de protección presentados ante tribunales; con este modelo de recursos, los cotizantes pasivos están subsidiando a los cotizantes que recurren a tribunales, lo que podría significar costas de 75 millones de dólares destinadas a abogados”, comenta.
Sobre el futuro económico del país señala que hay un riesgo de inflación de expectativas respecto del próximo Gobierno. “Percibo que va a haber un escenario económico más complicado que el actual, con un cobre a la baja y costos de producción más altos. No hemos diversificado la matriz productiva, ni destrabado el sistema energético. Hemos vivido buenos tiempos, pero también la ilusión de un boom que ha aumentado el consumo”. Añade que el problema está en que, en su opinión, el país no está preparado para un escenario económico adverso, que permita mantener un crecimiento sólido y una senda de sostenibilidad político-social. “Creo que Chile necesita un nuevo pacto, como aquel tácito de los noventa, cuando había que recuperar la democracia, con responsabilidad. Siento que después de treinta años, necesitamos otro pacto: uno que incluya reformas políticas, más inclusión social y menos desigualdad, pero también destrabar ciertas cosas relativas a la economía. No podemos seguir dependiendo del cobre, no hay conciencia de lo complejo que pueden ser los tiempos que vienen. Nuestro país tiene un alto índice de gobernabilidad e instituciones fuertes, que es lo que nos ha colocado en un punto diferente respecto de nuestros vecinos, y eso hay que enfatizarlo”, concluyó.