Cerca de 7.500 familias viven en asentamientos informales en la Región. Año a año, por cada una que logra una solución habitacional y abandona los campamentos, dos llegan vivir a ellos.
En Las Algas, un macrocampamento ubicado en Talcahuano, 149 hogares viven en precarias condiciones. A pesar de ello, a diario sus pobladores salen a trabajar para obtener los recursos que les permitan mantener a sus familias, y ahorrar para la soñada casa propia.
Por Cyntia Font de la Vall P. / Fotografía: José Carlos Manzo.
A fines de 2018, un catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio a conocer una dolorosa realidad: más de 46 mil familias en todo el país viven en campamentos. Lo hacen sin alcantarillado, y casi todos con acceso irregular a los servicios de electricidad y agua potable.
Como sociedad, la cifra nos llevó a enfrentarnos con un fenómeno social que, dada su invisibilidad, parecía superado. Resulta desconcertante que, a pesar de las políticas públicas que permiten a cientos de estas familias optar a una solución habitacional cada año, el número de campamentos no disminuya.
Peor aún. Desde 2011, año de la última medición en esta materia, su cantidad se ha incrementado exponencialmente, pasando en siete años de 657 a 822, y de 27 mil familias viviendo en ellos, a más de 46 mil. Es decir, por cada familia que deja estos asentamientos, dos nuevas ingresan a ellos.
Los números muestran claramente la vulnerabilidad social en que viven miles de personas en Chile, excluidas del centro de las urbes, en lugares periféricos que ofrecen mínimas condiciones de dignidad en términos de vivienda y servicios básicos.
En nuestra Región la situación no es distinta. A pesar de no notarlos, son casi 130 los campamentos existentes en Biobío, cifra que constituye el 16 % del total nacional, y que nos lleva a ostentar un triste segundo lugar tras la Región de Valparaíso, donde se contabilizan 159 campamentos.
Aproximadamente, 7.484 serían las familias que viven en precarias condiciones en campamentos en esta Región. Así lo indicó hace unas semanas el Director Ejecutivo de Techo-Chile, Sebastián Bowen, en su exposición en Impulsa, evento organizado por la CPC Biobío.
Y así lo ratifica Héctor Acuña, director regional de Techo-Chile: “Según estudios de nuestro Centro de Investigación Social, en Biobío año a año serían 434 familias las que abandonan los campamentos, a la vez que 850 llegan a vivir a ellos, dinámica que se replica a nivel nacional”.
Es su opinión, el fenómeno de los campamentos se perpetúa porque, como sociedad, seguimos excluyendo al segmento más pobre de la población. “Mientras no aprendamos a incluir a quienes más nos necesitan, no podremos solucionar esta problemática”, señala, haciendo eco de lo dicho por Bowen: “Los campamentos son el síntoma. La enfermedad es la exclusión en la ciudad”.
Y así parece ser, pues la escasez de terrenos disponibles ha motivado un alza en el valor de los suelos, que impide construir en ellos viviendas sociales. A eso se suma el elevado precio de los arriendos y, muchas veces, lo lento de las soluciones habitacionales para las familias que las requieren.
De esta forma, los campamentos nacerían como consecuencia de una sociedad en permanente crecimiento, en la que el desarrollo y el poder económico no llega a todos.
Ante esto, sin el dinero para pagar un arriendo, y viendo como única otra opción vivir en la calle o hacinadas en casas de parientes, a diario cientos de familias optan por ir a vivir a un campamento.
Algo “propio”
La definición más usada de campamento señala que se trataría de un asentamiento informal, que agrupa a ocho o más hogares que habitan en posesión irregular un terreno, y que no tienen acceso al menos a uno de los tres servicios básicos: agua potable, electricidad y alcantarillado.
Todos los requisitos de esa definición se cumplen en Las Algas, el campamento más grande del Gran Concepción, ubicado en lo alto del cerro La Gloria, en Talcahuano, en el sector de Lobos Viejos.
En este macrocampamento hay 149 hogares, principalmente familias, que se agrupan en 99 viviendas contiguas, construidas irregularmente sobre una superficie de tierra. Casi todas son de material ligero, en su mayoría madera. Eso sí, todas muestran orgullosamente números en su fachada, como si fueran parte de verdaderas calles.
Paola Navarrete es la presidenta del Comité de Vivienda de Las Algas, adonde llegó pocos meses después del 27/F. “La persona que me arrendaba una casa, perdió la suya en el terremoto, así es que me pidió la que yo ocupaba”, relata.
Trató de arrendar algo, pero no encontró nada que pudiera costear y, por unos meses, se fue a casa de familiares. Pero quería algo “propio”. Por ello, cuando le hablaron de este campamento, donde podría levantar una pieza para ella, su esposo y sus hijos, no lo dudó demasiado.
“Cuando te hablan de vivir en un campamento, uno se complica, porque sabe que no va a tener agua, luz o un baño. Más encima yo tenía niños pequeños, así es que era más complejo… Pero al final me decidí, y me vine”, cuenta.
Cuando llegaron solo había cuatro viviendas. Construyeron una pieza que, con el paso de los años, fueron ampliando y sumándole nuevas habitaciones. Hoy, Paola muestra orgullosa su casa, que tiene dos dormitorios, y un amplio living-comedor, en donde también se encuentra la cocina.
Esa tarde, en el campamento solo se ven mujeres y niños. “Los hombres están trabajando”, explican las vecinas, que se acercan a conversar y, sin tapujos, hablan sobre las condiciones en que viven, normalizándolas. Parecieran no notar que algunas de las casas están pendiendo de la ladera, en grave riesgo de irse quebrada abajo; que muchos están “colgados” al tendido eléctrico, que no cuentan con agua caliente y, ni siquiera, con un baño con servicio de alcantarillado.
En Las Algas las mujeres son alegres, aunque reacias a hablar de cómo llegaron aquí, pero Paola hace un resumen: “Muchos llegaron por el terremoto, porque se habían quedado sin casa; otros, porque el marido quedó sin trabajo y no podían pagar arriendo; otros, por problemas familiares, porque los echan de sus casas o porque ya no quieren vivir de allegados… Pero la mayoría es porque, aunque tenga trabajo, no le alcanza para arrendar”.
Esta información es ratificada desde Techo-Chile: “En 2017 realizamos un análisis de los principales indicadores arrojados por la Encuesta CASEN de ese año. Al examinar la situación de tenencia de vivienda según quintil socioeconómico, se vio que en el primero y segundo tramo, donde se ubican las familias más vulnerables, es donde menos se arrienda y donde más se presenta la situación de vivir en casas cedidas”, informa el director regional de la entidad.
El informe también revela que las familias del primer quintil gastan más de la mitad de sus ingresos en arriendo lo que, evidentemente, lo hace una opción imposible de mantener en el tiempo.
Carlos Mellado, coordinador regional de Alianzas de Techo-Chile, sostiene que la OCDE recomienda no gastar en arriendo más del 25 % del ingreso familiar. “Sin embargo, al analizar los gastos mensuales de hogares del primer quintil, vemos que gastan en promedio un 51,7 por ciento en arriendo, seguidos de los del segundo quintil, que destinan aproximadamente un 32,2 por ciento de sus ingresos a eso”.
Caminar por el barro
Recorremos la “calle principal”, como le llaman a un pasaje que dejaron más ancho para que puedan pasar vehículos. Los ladridos de los muchos perros que salen a nuestro encuentro apenas dejan escuchar la voz de Paola, quien cuenta que lleva 14 años trabajando en “los ProEmpleo”, primero para la “Muni” (Talcahuano), y ahora para una ONG.
La sede comunitaria, construida por los vecinos, sirve de taller de costura a 20 mujeres del campamento que trabajan para programas de ProEmpleo. Adentro, varias pobladoras están reunidas cosiendo, tejiendo y conversando. Detallan que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas y que, aunque solo se ve una máquina de coser, “hacen hartas cosas, como manteles y cortinas para distintas instituciones”.
En el taller conocemos a Yenny, quien esa tarde hizo pajaritos para vender, y a Paulina, que relata que llegó a fines de 2010 al campamento. Es soltera, y tiene dos hijos, uno de 15 y una de cuatro. Por ocho años vivió en Las Algas, pero hace un par de meses -nos cuenta- “me compré una casa”, que está ubicada a un par de cuadras.
Dice que su vida en el campamento “no era tan terrible”, y que en verano tenían sol todo el día. “Pero en invierno costaba calentar la casa, y había que caminar por el barro… Todos vivíamos a porrazos”, cuenta generando la risa de las otras mujeres. Agrega que eso cambió cuando la “gente de Techo hizo un caminito de cemento en todos los ‘pasillos’ del campamento”.
Ahorro + Subsidio
Paulina accedió a una casa gracias a la obtención del subsidio DS-19 que, como informa la página del ministerio de Vivienda y Urbanismo: “Se trata de proyectos que acogen a familias vulnerables y de sectores medios, en barrios bien localizados, cercanos a servicios, con estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes”.
Preguntamos si es así, pero a Paulina solo le interesa que ahora sus hijos están más cerca de sus colegios, que este invierno no caminarán por el barro, y que en su sector hay alumbrado público, algo de lo que Las Algas carece.
El director regional de Techo-Chile, Héctor Acuña, cuenta que la mayoría de los habitantes de campamentos se va a viviendas sociales, haciendo uso de subsidios como el DS-19 o el DS-49. “No se las regalan, deben tener un ahorro de 10 UF, cifra que ganando el sueldo mínimo, o menos, les cuesta harto reunir. Cuando lo tienen, pueden postular a subsidios de una línea específica, para personas en situación de campamento… Seis o siete años después recién reciben su casa propia”.
Agrega que una solución habitacional es más que solo un techo que no se llueva, que la nueva vivienda debiera estar ubicada en el mismo sector en que vivían, para que no pierdan sus redes de apoyo, y ojalá cerca de los centros urbanos, del transporte público, consultorios y escuelas. “El valor de los suelos es lo que suele determinar dónde van a vivir las familias que salen del campamento. Generalmente los envían lejos del centro de la ciudad, desconectándolos de su fuente laboral y de sus redes. Al final, los principios de integración no se dan, y seguimos viviendo en ciudades segregadas”, sostiene.
A la escasez de terrenos bien ubicados se suma el déficit habitacional, y hechos como que “el DS-49, por ejemplo, pocas constructoras lo trabajan, porque para ellas no resulta atractivo económicamente. Entonces, no hay gran oferta de viviendas sociales”, afirma Carlos Mellado, coordinador regional de alianzas de Techo-Chile.
“Aquí no hay delincuencia”
La dirigente vecinal cuenta que al principio todos tenían terrenos grandes pero que, a medida que fue llegando más gente, todos fueron achicando sus sitios “para que los nuevos pudieran vivir aquí”.
Se queja de que la gran cantidad de perros que se ve es porque “alguna gente nos mira en menos por vivir en campamento, así es que vienen aquí a botar basura y a abandonar a sus perros”.
A veces nos sentimos discriminados, dicen las vecinas, “pero vivimos aquí porque no tenemos un lugar mejor”. Agregan que también hay quienes creen que son flojos, o delincuentes, pero que en el campamento solo hay gente de trabajo. “Aquí no hay delincuencia, porque todos nos conocemos y nos apoyamos”, enfatiza Paola.
Al llegar a un extremo del campamento se ve un par de viviendas construidas en plena pendiente, y algunos pasajes muy estrechos, condiciones que evidentemente dificultarían el acceso de vehículos de emergencia en caso de algún problema.
En cuanto a los servicios básicos, comentan que en sus primeros años en el campamento, no contaban con electricidad. “Pero los vecinos comenzaron a convidarnos”, recuerdan.
La situación cambió hace unos años, cuando el municipio instaló totalizadores, que son sistemas que distribuyen electricidad entre varias viviendas. “Los fusibles son para 20 casas, pero si conectas muchas cosas, se corta la luz para las 20… y de aquí a que vengan a darla, pueden pasar un par de meses”, se quejan las pobladoras.
El agua la obtienen gracias a un sistema de mangueras conectadas a una matriz de agua potable, y como no cuentan con servicio de alcantarillado, cada casa tiene un “pozo negro”, sobre los que algunos instalan inodoros.
Condiciones dignas para vivir
Si bien el promedio de edad de quienes viven en campamentos es 28 o 29 años, también hay muchos niños y adultos mayores. Son estos últimos quienes afrontan la peor situación: la mayoría no trabaja, está solo y algunos, enfermos. “No tienen cómo reunir el dinero para el subsidio, ni están en condiciones de esperar seis o siete años por una casa. Además, su edad no les permite proyectarse o tener esperanza de alcanzar a disfrutar de una vida mejor”, se lamentan en Techo-Chile.
Agregan que por eso es fundamental el apoyo de toda la comunidad, en especial de las empresas, porque esta es una realidad invisibilizada e, incluso, normalizada. “La gente piensa ‘alguien debe estar haciendo algo’, pero no se preguntan qué pueden hacer ellos para ayudar. Cuando visitamos a directivos de compañías muchas veces no saben que existen campamentos a unas cuantas calles de sus oficinas, aunque igual, generalmente están dispuestos a ayudar. Ese apoyo, más que ver con el rol social de la empresa, tiene que ver con ser persona, y conmoverte con el dolor del otro”, dice Acuña.
Las horas pasan, y hace bastante frío en Las Algas, donde la mayoría de los vecinos se calienta con leña. Algunos lo hacen con improvisadas estufas o con riesgosos braseros, medios de calefacción que más de una vez han provocado lamentables tragedias, como la ocurrida a principios de este mes en el campamento 21 de Mayo, en Concepción, donde una vivienda se incendió provocando la muerte de un pequeño de cuatro años.
Paola dice que cuesta juntar el dinero para vivir y, más aún, para comprar una buena estufa. “Las familias que no han podido arreglar sus casas, sufren con la lluvia y el frío, pero aquí todos nos apoyamos. Por ejemplo, todas las chiquillas son empeñosas, trabajan. Y si los maridos quedan sin pega, hacemos ‘platos únicos’, completos, sopaipillas… o nos conseguimos ropa usada para vender”.
Por estos días, el Comité de Vivienda que preside Paola está en conversaciones con los dueños de un terreno en el sector de Centinela, en Talcahuano. Allí sueñan con construir viviendas para cien familias de Las Algas, las que gozarían de “condiciones dignas para vivir”, dicen.
Sin embargo, el director regional de Techo-Chile advierte que, aun si consiguen que les vendan el terreno, “los vecinos tendrán que esperar seis o siete años para que el proceso avance y les entreguen sus casas”.
A las mujeres de Las Algas no les importa esperar un poco más. Confían en que todo saldrá bien y que podrán dejar el campamento para irse, como una gran familia de más de 400 personas, a vivir a “casas de verdad”. Unas que tengan locomoción, escuelas y consultorios cerca; que no se lluevan y que cuenten con servicio de alcantarillado, electricidad y agua caliente. Quieren vivir en un sector que cuente con alumbrado público y con calles pavimentadas pero, sobre todo, quieren irse para ya no ser discriminados o estigmatizados. Anhelan un espacio propio que les brinde más que lo mínimo para vivir, una casa digna y el hogar que, como personas, merecen.