A pesar del verdadero operativo de inteligencia que ha rodeado el caso, similar al que se montó en el llamado caso de la Vega Monumental, en el régimen militar, un extraviado documento oficial del alto mando de Carabineros del año 2000 y que ya es parte del proceso, endilgaría a la posible participación de Carabineros e Investigaciones en la muerte circunstancial y desaparecimiento del cadáver de Jorge Matute Johns. Con una jueza dispuesta a modificar la línea investigativa “que ya está agotada”, como aprecian algunos abogados, trascendió que el penúltimo juez de la causa se disponía a cerrar el caso por prescripción, condenar a uno de los siete jóvenes procesados por obstrucción a la justicia y con eso tranquilizar a doña María Teresa Johns.
Detalles inquietantes y sabrosos se han conocido por estos días en torno a la causa rol 41.266, caratulada Secuestro y obstrucción a la justicia de Jorge Matute Johns, de la que el penúltimo juez instructor, Jaime Solís, se declarara incompetente por la aproximación que tendría su yerno Farid Harun en los hechos. No obstante, hay quienes piensan que usó un resquicio para dejar dignamente el caso, pues -con anterioridad- habría manifestado intenciones de cerrarlo en base a la prescripción, pero inculpando a uno de los siete procesados por obstrucción a la justicia, para tranquilizar a doña María Teresa Johns, la madre del universitario.
Un contundente documento oficial que le exhibiera el mayor (r) Andrés Ovalle Aguilera; sin embargo, y que apunta a funcionarios de Carabineros participando en al menos la desaparición del cuerpo de Jorge Matute Johns lo habría llevado a recapacitar en su decisión y declararse incompetente el 22 de julio de este año, diez días después que en su tribunal compareciera también el ex comisario de la PDI y antagonista de Ovalle, Héctor Arenas. Versiones hablan, incluso, de que el detective le habría pasado “la factura” al juez hablando en la prensa de la participación de Harun, quien efectivamente era amigo del grupo de los 7; estuvo en la casa del Lago Lanalhue con ellos y la hija del juez conoció de algunas peleas ocurridas en el estacionamiento de La Cucaracha, pero nunca estuvo procesado.
“En 15 años, Héctor Arenas nunca ha acreditado ni un solo testigo que haya validado sus presunciones; ningún testigo que haya visto conversando a los procesados con Jorge Matute Johns o cerca de él, pero sigue encubriendo el foco criminalístico real porque esa noche del 19 de noviembre de 1999 había una entrega de drogas que estaba siendo monitoreada por funcionarios de Carabineros”, precisó Cristian Araos Díaz.
El sicólogo forense explicó incluso que en diciembre de 2013 fueron advertidos que se preparaba el cierre irregular del caso, con Óscar Araos Díaz como único responsable. “Lo único que sé es que había un pre acuerdo de dirigir el fallo en contra de los jóvenes, específicamente en contra de Óscar, mi hermano, que el juez Solís rompió; hizo lo correcto desde nuestro punto de vista y Arenas le pasa la factura como sospechoso. Una vendetta”.
No obstante, para el abogado querellante Fernando Saenger Gianoni, en las últimas declaraciones del detective Arenas, y que conociera cuando se le dio publicidad al sumario, “está la clave” para avanzar en el esclarecimiento del caso y hacia allá apuntan las diligencias que, dijo, prepara con Alex Matute, su ex alumno de Derecho en la UCSC y hoy fiscal de la Corporación Chilena del Cobre, Cochilco. Por lo menos dos de las diligencias que tienen en mente pedir ya tendrían respuestas de los aludidos como se verá más adelante.
El sumario iniciado en 1999 por el Tercer Juzgado del Crimen de Concepción, con la entonces jueza titular, Flora Sepúlveda Rivas, y en el que han intervenido además los jueces Juan Rubilar y Jaime Solís, fue reabierto por la jueza Carola Rivas el 21 de agosto de 2014 “para la investigación de todos los hechos y circunstancias que permitan aclarar la muerte de Jorge Matute Johns y la participación de terceros en la misma”.
De la resolución se desprende que deberán concurrir al tribunal, entre otros, el dueño de La Cucaracha y su pareja, Bruno Betanzo y Carmen Sereño; los guardias de la discoteca, los siete jóvenes encausados por obstrucción a la justicia y los policías de la PDI y de Carabineros que en su momento abrieron líneas paralelas de investigación, pero antagónicas en sus objetivos y resultados. Arenas y Ovalle –así como un tercer interviniente, el ex sacerdote Andrés San Martín (profesor de matemática, casado y con residencia fuera de Concepción)- ya han comparecido ante el tribunal.
¿Son o no son?
El encuentro entre Ovalle y Solís se habría concretado en Tribunales el 14 de febrero de este año cuando el exoficial -ante un llamado público del propio Solís para aportar antecedentes sobre el caso- se presentó a una audiencia junto a su abogado.
El informe al que alude, del 25 de agosto de 2000, con los timbres de la Subdirección General de la Dirección de Orden y Seguridad y de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas de Carabineros avala dos hipótesis de trabajo del equipo investigador que encabezaba Ovalle en la época antes de ser marginado. En sus páginas –no más de dos- se lee que la muerte circunstancial y desaparecimiento del cadáver de Jorge Matute “sustentan una causal producida por terceros y con premeditación, es decir, se trataría de un hecho policial con características de gravedad, en las cuales, además, se considera la posible participación de Carabineros e Investigaciones”. La orden del alto mando fue, entonces, “proceder a la verificación de la hipótesis”.
“Yo viajé a decirle al juez que mi trabajo no fue a título personal, que no diseñé mi tesis para favorecer a los siete procesados en ese tiempo, y traje ese documento que no había encontrado en años. Cuando me recibió, no me tomó declaración y dijo: “Mire, esta cuestión está prescrita. ¿Qué cree usted? ¿Fueron o no fueron los cabros? Porque de esto sería bueno darle una respuesta a la madre y cerrar”. El exoficial dice haberle retrucado que su visión era contrapuesta, que había seguido indagando en el tiempo a pesar de que el ex comisario de la PDI, Héctor Arenas, insistía a través de los medios que su hipótesis era personal. Le reiteró que había agentes del Estado comprometidos y que el dueño de La Cucaracha, Bruno Betanzo, médico, había visto en estado agónico a Jorge Matute y certificado incluso la gravedad de las lesiones del joven que, a la sazón, tenía 23 años.
El ministro –prosigue Ovalle- se descompuso y no insistió en su planteamiento inicial de cerrar el sumario. Tras dos horas de conversación, el investigador que también aportó antecedentes sobre la ruptura de la cadena de custodia de las muestras de sangre obtenidas en La Cucaracha que se iban a analizar en Estados Unidos y aportar la identificación de los responsables, le dejó un dossier para que se supiera la verdad, de una vez por todas, y se conociera la posible participación de los agentes del Estado -con nombre y apellido- en todos los hechos que dicen relación en el momento o con posterioridad a la desaparición y muerte de “Coke”. “El juez nunca más me llamó”, acotó.
El documento ya forma parte del proceso y en palabras del retirado oficial, quien prestó declaraciones ante la jueza Rivas por 15 horas durante la primera semana de octubre de 2014, ahí está la explicación del porqué Carabineros-durante el mandato del general Alberto Cienfuegos- le ocultó una invitación de la Cámara de Diputados para comparecer ante una comisión investigadora del trabajo de las policías, con el propósito de impedir que Carabineros apareciera en el caso con un grado de compromiso en la muerte de Jorge Matute. “Por eso, en complicidad con la señora Flora Sepúlveda empiezan a planificar mi salida”, declara.
– ¿Y cómo cree usted que lo consiguieron?
Mediante un fraude administrativo, falsificando mi firma, la del director del Hospital y una ficha médica de mi persona que jamás se hizo; como no me trataron médicamente, el estrés postraumático se transformó en crónico lo que me da derecho a la invalidez de segunda clase que después de 10 años todavía no logro obtener. Ésa es la causal que me lleva a indagar mi salida irregular de Carabineros, lo que compruebo con peritajes científicos, caligráficos, que hizo la PDI. Mi retiro forzoso está relacionado directamente con mi participación en el caso Matute; descubrí que había que anularme; no sólo sacarme de la investigación, sino que también de la institución. Ése es el meollo del asunto. O sea, dentro de la estrategia fue anular al disidente”.
Por el secreto del sumario, Ovalle se excusó de profundizar en sus declaraciones ante la ministra Rivas, pero trascendió que ante la jueza ratificó sus dichos, agregó y denunció nuevos hechos en la línea de que funcionarios de Carabineros participaron al menos en la desaparición del cuerpo de Jorge.
Puras idioteces
La reapertura del sumario, con el juez Solís a la cabeza, se produjo el 10 de enero de este año, pero él mismo admitió a la prensa haber estado trabajando silenciosamente en la causa desde diciembre de 2013. Un mes antes, incluso, como consigna el expediente, la Corte de Apelaciones de Concepción ,recibió un oficio de la PDI a raíz del contenido de un correo proveniente de Valparaíso-Quillota y dirigido al periodista Carlos Basso en que se aportaban nuevos antecedentes del caso.
Eran “puras idioteces”, describe hoy el abogado querellante en la causa, Fernando Saenger Gianoni, para clarificar que se trataba de la denuncia de una mujer, quien habría escuchado a su pareja decir, en una pesadilla, que había matado a Jorge Matute Johns. Poco después ambos terminaron su relación, pero “a ella le dio que su ex lo habría matado y lo denunció. Más que mentiras, eran ficciones”, describe. Los querellantes vieron la oportunidad –y así se hizo- para que el juez exhumara los restos de Jorge Matute -una parte está sometido a pericias en Murcia, España, y otra en el Servicio Médico Legal de Santiago-, y que fuera interrogado el ex sacerdote Andrés San Martín.
El jeep de Ábaco Ingenieros
A días de cumplirse 15 años de la muerte y desaparición del universitario, el abogado Saenger piensa que aún puede haber milagros y confía en que las diligencias que está solicitando conduzcan a ellos, aún sorprendido por las declaraciones que prestara ante el tribunal el ex comisario de la PDI, Héctor Arenas, el 6 de agosto, ante la recién asumida ministra Rivas y de las que se enteró cuando tuvo acceso al sumario.
De la lectura del expediente, tres o cuatro puntos llaman su atención: que el yerno del juez Solís “aparezca por todos lados”, citado por el detective Arenas; el que “deba ser dilucidado el momento en que ocurrió el incidente del artesano con aquel del sujeto que (esa noche) corrió (en dirección) al aeropuerto y que en nuestra investigación correspondería a Jorge Matute Johns”, como declara Arenas, antecedente que para el abogado es clave; las conversaciones que habría escuchado el sacerdote Andrés San Martín detrás de la Parroquia El Buen Pastor de San Pedro de la Paz que “puede dar pistas de los culpables” y el llamado desde un teléfono público que se hiciera desde Laja a la familia Matute, el 9 de marzo de 2000, donde un tal Carlos proporcionó la placa TC-6548 como la del vehículo “con que se llevaron a Matute Johns la noche de su desaparición. Explicó que él había ido a buscar a una persona a La Cucaracha entre las 3 y las 3.30 horas y vio cuando lo subieron a ese vehículo. La referida placa patente corresponde a un jeep marca Susuki, color negro de propiedad de Ábaco Ingenieros, de propiedad de Óscar Araos Guzmán, procesado en el caso MOP Gate y padre de Óscar Araos Díaz, uno de los procesados por obstrucción a la justicia”.
“Este informe -complementa el ex detective Arenas en su declaración ante la ministra Rivas- está contenido en unos discos entregados en 2004 por el teniente de Carabineros Marcelo Vilches Contreras (cuaderno separado n°14) y no se efectuaron las diligencias solicitadas en su oportunidad por el equipo investigador, por lo que se hace necesario una nueva investigación exhaustiva respecto de la persona que manejaba ese vehículo”.
Al respecto, Óscar Araos Guzmán, dice: “Efectivamente compramos unos jeep de estas características que trabajaban entre Santiago y La Serena. Se utilizaban para proyectos de ingeniería que se estaban haciendo en el norte del país. Ninguno de esos vehículos estaba en la Octava Región ni lo manejaban mis hijos y yo estaba fuera del país, en Inglaterra. Llegué a Chile a fines de mes, o sea, habían pasado dos semanas del caso Matute”.
Y su hijo mayor complementa: “Es un distractivo más. El año 2004, cuando aparece el cuerpo de Jorge Matute, acudí al sitio del suceso con la periodista Rocío Berríos y fui en ese jeep que era de la empresa. Eso ocurrió cuatro años después del suceso. Fui amedrentado incluso por Arenas y la periodista se asustó porque casi nos toman detenidos; nos pidieron los documentos y en ese momento tomaron la patente”.
Para el abogado Saenger son clave las indagaciones que se hagan en torno a ese joven que arranca desde el estacionamiento de La Cucaracha hacia el aeropuerto y que el detective Arenas reconoce como Jorge Matute.
En el proceso, entre el 10 y 15 de diciembre de 1999, entrevistan a Marcelo Díaz, el “Huevito”, que está sentado al lado afuera de La Cucaracha y ve a un conocido de la Villa Spring Hill llamado Coke. Lo ve entrar con otra persona que estaba en los estacionamientos, pero en ese mismo instante desvió la atención hacia unos jóvenes que corrían y perseguían a su amigo Mauricio Domínguez, el artesano, a quien le iban a pegar por haberles rayado un auto. Ese testimonio ve a Matute entrando a La Cucaracha a las 4.29 horas, porque justamente Óscar, mi hijo, después de que se acaba el conato de pelea, empieza a llamar a Carabineros. Hay varios testigos que dicen que dijo: ¡Voy a llamar a los pacos! y una niña agrega que “cacho que era pura mentira, porque nunca llegaron los pacos”. Eso fija la hora en que Jorge Matute estaba vivo: las 4.29 horas.
Cuando pelean con el artesano, salen el Oso y otro guardia más y los separan. Es en ese momento cuando Jorge Matute logra entrar por segunda vez a La Cucaracha -porque ya lo habían expulsado- a buscar su chaqueta. Y adentro, se va directamente ante (la cajera) Carmen Sereño y le empieza a pedir explicaciones, a quejarse porque ya lo habían sacado una vez a empujones y bofetones (sin sangramiento, como dicen los guardias). Jorge Matute empieza a quebrar los vidrios de la caja; se mete a la caja y ahí llaman a los guardias; a dos primero, pero que estaban ocupados, y le dan, entonces, la orden al Oso, que se devuelve del estacionamiento después de haber separado a estos cabros y le da la paliza. A punta de golpes lo saca y lo remata en el acceso a La Cucaracha, a la vista de Marcos Antonio González y Anna Kreschinna, que era la niña que andaba con Jorge Matute. Anna gritaba y Valeria Cid también estaba mirando. Mira, está lleno de testigos.
-Pero la observación apunta a alguien que corre hacia afuera del recinto, en dirección al aeropuerto…
Este constructo que arma Arenas se cae también por el horario. Marcelo Díaz estaba afuera desde las 2.30 horas; a esa hora lo habían echado y él se queda porque adentro estaba su polola. El “Mota” (otro testigo) está con el “Huevo” y es uno de los que ayuda a separar esta riña. Y él dice que cuando viene corriendo su amigo, el artesano, y detrás de él estos cabros corriendo y gritándole “te vamos a matar”, el cabro corría hacia la discoteca y le dicen al grupo: ¡oigan pero cómo lo van a matar porque les rayó el auto! Al final, todo queda en nada, desaparecen, y este mismo joven (el artesano) declara que los cabros que lo seguían le ayudan a cambiar las ruedas de su auto. La misión de Arenas siempre fue sacar la pelea desde La Cucaracha.
Cambio de la línea investigativa
Del nuevo escenario que rodea al caso se pronunció también el abogado Jorge Menchaca Pinochet, defensa en su momento de Jaime Rojas, quien aparecía como el autor material de la golpiza: “Yo tengo una opinión muy clara y muy precisa de la función que cumplió el señor Arenas. Él entorpeció la investigación. Creo que llegó a Concepción a hacer una labor de inteligencia policial destinada a que no se descubriera el verdadero autor, causa, motivo o razón del hoy asesinato de Jorge Matute Johns.”
-¿Y en qué se basa?
Hasta antes que llegara el señor Arenas, la investigación tenía una línea de acción encomendada por la magistrada Flora Sepúlveda al OS-7 de Carabineros. Bien o mal, a menos de un mes que llega el señor Arenas comenzaron a filtrarse trascendidos desde Investigaciones diciendo: “Grandes avances en el caso Matute”, “Pronto habrá novedades en el caso Matute”. Eso es típico de la preparación de una operación policial política destinada a centrar o a desviar la atención de la opinión pública. Esto lo hacía mucho la CIA y en Chile la policía política.
-A su juicio ¿qué es lo que había entonces?
Primero detiene a dos hijos de un connotado ejecutivo de una prestigiosa empresa y quedan en libertad por falta de mérito. A los 10 días, no son éstos, son estos otros (los siete procesados) y la jueza Flora Sepúlveda, en una resolución para mí inexplicable los somete a proceso por el delito de secuestro de Jorge Matute Jonhs. Pero la Corte de Apelaciones revoca el auto de procesamiento y dice “no hay antecedentes suficientes para someter a proceso a los 7 jóvenes por el delito de secuestro”. Detengámonos ahí jurídicamente.
-Pero siguen procesados…
Los abogados defensores nos equivocamos de estrategia; nos fuimos de amparo simultáneo a la revocación y ahí hubo un error. Eso permitió que esta causa llegara a la Corte Suprema, que rechaza el amparo, y aparece la figura de obstrucción a la justicia. Todo el tiempo que estuvieron privados de libertad no fue porque existieran presunciones fundadas de que tenían la calidad de autores, cómplices o encubridores, sino que por obstrucción a la justicia, vale decir, porque se les imputaba “saber algo y no querer decirlo”. Nosotros sostenemos que no saben nada.
– ¿Por qué Arenas apunta a este grupo y no a otro?
Partí esta entrevista diciéndole que eran jóvenes de vida licenciosa, disipada, pero que lo sean no me permite a mí decir que ellos mataron a Matute. Durante toda la etapa investigativa se indagó si habían sido autores o no. No nos olvidemos que el vehículo de uno de los procesados en el que concurrió a La Cucaracha fue desarmado entero por si había restos de sangre, restos biológicos de Jorge Matute; no nos olvidemos que está científicamente probado que una vez que apareció el cuerpo, Arenas fija una hora en que Matute fue visto con vida, fija una hora en que uno de los procesados estaba en La Cucaracha y fija una segunda hora en que no está en la discoteca y en ese lapso habría ocurrido el secuestro y la eliminación del cuerpo cuando éste no aparecía. Pero cuando aparece, tenemos que Jorge Matute estaba a 34-35 kilómetros de la discoteca. Por lo tanto, en los 13 minutos de diferencia que hay -según él- en que uno de los procesados (dueño del automóvil) desaparece, tendrían que haberle dado muerte, tomar la decisión de ir a botarlo y el juramento del silencio grupal sepulcral de por vida. Y, lo que es más decidor, viajar 34 kilómetros, depositarlo y regresar. Ni en helicóptero.
Por eso digo que lo bueno que está haciendo esta ministra es cambiar la línea investigativa. Retomar la línea investigativa original cuando la magistrada Flora Sepúlveda dijo: “Esto es obra de profesionales”. Para justificar las imputaciones a uno de los muchachos, dice que él tiene gran experticia, gran frialdad para enfrentar hechos extremos porque es bombero. O sea, en vez de ser eso una cualidad prosociedad, a este señor se le transforma en una actinia, especie que echa harta tinta para despistar al pulpo. Y aquí estamos echando harta mugre, harta cosa para generar esta operación distractiva, de inteligencia.
– ¿Quién lo habría mandatado para venir a hacer lo que, usted dice, hizo?
Usted leyó Asesinato en el campus Oriente; ¿en qué situación deja de ser funcionario el señor Barraza? ¿Podríamos decir que la PDI fue un organismo probo, puro, inmaculado y sin mancha alguna? ¿Quién es la principal víctima de todo esto? el Poder Judicial porque aparece sin poder resolver el caso. Pero no son los jueces los que investigan, son las policías.
-O sea, esto sería un montaje. ¿El asunto es por qué?
Cuando alguien supo cuál era la verdad, ese alguien dijo: esta verdad no puede trascender.
-¿Y la verdad sería que están comprometidos agentes del Estado en la muerte y desaparición de Matute?
O gente con mucha influencia o muy allegada a agentes del Estado. O alguien a quien los agentes del Estado del momento querían proteger. Hay muchas posibilidades, pero lo concreto es que si el Poder Judicial no cuenta con un ente especializado que actúe en forma proba y eficiente, no va a poder resolver el caso. A mí me llama la atención que la parte querellante insista en una línea de investigación que está fracasada, agotada. Con el respeto y el aprecio que me merece el colega Fernando Saenger, creo que es errado insistir en esa línea por las razones que he dicho.