El reciente anuncio del gobierno de presentar un veto al proyecto que extiende a dos días las elecciones municipales y regionales de octubre, y establecer multas a los ciudadanos que no participen de esos procesos, mostró una preocupante falta de claridad sobre los objetivos reales detrás de las decisiones tomadas en el Congreso.
Este anuncio, que fue hecho por el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, ocurrió luego de que el Senado no aprobara el informe de la comisión mixta que, entre otros puntos, proponía una sanción de entre 0,5 y 2 UTM (equivalentes a $33.000 a $131.000) a quienes no acudieran a las urnas a cumplir con su obligación de votar.
La controversia se centró en si el término utilizado para definir quiénes serían objeto de estas multas sería el de electores o de ciudadanos.
La comisión había propuesto que fuesen los electores. Sin embargo, el gobierno reparó en que este universo también consideraba a los extranjeros avecindados hace más de cinco años en el país, quienes, aunque forman parte del padrón electoral, no están obligados a sufragar. Por eso solo apostaron por el término ciudadanos, que los excluye.
Desde la oposición acusaron cálculo electoral de parte del oficialismo. En tanto, representantes de este último bloque sugirieron que la postura de la Derecha a inclinarse por incluir a todo el padrón electoral buscaría aumentar la participación, especialmente, en comunas con altas poblaciones migrantes que, en teoría, votarían por sus candidatos.
Esta es una discusión que para quienes observan desde fuera del debate político, puede resultar confusa y alejada de sus preocupaciones cotidianas. Pero, sobre todo, es un episodio que revela cómo las decisiones legislativas sobre temas fundamentales, como el voto obligatorio, corren el riesgo de ser percibidas como estrategias políticas más que como esfuerzos genuinos por fortalecer la participación democrática.
Es crucial que este debate no se diluya en disputas partidistas y tácticas electorales. Los electores necesitan una discusión informada y reflexiva que garantice que cualquier cambio en las leyes electorales responda verdaderamente a las necesidades y valores de la sociedad chilena en su conjunto, y no solo a los intereses políticos a corto plazo.
