Por Elías Meza Falcón |
La iniciativa redistribuirá las cuotas de captura entre el sector artesanal e industrial, con especial impacto en especies clave para el Biobío. En la región, gremios expresan preocupación por el posible efecto en el empleo y la sostenibilidad productiva.
A comisión mixta fue enviado el proyecto de ley que propone un nuevo fraccionamiento permanente de las cuotas globales de captura entre pescadores artesanales e industriales.
La iniciativa del Ejecutivo fue aprobada con modificaciones en el Senado el pasado 16 de abril, y el martes 22 llegó a la Cámara. Allí, por 136 votos a favor y una abstención, los diputados aprobaron en general el texto, pero dejaron fuera el detalle de porcentajes a fraccionar entre la pesca industrial y la artesanal.
La Ley de Fraccionamiento pretende introducir cambios estructurales en la asignación de derechos de captura de 22 pesquerías, reduciendo la participación industrial en varias de ellas y aumentando la del sector artesanal.
En la región del Biobío, una de las zonas con mayor actividad pesquera del país, la iniciativa implica cambios significativos en especies clave como la sardina común, la anchoveta, el jurel y la jibia.
¿Para qué se hizo la ley?La ley en discusión reemplazaría el esquema vigente establecido por la conocida Ley de Pesca de 2013, también denominada por el oficialismo como “Ley Longueira”, que ha sido objeto de duras críticas por favorecer, según diversos sectores, a la pesca industrial.
El cuestionamiento al proceso de tramitación de esa norma se intensificó tras la investigación judicial por el caso Corpesca, que involucró a parlamentarios y representantes del rubro industrial en hechos de corrupción. De hecho, el proyecto original enviado por La Moneda reza: “Hoy persisten graves y fundamentados cuestionamientos respecto a la legitimidad del actual fraccionamiento producto de la intervención indebida e ilegal de intereses privados en la tramitación de dicha ley”.
Según la subsecretaría de Pesca -dependiente del ministerio de Economía-, el rediseño del fraccionamiento responde no solo a criterios de equidad social, sino también, a fundamentos técnicos. Entre ellos, se considera el comportamiento de los recursos marinos debido al cambio climático, el fenómeno de El Niño y la necesidad de adaptabilidad en el manejo de las pesquerías.
¿Cuáles son los cambios que introduce?Desde el Senado se despachó un texto que establece que el 90% de las cuotas de sardina y anchoveta quedarán destinadas a la pesca artesanal, mientras que el jurel se dividirá en un 30% para el sector artesanal y 70% para el industrial en la zona comprendida entre Atacama y Los Ríos, franja que incluye a Biobío.
En el caso de la jibia, el proyecto aprobado por los senadores determina un rango de distribución dinámica a nivel nacional: entre un 90% y un 80% para el sector artesanal, y entre un 10% y un 20% para el industrial. La cifra inicial aprobada fue de 90% para los artesanales, lo que representa una consolidación de la participación mayoritaria de este sector en la captura del recurso.
En cuanto al camarón nailon, presente también en aguas del Biobío, el nuevo fraccionamiento establece una distribución de 25% para el sector artesanal y 75% para el industrial. Lo que no ha quedado claro son los porcentajes para la merluza común, donde el Gobierno propone 43% para artesanales y 57% para industriales.
Sin embargo, dichos porcentajes podrían quedar en entredicho. De las 22 pesquerías, el pleno de la Cámara aprobó solo 19, por lo que el fraccionamiento del jurel, la anchoveta y la merluza común deberán resolverse en comisión mixta.
Gremio industrial en alertaLas modificaciones no fueron bien recibidas por la Asociación Gremial de Trabajadoras de Plantas de Proceso de la Industria Pesquera del Biobío. Los porcentajes, que disminuirían las cuotas para la pesca industrial, tendrán un impacto en el empleo, aseguraron.
“Lo que se votó mueve la aguja considerablemente hacia el sector artesanal. Quedamos expectantes, intranquilas, y hacemos un llamado a que en la comisión mixta los argumentos sean sólidos y no una discusión de populismo”, señalaron desde la organización.
Paola Sanhueza, presidenta del gremio, afirmó que los cambios propuestos no consideran las particularidades productivas del Biobío. “Estamos agotadas con discusiones que no reconocen que las realidades regionales son muy diferentes. Somos la capital pesquera de Chile, donde se procesa el mayor porcentaje de merluza para consumo humano. Sin empresas, no hay trabajo. Y hoy se están impulsando medidas que ponen en riesgo esa cadena”, advirtió.
Sanhueza también alertó sobre las consecuencias laborales de una eventual reducción de cuotas para la industria en la zona. “Si se reduce la asignación de merluza al Biobío, eso significa el cierre de empresas como PacificBlu. Y eso nos preocupa excesivamente”, señaló.
Y a eso se le suma la falta de fiscalización contra la pesca ilegal, según destacó el senador PS por la región Gastón Saavedra. “Tenemos un grave problema de pesca en negro, especialmente con la merluza, que está afectando al recurso de manera crítica”.
Si no se toman medidas para proteger el empleo industrial, el parlamentario aseguró que el Gobierno estaría socavando su propio plan pro-empleo, que presentó en la región al cierre de Huachipato. “El ministerio de Economía está impulsando un plan en Biobío y no puede venir al Congreso a socavar su misma idea. Por eso hemos defendido que la distribución de las pesquerías debe permitir la sostenibilidad del sistema”, señaló el legislador.
