Los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral no solo se manifiestan a través de indicadores como el desempleo o la tasa de participación laboral. De igual manera lo hacen en otro indicador, que también refleja los niveles de actividad económica: el número de horas efectivas trabajadas semanalmente, un factor al que llamaremos “parcial”, toda vez que su valor no altera la condición de la persona en el mercado laboral. Es decir, cumpliéndose el requisito de una hora trabajada en la semana de referencia, la persona mantiene su condición de ocupada.
A pesar de su carácter “parcial”, la importancia de este indicador radica en su capacidad de capturar cambios en los niveles de actividad económica de las personas, sin necesidad de clasificarlas como desempleados o inactivos. Para comprender sus alcances en política pública y privada, es necesario considerar algunas definiciones respecto de la distribución del riesgo en un acuerdo laboral ya que, según estas definiciones, se observarán distintos efectos y propuestas de acción para empleados y empleadores.
Así, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) utiliza la clasificación internacional de situación de empleo (CISE) para clasificar a la población ocupada en dos grandes grupos: los dependientes y los independientes. La diferencia entre ambos radica en los niveles de riesgo de su actividad económica, teniendo que los primeros traspasan gran parte del riesgo a los empleadores, mientras que los independientes lo asumen casi en su totalidad.
Bajo este esquema, y asumiendo que no hay cambios de productividad por hora trabajada, los costos asociados a la menor jornada laboral de un dependiente se reflejarán en un mayor salario real por hora, que deberá asumir el empleador. Para el independiente, en cambio, la menor jornada laboral se traducirá en menores ingresos.
En este ámbito, los datos de la ENE indican que durante 2019 la jornada laboral efectiva promedió 37,5 horas semanales, siendo su nivel más bajo en octubre (con 35,8 horas semanales), lo que coincide con el “estallido social”. Por su parte, las horas habitualmente trabajadas alcanzaron un promedio anual de 41,7 horas, resultando una brecha de horas efectivas cercana a las 5,9 horas semanales.
El inicio de 2020 estuvo marcado por un aumento significativo de las horas laborales semanales efectivas, las que anotaron en febrero su mayor nivel anual, con 47,5 horas. Sin embargo, con la llegada de la pandemia este ítem comenzó un drástico descenso, que lo llevó hasta 35,1 horas semanales en junio, fecha en la que empezó una paulatina recuperación que culminó en diciembre de 2020 con 41 horas semanales, una cifra que superó los niveles previos a la pandemia.
Si los datos anteriores se corrigen en base a quienes reconocen haber alterado su jornada semanal, principalmente debido a la pandemia, los números caen drásticamente. Así, en marzo de 2020, 410 mil personas declaraban una jornada efectiva de 28 horas (un 5% de la población ocupada), proporción que alcanzó su máximo anual en julio, cuando 805 mil personas (11,2% de la población ocupada) trabajó 29,2 horas semanales.
Al primer trimestre de 2021, en cambio, la proporción de personas cuya jornada se ha visto disminuida por la pandemia es solo un 2%, mientras que la jornada promedio se mantiene en 28,6 horas semanales. En esta dinámica, los varones trabajaron 30,2 horas semanales, mientras que las mujeres solo 27.
¿Cómo enfrentar la disminución de la jornada laboral? Una alternativa viable es la capacitación, que en el caso de los trabajadores dependientes debería estar alineada con mejoras de productividad. En cuanto a los independientes, la capacitación podría ser un importante factor de especialización o diversificación, directamente relacionado con mayores ingresos.
Respecto al financiamiento, se observa una importante oportunidad para los recién asumidos gobiernos comunales y regionales, donde programas de políticas públicas podrían priorizar al segmento femenino y el de trabajadores independientes, o realizar alianzas con agrupaciones de PYMES y proveedores de Internet, con foco en el uso de tecnologías de trabajo remoto. En esto, un rol fundamental le corresponde al SENCE, cuya franquicia debiera tener una mayor cobertura, menos trabas administrativas, alianzas con sectores específicos y una sistemática colaboración con universidades e institutos profesionales.
