Después de casi dos décadas de acciones violentas reivindicadas por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el conflicto indígena que enfrenta a un sector del pueblo mapuche con el Estado de Chile parece estar lejos de acabar, sobre todo tras la aparición de Weichan Auka Mapu, un grupo aparentemente más radical que la CAM, que declara la defensa armada como una vía para alcanzar la reconstrucción política, cultural y socio-organizacional en el territorio que reclaman como propio entre las regiones del Biobío y Los Ríos. Seguimos la ruta de sus atentados, establecimos las diferencias entre ambas agrupaciones y descubrimos que desde hace dos meses existe diálogo entre personeros de Gobierno e integrantes de la Coordinadora.
Por Rodrigo Aguilera.
El incremento de los atentados incendiarios entre las regiones del Biobío y Los Ríos durante lo que va corrido de este año, donde por primera vez se registraron ataques a capillas católicas y templos evangélicos, que a la fecha suman 14, no sólo puso en alerta al Gobierno, a los empresarios y a la Iglesia, sino que también motivó que otros poderes del Estado se pronunciaran sobre la necesidad de buscar una salida al conflicto. Así lo plantearon legisladores y, recientemente, el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien manifestó que el conflicto “se ha judicializado innecesariamente”, por lo que abogó por una solución política del problema. Algo que ya estarían intentando desde el Gobierno, a través de acercamientos con integrantes de la CAM, que vendrían realizándose desde hace dos meses.
El mismo ministro del Interior, Mario Fernández, anunció que estaba dispuesto a “conversar”, incluso con la Coordinadora Arauco Malleco, pero nada dijo de Weichan Auka Mapu, aparentemente más radical que la CAM, que también tendría algo que decir si lo que se busca es una salida definitiva.
Pero lo que definitivamente sorprendió fueron las palabras del intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, quien antes de que se produjera el cambio de ministro en la cartera del Interior, había indicado que no estaba dispuesto a dialogar con encapuchados y con ningún grupo violento. Sin embargo, al cierre de esta edición, tras un encuentro empresarial en Temuco, señaló que para mejorar la seguridad interna en su Región había que agotar todas la instancias de diálogo. Consultado por un periodista sobre si estaba dispuesto a “conversar” con la CAM, respondió: “Es lo que acabo de decir”.
Todo comenzó en Vilcún
El 2 de marzo pasado, un grupo de Fuerzas Especiales de Carabineros llegó al Seminario Mayor San Fidel, en la comuna de Padre Las Casas, para terminar con la ocupación que desde hace dos años mantenía el Lof Mapu Rofue, del sector Trapilhue.
Aunque la Iglesia había estado en negociaciones con el Gobierno para vender esas tierras, que serían luego traspasadas a los integrantes del lof, éstas no prosperaron, por lo que el obispo de Villarrica (a cuya diócesis pertenecía el seminario), Francisco Javier Stegmeier, solicitó el desalojo.
Los 11 integrantes de la comunidad que permanecían en la ocupación fueron detenidos y, posteriormente, formalizados por el Ministerio Público por los delitos de usurpación, daños simples contra la propiedad y tenencia ilegal de municiones.
Para muchos se trató de una decisión que marcó un punto de inflexión en la relación entre la Iglesia Católica y las comunidades que solicitaban devolución de tierras en esa zona, y así también lo entendió el machi Fidel Tranamil, el principal vocero de la ocupación, quien señaló que con este acto la Iglesia había demostrado ser un miembro más del Estado y que, por lo tanto, no descansarían hasta expulsarla del territorio mapuche.
Durante la madrugada del 8 de marzo pasado, un grupo armado ingresó al Santuario San Sebastián, ubicado en la comuna de Vilcún, y le prendió fuego al templo y a la casa contigua que ocupaban sacerdotes capuchinos. Ambos inmuebles quedaron totalmente destruidos. Fue el inicio de acciones violentas directas en contra de la Iglesia.
Luego se conocería que previo al ataque hubo disparos y que en un cerco fue colgado un lienzo con consignas alusivas a la reivindicación de tierras, con los nombres de Alex Lemun, Jaime Mendoza Collio y Matías Catrileo, los tres “weichafe” mapuche muertos en procesos de recuperación de tierras.
Posterior a este hecho se sucedieron ataques similares en contra de otras cinco iglesias ubicadas en las provincias de Cautín, Malleco y Arauco, pero nada se sabía de sus autores.
El 20 de abril finalmente se conoció que tras esos atentados estaba Weichan Auka Mapu, un grupo hasta ese entonces desconocido para el Gobierno y para los equipos de Inteligencia de las policías.
A través de un extenso comunicado publicado en el sitio web paismapuche.org, la agrupación decidió asumir públicamente la autoría de los atentados en contra de las iglesias, y justificó sus acciones en la expulsión de Lof Rofue del Seminario Mayor San Fidel. En el texto repudiaron la petición de desalojo hecha por el obispo Stegmeier, y advirtieron que cualquier otra agresión en contra del pueblo mapuche en el wallmapu sería respondida de manera implacable.
Desde aquel día hasta el cierre de esta edición, otras ocho iglesias, la de última, un templo evangélico, fueron destruidas producto de incendios intencionales. Weichan Auka Mapu, junto con reivindicar esos atentados, reconoció que sus integrantes venían operando en la zona de conflicto desde el 2013 y que eran responsables de más de 38 ataques contra empresas forestales y latifundistas en las provincias de Arauco, Cautín y Valdivia.
En la misma declaración valoraron el aporte a la lucha que a partir de la década de los ‘90 realizó el Consejo de Todas las Tierras y la defensa armada desarrollada por la CAM, pero aclararon que ellos eran “otra” expresión en la lucha de resistencia que se estaba dando en el sur del país.
La reacción de la CAM
El 16 de abril pasado, la Coordinadora Arauco Malleco realizó una acción de “sabotaje” en contra de la empresa Besalco -contratista de Mininco- en el fundo Tres Sauces, en Cañete. En un comunicado enviado en la tarde de aquel día, el 
Órgano de Resistencia Territorial ORT-CAM Lafkenche Leftraru, se atribuyó el ataque incendiario donde resultaron destruidos tres trineumáticos bell, una máquina cosechadora y un camión grúa. Sin embargo, en su texto dejaron en claro que ellos no eran los responsables de la quema de iglesias que había comenzado en marzo del 2016 e, incluso, criticaron a los autores de esas acciones y aseguraron que ataques en contra de templos e iglesias no eran parte de sus objetivos, pues estos “agudizaban la represión y deslegitimaban una lucha digna”.
La respuesta de Weichan Auka Mapu llegó cuatro días después, en el mismo comunicado en que reconocieron ser los autores de los ataques a las iglesias. El texto contenía un párrafo dedicado a la CAM que decía: “A nuestros hermanos de otras orgánicas mapuches y Lofche llamamos al Llamuwun (respeto) entre weichafe y a no caer en la descalificación, ya que eso sólo destruye el camino común hacía la liberación y es utilizado por el Estado para dividir nuestro proyecto nacional mapuche”.
Sin embargo, a fines de mayo pasado, vino la contrarespuesta en una entrevista dada al programa Informe Especial, de TVN, por el líder histórico de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, quien profundizó sobre las diferencias entre ambos grupos. En esa oportunidad precisó que los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) de la CAM dirigían sus acciones de sabotaje en contra de empresas forestales, maquinarias y camiones, pero que no quemaban casas de particulares ni iglesias, “porque ello no ayuda al proyecto de liberación nacional”.
Siguiendo las pistas
En los ataques perpetrados este año, Weichan Auka Mapu ha demostrado una potente capacidad de desplazamiento para cometer acciones de violencia y sabotaje con pocos días de diferencia en un territorio que abarca desde Biobío hasta Valdivia.
Los equipos de inteligencia de la Policía de Investigaciones y de Carabineros elaboraron informes -que fueron entregados en el Ministerio del Interior- donde describen la supuesta conformación del grupo y su modus operandi. Dicen que los integrantes de Weichan Auka Mapu pertenecerían a comunidades mapuche radicalizadas y contarían con una importante red de colaboradores.
Los mismos informes indican que en la provincia de Arauco y en la comuna de Alto Bio Bio, en Malleco, Cautín y en la provincia de Valdivia existen cerca de 50 comunidades “radicalizadas” y con “un alto nivel de importancia”. También, que en aquellas zonas hay unos 170 “individuos” de interés, por sus posibles nexos con Weichan Auka Mapu, con la CAM o con ambas organizaciones en paralelo.
El rastreo de los autores de los ataques ha permitido detectar que a la hora de planificar sus atentados, generalmente, estos dos grupos respetan sus áreas de influencia. Weichan Auka Mapu operaría mayormente en las provincias de Arauco y Cautín, mientras que las ORT de la CAM reducen su actuar a las comunas de Tirúa, Quilaco, Santa Bárbara y Alto Bío Bío en la Octava Región, y a la provincia de Malleco, en la Novena. También han atacado en Villarrica, Lanco y La Unión.
Asimismo, las indagaciones dieron con una fecha clave en esta historia: 13 de noviembre del 2013, día en que habría aparecido el primer panfleto que sitúa a Weichan Auka Mapu en un lugar de un atentado, lo que coincide con lo reconocido el 20 de abril por la agrupación armada. Ese 13 de noviembre un grupo de encapuchados quemó una casa ubicada en el fundo Caracoles, en el sector Niagara, zona rural de la comuna de Padre Las Casas. La propiedad pertenecía a Rolando Franco Ledesma, conocido abogado en La Araucanía y asesor de la forestal Mininco.
El panfleto contenía una leyenda que decía: Nielole Mapu Mlaey Aukan, cuya traducción sería “si no hay tierras, hay guerra”. Un texto similar fue hallado el 24 de diciembre de ese mismo año, pero esta vez en la Región del Biobío, luego de que un grupo incendiara cinco cabañas y un automóvil en el lago Lleu-Lleu. Esa consigna escrita en lengua mapuche es la misma que aparece rodeando un cultrun que es atravesado por una lanza y una escopeta, que está en los panfletos y lienzos que se han encontrado en los otros atentados que ha reivindicado Weichan Auka Mapu.
Además, peritajes de la policía de Investigaciones y de Carabineros habrían establecido una coincidencia en el armamento y los panfletos dejados en lugares donde ha actuado Weichan Auka Mapu, y en otros atentados donde no ha existido reivindicación de ningún grupo, como el frustrado atentado incendiario contra un restaurante ubicado en el cerro Ñielol de Temuco, la quema de un camión cuando se construía el nuevo aeropuerto de La Araucanía, en la comuna de Freire, y el ataque incendiario que causó la muerte del matrimonio Luchsinger- Mackay.
Los equipos de inteligencia han detectado también que entre ambos grupos existen personas no sólo con vínculos de amistad, sino que también de consanguinidad. Desde abril a la fecha al menos unas 15 personas han sido identificadas como posibles integrantes del nuevo grupo armado. Hay hombres y mujeres. Algunos de estos familiares directos de exintegrantes de la CAM.
Lo que se ratificaría con los antecedentes aportados por el Departamento de Seguridad de Gendarmería, según los cuales supuestos integrantes de Weichan Auka Mapu han visitado a presos mapuche en las regiones del Biobío y La Araucanía.
Buscando una salida
La Iglesia Católica, golpeada por los atentados desde marzo, ha insistido en la necesidad de un diálogo urgente para buscar una salida pacífica y definitiva para terminar con estos actos de violencia. El obispo de Temuco, Héctor Vargas, en reiteradas ocasiones ha dicho que el problema es político, que debe ser resuelto por el Estado y que su origen es de características históricas que no pueden olvidarse. Sus acercamientos con el Gobierno han sido varios, pero hasta ahora infructuosos. O no tan provechosos como él esperaría.
Por su parte el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao Marilao, presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuche, y exintegrante de la Coordinadora Arauco Malleco, ha señalado que la única solución al “conflicto” pasa por sentarse a conversar “en una mesa donde deben estar todos”. Lo que incluye a quienes hoy desde la clandestinidad actúan y reclaman sus derechos como parte de un pueblo ancestral.
El jefe comunal nunca ha criticado abiertamente los atentados incendiarios y ha dicho que todo tiene un contexto, que en este caso está vinculado al proceso de despojo de las tierras del pueblo mapuche y a las condiciones en las que hoy viven las comunidades. “Muchas de ellas rodeadas de forestales y sin agua”.
Pese a que esos temas y esas ideas fueron así planteadas sin éxito al exministro del Interior, Jorge Burgos, sorprendió que fuera su reemplazante, Mario Fernández, quien a los pocos días de asumir, en una entrevista con radio Cooperativa, dijera que “en las próximas semanas habrá iniciativas concretas respecto al tema de La Araucanía, pues lo que pasa en la Novena Región es una preocupación específica del Gobierno”. Incluso no descartó sentarse a conversar con los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco.
Y aunque oficialmente nadie lo reconoce, en los últimos dos meses han existido acercamientos entre integrantes del Gobierno y personas con conexiones al interior de la Coordinadora Arauco Malleco. De ahí que hay dirigentes mapuche y políticos de la zona que observaron con curiosidad y suspicacia la entrevista que Héctor Llaitul concedió a Informe Especial de TVN, porque hasta el verano pasado, éste se negaba a tener cualquier contacto con el canal público. Así lo dejó en claro durante un seminario organizado por la Universidad de La República en Concepción, donde participó como vocero de la CAM, cuando declinó hablar con los medios presentes y en especial con TVN, porque no compartía la forma en que el canal daba cobertura al “conflicto”, la que calificó como parcial y proclive a los intereses de las forestales y latifundistas.
Entre los temas que el Gobierno y la CAM habrían abordado de manera informal en estos dos meses de acercamiento, figuran la demanda territorial y el apoyo económico exclusivamente para emprendimientos de grupos mapuche. Lo que se ha conversado se relacionaría con instituciones administradas por gente de la etnia, con presupuesto gubernamental orientado hacia quienes integrarían el territorio que en forma autónoma controlarían las comunidades.
Diálogo y nueva arista internacional
Para el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, lo primero es reconocer que todos los grupos tienen una estrategia, lo que incluye a la CAM y a Weichan Auka Mapu. Por lo mismo -precisó-, el Gobierno tiene que aclarar que si en un eventual diálogo va a priorizar una solución global o sólo una salida para la Coordinadora. “Porque si lo que se busca es una solución al conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche tendrán que participar de sus conversaciones varios más”.
Huilcamán dice no entender qué quiere decir Héctor Llaitul cuando habla de liberación nacional. Se trataría -según él- de un concepto ambiguo, que no tendría sustento en las leyes internacionales. Y aclara que lo que sí está respaldado en el derecho internacional es la libre determinación. El concepto que usa la CAM -recuerda- fue ampliamente compartido por los grupos guerrilleros de Centroamérica, que lucharon para cambiar un gobierno. También le resulta confuso cuando hablan de autonomía. “Yo no lo apoyo, porque es un concepto político y jurídico doméstico, porque la autonomía se puede ejercer en cualquier ordenamiento jurídico y político, puede haber autonomía presupuestaria, administrativa, incluso lingüística, pero no libre determinación. Y lo que yo quiero es un gobierno mapuche”.
En ese ámbito, señala, será fundamental la aprobación que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 15 de junio. Después de 17 años de debate se aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, calificada como un hito histórico por dirigentes indígenas de distintos países americanos.
El texto consagra el derecho de los pueblos originarios a la libre determinación, a la tierra y los territorios y a todos los recursos que tradicionalmente han poseído o adquirido.
Para Huilcamán se trata de una norma internacional que incluye el procedimiento para hacer exigible, por ejemplo, tratados como el de Tapihue que el Estado firmó con el pueblo mapuche el 6 de enero del año 1825, que reconocía soberanía internacional al pueblo mapuche. “Vamos a exigir el cumplimiento de este tratado. Se lo vamos a pedir a la Cancillería, porque esta declaración nos faculta como pueblo para poder recurrir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Vamos a pedir -reitera Aucán Huilcamán- la restitución del territorio, y cuando eso no lo puedan devolver nos tendrán que indemnizar. “Si alguien piensa que el tema mapuche se va a resolver la próxima semana, en un próximo gobierno, no sabe lo que viene”, finaliza.