La arquitecta y doctora en planificación urbana explica que, a pesar de los esfuerzos en la creación de políticas y normativas para mitigar incendios forestales, estas no están progresando con la misma velocidad y escala que el propio problema. También destaca la falta de mantenimiento en las medidas tomadas en reconstrucciones post-incendio, como el ocurrido en Valparaíso en 2014, donde estanques de agua y redes secas para bomberos están vacíos o vandalizados. Además, insiste en la importancia de que la población conozca su perfil de riesgo, especialmente, en áreas vulnerables, como sucede en Australia.
Por Pamela Rivero J.
Constanza González Mathiesen es arquitecta, doctora en planificación urbana y directora de Wildfire Exchange, una plataforma que promueve el intercambio de conocimientos entre Chile y Australia sobre la prevención de incendios forestales. Además, es docente e investigadora en la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo (UDD) y parte del equipo investigador del Centro de Investigación para la Gestión del Riesgo de Desastres, CIGIDEN.
Su carrera comenzó poco después de terminar sus estudios de arquitectura, justo un mes antes del terremoto y tsunami de 2010 en Concepción. Luego de titularse, trabajó en la Fundación Techo Chile, enfocándose en proyectos de reconstrucción post-desastre. “Fue en ese tiempo, donde aprendí sobre la importancia de la gestión y reducción del riesgo, y eso despertó mi interés por la planificación en contextos de desastre”, recuerda.
Viajó a Australia para, primero, cursar un magíster en Planificación Urbana en la Universidad de Melbourne. Durante su investigación de tesis, su supervisor sugirió que, en lugar de centrarse en los proyectos de reconstrucción tras el tsunami, explorara el tema de los incendios forestales, un desafío aún poco discutido en Chile en ese entonces. Esta experiencia marcó el inicio de su interés y trabajo en la reducción del riesgo de incendios.
Después de completar un doctorado en Australia sobre la misma temática, vio una oportunidad para generar un puente de colaboración entre Chile y Australia en la reducción de riesgos de incendios forestales, gracias a un fondo del gobierno australiano. Junto a su equipo, postularon y obtuvieron el financiamiento necesario, lo que dio paso a la creación de Wildfire Exchange en 2021. La plataforma se centra en la transferencia de conocimiento y la generación de redes, compartiendo material accesible para que cualquier persona, ya sea desde su hogar o comunidad, pueda prepararse ante el riesgo de incendios.
-¿Qué acciones de prevención de incendios forestales deberíamos imitar de los australianos?
“Hay varias, pero si tuviera que escoger un par, me quedaría con que allá los sistemas para aprender de los desastres y para implementar mejoras son más efectivos. Tienen más impacto en la política pública. Eso es algo que ojalá pudiéramos replicar, porque acá los cambios demoran mucho en ocurrir. Por ejemplo, proyectos de ley para mejorar la gestión del riesgo de los incendios forestales y el asunto de las áreas de interfaz ha habido desde 2012, pero ninguno ha prosperado. Vemos que se les pone urgencia mientras dura la contingencia, pero finalmente siguen estancados”.
La segunda medida, explica, es la integración de la gestión del riesgo del desastre a los sistemas de planificación urbana, donde dice que “afortunadamente, ya se han visto algunos progresos”.
-¿Cómo es esa gestión del riesgo en Australia?
“Por ejemplo, si allá quieres construir una casa en una zona expuesta a incendios forestales, tu permiso de edificación debe cumplir con ciertos requisitos adicionales, como el tipo de materiales a utilizar y la distancia con respecto al bosque o fuentes de combustible. En Chile, esto aún no está completamente consolidado, aunque sí hay un avance, porque se está trabajando en una modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para abordar esta cuestión”.
-¿Qué podríamos hacer en Chile?
“Se debería pensar en proyectos que adapten y mejoren las ciudades para que estén mejor preparadas. No puede ser que solo se establezcan medidas para la reducción o mitigación del riesgo en los procesos de reconstrucción. Debería haber una mirada un poco más integral al territorio. Hay programas como Quiero mi barrio, para mejorar sectores donde las condiciones del espacio público no son las más adecuadas, por lo que también podrían crearse programas para mejorar los entornos en lugares que están muy expuestos a algunos riesgos”.
-¿Cómo puede la planificación territorial ayudar a mitigar los riesgos de desastres, como los incendios forestales, considerando que factores climáticos como las altas temperaturas son inevitables?
“Primero, hay que tener en cuenta que la planificación territorial debería abarcar todo el territorio, pero en Chile hay una limitación importante, porque la planificación asociada a las viviendas principalmente en estos contextos está pensada solo dentro de los límites urbanos, en los asentamientos, en lo que queda dentro de ese polígono, a veces, definido arbitrariamente. Fuera de esos límites, las herramientas para actuar territorialmente son limitadas. Otros organismos, como el ministerio de Agricultura, intervienen de manera más dispersa. En mi opinión, avanzar hacia una planificación territorial que abarque tanto lo urbano como lo rural sería fundamental. Y a partir de esto ir implementando instrumentos que consideren todo el territorio para prevenir y mitigar los riesgos”.
-¿Los planes reguladores comunales no consideran esos riesgos?
“Los planes reguladores comunales se enfocan en el área dentro del límite urbano. Los metropolitanos son un poco más amplios y tienen la capacidad de incidir en zonas de interfaz. También están los Planes de Regionales de Ordenamiento Territorial, que están diseñados para abordar este tipo de áreas. Sin embargo, su implementación aún se encuentra en una etapa incipiente y no han alcanzado su plena capacidad para actuar en este nivel”.
Advierte que debido a que los instrumentos generales que guían los planes reguladores -Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción- no mencionan los incendios forestales, no se incluyen limitaciones ni prohibiciones para prevenirlos. “Algo que podría cambiar si se aprueban los cambios que se pretenden introducir a estas normas”, añade. También recuerda que sobre todo en la región del Biobío, hubo intentos históricos de incluir restricciones en los planes reguladores comunales.
“Un ejemplo importante ocurrió en la década de 2000, cuando CONAF y la seremi de Vivienda trabajaron colaborativamente para estudiar cómo incluir medidas de reducción del riesgo de los incendios en los planes reguladores. Fue así como durante los últimos cinco años de esa década, varios planes que fueron actualizados en la región incluyeron acciones de prevención. Sin embargo, algunos fueron objetados por Contraloría, ya que los incendios forestales no estaban contemplados en la normativa vigente. Por otra parte, los que lograron mantenerse no lograron operacionalizar de manera efectiva estas medidas, porque no tenían el respaldo de los instrumentos legales”.
Estanques vacíos y redes secas vandalizadas
Actualmente, Constanza González está desarrollando un proyecto de investigación FONDECYT que realiza un seguimiento de las reconstrucciones de mega incendios ocurridos recientemente en Chile, como el de Valparaíso en 2014; el de Santa Olga en 2017, y el de Castro en 2021. Según sus hallazgos, en todos estos procesos, a pesar de los enfoques y énfasis distintos, se ha intentado reconstruir mejor e implementar medidas para mitigar los riesgos. Sin embargo, también ha constatado que la mantención de estas medidas ha sido deficiente en muchos casos. “Si pensamos en el de Valparaíso de 2014, se hicieron cuestiones bastante novedosas para la época: se instalaron tanques de agua, una red seca para llegar a los pasajes de difícil acceso para los bomberos y se limpiaron las quebradas. Pero hemos podido ver que muchos de esos estanques de agua están vacíos y sin mantenimiento; que la red seca está vandalizada y que las quebradas no reciben mantenimiento continuo”. Uno de los problemas identificados, agrega, es que no está claro quién debe asumir la responsabilidad de mantener estas medidas a largo plazo.
-¿Esa responsabilidad debería recaer en los municipios?
“En muchos casos la han asumido los municipios, pero en otros, no queda tan claro si es el municipio o si es otra entidad. Tampoco hay recursos asociados ni plazos establecidos. Entonces quedan un poco en tierra de nadie”.
-Una discusión recurrente es la falta de delimitación de la interfaz urbano-forestal. Se debate si el problema radica en que las empresas forestales están plantando bosques cerca de áreas pobladas, o si, por el contrario, las personas están construyendo viviendas demasiado cerca de estas plantaciones.
“El problema es complejo y no tiene una sola causa, sino que es multifactorial. Y es importante que se aborde entendiendo que son responsabilidades compartidas, porque si se trata de buscar un culpable, no es posible avanzar en la complejidad que tiene el asunto, donde cada uno debe hacer su parte: las forestales, las personas y el Estado”.
-¿Cuánto se ha avanzado en Chile para reducir el riesgo en estas áreas de interfaz urbana-rural?
“Primero, en reconocer que es un problema y en la necesidad de abordarlo de manera conjunta entre los sectores público, privado y las comunidades. También ha habido avances en la institucionalidad, como la creación de SENAPRED, que redefinió el enfoque que antes tenía la ONEMI, ha habido aumentos de presupuestos, están las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Pero, en mi opinión, estas medidas no son suficientes ni avanzan con la misma velocidad que crece el problema, pues cada vez están más presentes las condiciones asociadas al cambio climático, como las olas de calor o las sequías, que favorecen la ocurrencia de estos grandes eventos, entonces, el riesgo de incendios forestales avanza más rápido que las medidas de prevención acá en Chile”.
Todos deberían conocer su perfil de riesgo
-Cuando hablamos del perfil de riesgo en el tema de los incendios, ¿qué debería saber exactamente una persona?
“Tener claro si viven o no en una zona expuesta a incendios forestales y, también, que puedan identificar de dónde podría originarse un fuego. Por ejemplo, si vives en la ciudad, es probable que el incendio provenga del borde del cerro cercano. Al revisar los registros históricos de incendios anteriores, puedes tener una idea del comportamiento que podría tener el fuego, aunque es importante recordar que estos eventos son difíciles de predecir con precisión. Además, es clave conocer las rutas de evacuación disponibles y saber qué circunstancias activan una evacuación. Y lo más importante, internalizar que siempre se debe priorizar la evacuación temprana, porque cuando el incendio ya ha avanzado, la visibilidad se ve afectada por el humo, los árboles caen, y los caminos pueden bloquearse, lo que dificulta la huida de las personas, como lamentablemente se ha visto en los últimos incendios ocurridos en el país”.
-¿Cómo es el conocimiento de ese perfil de riesgo entre la población de Australia?
“Hay dos aspectos clave que destacaría: primero, el uso de un índice de riesgo de incendio, conocido como Fire Danger Rating (FDR), que se basa en la cantidad de días sin lluvia y las temperaturas pronosticadas para esos días. Este índice va desde niveles bajos hasta extremos, y en los días de riesgo extremo, se recomienda que personas con dificultades para evacuar, como adultos mayores y niños, en lo posible salgan de esas zonas o que los colegios suspendan sus actividades. Segundo, había una aplicación muy accesible que permitía a la población revisar en tiempo real las distintas amenazas de incendio en el área donde estaba ubicada su vivienda. Incluso si la persona se encontraba en una zona alejada de su hogar, la aplicación le proporcionaba información sobre su riesgo, permitiéndole conocer en todo momento su situación y tomar decisiones informadas”.