A 22 años del operativo que dio muerte a tres miristas en Concepción y Hualpencillo, aún no hay condena para los responsables. Y es que los agentes de seguridad que actuaron en lo que se denominó plan Alfa Carbón 1, lo hicieron con todos resguardos del régimen evitando por décadas su identificación. Hoy, la versión oficial que habló de enfrentamientos es contrastada por la de testigos presenciales que en forma inédita dan cuenta de cómo ocurrieron los hechos.
A los vecinos del sector Lorenzo Arenas de Concepción todavía les duele recordar la historia de los miristas asesinados el 23 de agosto de 1984 en las inmediaciones de la Vega Monumental. Se trató de una de las operaciones represivas más públicas y expuestas de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI) que, paradójicamente, debido a los resguardos de los organismos de inteligencia involucrados, se ha transformado en una de las causas de Derechos Humanos más difíciles de aclarar.
Tal como reveló la declaración de un agente de la CNI que consta en el proceso, la idea del operativo “Alfa Carbón 1” -como se denominó a esta acción de inteligencia – tenía por objetivo “reventar el teatro de operaciones del MIR entre la octava y décima regiones”. Por eso actuaron casi simultáneamente en Concepción, Los Ángeles, Valdivia y Santiago. En total fueron asesinados 9 miristas y otros tantos detenidos en numerosos allanamientos.
En el caso particular de las muertes de la Vega Monumental, las autoridades de la época impusieron una versión oficial que habló de un enfrentamiento entre terroristas y organismos de seguridad del régimen, a pesar de la certidumbre de cientos de personas adultos, jóvenes y muchos niños, que vieron cómo los abatidos se entregaron sin oponer resistencia, incluso uno de ellos con las manos en alto.
Tras 22 años, la justicia militar, donde quedó radicada la causa pese a la oposición de las familias de las víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, todavía mantiene abierto el sumario, sin que a la fecha haya dictado acusación contra ninguno de los presuntos responsables.
Cronología del crimen
La operación Alfa Carbón 1 comenzó en la mañana del 23 de agosto en Concepción con la detención de un militante del MIR en plena vía pública. Pasado el mediodía, en Hualpencillo, la información oficial da cuenta de un enfrentamiento casual entre un sujeto sospechoso, Luis Humberto Aedo Arias (32) y personal de seguridad. La CNI informó que Aedo (uno de los miristas más fuertes de la zona) disparó contra los agentes y que éstos respondieron hiriéndolo de muerte. Testigos descartan el encuentro fortuito. Aseguran que desde temprano se tendió un cerco policial en el sector y que al sujeto le dispararon por la espalda y lo remataron en el suelo. Un reportaje de la Revista Hoy de la época rescató una declaración que complementa tales versiones. “Cuando el caballero estaba tirado en el suelo, llegó un vehículo con tres personas, se bajaron, lo movieron y se escucharon disparos nuevamente. Luego se hicieron presente otras tres personas con maletines y le colocaron papeles. Estaba estirado y lo cambiaron de posición”.
Cerca de las 15:30 hrs. del mismo día, vehículos de la CNI interceptaron, a la altura de la Vega Monumental, un bus línea Las Bahías con recorrido Talcahuano-Concepción. El objetivo: Nelson Herrera Riveros (30), encargado político militar del MIR desde Concepción a la Décima Región y su compañero, Mario Octavio Lagos Rodríguez (34).
20 días más tarde, el chofer del microbus, Pedro Aguayo, quien fallecería un par de años más tarde en extrañas circunstancias, manifestó en una declaración jurada que ambos sujetos habían abordado su máquina frente al mercado de Talcahuano. “Ellos subieron, pagaron su pasaje y se sentaron detrás mío en el primer asiento (…) cuando llegué al primer semáforo de la calle 21 de mayo, frente a la Vega, vi un auto rojo y a los lados 4 personas armadas que se protegían en el auto y me observaban (…) desde otro vehículo, que venía en sentido contrario se bajaron unas personas con armas, metralletas y se apoyaron en el capot del taxibús y me obligaron a detenerme”.
Las primeras polémicas
Lo que ocurre después de esta acción fue lo que desató unos de los debates más abiertos entre la Iglesia Católica penquista y las autoridades del régimen de la época. Mientras estas últimas afirmaron que ambos miristas tomaron como rehenes a los pasajeros del taxibus para eludir la persecución, el propio Aguayo desmintió esa información al Diario El Sur, dos días más tarde.
Consultado si hubo o no enfrentamiento fue enfático: “en honor a la verdad tengo que decir que no (…) los dos hombres decidieron bajar finalmente. En ningún momento salieron disparando. Querían entregarse”.
El periodista Marcelo Henríquez, que en ese entonces tenía 13 años, vivía en el sector. Relata que junto a unos amigos presenció todo desde un departamento que daba a la calle 21 de mayo. “Escuchamos mucho grito, mucho garabato, principalmente de la gente de civil. A viva voz y con megáfonos les decían a los tipos que si bajaban del bus no les iba a pasar nada ( …), pero apenas bajó el primero lo mataron (…) no fue un tiroteo. Los disparos venían de un solo lado. De los civiles armados”, afirma.
El mirista que murió en el lugar era Mario Octavio Lagos. Los testigos dijeron que bajó del microbus con las manos en alto, lo que explica la herida de bala bajo la axila que presentaba su cuerpo en el Instituto Médico Legal y que fue constatada por el sacerdote y periodista Enrique Moreno Laval, que en la época era Vicario Episcopal de la Pastoral Obrera penquista y vicepresidente regional del Colegio de Periodistas.
Las circunstancias de la muerte de Herrera no son claras. El chofer Pedro Aguayo relató que alcanzó a verlo tirado en la calle, pero que no tenía sangre en el cuerpo. Sólo una herida superficial en la frente, que según dijo “pudo ser de la caída o del roce de una bala”. Sin embargo, llegó muerto al Hospital Regional.
“Dos hombres que se le acercaron lo tomaron fuertemente de los brazos (…) dijeron que estaba herido y que había que llevarlo al hospital. Iba caminado sin esposas y lo subieron a un vehículo que no puedo precisar cuál sería”, relató el chofer en su declaración jurada.
Marcelo Henríquez sí recuerda claramente este suceso. “Lo tomaron (a Herrera) y lo subieron a un auto civil. Creo que era un Chevrolet Opala, uno grande. Suena un tiro seco y vi cómo el cuerpo saltó producto del impacto”.
Algo similar afirmó en el proceso un ex agente, que aseguró que a Herrera lo subieron esposado a un auto de la Central. “El vehículo llevaba los colores de taxi. Cuando partió llegó la orden de eliminarlo. El equipo lo eliminó a quemarropa”. El certificado de defunción de Herrera consigna como causa de muerte una herida a bala cráneo-cerebral que se cataloga como homicidio. Una impactante fotografía tomada por el entonces abogado del CODEPU, Carlos Cabrera, que vistió a Herrera en la morgue, muestra una perforación en mitad de la frente que habría sido hecho con un arma apoyada.
La madeja judicial
La diferencia sustancial entre la versión oficial y la de testigos oculares motivó la desconfianza del Arzobispo de Concepción, José Manuel Santos, quien cinco días después de la operación pidió un Ministro sumariante a la Corte de Apelaciones penquista, solicitud que no fue acogida, pues el Tribunal de Alzada determinó que “no correspondía conocer las referidas materias a la justicia ordinaria”. Indignado por la respuesta, Santos no se amilanó y recurrió al Máximo Tribunal. La Suprema instruyó al Tercer Juzgado Militar para que designara un fiscal Ad hoc, nombramiento que recayó en el Comandante Alejandro Abuter Campos.
El ’84, la Justicia Militar ya había iniciado una investigación por formación de milicias paramilitares y procesó a los miristas detenidos en los allanamientos por infracción a la ley de control de armas. En esta situación se encuentran hasta hoy, entre otros, Patricia Zalaquett, pareja de Herrera, y Alejandro Bernsteir.
En los 15 años siguientes la fiscalía militar no sometió a proceso a ninguno de los agentes involucrados en los crímenes de la Vega y Hualpencillo. Incluso estuvo por sobreseer definitivamente la causa. Pero los abogados del CODEPU de Santiago recurrieron de casación ante la Suprema para invalidar el sobreseimiento. En septiembre, el Máximo Tribunal revoca esta decisión, dicta un fallo de reemplazo y ordena que se siga adelante con la investigación. En este momento cambia la carátula del expediente militar por el caso de los tres miristas asesinados el 23 de agosto del ’84 a “violencia innecesaria en contra de personal de la CNI”.
“La violencia innecesaria se manifiesta en la muerte de personas indefensas, o sea, la justicia militar en democracia reconoce estos hechos deleznables”, asegura el abogado Carlos Cabrera. En tanto, la causa de los miristas vivos se trasladó a la justicia ordinaria.
Agentes sin caretas
La investigación había estado entrabada por años, pues la mayoría de los agentes de la CNI involucrados actuó con nombres operativos (chapas). Incluso en esa condición, dos de ellos, el Teniente Coronel de Ejército Hugo José Hechenleitner, alias Antonio Martínez López y el Suboficial Víctor Muñoz Orellana, alias Jaime Marinovic Palma, habían reconocido su participación en los hechos en el operativo de la Vega del 23 de agosto ante el fiscal Pedro Marisio. “Aquí hubo un grado de complicidad, porque el fiscal acepta la declaración con chapas sabiendo que esos nombres no correspondían”, acusa Carlos Cabrera.
En abril de 1999, la Segunda Fiscalía Militar de Concepción sometió a proceso a estos dos agentes de la CNI, quienes todavía figuraban por sus chapas. Por eso, el abogado Cabrera solicitó diligencias para establecer sus verdaderas identidades, las que dieron fruto en noviembre de 2002. Con estos nuevos datos se modificó su encausamiento. Víctor Manuel Muñoz es procesado por la muerte de Luciano Aedo y Hechenleitner por la de Nelson Herrera, siendo detenidos en enero de 2003 en el Batallón Militar Nº1 en libre plática. Hoy ambos están libres bajo fianza, pero apartados del Ejército. Arriesgan penas de presidio mayor en su grado mínimo a medio, es decir, de 5 años y un día a 15 años.
Como consta en el sumario, en marzo de 2003 ambos procesados declararon ante la Fiscalía Militar de Concepción. Hechenleitner no reconoció su testimonio de 1984 ante el fiscal Marisio y señaló que sólo tuvo participación en la detención de Patricia Zalaquett que ocurrió en el sector de El Recodo. Agregó que llegó a Concepción en agosto del ’84 por una orden del jefe del Cuartel Borgoño de la CNI, Mayor Alvaro Corbalán, acompañado por el Cabo I de Carabineros Egon Barra Barra, alias Raúl González y un empleado civil de apellido Fuentes que hasta ahora no ha sido individualizado.
Durante el interrogatorio, también se le consultó si conocía a Claudio Rosas Fernández. Respondió que se conocieron el 20 de septiembre del ’84 y que éste era el jefe de la CNI de Chillán. Sin embargo, en su declaración de 1984, reconoció que junto a Rosas Fernández participó en el operativo de la Vega Monumental y que disparó contra Nelson Herrera. También establece que fue él, junto al agente Rosas, quien lo trasladó “vivo” al Hospital Regional.
El otro procesado, Víctor Muñoz Orellana, también desconoce su declaración del ’84. Además, descartó su participación en el operativo de Hualpencillo, ya que, según dijo, cuando se produjeron los hechos no habría estado en el lugar. No obstante, da cuenta de la asistencia de otros agentes, con sus nombres verdaderos y chapas, antecedentes que permiten sondear la responsabilidad de otros involucrados. Nombra a los suboficiales de Ejército Hernán Galvez Navarro (alias Vitoco) y a Carlos Palma, (nombre supuesto, Juan Carlos Vera). Un tercero mencionado es Leandro Montenegro o Farías.
El final está cerca
En el contexto de la modernización del Ejército, el Tercer Juzgado Militar se trasladó a Valdivia. Según Cabrera, en este momento el fiscal de Concepción Fernando Grandón emitió un dictamen y propuso una condena para los dos agentes procesados. Los antecedentes pasaron al Juzgado de Valdivia para ser ratificados. “Ahí demora dos años o más, no recuerdo, y la Tercera División de Ejército ordenó reabrir nuevamente el sumario para continuar con la investigación, porque estima que habría más agentes involucrados”, explica el abogado.
A la fecha, Cabrera, quien patrocina la causa de Nelson Herrera, no tiene acceso al sumario, pues la instancia militar quitó a las partes la publicidad de la investigación.
Sin embargo, este abogado está optimista y desliza que, según antecedentes que él maneja, faltaría muy poco para dar con los verdaderos responsables de las muertes que provocó este operativo que permanece imborrable en la memoria de sus víctimas y testigos.
Operación Alfa Carbón
La espera de los peces gordos
Para materializar este plan, los primeros días de agosto llegaron a Concepción entre 25 a 30 agentes de inteligencia, incluidas mujeres, de distintas partes del país que se sumaron a los propios de la zona. Toda la planificación estuvo a cargo de la unidad de regiones de la CNI con sede en Santiago, liderada por el teniente coronel del Ejército Marcos Derpisch Miranda.
Dentro del grupo de apoyo viajó también el jefe del Cuartel Borgoño de la CNI, Mayor Alvaro Corbalán Castilla, quien a su llegada habría tenido un desafortunado encuentro con el Jefe Regional, Mayor Jorge Mandiola, aparentemente por una disputa de poder.
Según la declaración de un agente de la CNI , toda la operación estuvo centralizada en la Tercera División de Ejército. “Fue una operación muy programada, en los logros, eficiente ciento por ciento (…) se trasladó a mucha gente CNI”. También reconoce que en Alfa Carbón I no hubo detención previa, pero que de cada persona sabían mucho. Esto confirma los dichos de Pinochet del 16 de agosto de 1984 ante corresponsales extranjeros: “Hemos encontrado extremistas. Estamos encontrando y tenemos huellas. Ahora muchas veces hay que dejarlos que engorden para poder tomarlos a todos. Hay bastante gente detectada…”.