EN CONTEXTO
El Senado discute una reforma que busca poner orden al funcionamiento del Congreso, limitar el fraccionamiento de los partidos y sancionar a quienes renuncien a sus colectividades. La propuesta ya tiene medidas definidas, pero sigue enfrentando resistencia y ajustes clave.
Por Elías Meza Falcón.
El sistema político chileno está desordenado. La afirmación es una de las pocas que logra encontrar acuerdo de manera transversal, precisamente, en los partidos que sostienen el entramado institucional y hoy están en el Congreso. Es también un diagnóstico del cual, desde diciembre de 2024, el Senado quiere hacerse cargo.
Por lo anterior, desde hace cinco meses que la cámara alta está discutiendo una ley que busca reformar el sistema vigente para aplicar nuevas reglas, límites y hasta sanciones.
El proyecto está compuesto por dos mociones refundidas (la primera, presentada por senadores UDI, RN y Evópoli; la otra, por legisladores del PS, PPD y la DC) y obliga a reformar la Constitución para establecer dichos cambios. Hoy, justamente, durante la tarde, la sala del Senado debería pronunciarse sobre esta reforma al sistema político.
La discusión por el 5%La primera de las medidas definidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha sido la más polémica de todas: “Solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara”.
Actualmente, el sistema político chileno no exige un umbral mínimo nacional de votación para llegar al Congreso, lo que ha traído consigo una creciente fragmentación partidista, especialment,e en la Cámara de Diputados. Y así lo demuestran los hechos: entre 1989 y 2013, el promedio de partidos con representación parlamentaria era de 7,2. Sin embargo, en las elecciones de 2021 esa cifra se triplicó,
La restricción planteada en la reforma no gustó al Gobierno. La ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, incluso dijo que la medida era “como un fetiche”. Más cauto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, indicó que un umbral así únicamente se entendería en países con sistemas electorales basados en listas (y no en candidatos individuales que conforman una, como en Chile) y que “ya hay una norma que establece que un partido que no logra el 5% en al menos tres regiones donde tiene representación, o cuatro parlamentarios, pierde su existencia legal”.
La fallida indicación sustitutiva del GobiernoPara dar vuelta el panorama, La Moneda presentó una indicación sustitutiva que borraba el umbral de la reforma, pero añadía medidas complementarias. Sin embargo, la Comisión de Constitución, conformada por cuatro senadores (de la UDI, RN, Evópoli y el PS) le dio un portazo a esa indicación de forma unánime, pero sí acogió las otras propuestas
Así, a la medida del umbral se añadieron las siguientes: que si un miembro de partido renuncia a su militancia deberá dejar también a su cargo en cualquiera de las dos cámaras; que el requisito de constitución legal en tres regiones para validar la existencia de un partido se amplíe a ocho; que los partidos políticos sin congresistas no reciban fondos públicos y, que los fundadores de partidos que no logren conseguir el 5% de los sufragios en la última elección no puedan postular a cargos públicos durante cuatro años.
Por qué sería necesaria“Si el sistema político está operando mal, no tiene los suficientes espacios para que haya cooperación entre legisladores, y entre el Congreso y el presidente. La verdad es que caemos en lo que se llama paralización de política pública”. Así lo resume Miguel Ángel Fernández, Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Boston y subdirector académico de Faro UDD.
El cientista hace evidentes los problemas que actualmente enfrenta el sistema político del país. “Hay una gran cantidad de partidos que dependen de fondos públicos que no se diferencian nítidamente unos de otros, lo que genera confusión. Los partidos no solo han perdido confianza en la ciudadanía en los últimos 20 años, sino que también han perdido capacidad de organización, reclutamiento y formación, un rol clave”, explica.
Y añade: “El sistema actual ha dado espacio a ‘cazadores de renta’, que son políticos que buscan maximizar su propia utilidad, se cambian de partido, renuncian y generan una nueva bancada o forman nuevos partidos políticos para acceder a financiamiento público o redes de poder, donde la política termina, de alguna manera, capturada por grupos pequeños que tienen poder de decisión”.
Ejemplo de ello son las trabas que han tenido proyectos emblemáticos, como la reforma a las pensiones que estuvo más de una década siendo discutida en el Congreso. “Aunque parece un tema muy alejado de la ciudadanía, la forma en la que nos gobernamos, las reglas de selección de nuestros representantes y los incentivos terminan influyendo directamente en la política pública”, explica Fernández.
Por ello, sostiene, la reforma se torna vital y, más aún, en año electoral. Si bien no todas las medidas entrarían en vigencia inmediata, el umbral del 5% de los votos como requisito para que un partido llegue al Congreso regiría desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, que debería efectuarse en un plazo de un mes luego de la aprobación final del parlamento.
Pero de aquí a allá, aún queda bastante camino legislativo por recorrer.
