Entre el conjunto de leyes que han surgido del Congreso tras el estallido social, se encuentra la Nueva Reforma Tributaria de 2020, que fue despachada a fines de enero, tras 524 días de tramitación. Para que se convierta en ley solo resta su paso porel Tribunal Constitucional, su promulgación y publicación, algo que debería ocurrir en marzo, comenzando a regir de inmediato.
Su pretensión es recaudar 2.200 millones de dolares adicionales. Y la forma de hacerlo es a través de impuestos, los que según el ministro Briones provendrían en un 60 por ciento del sector con mayores recursos.
Sus principales ideas son las siguientes: A las Pymes se les aumenta el umbral para acogerse al sistema simplificado, incluyendo a aquellas empresas con ventas de hasta 75 mil UF anuales. Tributarán con tasa del 25 % en primera categoría, y podrán hacer uso de la depreciación en forma instantánea.
Las grandes empresas, en tanto, se mantienen con el régimen semi integrado, con un 65% de crédito contra impuestos finales y una tasa del 27 %. En este caso, y hasta el 31 de diciembre de 2021, podrán hacer uso de la depreciación instantánea de hasta un 50 % de la inversión en activo fijo. El 50 % restante podrá acogerse a la depreciación acelerada.
“…la más importante innovación se establece para los particulares: la creación de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), un organismo que tendrá por objeto representar y defender a aquellos de menores ingresos ante la Administración Tributaria”.
En lo tocante a contribuciones, se exime del pago a los adultos mayores con ingresos hasta $ 650.000, y se rebaja en 50 % el impuesto a quienes cuenten con ingresos entre $ 650.000 y $ 1.400.000. Por otro lado, los inmuebles que en conjunto estén avaluados en una suma superior a $ 400 millones pagarán una sobretasa de entre 0,075 % y 0,275 %, por tramos, considerándose para esto el rut del propietario.
Para quienes perciben rentas anuales superiores a $ 184 millones se suma un nuevo tramo al impuesto global complementario, con tasa del 40 %.
Además, para disgusto de los consumidores de servicios digitales, estos serán gravados con un nuevo impuesto que recaudaría US$ 241 millones. Asimismo, será obligatoria la boleta electrónica, con lo que se espera recaudar cerca de US$ 934 millones.
También se restringirá el uso del market maker, se creará un aporte adicional a
regiones, bajará el PPM para mipymes a 0,2 %, se rebajará de seis a dos meses el plazo para la recuperación del IVA -soportado en la adquisición de activo fijo- y se abrirá la oportunidad de retirar recursos FUT con tasa de 30 %.
Pero de todas las medida de esta ley, la más importante innovación beneficia a los particulares: la creación de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), un organismo que tendrá por objeto representar y defender a aquellos de menores ingresos ante la
administración tributaria.
Esta medida auspicia un mayor respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes y, particularmente, a su dignidad como personas, pues ante tanto
número, complejas leyes y poderes muchas veces ejercidos abusivamente, se olvida que el motor del crecimiento de Chile son sus ciudadanos. Esos que, al final del día, terminan pagando la ineptitud de su clase política.
