De nuestra biblioteca Por Sonnia Mendoza | Septiembre de 2011
Este reportaje fue escrito en septiembre del 2011, por lo que algunos de los hechos relatados pudieron haber cambiado.
Treinta y ocho años después, el ministro Carlos Aldana logra rearmar el puzzle que derivó en la ejecución de 19 trabajadores de Laja y San Rosendo. Dos hijos, niños en 1973, revelan su dolor más íntimo por el episodio que los dejó huérfanos, y Martita Wörner, abogada de causas de derechos humanos del Arzobispado de Concepción, cuenta por qué venció “a la soberbia del poder” y rehusó ser la primera presidenta de la Cámara de Diputados.
Diez años tenía Mauricio Araneda Medina cuando salió persiguiendo a la patrulla que se llevaba a su padre a la subcomisaría de Laja. En su fantasía de niño creyó poder rescatarlo y volver con él al hogar, en San Rosendo, el pueblo que popularizó La Carmela y que en 1973 todavía era el ombligo de Ferrocarriles del Estado, donde a lo menos quince trenes diarios, con miles de almas en viaje, “combinaban” sus destinos al sur o al norte del país en febril actividad.
De una de esas locomotoras a vapor -que llenaban su panza con carbón de Lotaera maquinista Luis Araneda Reyes. Tenía 48 años, era dirigente, socialista y el último de los 19 detenidos desaparecidos de Laja-Yumbel en ser apresado por el entonces teniente Alberto Fernández Mitchel y sus 13 carabineros. Se lo llevaron desde la puerta de su casa después de alcanzar a despedirse de su mujer y de sus cuatro hijos. Uno de ellos, el hoy abogado Araneda Medina, acusa: “De la Papelera-Laja salió la lista…”.
El profesional hace referencia así a los civiles, identificados pero intocados hasta ahora por el ministro para causas de Derechos Humanos, Carlos Aldana Fuentes, quien el 18 de agosto de 2011, en histórica reconstitución de la matanza de Laja-San Rosendo, en el fundo San Juan de Laja, lograra la confesión de 10 excarabineros y de cómo mataron a estos obreros y ferroviarios al borde de una zanja de 60 centímetros de profundidad. De los cuatro inculpados restantes, tres están fallecidos- Pedro Rodríguez Ceballos, Evaristo Garcés y Sergio Castillo-y un cuarto carabinero no compareció a la diligencia judicial por hallarse enfermo.
“Los inculpados están confesos de la participación que tuvieron en este lugar y la han recreado de manera tal que concuerda con lo que han dicho anteriormente en declaraciones que le prestaron a este ministro, pero que en averiguaciones hechas por el ministro Martínez habían ocultado”, dijo el ministro Carlos Aldana al concluir la diligencia.
Un juez y dos ministros en visita -Carlos Aldana y José Martínez Gaensly -se han ocupado en 38 años de este caso de lesa humanidad, el segundo en importancia por el número de víctimas después de Lonquén. Luego se conocería lo de Mulchén y otros más. “Hace poco, visité al ministro Aldana y le agradecí en nombre de los que investigamos estos hechos, su decisión de descubrir la verdad”, dijo desde Ancud la abogada Martita Wörner Tapia, quien iniciara, en 1977, desde el Departamento de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción, las primeras indagaciones “para armar el puzzle”, y en el que pusieron todo su empeño curas como el de Laja, Félix Eicher, y los médicos legistas César Reyes, Juan Zuchel y María Antonieta Henríquez, entre tantos otros profesionales.
De los 10 carabineros hoy procesados por homicidio calificado, sólo uno de ellos, el exteniente Fernández sigue detenido en la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz. En Iquique lo halló el largo brazo de la ley. Antes de abordar la patrulla de la PDI que recorrió 2.289 kilómetros para que compareciera ante el juez, Fernández se despidió de su mujer y de su hijo enfermo. Les prometió volver. La misma promesa que 38 años atrás hiciera el maquinista Luis Araneda a su familia. Nunca regresó.
Pero no sólo directivos de la CMPC-Laja deberían comparecer ante el ministro Aldana según los requerimientos que preparan familiares de estas víctimas; también magistrados, como la exjueza de Yumbel, Corina Mena, y la exsecretaria de ese mismo tribunal y hoy ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem Saldías, quien, en octubre de 1973, recibió un parte de Carabineros que daba cuenta del hallazgo de 18 cadáveres que fueron encontrados en el fundo San Juan tapados con cal y trasladados a una fosa común del Cementerio de Yumbel. Como jueza subrogante y con seis meses de experiencia en el tribunal, no investigó y en una caja de fondos guardó el papel por orden de la titular.
“En ese momento yo encontraba que lo que hacía y que agradara a la señorita Corina estaba bien hecho, porque ella sabía y tenía más experiencia”, declaró Rosa Egnem en 1978 ante el ministro José Martínez Gaensly, según consigna en “No hay dolor inútil” la periodista María Eliana Vega. El libro publica casos de Derechos Humanos en la Región del Bíobío entre 1973 y 1991 y que defendió la Iglesia de Concepción, en particular los obispos Manuel Sánchez, Alejandro Goic y José Manuel Santos.
“Muchas víctimas fueron asesinadas la madrugada del 18 de septiembre del ‘73 a las 5.10 A.M en el fundo San Juan y, tres meses después, exhumados y llevados al cementerio de Yumbel por policías de ahí mismo. Ella era magistrado y se mantuvo en silencio; actuó igual que aquella jueza que le dio la orden de omitir. Desde luego la ministra Rosa Egnem no tiene responsabilidad en los hechos directos, pero esto denota el estándar ético que uno tiene que pedir a quienes administran justicia, sobre todo desde el máximo tribunal del país”, precisa el abogado Araneda.
Constituido en visita extraordinaria en el tribunal de Laja para el proceso investigativo Rol N° 2.770, el ministro Martínez Gaensly logró establecer en 1978 la ubicación de la fosa común en el cementerio de Yumbel con 18 cuerpos, y en el fundo San Juan –lugar de la primera inhumación de las víctimas- el cuerpo número 19 faltante. Todos fueron entregados a sus familiares cinco años después de permanecer en condición de detenidos desaparecidos. El 18 de marzo de 1980 y como había personal uniformado comprometido, el ministro Martínez se declaró incompetente y la causa pasó a la justicia militar, que la sobreseyó y aplicó la Ley de Amnistía. Era el 3 de diciembre de 1981.
Por un “choco” de diente
Diez años tenía el abogado Araneda la última vez que vio a su padre el 15 de septiembre de 1973 de camino a la subcomisaría de Laja; catorce años Gloria Urra Parada cuando llegaba a la misma unidad policial a dejarle comida a Raúl, el mayor de sus ocho hermanos. Trabajaba en la Papelera-Laja y sin ser militante, simpatizaba con el gobierno y con el “compañero” Salvador Allende. Tenía 23 años, fue apresado a la salida de la Papelera y “mi madre no tenía corazón para verlo ahí, en un calabozo”. Gloria la suplía: le llevaba desayuno, almuerzo y once, como tantas otras mujeres con sus hijos en brazos hicieron también con sus familiares en un ir y venir a diario.
“MUCHAS VÍCTIMAS FUERON ASESINADAS LA MADRUGADA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL ‘73 A LAS 5.10 AM EN EL FUNDO SAN JUAN Y TRES MESES DESPUÉS, EXHUMADOS Y LLEVADOS AL CEMENTERIO DE YUMBEL POR POLICÍAS DE AHÍ MISMO. ELLA ERA MAGISTRADO Y SE MANTUVO EN SILENCIO; ACTUÓ IGUAL QUE AQUELLA JUEZA QUE LE DIO LA ORDEN DE OMITIR. DESDE LUEGO LA MINISTRA ROSA EGNEM NO TIENE RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS DIRECTOS, PERO ESTO DENOTA EL ESTÁNDAR ÉTICO QUE UNO TIENE QUE PEDIR A QUIENES ADMINISTRAN JUSTICIA, SOBRE TODO DESDE EL MÁXIMO TRIBUNAL DEL PAÍS”, PRECISA EL ABOGADO ARANEDA.”
Más grande ya, en el pequeñísimo Juzgado de Laja y mientras los intervinientes aguardaban su turno para declarar ante el ministro José Martínez, Gloria Urra viviría en carne propia las pullas de los uniformados y sería partícipe de las reacciones de los familiares de los detenidos desaparecidos inquiriendo por su paradero: llantos, gritos, recriminaciones, acusaciones. También la prensa recibía lo suyo: “Ustedes sólo buscan revivir odios pasados”, reclamaba a los periodistas, protegido tras sus lentes oscuros, el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, hoy fallecido.
“Nunca debió pasar lo que vivimos en las afueras del tribunal; los carabineros nos amedrentaban y se reían a carcajadas de nuestra desgracia”, evocó Gloria, quien no olvida el peregrinar de sus padres por Concepción, Talcahuano, Chillán, Los Ángeles y Victoria tratando de hallar en los lugares de detención de la época al hijo. Desde entonces se prometió “que lucharía en esta vida para que llegara la justicia”.
Hoy es la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Laja y a sus 52 años se acuerda bien del reconocimiento de cráneos y ropas que autorizó el ministro Martínez Gaensly entre los que no halló a su hermano Raúl. “¡No está!, ¡no está…! -dije-; nos pidieron volver después y cuando lo hicimos, lo reconocimos altiro. Su cuerpo se había quedado en el fundo San Juan. Lo reconocimos por los restos de pelo negro y crespo y por un “choco” de diente café de tanto fumar cigarrillos Lucky Strike; por su pantalón de tela verde, bototos de seguridad y calcetines cafesosos. Su polerón rojo estaba lleno de orificios…”.
El día de la reconstitución de escena en el fundo San Juan, enterarse “en vivo” cómo se llenó de orificios el polerón rojo de Raúl minó la resistencia de esta mujer. “Fue terrible. El ministro pidió recrear la forma cómo se ubicaron las víctimas y los fusileros. Los detectives les pasaron a los carabineros unos palos para ver cómo habían disparado: estando en una fila y contándolos uno por medio, los separaron en tres o cuatro grupos y les dispararon a una orden del teniente Fernández… No será fácil olvidar esto, fue un dolor muy grande el que nos causaron, pero sirvió para conversarles a los jóvenes de Laja. No tenían claro lo que había pasado, porque -después de la romería- cuando nos entregaron los cuerpos para sepultarlos, nunca más se habló de esto en Laja”.
Otros datos de la investigación revelan que los fusileros bebieron para infundirse ánimo antes de ir al lugar del crimen. De allí los restos de botellas de licor en la tumba clandestina junto a la cual el ministro Aldana hizo la reconstitución de los hechos. Hoy, “uno podría decir que recién- con esta diligencia- esos carabineros se están sacudiendo de la resaca de aquella jornada, resaca que los acompañará hasta sus últimos días”, precisó Mauricio Araneda.
“Busque la cruz de madera y púas”
Desde Ancud, la abogada Martita Wörner lamenta que se haya perdido una cruz hecha con dos pedazos de madera amarrados con alambre de púas. Indicaba la sepultura ilegal y fue hecha por un obrero agrícola que, buscando animales en el fundo San Juan, de la Papelera, “encontraron dos cuerpos humanos semi enterrados y destrozados por perros”. El hombre dio cuenta en la Tenencia Salto del Laja y horas después, el comisario Héctor Rivera Rojas ordenaba el traslado de 18 cuerpos al Cementerio de Yumbel con autorización de la jueza Corina Mena y previo reporte a la Intendencia y a la Prefectura de Concepción.
El parte policial que, finalmente, quedó guardado en la caja de fondos del Juzgado de Yumbel y confeccionado por el sargento primero Martín Gastón Rivera daba cuenta del hallazgo de 18 cadáveres no identificados, que se encontraban enterrados “en una fosa de 60 centímetros, cubiertos con una capa de cal y tapados con tierra. Al desenterrarlos se pudo apreciar que algunos presentan heridas a bala calibre 22 milímetros, otros con el cráneo destrozado y la mayoría con las manos amarradas por la espalda. Casi todos estaban descalzos y con puros pantalones. Por la descomposición de los cuerpos y el deterioro de sus vestimentas, se presume que llevaban enterrados de 15 a 20 días”. Era el 11 de octubre de 1973 y la matanza había ocurrido el 18 de septiembre a las 5.10 AM.
Casi seis años después de ese episodio, premunidos de palas y guiándose por señas de un informante, Martita Wörner, la asistente social Nelly Henríquez, el padre Félix Eicher y el abogado Jorge Barudi encontraron la tumba ilegal.
Martita Wörner dice: “La tierra había sido removida sin mucho cuidado; encontramos una cédula de identidad, zapatos, unos lentes ópticos, restos de osamenta y en un extremo de la fosa un cuerpo completo, con sus piernas amarradas con alambre de púas. La pericia legal comprobó que no tenía huellas de impactos de balas mortales por lo que habría sido enterrado vivo. Impactados, improvisamos una especie de camilla para levantarlo completo. Recuerdo haber tomado un calcetín con todos los huesos de un pie humano. Informado el ministro Martínez, en el lugar se constituyeron peritos. Desde ese momento, hallar la fosa común en el cementerio de Yumbel fue todo uno”.
EN EL 2015, EL MINISTRO PARA CAUSAS ESPECIALES DE DERECHOS HUMANOS, CARLOS ALDANA, DECIDIÓ SUMAR A OTROS TRES EXCARABINEROS EN RETIRO A LA LISTA DE 10 PROCESADOS POR LAS EJECUCIONES DE 19 TRABAJADORES DE LA PAPELERA Y DE FERROCARRILES. SÓLO RESTA UNA DILIGENCIA -QUE DETERMINARÍA SI LOS RESTOS FUERON O NO TRASLADADOS DE FOSA ANTES DE SER LLEVADOS AL CEMENTERIO- PARA CERRAR LA ETAPA DE SUMARIO. EN SU INVESTIGACIÓN, EL JUEZ NO PUDO ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS CIVILES (ENTRE ELLOS EXTRABAJADORES DE LA PAPELERA) A QUIENES FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS IMPUTABAN PARTICIPACIÓN EN LOS CRÍMENES. “NO PUEDO DECIR QUE SON INOCENTES, PERO TAMPOCO QUE EXISTÍAN ANTECEDENTES PARA SOMETERLOS A PROCESO”, DIJO EL MINISTRO ALDANA.
Martita Wörner, exdiputada del PPD, reveló que años después declinó la presidencia de la Cámara de Diputados a favor de su colega Vicente Sota. No podía -dice- como tercera autoridad política del país cumplir el protocolo de ir a saludar al general Pinochet. Todavía era el comandante en jefe del Ejército.
Sus pares, incluso, la tildaron de “loca” por rehusar el honor de ser la primera mujer presidenta de la Cámara baja y hasta la tentaron con que podría aparecer con frecuencia en revistas de papel couché si asumía el cargo. Pero, agrega, “¿cómo darle la mano a un militar que las tenía manchadas de sangre y seguir mirando de frente a los familiares de DD.HH y a todos los que había conocido durante mi trabajo en la Vicaría? En toda mi vida he visto una mirada que trasluzca más dolor que el que siempre vi en Rosa Silva Sanhueza, cónyuge de Heraldo Muñoz Muñoz, el dirigente sindical de la Papelera detenido a los 28 años. Nunca la vi sonreír, cada vez que la contemplaba sentía que por todos sus poros emanaba un dolor intenso que un cuerpo tan frágil como el suyo difícilmente soportaba. Por eso estoy orgullosa de pasar a la historia como soldado desconocido y sin haber cedido a la soberbia del poder”.
-¿Cree usted que en estas 19 detenciones y muertes hubo participación de civiles de la Papelera-Laja? Circula una versión que junto a la entrada del fundo San Juan, en la época, se dio vuelta un camión con cal, materia que sirvió para “tapar” los cadáveres, pero que en realidad lo habría enviado uno de los jefes de la empresa, Carlos Ferrer Gómez.
“No sólo se comenta. Desde un principio en la investigación que inició el ministro Martínez quedó claro que estas detenciones fueron ilegales, injustificadas y con participación de civiles en todas las etapas. Transportistas de la Papelera trasladaron a los detenidos al bosque del fundo San Juan. Para la exhumación y entierro clandestino -hechos que ocultó la jueza Corina Mena-, se contó también con logística y colaboración de civiles. La empresa siempre supo esto porque cinco o seis de las víctimas eran obreros suyos.
Sin embargo, hay que tener presente que las detenciones fueron al azar, en cumplimiento de los bandos generales que emitió la Junta de Gobierno: detener a dirigentes sindicales de Izquierda o comprometidos con el gobierno depuesto.
En Laja eran todos amigos: a algunos los fueron a buscar a sus casas y otros se presentaron tras saberse buscados. En el trámite los acompañó el párroco Félix Eicher, quien les aseguró que nada malo les pasaría. Por eso resulta tan escalofriante cuando hoy, en el proceso que sigue el ministro Aldana, los culpables confesaran que, al pedir la orden de traslado de los detenidos desde la subcomisaría de Laja al Regimiento de Los Ángeles, desde esta unidad les dieron orden de “deshacerse de ellos porque el regimiento no tenía más capacidad”.
