Si lo hablamos en cifras, en Concepción existen 77 intersecciones sin semáforos, aparatos que podrían comenzar a refaccionarse o instalarse en dos meses más, todo lo cual tendría un costo de 1.450 millones de pesos aproximadamente. Esa tarea quedó asignada al ministerio de Vivienda y Urbanismo en Biobío. Si lo analizamos desde la cotidianeidad, esa situación implica que los 224 mil habitantes que tiene la capital regional, a los que se suman otros miles de comunas vecinas que llegan a ella diariamente por motivos de trabajo o estudio, tienen 77 puntos de eventual riesgo (de atropellos o colisiones), solo por el hecho de desplazarse como peatón o automovilista en Concepción. Si a eso agregamos que en esta ciudad circulan alrededor de 270 mil vehículos motorizados, el panorama se pone peor. Actualmente el Minvu trabaja con el municipio de Concepción para que este último defina según su complejidad, por ubicación o tránsito, cuáles son las arterias para priorizar la reposición, tarea que se iniciaría en marzo próximo. Pero mientras eso sucede, el cruce de esas calles hoy depende solo de la voluntad de los automovilistas, tanto para dar el paso a otros vehículos como a los peatones. En ocasiones, sobre todo a primera hora del día, suele verse a Carabineros ordenando el tránsito. De allí que han adquirido tanta importancia quienes por una propina hacen de semáforos ordenando el desplazamiento para conductores y personas. Muchos accidentes seguramente se han evitado gracias a su labor, pues nadie más parece estar ocupándose de esto mientras se repone la semaforización destruida. En nuestra edición de diciembre, el director del centro de Educación y Rehabilitación Integral de Coalivi, Patricio Parada, relataba cómo la falta de semáforos afectaba el desplazamiento de personas ciegas, como él. Situación, decía, que también hacía la vida más compleja a los adultos mayores. Concepción necesita, y con urgencia, una respuesta para este problema. Requiere de inspectores de tránsito permanentes que colaboren en esta tarea, y es deber de las autoridades locales y regionales decidir quién debe brindar la solución. Una región que promueve el turismo como uno de sus atributos no puede tener a su capital en esas condiciones. Eso, sin considerar que ante la eventualidad de un accidente, alguien más, aparte de los conductores involucrados, tal vez tendría que responder civil y/o penalmente por las responsabilidades que pudieran perseguirse debido a la falta de este servicio. Se requieren soluciones definitivas, es cierto, pero mientras estas llegan, alguien tiene que ocuparse del asunto.
Argelia Bianchi Jorquera
Directora General
