El año pasado se recibieron en promedio 12 denuncias diarias por violaciones en Chile. Ese es el dato que maneja el Centro de Estudio y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero tras ese número está la “cifra negra”, que esconde los casos que no fueron denunciados, ya sea porque la víctima lo consideró improcedente, porque no tenía conocimiento de sus derechos, por temor o como suele suceder en este tipo de delitos, porque cuesta reconocerse como víctima de violencia sexual.
La decisión de denunciar una violación no es fácil. Como ejemplo está la experiencia que tienen los centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual en la región del Biobío, donde solo el 12 % de quienes se atendieron en ellos para recibir ayuda decidieron judicializar sus casos. La dificultad, según explican especialistas, tiene que ver con que llevar sus denuncias a la justicia implica, entre otras cosas, recordar el ultraje, el ser o sentirse cuestionadas por su entorno y, además, contar con pruebas para acreditar el delito.
A pesar de los avances que se han hecho en el tema de los abusos sexuales en Chile en materia legal (lo último fue la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores de edad) y procedimental, no existe información ni campañas públicas que eduquen sobre cómo proceder cuando se ha sido víctima de un ultraje. “Mientras más cercana a la ocurrencia del hecho se haga la denuncia, mayor es la probabilidad de encontrar pruebas que puedan lograr una sanción penal”, asegura la jefa de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Biobío,María Alejandra Monsalve, en el reportaje de esta edición: Violación, la ruta para sobrevivir.
Las mujeres deben saber que desde 2008 Chile dispone de un archivo de huella genética con el ADN de condenados por los delitos establecidos en la ley de 19.970, entre ellos la violación; que las denuncias se pueden hacer en las policías, en las fiscalías y en centros asistenciales de salud. También, que los funcionarios de estos recintos deberán llamar apolicías o a un fiscal para recibir la denuncia pero, además, conocer que una mujer mayor de 18 años tendrá derecho a decidir si da cuenta o no del delito al momento de ir por ayuda a un hospital o consultorio. Asimismo, que este tipo de causas es reservada (solo son conocidas por la víctima y su abogado), y que la investigación estará a cargo de policías especialistas en el tema.
El mandato que tienen los entes que participan de este proceso es realizar la indagación y, en el mismo orden de prioridad, proteger a las víctimas y derivarlas a centros de atención donde recibirán ayuda siquiátrica o sicológica. Actualmente la red pública es insuficiente para la demanda de mujeres que necesitan de este apoyo. Se debe seguir trabajando para lograr la reparación que necesitan, pero también, hay que educarlas para que conozcan cómo enfrentar un delito de este tipo, que está considerado como uno de los más traumáticos que puede sufrir una persona. Ello porque la sanación que requiere una víctima de un delito sexual incluye apoyo social, psicológico y una sanción penal para el agresor. En esto último es fundamental la denuncia de la víctima, así como la calidad de las pruebas que esta aporte. Sin embargo, la sociedad, empezando por el Estado, debe informarles sobre cómo proceder, dónde solicitar ayuda y, lo más importante, comprender y asimilar que nada de lo que ella haya hecho justificaba una violación.
Argelia Bianchi Jorquera
Directora General
