El lucrativo negocio del hurto de la madera en Arauco

Unos US$6 millones, en un conteo rápido, habrían ganado los integrantes de una supuesta red de hurto de madera que desde hace años viene operando en la provincia de Arauco. La historia tiene una trama complicada que no deja ver hasta el momento quién o quiénes la conformarían. Los pequeños transportistas denuncian que 60 camiones suyos estuvieron bloqueados para prestar servicios a las forestales por estar involucrados “sin pruebas” en los ilícitos, y devuelven el golpe a las empresas compradoras acusándolas de ser ellas las “ladronas”. El Gobierno señala que éste y no el conflcito mapuche es el verdadero problema de la llamada zona roja, por lo que hace poco decidió iniciar acciones para desbaratar este lucrativo negocio. Hoy la fiscalía está investigando el tema: quiénes caeran en el camino, ésa es la gran pregunta.

 

Algo más había. De eso varios estaban convencidos ante los hurtos de madera que ya por años ocurrían en la provincia de Arauco.

El asunto era saber quiénes estaban involucrados, pero sobre todo, si alguien se atrevería a decir quiénes estaban tras ellos. Rumores existían varios. Que las empresas forestales sabían desde hace tiempo de estos delitos, pero que hacían la vista gorda, o que el Gobierno quería impulsar este ilícito como el principal problema al sur de la Región del Biobío, para desviar la atención sobre el mal manejo político en el “conflicto mapuche”.

Hipótesis iban y venían, pero lo cierto es que el clima que hoy se vive en la llamada “zona roja” está enrarecido, y algunos hablan de divisiones en las comunidades mapuche entre quienes “apoyan” el hurto de madera y quienes no.

En este escenario, el Ministerio Público investiga una de las hipótesis que más ha cobrado fuerza en el último tiempo, y que tiene que ver con una red prácticamente profesionalizada en torno a este ilícito: hay una línea que parte desde quien sustrae los troncos, sigue con quienes los ingresan a los aserraderos, continúa con quienes los transportan y termina con los que finalmente los venden. Entremedio existirían expertos en el blanqueo de facturas y en cómo evadir al Servicio de Impuestos Internos.

 Lista negra

Fueron los constantes cortes de caminos que protagonizaron los camioneros de la provincia de Arauco, entre septiembre y octubre de este año, los que obligaron al Gobierno a tomar medidas concretas.

En su momento la versión oficial atribuía las acciones de protesta de los transportistas a las alzas en el precio de los peajes, al impuesto específico a los combustibles y a la falta de medidas para la provincia al ser considerada como “zona de rezago”; sin embargo, fuentes consultadas aseguran que las movilizaciones eran una respuesta a las acusaciones de las empresas forestales y del propio Gobierno que sindicaban a un grupo de camioneros como responsable del hurto de madera que desde hace años se venía registrando en la zona. Como consecuencia, 60 camiones estaban en una especie de lista negra o con un “bloqueo” que les prohibía prestar servicios a las forestales.

La visión del Gobierno

Quien ha liderado las denuncias desde el Ejecutivo y ha hecho la vocería en este intrincado tema es el gobernador de Arauco, Humberto Toro.

Lo primero que quiso hacer cuando llegó al sillón de gobernador, cuenta él mismo, fue determinar cuál era el verdadero conflicto que se estaba viviendo en la provincia de Arauco.

Y el diagnóstico ya lo tiene hecho: “El problema no es el conflicto mapuche en sí. Cuando uno habla de conflicto mapuche se refiere a lo que son las demandas históricas: la tierra, las que están vinculadas a un mejor bienestar, al reconocimiento institucional, que está reflejado a reconocer en el territorio una multinacionalidad. Ése es, a mi juicio, el conflicto histórico de las comunidades mapuche y, en segundo lugar, sus demandas están vinculadas a una mejor calidad de vida, en cómo, por ejemplo, se mejora la infraestructura, la conectividad. Cuando alguna de las comunidades se tomaba un determinado predio tenía un sentido, pues buscaban la recuperación de tierras. Cada vez que eso ocurría, yo podía ir a conversar con ellos. Podíamos estar de acuerdo o en desacuerdo, podíamos pelearnos, ser duros en los planteamientos, pero siempre en la mesa había un punto de discusión y un sentimiento de respeto mutuo”.

Sin embargo, comenzó a darse otro fenómeno, donde el hurto de madera aparecía como eje, enuncia la máxima autoridad provincial. “Aparecía gente encapuchada para cobrar peaje en la carretera a todos, a mapuche y no mapuche”. Pero como tras esa acción no hacían ninguna demanda, comenzaron a sospechar que algo raro estaba pasando. “Basado en esto me atrevo a decir que el verdadero problema en el cono sur de la provincia de Arauco está vinculado con un negocio (ilícito) que intentaba camuflarse como demanda mapuche”, enfatiza.

El modus operandi de esta red sería bastante simple, según explica Humberto Toro. “Compraban el rol de un terreno a miembros de alguna comunidad mapuche o a pequeños agricultores de la zona para explotarlos”. De esa manera (con un rol) justificaban el origen de la madera robada para hacer aparecer la situación como absolutamente legal para efectos de la venta. “Si tenían una hectárea que, por ejemplo, daba 10 mil metros ruma, extrañamente aparecían explotando100 mil. De alguna parte venían esos 90 mil metros extra. Alguien estaba haciendo un negocio y, por lo tanto, incentivaba el robo”, señala el gobernador.

Quienes conocen el sector dicen que hay lugares, como la localidad de San José de Colico, en Curanilahue, con una población que no supera los 800 habitantes, donde  prácticamente en todos los patios de las casas hay aserraderos y camiones descargando afuera. “Es un sector complicado para entrar. Ahí ni Carabineros, ni en las campañas electorales se puede entrar”, dice un expolítico de la comuna.

Todo se investiga

Lo cierto es que ha sido el propio Ministerio Público quien junto a un equipo especializado de Carabineros viene haciendo indagatorias desde hace unos cuatro meses sobre los hurtos de madera. Julio Contardo, el fiscal regional, explica que en el tema trabaja un grupo de cinco fiscales, liderado por Álvaro Hermosilla, fiscal jefe de Talcahuano, además de los fiscales jefes de Cañete, Luis Morales, y de Lebu, Danilo Ramos, más el fiscal de Los Ángeles, Carlos Díaz, por cuatro eventos ocurridos en la provincia de Biobío. El grupo lo cierra Juan Yáñez, también de Talcahuano, a quien se le otorgó un periodo de preferencia.

“Hay varias hipótesis de cómo se articula la sustracción de la madera, de cómo se vende, cómo se efectúa, y dentro de esas aristas está la participación de la compra, incluso de las propias empresas forestales por la falta de cuidado en determinar el origen de ésta, que es un área que está siendo explorada. Corma tiene conciencia de esta situación y está en un plan de regularización de la compra de madera para evitar que lo que les roban a ellos mismos o a sus compradores, terminen haciendo negocio. Es un problema de negociación. Por eso, aparte del delito de sustracción de la madera, estamos viendo los delitos tributarios que puedan existir. Tenemos una coordinación con el Servicio de Impuestos Internos. Si es así, se le dará a conocer para que accione”, resume Contardo.  

Sobre la posibilidad de una red de grupos ultra organizados para cometer este delito, la máxima autoridad del Ministerio Público en la Región no la descarta: “Al haber una negociación, ésta se desarrolla en cadena, por lo tanto, en cada uno de sus eslabones participan distintos actores, con diferentes especialidades. Pensemos en la persona que sustrae la madera, en el que la trata en un aserradero, en el que la comercializa, en el que la transporta”, dice. Además, están investigando una vinculación con los hurtos de madera que hace tiempo vienen también sucediendo en La Araucanía. 

Las Pymes atacadas

El bloqueo impuesto a 60 camiones de pequeños transportistas de Arauco aumentó la tensión al conflicto. Fueron sus propietarios quienes acusaron discriminación por ser tratados de ladrones sin ninguna prueba concreta.

Henry Vigueras Sáez es transportista de la provincia de Arauco y se ha transformado por estos días en una especie de vocero de los afectados. Acusa que las grandes empresas manejan el mercado, que ellos no pueden trabajar y que si no fuera por las Pymes, estarían todos cesantes.

“La situación es complicada, porque hay muchos transportistas que están sin trabajo por el bloqueo de la famosa Corma, que nosotros no tenemos idea qué es, que apareció ahora diciendo que manda al sector forestal. Eso lo pueden mandar entre ellos, entre Arauco y Mininco, pero no entre los particulares”.

A la fecha, comenta Vigueras, ya se “desbloqueó” a un 10 o 20 % de los 60 camiones que habrían estado impedidos de prestar servicios a las forestales.

Además, para terminar las movilizaciones, existiría un compromiso con el gobernador y la Corma para iniciar una mesa de trabajo con los pequeños transportistas. Algo que hasta mediados de noviembre aún no se concretaba. “Para mí el gobernador de Arauco es una persona poco seria. En la administración anterior tuvimos conversaciones con gente de la gobernación. Ellos se acercaban a los pequeños empresarios y a las comunidades, pero ahora nada”, comenta Henry Vigueras.

Según manifiesta, “la relación entre las comunidades mapuche y los pequeños transportistas es ciento por ciento buena”. Y que las únicas que no pueden entrar a las comunidades son las empresas grandes. “El Gobierno y las forestales están acusando a todos, pero aquí no hay ladrones”, asegura. 

– Pero sí ha existido hurto de madera…

– Es que yo no tengo conocimiento de ellos, entonces no le podría decir si esta persona o esta empresa está robando. Lo único que sé es que de repente nosotros estamos cargando 20 metros ruma y nos dan 18 metros las mismas empresas. Es como una dictadura implantada por ellas mismas. Si uno reclama no entran nunca más nuestros camiones. 

-¿Y los camiones que bloqueaban las rutas en Arauco?

-Ahí aparecieron unas camionadas de ripio, yo no te podría decir quiénes fueron, yo estuve ahí apoyando el paro…yo no he parado ningún camión. Los camiones estaban parados ahí cuando nosotros llegamos. Había camiones de los 60 transportistas bloqueados, pero había otros, de otras empresas, que llegaron a apoyar. Hay mucha gente que está en contra de esta cuestión.

– O sea el problema lo están pagando los más pequeños…

-Mire, yo me hago muchas preguntas. Si hay un robo de madera, ¿dónde tendría que llegar esa madera? Y si las forestales lo compran ¿quién le robó a quién? ¿El chancho tiene la culpa o el que le da de comer?

-¿Y a qué respuestas han llegado ustedes?

-Que las empresas son las ladronas, pues. ¿O se vienen a dar cuenta cuando aparecen todas las autoridades y echan a pobres carabineros a pelear a una guerra que no tiene por qué existir? Entonces de qué estamos hablando.

Qué dicen las empresas

En el otro extremo están las empresas forestales. El 3 de octubre pasado enviaron un comunicado de prensa a los medios de comunicación rechazando los hechos de violencia e indicando que cada empresa vería cómo se las arreglaría para identificar la madera robada que llegaba a sus plantas.

Voces no oficiales indican que al interior de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) se generó un ácido debate sobre el tema, porque había quienes buscaban aunar posiciones como gremio, pero que otros se oponían. Finalmente, el gremio prefirió dar un paso al costado y dejar que actuaran cómo y cuándo cada empresa decida.

Consultados oficialmente, en Corma indicaron que no se referirían al tema. Sin embargo, abordado en el VII Encuentro Forestal, el presidente regional de la entidad, y uno de los ejecutivos más importantes de Arauco en la zona, Jorge Serón, respondió escuetamente que “cada una se va a preocupar de su propia estrategia desde el punto de vista de cómo acciona y cómo evita ser expuesta a los robos de madera y, claramente, va a haber un trabajo muy fuerte de cada una de las empresas para entregar los antecedentes a la fiscalía para que pueda investigar”.

Según indica el mismo Serón, los robos de madera en los últimos años habrían dejado beneficios para los ladrones por unos US$6 millones. Y eso, en una cuenta rápida.

-Se ha vinculado a las propias empresas forestales como parte de una red de compra de madera a menor precio, ¿conocen esos antecedentes?

-Lo descartamos absolutamente. Creemos que aquí hay gente que ha visto una oportunidad de lucrar y de mala forma. Las empresas socias de Corma están todas acogidas a Acuerdos de Producción Limpia, de trabajo serio y de sellos muy responsables internacionalmente. Nadie va a generar el riesgo de perder alguno de esos sellos por una transacción de madera. 

-Y el bloqueo a 60 camioneros de Arauco, ¿no fue encender más el fuego?

-Nosotros como Corma no hemos generado ninguna indicación. No nos corresponde. Ahora, cada empresa puede tomar la decisión que quiera. Lo que hay que ver es a quién entregaban madera y por qué razón los paralizaron.

El tema de fondo, reitera Serón, es que ahora las empresas forestales van a reforzar sus cadenas de custodia. “En la compra de madera debe ser demostrada la legalidad de su origen y, claramente, ha existido alguna opción de vulnerabilidad de las opciones de custodia, que no han sido suficientemente rigurosas para asegurar que tienen orígenes lícitos”.

En la misma línea opinaron altos ejecutivos de CMPC y Arauco, en el mismo encuentro realizado en Coronel a mediados de noviembre.

Charles Kimber, gerente comercial y de asuntos corporativos de Empresas Arauco, indicó que tienen que seguir perfeccionando los procesos de compra, “de modo que no entren palos que han sido robados a terceros. Tenemos nosotros una certificación FSC que nos ha permitido desarrollar esos procesos justamente, a objeto que haya trazabilidad del origen de la madera”.

Mientras que Gonzalo García, secretario general del Grupo CMPC, ligado a la familia Matte, explicó que el tema es más simple de lo que parece: “Cuando usted es víctima de robos reiterados, primero se tiene que proteger más. Segundo, aumentar los controles internos para que esos robos no lleguen a uno mismo, por otra vía. Y, tercero, hacer las denuncias correspondientes a la justicia del país y a las autoridades policiales. Eso es lo que se hace. Es algo en lo que siempre se tiene cuidado y frente a estos problemas, se fortalecen los controles”, recalca.