Carabineros, PDI y el Ministerio Público son los tres organismos que actúan cuando una persona figura como extraviada, a través de las denuncias de presuntas desgracias. Estas instituciones lanzan todos sus recursos con el fin de encontrarla; eso sí, con un constante trabajo de familiares y amigos que hacen lo que está a su alcance para hallar al ser querido que no regresó. Biobío, tristemente, es una de las regiones con mayores casos de este tipo, destacando la desaparición de “Coke” Matute, Sergio Mardoff y de Carlos Gallardo, el estudiante cañetino que aún no puede ser ubicado desde su viaje de intercambio a Europa.
Por Rayen Faúndez.
Tal como lo explica el Mayor de Carabineros, Carlos Jara, la persona desaparece o rompe su rutina, no tiene paradero conocido, y se presume que pudo ocurrirle algo. Figura entonces como extraviada.
Eso fue lo que le sucedió a Carlos Gallardo Ramírez, uno de los los últimos casos de este tipo conocido en la Región del Biobío. El estudiante de Fonoaudiología, hoy de 25 años, partió a un programa de intercambio a Coruña, España, en enero de 2015. Su compañera y mejor amiga durante el intercambio, la estudiante polaca Kasia Bartosiak, lo alojó algunos días en su casa y lo vio por última vez el 31 de julio de ese año. El 9 de agosto hablaron, y él le envió su geolocalización desde Budapest, Hungría.
Hoy se sabe que Carlos revisó su correo electrónico por última vez el 11 de agosto pasadas las 22 horas, donde registró la compra de pasajes a Praga, República Checa, pues tenía planeado viajar a ese país el 16 de agosto. Su retorno a Chile estaba programado para el 3 de septiembre. La última vez que se comunicó con su familia fue el 12 de agosto, cuando envió su ubicación vía WhatsApp desde Salzburgo, Austria.
Nunca viajó a Praga, no volvió a contactarse con Kasia, y en septiembre no regresó a su hogar. La Interpol se encargó del caso, y en su sitio web mantiene varias fotografías y datos de Carlos Gallardo en el anexo de personas perdidas (Missing Persons).
Imágenes y datos similares a los que hoy muestra la Policía de Investigaciones, PDI, en su portal web (link Personas Extraviadas), donde sólo haciendo click en una fotografía se puede descargar una ficha completa, que incluso puede ser impresa y pegada en cualquier lugar. Ésta contiene los datos principales de las personas extraviadas en el país. Un total de 178 de estos documentos estaban disponibles hasta el cierre de esta edición.
En 2014 la PDI se encargó de 1.353 casos de presunta desgracia en el Biobío. La cifra ha ido bajando cada año, con 1.103 en 2015 y 1.055 en 2016. Un registro que dista del de otras regiones, como la Metropolitana, donde la cifra es más errática, pasando de 3.803 en 2014, subiendo a 4.008 en 2015 y bajando nuevamente en 2016 a 3.674 casos. Valparaíso, en tanto, no supera las mil denuncias.
Parece demasiado, pero un alto porcentaje de estas desapariciones logra resolverse durante las primeras diligencias, es decir, en las 24 horas siguientes a la notificación. No obstante, muchos casos quedan en la memoria, sobre todo en la Región del Biobío, que ha concentrado los de mayor relevancia mediática, partiendo por la desaparición de Jorge Matute Johns en noviembre de 1999, o la de Sergio Mardoff Peirano, el 30 de marzo de 2005. El tiempo pasa, y ni Sergio ni Carlos Gallardo han podido ser encontrados aún.
Una red conectada
Cuando se presenta una denuncia de presunta desgracia se activa un protocolo establecido para iniciar las primeras acciones de búsqueda e investigación. Esto porque el concepto de presunta desgracia, como su nombre lo indica, tiene el objetivo de que el sistema reaccione ante una persona en situación vulnerable.
Este protocolo es conocido por las policías, generalmente las que reciben estas notificaciones y las que echan a andar la máquina de búsqueda. El 80 por ciento de las denuncias por presunta desgracia es recibida por Carabineros, debido a la mayor cantidad de despliegue con el que cuentan en diferentes localidades, siendo el primer sitio donde acuden las personas, desesperadas. El resto de las notificaciones llega a la PDI, o bien a la fiscalía, desde donde se ordenan las llamadas primeras diligencias. Básicamente, una serie de investigaciones que se despliega en todo el país en base a una red con todo al aparataje público.
Así fue como se logró dar con una muchacha de 14 años en un par de días. El comisario Jorge Guerra, subjefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, recuerda que el padre de la niña había estampado una denuncia el 6 de febrero. Tres días después fue encontrada en Talca, en compañía de otra persona, y por procedimientos legales, a las 4 de la mañana del 9 de febrero se logró traer de vuelta a la joven para entregarla a su padre, esto por ser menor de edad.
Este caso correspondió al 93,34 % de denuncias que se resuelven durante las primeras diligencias. Las cifras lo demuestran: a nivel nacional, la PDI registró en 2015 un total de 8.616 denuncias por presunta desgracia, donde 450 no tuvieron resultado alguno; en 2016 la cifra bajó a 8.395 denuncias, donde 559 personas aún se mantienen extraviadas. En el caso de Carabineros, de las 302 denuncias por presunta desgracia que cursó la Primera Comisaría de Concepción, un total de 273 fueron solucionadas durante las primeras horas y con resultados positivos. A 2017, ya van 26 denuncias de este tipo, 17 de ellas ya resueltas.
Cuando pasa a mayores
Gran parte del éxito de las búsquedas se debe a la forma de enfrentar las presuntas desgracias. “La fiscalía de la Región del Biobío tiene una especial sensibilidad. Y desde que se instaló el nuevo sistema, en 2003, se ha potenciado esta investigación mediante elementos objetivos de vulnerabilidad. Había una práctica, antes de la reforma procesal penal, que a las denuncias por presunta desgracia sólo se les daba importancia cuando transcurría cierto plazo, porque buena parte de éstas se trata de personas que no llegaron a su domicilio y la familia, preocupada, denunciaba”, comentó el Fiscal de Ñuble y Fiscal Regional (s), Pablo Fritz.
Para esto se discrimina aplicando ciertos criterios de vulnerabilidad: menores de edad, adultos mayores enfermos y el tiempo transcurrido desde la desaparición. “La reacción es absoluta. Todas las presuntas desgracias se tramitan, pero cuando hay factores de vulnerabilidad entramos con todo, es decir, inmediatamente dando órdenes a la Brigada de Homicidios para saber si la persona fue objeto de un ataque, también con el Servicio de Búsqueda de Personas de Carabineros y en contacto directo con familiares, que tienen el contexto de la desaparición”, explicó el fiscal.
Cuando estas primeras diligencias no funcionan, los casos pasan de ser simples, a considerarse de mediana o baja complejidad. Aquí se da inicio a una investigación, ordenada por el fiscal, que se extiende por un plazo mínimo de 30 días. Allí es cuando se inician reuniones entre el Ministerio Público y las policías, dirigidas siempre por el fiscal, en las que se trabajan todas las hipótesis posibles, sin lugar a prejuicios. Es cuando los casos pueden pasar a mayores e incluso constituir un delito, pues todas las opciones deben ser investigadas y descartadas. Cabe mencionar que una presunta desgracia no implica un delito de por medio, pero podría tratarse de situaciones gravísimas como homicidios, secuestros, delitos sexuales y otros graves.
El más conocido de estos casos es el de Jorge Matute, cuyo cuerpo fue encontrado el 14 de febrero de 2004 en el kilómetro 22,6 de la ruta de La Madera, que une Santa Juana y Concepción. Luego de aparecer por años con una causa de muerte indeterminada, en 2015 se cambió a “intoxicación por pentobarbital” luego de varias investigaciones dirigidas por la ministra en visita Carola Rivas. Estas indagaciones aún no pueden determinar si hubo o no responsables en su muerte, aunque sí hay muchas sospechas.
Un caso aún más claro es el de Marlen Matamala Villablanca, una joven embarazada de cinco meses que desapareció el 3 de marzo de 2016 en Concepción, y cuyo cuerpo fue encontrado por unos niños en el sector Lomas de San Andrés, un mes después de su desparición, con múltiples heridas cortantes y en avanzado estado de descomposición. El miércoles 13 de abril de 2016, la PDI detuvo al autor confeso del crimen, Luis Veloso Pardo, quien asesinó a Marlen en un sitio eriazo para robarle un celular.
La reprimenda
A pesar de estos relatos, en la mayoría de los casos las personas que figuraban como extraviadas ni siquiera estuvieron en peligro. De hecho, de las 914 investigaciones terminadas en 2016 por la Fiscalía Regional de Biobío, en un total de 589, es decir, a un 64,4%, se les aplicó la facultad de no iniciar investigación. Eso significa, sostuvo Fritz, que “definitivamente no era nada”. Ahí es donde los criterios de vulnerabilidad resultan fundamentales, aunque en ocasiones también fallan, y de maneras que bordean el absurdo.
Una de las historias más recordadas por Fritz es la búsqueda de un joven que se extravió en el centro de Chillán. Perdió el contacto de su familia por muchos días, motivando campañas en prensa y contactos con todo su grupo de amigos. Como en las investigaciones se deben agotar todas las posibilidades, en base al criterio de no especulación, se observó la posibilidad de suicidio y se comenzaron a revisar los ríos de la zona.
“Recibimos una información sobre que se habrían encontrado restos de una persona en el río Ñuble. Para comprobar si se trataba del joven desaparecido, terminamos cruzando el cauce, vestidos de ‘traje’, junto al Prefecto de Carabineros, con el agua hasta la cintura. Finalmente, el muchacho estaba en San José de la Mariquina, viaje que hizo para llamar la atención de la niña que le gustaba. Y se usaron muchos millones y se gastó mucha energía en esta investigación, dineros que salen de cada una de las instituciones”, relató el fiscal. Por eso, cuando le comunicaron la razón del extravío del joven, Fritz decidió pedir que pasara a su oficina antes de llegar a su hogar. Allí, decidió reprenderlo por su conducta tan irresponsable. El muchacho tenía cerca de 20 años, e incluso equipos de Santiago habían viajado a la zona para su búsqueda.
Los cuerpos de agua por cierto, son uno de los primeros lugares donde se deciden hacer investigaciones y búsquedas, como la que se efectuó por meses en 2005 a raíz de la desaparición de Sergio Mardoff, quien fue visto por última vez el 30 de marzo de ese año, en el sector que une Concepción con El Recodo, en San Pedro de la Paz, mientras alimentaba a los perros de la casa que entonces cuidaba.
El rol de las familias
Sergio Mardoff, en su minuto, fue considerado el “nuevo caso Matute”. Su desaparición era igualmente extraña, y su familia, emulando las acciones de los familiares de “Coke”, también realizó marchas por el centro de Concepción pidiendo la búsqueda de su hijo.
Cuando se pierde una persona, las familias adquieren un rol relevante si se trata de la difusión y presión respecto a las investigaciones, aunque éstas sigan un curso legal. Bien sabe de esto Alex Matute, quien en primera instancia tomó la vocería a raíz de la desaparición de su hermano. “El rol y compromiso que desde el primer día asumimos como familia por encontrar a Coke resultó fundamental. Jamás imaginamos estar en una situación tan extrema, marcada por el dolor, incertidumbre y menos que se iba a extender por tantos años. El amor hacia Coke y la desesperación por su desaparición, hizo que literalmente suspendiéramos el cauce normal de nuestras vidas para centrarnos en su búsqueda. Como conocíamos a mi hermano, inmediatamente nos movilizamos y a las pocas horas ya era noticia regional, y a los días, nacional”, sostuvo Alex, quien hoy se encuentra en Santiago.
Desde su visión, antes de “Coke” no todos los casos de extravíos aparecían en la prensa. Las investigaciones no se iniciaban inmediatamente, sino esperando las tradicionales 48 horas, que incluso permitía alterar sitios, eliminar pruebas y hacer desaparecer el cuerpo, como ocurrió en su caso. “Hoy eso ha cambiado, hay una sensibilidad especial de los medios de comunicación; la Policía Civil creó una Brigada Especial de Búsqueda de Personas. Pero lo que más destaco, es que las familias se movilizan inmediatamente, y no temen en denunciar la falta de diligencia de quienes dirigen la investigación”, dijo.
A raíz de su experiencia, han prestado apoyo a otras familias que han pasado por situaciones similares. “Mi madre ha viajado y en algunas ocasiones lo he realizado yo. En Concepción, Santiago, Valparaíso, Puerto Montt, Ovalle, Antofagasta, etc. Más de alguno de esos casos han sido notorios. En algunos casos, que han tenido y tienen connotación, me han contactado y he apoyado en silencio a los abogados de las familias”, relató Alex Matute.
Quien ha tomado parte de este ejemplo es la familia de Carlos Gallardo, a quien aún se busca en Europa, y de quien aparecieron algunas pistas en Suiza, donde se puede ver a una persona muy parecida a él en videos de cámaras de seguridad. Marcela, su hermana, ha tomado la vocería del caso, y considera que la labor de los familiares y amigos es clave para mantener las esperanzas y evitar el olvido.
Por eso, cuando se constató la desaparición de Carlos, crearon la campaña “Let’s find Carlos”, en inglés para hacerla mundial, y utilizando un hashtag con la misma frase. También crearon una página en Facebook donde difunden noticias y mensajes esperanzadores, y gracias a esto la noticia fue cubierta por medios de comunicación internacionales. Algo necesario, según Marcela, pues el caso atravesó las fronteras chilenas y las instituciones nacionales ya nada pueden hacer.
“Uno agota todos los medios, hace todo lo que está en sus manos. Quisiéramos hacer más, pero no podemos. Cuando fuimos a Europa no podíamos salir a buscarlo nosotras, era imposible. A lo mejor la idea era ésa, pero no podíamos arriesgarnos de esa manera, ni hacer un mapeo o un metro a metro. Pero uno está tranquila porque hemos hecho todo y nos mantenemos haciendo todo. Ahora, es fácil decirlo, pero lamentablemente hay que esperar. Ya vimos cómo trabajan las policías, todos los procesos que han llevado a cabo y no nos podemos quejar, porque se ha hecho todo. Sólo hay que confiar”, manifestó.
Prevención
Según cifras de la Fiscalía Regional del Biobío, de las más de 4 mil denuncias por presunta desgracia establecidas, 2.334, o sea el 50 %, fueron menores de edad, y 289, equivalentes al 6 %, correspondieron a adultos mayores (sobre 65 años). En base a las cifras de Carabineros, para el año 2016 en la Primera Comisaría hubo un total de 36 denuncias por menores de edad extraviados, contra 80 mayores de 50 años, siendo en su mayoría mujeres.
Estas causas, explicó el fiscal Fritz, no se cierran. “Si bien la búsqueda activa de la persona se termina, porque no hay más hipótesis posibles, cada cierto tiempo los familiares acuden a las policías porque recibieron noticias o tienen alguna pista. En ese minuto se reactiva la búsqueda. Pero la búsqueda pasiva nunca desaparece. Eso es Servicio médico legal, servicios de salud y lugares de detención”, explicó.
Muchas de las personas que se extravían no corrieron peligro. Casos hay para escribir libros, y tanto el fiscal como los comisarios concordaron en las declaraciones: se fueron de fiesta en el caso de los adultos jóvenes, y por miedo a las reprimendas, deciden no volver en un par de días; en el caso de adolescentes, se arrancaron con amigos sin permiso de sus padres, viviendo una de las mayores travesuras de su vida; o bien un viajero perdió su pasaje y no tuvo ocasión de comunicarse con la familia, detonando la denuncia. Pero en otros casos, la vida está en peligro y un delito es inminente.
En 2015, de todas las personas que halló la PDI en el país, 13 estaban fallecidas. Aquella cifra disminuyó a tres en 2016. En el caso de Carabineros en Concepción, sólo dos personas fueron encontradas muertas el año pasado. Son pocas, pero suelen ser los casos más mediáticos; aquellos que no pasan desapercibidos pero que, si nadie los recuerda, terminan en el olvido.