No había pasado la primera semana de 2007, y en el sur de Chile, específicamente en Los Angeles y Osorno, ya se habían registrado los dos primeros femicidios del año. El término no es del agrado de algunos “puristas”, que sostienen que estos asesinatos de mujeres sólo caben en la categoría de homicidios o parricidios, y que la definición de femicidio no tiene alcances en el marco legal del país.
Independiente de las discusiones de concepto, lo cierto es que el año pasado en Chile, según cifras del SERNAM, 45 mujeres fueron asesinadas por sus cónyuges, parejas o ex parejas.
Estas cifras, que ciertamente son inferiores a las de 2004 y 2005, donde se registraron 70 y 55 casos respectivamente, llaman a la reflexión sobre si la reformada Ley de Violencia Intrafamiliar -que aumenta en un grado la pena en todos los delitos de lesiones y que castiga con cárcel el maltrato habitual físico y psíquico, entre otras medidas- está cumpliendo su objetivo de resguardar la integridad de las mujeres.
Las críticas más recurrentes hablan de fallas en los mecanismos de protección que establece la normativa e incluso alcanzan a los operadores del sistema, a quienes se culpa de no evaluar correctamente el nivel de riesgo de la víctima. Pero en este análisis, tal como ocurre con los innumerables hechos de violencia que se producen a diario en el país, una vez más hace falta el mea culpa de la sociedad, que ante estas situaciones prefiere “tomar palco” y se resigna sólo a horrorizarse con los detalles de dichos sucesos.
La calificación de crímenes pasionales que algunos medios de comunicación dan a estos hechos, poco ayudan a que la sociedad asimile la gravedad que ellos comprenden. Por el contrario, sólo trivializan el tema, generando la impresión que en ciertas ocasiones hasta puede ser comprensible la contradictoria consigna de matar por amor.
Los expertos coinciden en que la prevención de la violencia no es sólo materia de las leyes o del Estado, sino de la sociedad toda. Y en este desafío, las propias víctimas de la violencia intrafamiliar tienen un rol preponderante. El año pasado, sólo en la región del Bío Bío, el Ministerio Público gastó cerca de 37 millones de pesos en la materialización de medidas de protección para mujeres y sus familias en situaciones de riesgo, pero también reconocen que muchas de las víctimas se niegan a aceptarlas o se desisten de continuar con los procesos por la dependencia económica que mantienen con su agresor.
De allí el llamado a tomar conciencia que hacen los organismos encargados de velar por la seguridad de las mujeres y sus familias, que no se restringe sólo a la denuncia de maltrato, sino que requiere la cooperación activa y responsable de las víctimas, de su entorno y de toda la sociedad, como la única forma de evitar que más mujeres sigan abultando la ya considerable cifra de femicidios en el país.