Las universidades del país otorgan a sus egresados de la carrera de Derecho el título de “licenciado”, correspondiendo en una etapa posterior que la Corte Suprema de Justicia les haga entrega del título profesional de “abogado”, que es el habilitante para el ejercicio de la abogacía.
Se ha venido discutiendo si se justifica que la Corte Suprema continúe entregando este título profesional por no ser ello tarea propia del Máximo Tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, la misma Corte ha manifestado su inquietud acerca de la formación ética de los abogados que se titulan y respecto de la calidad de los estudios de Derecho, haciendo ver su preocupación en cuanto a que las exigencias no serían similares en todos los planteles, lo que tendría influencia en el ejercicio de esta profesión.
La preocupación indicada obedece a que los abogados tienen una participación relevante en la administración de justicia, por corresponderles la defensa de los litigantes, lo que requiere de una sólida preparación ética y jurídica en sus estudios de pregrado.
La enseñanza tradicional del Derecho en nuestro país tiene ciertas falencias, tales como la excesiva rigidez curricular y un énfasis muy acentuado en la memorización de códigos, leyes y reglamentos, lo que no incentiva el correcto aprendizaje ni la comprensión del fenómeno jurídico en su integridad. Tampoco permite el desarrollo cabal de la capacidad analítica de los estudiantes. Es habitual que en las Facultades de Derecho los conocimientos se entreguen en forma fragmentada y alejados de la realidad, sin que los alumnos manejen las destrezas para su aplicación práctica y con desconocimiento de la jurisprudencia. Por estos motivos, los actuales egresados de esta carrera demuestran carencias al enfrentarse a la solución de los problemas concretos que ocurren en la realidad.
La carrera de Derecho, sin descuidar los aspectos teóricos, debe considerar asignaturas de tipo práctico y de formación ética para sus alumnos, que les permita adquirir habilidades y destrezas básicas para aplicar los conocimientos teóricos a una situación real, lo que resulta fundamental en su futuro desempeño profesional como litigantes o como asesores jurídicos. Parece indudable que enseñando de esta forma a los estudiantes estaremos contribuyendo a lograr en mejor medida que la preparación del abogado sea integral y adecuada, para la cada vez más exigente sociedad que los va a requerir. El cumplimiento de los objetivos planteados no sólo dará ventajas comparativas a los estudiantes, sino también los acercará a la realidad que se les presentará en su desempeño profesional futuro, permitiéndoles contribuir a una mejor sociedad y, por qué no decirlo, a un Chile Mejor.
Hugo Tapia Elorza
Director carrera de Derecho
Universidad Andrés Bello-Concepción.