De aprobarse la propuesta de nueva constitución, el senador por la región del Biobío debería dejar su cargo el 2026, cuando desaparezca el Senado. Dice que su compromiso con una descentralización verdadera para el país lo hace pensar en la posibilidad de postular a la Cámara de las Regiones, aun cuando reconoce la asimetría de poder y atribuciones que existiría entre esta nueva institución y la Cámara de Diputados. Hoy su trabajo en el Congreso se distribuye en sacar adelante su reforma constitucional para crear un ministerio del Mar, en propender a un estado regional, en modernizar las relaciones laborales en el país y en trabajar por el apruebo, aunque el texto que salió de la convención no lo convenza absolutamente.
Por Pamela Rivero J.
A fines de junio, el senador Gastón Saavedra dio su voto favorable a la solicitud del Ejecutivo para prorrogar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, e hizo un llamado a quienes no estaban convencidos de aprobar este instrumento a “no dejar sola” a la población víctima de violencia rural en ese territorio.
Su empeño también se ha centrado en socializar la idea de que el gobierno diseñe un reglamento para este estado de excepción, con un protocolo de buen proceder de las Fuerzas Armadas, “que sea claro y que delimite su potencial de control, para no tener que lamentar situaciones como las de los marinos que hoy están en tribunales”, (imputados por la muerte del joven Yordan Llempi).
Asimismo, sobre el plan Buen Vivir, advirtió que como su espíritu lo establece, se trata de un conjunto de medidas a través de las cuales el gobierno busca mantener un diálogo con las comunidades de los pueblos originarios. Por lo mismo, recalca, es fundamental dedicarse primero a conocer a sus autoridades ancestrales, su estructura, costumbres y protocolos, “para no repetir episodios desafortunados de acercamientos frustrados que vivimos en el pasado, como lo que ocurrió en Temucuicui”.
-En junio se cumplieron los 100 primeros días del gobierno del presidente Boric. ¿Cómo evalúa ese periodo?
“De mucha turbulencia. Tal vez porque no imaginaron que llegarían al gobierno con dos crisis tan profundas, como una pandemia, que aún no acaba, y con una guerra que, aunque lejana, repercute en nuestra economía y sobre los recursos disponibles para aplicar el programa de transformaciones que se habían impuesto. Además, está el resultado en el Congreso, un Senado empatado y la Cámara de Diputados con una mayoría que tiene que articularse si quiere conseguir los votos. Y a todo eso se suma la falta de experticia que en muchos casos es una cuestión notable”.
-¿Dónde percibe más esa falta de experiencia?
“En el ministerio del Interior, claramente. Se nota más porque es el principal ministro, o ministra en este caso”.
-Si tuviera que calificar con una nota estos primeros de gobierno, ¿cuál sería?
“Un ‘cuatrito’ no más, aprobando justo. Imagínese que todavía no se completan los nombramientos de cargos en el aparato público, lo que tiene trabado el trabajo de una serie de direcciones que son indispensables para el despliegue del gobierno. El mensaje de la Cuenta Pública fue una luz en las tinieblas, donde se reconocieron los 30 años de una historia de reposición de la democracia. Pero luego volvimos a las andanzas, con situaciones inexplicables, como el caso del gabinete Irina Karamanos y el cierre de Ventanas”.
-¿No está de acuerdo con el cierre de la fundición?
“Evidentemente Ventanas entró en obsolescencia tecnológica. Se sabía que su cierre tenía que ocurrir en algún momento, pero la forma en que se comunicó, de manera abrupta y sin presentar una estrategia económica, tecnológica y en seguridad social para lo que viene, es lo que no comparto. Acá ya vivimos la mala experiencia del cierre de las minas de carbón. Hoy aún no podemos superar todos los problemas desde Coronel hacia el sur. Esa es la mejor muestra de una mala forma de llevar adelante un proceso que era necesario, pero que se aplicó erróneamente. Entonces viene lo de Ventanas, y nos damos cuenta de que no ha habido un aprendizaje sobre cómo proceder en estas situaciones”.
-Cómo integrante de la comisión de Trabajo del Senado, ¿cuál será su colaboración para asegurar una adecuada reconversión laboral en este caso?
“Creemos que el gobierno tiene que sentarse a conversar con nosotros. Asimismo, desde la comisión del Trabajo vamos a citar a la ministra de esta cartera para que nos explique cuáles serán las medidas que se van a implementar para asegurarnos que los trabajadores de Ventanas queden resguardados en sus derechos y cómo vamos a ayudarles a construir un futuro distinto”.
“El minuto de transformar las cosas”
-Cómo se involucró en el conflicto de los trabajadores subcontratados de Enap que, aunque terminaron su huelga, en agosto insistirán con su petitorio cuando deban revisar el Acuerdo Marco.
“Hemos estado en conversaciones permanentes con ellos, con todas las restricciones que tenemos los parlamentarios, quienes, por ley, no podemos inmiscuirnos en este tipo de conflictos. Este conflicto es uno de los problemas que tiene el actual modelo de subcontratación, con negociaciones colectivas que casi no permiten negociar, porque son trabajadores que pertenecen a pequeñas empresas que en muchos casos desarrollan funciones permanentes, por lo que ocupan un momento importante de la empresa mandante, como es la parada de planta, para negociar, porque es el escenario más favorable para ellos. Pero eso no ocurriría si es que tuviésemos las negociaciones colectivas por ramas, donde, además, solo pudiesen negociar quienes están sindicalizados. Por eso es que junto con otros diputados presenté un proyecto de ley para que en Chile se termine la subcontratación, porque este modelo genera trabajadores de primera y de segunda categoría”.
-¿Qué es lo que propone?
“Que haya un ente público, como se hizo en México, que define cuándo y dónde se puede hacer este tipo de subcontratación. No puede ser que haya trabajadores que por 20 años realizan la misma función para una empresa mandante, sin ser contratados por esa empresa madre. Hay que resolver este problema, porque lo que se está haciendo es achicar las plantas para generar ingresos, pero en desmedro del valor del trabajo y de los sueldos de los trabajadores”.
-¿Empresas como Enap estarían en condiciones de hacer ese tipo de cambios?
“Es que esas son las cosas en las que el país tiene que modernizarse. Si efectivamente, tenemos un gobierno progresista y transformador, bueno, este es el minuto de transformar las cosas”.
“Sabores agridulces”
En su piel -dice- está la camiseta del apruebo, porque siempre ha querido tener una nueva constitución. Y recuerda las acciones que emprendieron desde la oposición cuando Pinochet convocó al plebiscito para aprobar o rechazar la constitución de 1980. “A pesar de lo que aquello significaba en la dictadura, igual hicimos un trabajo de oposición, aunque sabíamos que en la práctica el rechazo iba a significar lo mismo que el apruebo, pero lo hicimos, porque entendíamos que no era la constitución que Chile debía darse, pues no había democracia”. Después, agrega, la constitución se reformó y se mejoró, pero igual había que hacer cambios. “A partir de las movilizaciones sociales nos jugamos por un acuerdo de paz, donde se da la posibilidad de un plebiscito que permitió la elección de 155 convencionales mandatados para elaborar una propuesta. Ahora, lo que sale como texto, obviamente que no nos satisface y nos tiene llenos de incertidumbre, a todos, porque necesitamos un sistema político que nos garantice el equilibrio de poderes. Y en esta propuesta nos proponen un sistema bicameral, con una relación absolutamente asimétrica entre la Cámara de Diputados y la Cámara de las Regiones, donde todo va a pasar por mayorías que se tengan en la Cámara Baja. La pregunta es qué va a suceder si la ciudadanía no le da una mayoría parlamentaria al presidente. Y la respuesta es que el presidente no podrá hacer nada, porque en estricto rigor va a gobernar la Cámara de Diputados. Ese es un tema muy complejo, y esas son las dudas que tenemos todos. Pero igual voy a trabajar por el apruebo lealmente”.
-¿Aunque esa propuesta no lo convenza totalmente?
“Yo estoy convencido de que debemos tener una nueva constitución, aunque la propuesta nos deje con sabores agridulces, pero tendremos una nueva carta fundamental al final del día. Y eso es lo que a mí me deja en condiciones de decir que apruebo”.
-De ganar el apruebo, el Senado se termina en el 2026 y usted no podrá completar su periodo, ¿cuáles son sus planes?
“Hay que esperar qué sucederá el 4 de septiembre, y con la serenidad de esos resultados tomar una decisión, pero evidentemente me interesa mucho cómo regionalizamos el país”.
-¿Podría ser candidato a la Cámara de las Regiones, aun cuando reconoce que las mayores atribuciones las tendrán los diputados?
“Pero es que ahí hay un desafío mayor para quienes somos de regiones. Y esto es terminar con este centralismo agobiante en el que vivimos. Imagínese, hace poco en Biobío el consejo regional aprobó el presupuesto, pero eso es como una gran mentira, porque luego hay que ir a negociar con la Dirección de Presupuesto, y después en el Parlamento tratar de revertir algunas situaciones. Por otro lado, elegimos un gobernador regional, pero que tiene las manos amarradas, entonces no nos sirve eso. Necesitamos que haya democracia regional, pero que también haya una región con potestades normativas para proceder en el despliegue de iniciativas que son necesarias de resolver en el territorio. Eso es algo que se puede impulsar desde la Cámara de las Regiones. Esta es una tarea que me seduce muchísimo”.
-Usted es parte de la comisión permanente de DD.HH. en el Senado, ¿cuál es la tarea pendiente para Chile en ese ámbito?
“Los derechos de las personas son una convención internacional que tiene que ver con las buenas relaciones que debemos tener los seres humanos en las diferentes sociedades que nos damos. Yo creo que debemos caminar hacia allá. Hemos perdido el respeto y la tolerancia por el otro. En Chile no se respeta la diferencia y tampoco que a partir de ella es necesario construir acuerdos. Mi impresión es que esto no está afincado en el país como una cultura, para entendernos de buena forma, independientemente de lo que piense uno u otro”.
-¿El gobierno ha colaborado con este clima de entendimiento?
“Es que está empezando el gobierno…, pero en realidad deberíamos tener un gran acuerdo social y político para que este tema fuera parte de un proceso de formación de los chilenos, y eso no significa adscribirse a un partido político, sino que tiene que ver con una forma de entender la vida y de cómo nos relacionamos, bajo el respeto, la fraternidad y el buen entendimiento”.
-¿Dónde estarán concentrados sus esfuerzos en este periodo parlamentario?
“Para mí es importante la creación del Ministerio del Mar (ver recuadro), también, establecer un estado regional y modernizar las relaciones laborales en el país. Esto último pasa por modificar la jornada de trabajo, por cambiar la actual indemnización por años de servicio, por obtener que los trabajadores tengan participación de las utilidades de las empresas y por la incorporación de la mujer al trabajo en igualdad de condiciones. Necesitamos derechos sindicales establecidos y a pleno, es decir, el derecho a organización, a negociación. Es vital que eso se respete y que, por lo tanto, haya relaciones mucho más equilibradas”.
-¿Hay agua en la piscina para eso?
“Nunca hay, pero hay que construir esos acuerdos. Como cuando hablamos de un pacto social, de esto se trata precisamente”.
-¿Cómo se hace?
“He sido parte de varios de estos proyectos que se tienen que ir construyendo gradualmente, y yo espero que a propósito de que vamos a tocar la reforma tributaria y la reforma previsional, estas sean los ejes para lograr este acuerdo, y ahí seguir construyendo este camino, que es largo y tortuoso, para generar un gran pacto que permita construir un mundo distinto en las relaciones laborales, pues no podemos seguir en estas condiciones”.
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Durante la segunda semana de junio, los senadores Gastón Saavedra y Fidel Espinoza ingresaron al Congreso un proyecto de reforma constitucional para crear un ministerio a cargo del gobierno y administración del territorio marítimo, islas y espacios costeros, sus recursos, actividades e infraestructura. La idea, explica Gastón Saavedra, es tener un ministerio que coordine estos desafíos y permitiera una política de Estado para todas estas instancias.