Critica a los jueces por privar de libertad a más de 200 personas bajo el rótulo de saqueadores posterremoto y espera desplegar su armamento en los juicios. Por ahora, este hijo de alemanes por lado y lado, le pone paños fríos al asunto y visualiza un nuevo estallido social, en otra emergencia, si no se instala una política de prevención. El sistema penal no puede dar respuesta a todo, advierte, como se estila en Chile. En estas páginas, el Defensor Penal Público regional habla también de sus amores y pasiones como “rescatista” que es en la bomba alemana del Parque Ecuador.
No es fácil pillar en falta a Georgy Schubert Stubert, este defensor penal público regional, hijo de alemanes por lado y lado, pero moreno como su abuela Marta, que se casó con una chica copiapina y que ya, con dos hijos, Amparo (6) y Mateo (2), se siente de lo más hallado en Concepción.
Hasta voluntario de la “bomba alemana”, la 7a Compañía se hizo. En rescatista de altura se convirtió allí y, como tal, recuperó víctimas del siniestrado edificio Alto Río. En plena faena estaba, con un país puesto el ojo en la terremoteada ciudad, cuando debió partir a una reunión en la flemática Corte de Apelaciones. Llegó, para asombro de todos, vistiendo la polera de bombero.
“Todos tenemos una historia que contar”, dice.
La suya, en el “Día D”, que dejó al descubierto lo mejor y lo peor del penquista y de sus vecinos de Talcahuano, Coronel y Lota, comenzó en el piso 10 de un edificio en San Pedro de la Paz. “Me uniformé y eso significó asumir la protección de todos, familia y vecinos”. ¡Uyuy, qué rápido que llegaron los bomberos!, decía la gente. Así, varias veces, subió y bajó dos torres ese día.
Pero, sin suficiente leche y pañales para sus niños y con poca bencina, decidió llevar a la familia a Temuco. Hasta Angol llegó y con el apoyo de su hermano, la familia alcanzó a destino.
Al día siguiente, volvería a ponerse casco. Once días después, el Alto Río soltaba a la última víctima: José Luis León.
Y ahí estuvo, al pie del cañón, poniendo en práctica sus conocimientos de rescate urbano y con la adrenalina a mil: “No sabíamos cuántas personas vivas habían…”. Más tarde, lidiaría con los imputados por saqueo -“el 90% no tenía antecedentes penales”-. De paso, criticaría el rol de los jueces por privar de libertad a 232 personas por hurto, robo en lugar habitado y receptación.
Ahora, Georgy Schubert brega por una DPP autónoma, por entregar una defensa pública e independiente similar a como si pagaran por ella, y a desentumecer a sus defensores. De la nueva línea de defensa y algo más, Georgy Schubert habló con NOS.
“¡Por impopular que sea, vamos a hacernos oír!”, adelanta.
– Cuando vio el desastre, con tantas vidas que se perdieron por una construcción mal hecha, ¿qué sintió usted?
-Será una larga discusión de los peritos y no me corresponde opinar como bombero. Es un hecho muy excepcional, nunca existió un rescate de esas características en el país. Sentíamos sí que con muy pocos recursos estábamos atendiendo una gran emergencia y trabajando en condiciones límites, entre réplica y réplica, mientras estábamos parados sobre la estructura. Estábamos ahí, pero también éramos víctimas del terremoto.
– Y si Juan Ignacio Ortigosa le pidiera asumir su defensa ¿lo haría?
-(…) A lo mejor yo, que trabajé ahí y me tocó ver todo el tema humano que vivieron las personas del edificio, probablemente no. No sería la persona más indicada para defenderlo, tendría un conflicto de intereses emocionales. Pero sí, él tiene derecho a una defensa.
Estallido social
Schubert tenía la edad de Cristo cuando llegó a Concepción, y con 40, ya cumple su segundo período como jefe de la Defensoría Penal Pública regional. En esta entrevista, profundiza en las causas que derivaron en lo que llama “estallido social” posterremoto, tal como ocurrió en Estados Unidos con el huracán Katrina.
Quinientas personas imputadas por saqueos hubo en marzo y abril de 2010 en Concepción, Talcahuano, Coronel y Lota, el 90% sin antecedentes policiales, pero todavía no se despeja cuántas estuvieron privadas de libertad sin tener arte ni parte en los hechos.
¿Razones? El primer mes, un 40% de los imputados tuvo abogado particular; muchos otros admitieron responsabilidad sólo para escapar de la cárcel y cumplir condena en libertad, y en contra de otros tantos, el Ministerio Público no perseveró.
La Fiscalía hizo lo que tenía que hacer como ente autónomo, pero los jueces, reclama Schubert, debieron ser mucho más exigentes para enviar a una persona privada de libertad. “La prisión preventiva no puede usarse como escarmiento, porque la pena que se aplica al final de un proceso debe ser la señal para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, y así nos lo reconoció en voto de minoría la Corte Suprema”.
Schubert reprueba los hechos ocurridos -cifras de la Prefectura de Concepción cuantifican en US$3 millones las especies recuperadas al 10 de marzo- pero también “la gran etiqueta de saqueadores” impuesta a todos los imputados, porque no a todos -hace hincapié- se les puede calificar como delincuentes comunes. Técnicamente, en algunos casos pudo tratarse de un hurto, pero el hecho de haber sido tácitamente aceptado por la autoridad (filas de ingreso ordenado a supermercados custodiadas por carabineros o militares para evitar destrozos) abre un debate sobre si esa conducta merece sanción o no. Esas personas creen haber actuado conforme a las normas, no haber cometido delito, aunque pudo tratarse de un hurto”.
Postula el defensor que hay que distinguir entre delincuentes y gente que revendió especies y personas que sin ánimo de lucrar fueron en busca de pan, alimentos y pañales, distinciones que, en los primeros días, con fuerzas de orden sobrepasadas, no fue fácil hacer. Sí, se pudo cuando se restableció el orden, las detenciones fueron producto de una investigación policial, hubo órdenes de entrada y registro y las declaraciones se tomaron en presencia de un abogado defensor.
Esperarán los juicios
– ¿Pudo incidir el cambio de gobierno que venía en la decisión persecutoria implacable que adoptó el Ministerio Público?
-Como Defensoría Penal Pública hemos planteado dos cosas: que si bien el Ministerio Público es autónomo y va a perseguir estos delitos con extrema dureza, el rol de los jueces es distinto. En situaciones de excepción constitucional, que es lo que empezamos a vivir en la Región, el rol de los jueces es de una especial exigencia al cumplimiento de la ley. Eso significa que los procedimientos policiales deben ser ajustados a la norma y, en segundo lugar, la prisión preventiva no puede usarse como una forma de escarmiento, porque la pena que se aplica al final de un proceso debe ser una señal para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Si alguien piensa que estos castigos iban a servir de ejemplo para que no vuelvan a ocurrir, esa función en un Estado de Derecho la tiene la pena, no la prisión preventiva.
-¿Por qué ocurrió lo que ocurrió, entonces?
-La principal causa -desde nuestro punto de vista- es que hay una situación de anormalidad producto del terremoto, pero los mecanismos de respuesta ante una emergencia de esta envergadura no fueron los adecuados ni suficientes. Pero eso no es algo que un tribunal de justicia criminal pueda solucionar.
-O sea, ¿aquí falló la autoridad administrativa?
– Falló el Estado de Chile en algo que, históricamente, ha sido un déficit. Es previsible, esperable que en grandes catástrofes se produzcan saqueos. Por tanto, debe haber una respuesta rápida, oportuna, con un programa diseñado y que ahora, como coincide la ciudadanía, fue una respuesta tardía. Las causas se están investigando, pero centrar todo el debate en qué se hace con los saqueadores, me parece que no ayuda a que en un futuro se pueda prevenir una situación de esta naturaleza. Y se puede repetir.
-¿Por qué la autoridad, jueces o todo el sistema no ha sido lo suficientemente severo y diligente también con los dueños de inmobiliarias responsables de la muerte de gente por el colapso de edificios o con funcionarios de la Armada que levantaron a destiempo la alerta de tsunami ¿Por qué se actúa severamente en un aspecto y no en el otro?
-Mi opinión ha sido en base a gente que nos tocó representar. En muchos casos hubo un exceso en la aplicación de medidas cautelares. Lo demás son asuntos en curso y la autoridad encargada de esas indagaciones debería ser la más apropiada para responder estas interrogantes, si efectivamente existió un criterio único o no respecto de estos hechos.
– Seguimos haciéndole el quite a algunas responsabilidades o minimizando algunas, ¿no le parece a usted?
-Me parece que hay temas de largo plazo y éstos no se abordan con la persecución de personas imputadas por saqueos. Los temas de largo plazo siguen siendo cómo el Estado responde frente a una catástrofe. Enfrentamos de manera permanente terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, y necesitamos tener un diseño adecuado de respuesta a la emergencia. Lo recalco, porque nos hemos centrado en el tema de los saqueos, pero descuidamos aquello que es más importante para el país: prevención.
El sistema penal no es capaz de bajar las tasas de delito ni de violencia intrafamiliar ni evitar saqueos en futuras catástrofes. El sistema penal es una parte de una política que es mucho más global.
– ¿Se está haciendo algo ya, corrigiéndose, por las nuevas autoridades?
-Es muy pronto para evaluar. Lo que sí sabemos es que se van a desarrollar estrategias -por ejemplo, fuerzas de tarea a nivel de las fuerzas armadas- para dar respuesta a estas catástrofes, pero es muy pronto para determinar, en definitiva, un sistema de respuestas importantes en el país. Por lo pronto, aún tenemos en Concepción cuarteles de Bomberos en el suelo (el gobierno comprometería después $1.800 millones para su reposición) y las máquinas guardadas en la calle. Todos esperamos un gran programa de protección a la ciudadanía.
Puerta giratoria no cuadra en cifras
El gobierno del Presidente Piñera anunció una serie de medidas destinadas a “trancar la puerta giratoria”, pero este defensor estima que no hay tal puerta a la luz de las cifras. En 2000, antes de la Reforma Procesal Penal (RPP), había 35 mil personas privadas de libertad y hoy, hay más de 55 mil. Proporcionalmente a la cantidad de habitantes y de los delitos -agrega- Chile tiene una de las tasas de condena más altas del continente.
-Este propósito del Presidente es porque ustedes están haciendo demasiado bien la pega o el Ministerio Público un deficiente trabajo ¿Qué dice?
-En Chile, la respuesta del sistema de la justicia es duro y lo demuestran las cifras. Lo de la puerta giratoria me parece que no es tal. La tasa de delitos ha ido bajando -existen, claro, nadie lo niega- pero si nos comparamos con EE.UU (por ingreso per cápita y desigualdad social, por ejemplo) el país tiene menos delitos violentos; sí hay delitos contra la propiedad y nuestra respuesta es dura. La puerta giratoria no cuadra; nadie quiere impunidad, pero que el castigo sea proporcional a la falta cometida, consustancial a la justicia y cautelar que personas inocentes sean privadas de libertad o condenadas. A veces estas garantías les sirven a los delincuentes, pero si no las tuviéramos, fácilmente personas inocentes podrían ser encarceladas. Ese es nuestro principal punto de preocupación.
-La Iglesia está pidiendo “indultos Bicentenarios” ¿les ayuda a aligerar las cárceles?
-El indulto es una decisión política del Ejecutivo y sobre eso no podemos pronunciarnos. Sí sobre la sobrepoblación. Mientras disminuya y las personas estén en mejores condiciones, hay más posibilidades de reinserción, de estudiar, buen comportamiento, apego familiar. En condiciones de hacinamiento, todas estas posibilidades disminuyen. La construcción de El Manzano II tenía ese propósito, pero con el terremoto sólo pudo paliar el déficit de cárceles, el desastre y los incendios ocurridos.
-¿Por qué ustedes, los defensores se ven mediáticamente tan disminuidos, quitaditos de bulla, tan poquita cosa comparados con la pachorra de los fiscales?
-Sin duda la posición de fiscal y de quien persigue delitos en Chile es más atractivo para los medios. Nos ha costado poner los temas de defensa en la opinión pública. Los delitos tienen una carga de emociones muy fuerte, hay empatía hacia la víctima y persecución del delito. Es mucho más difícil colocar una cuota de racionalidad y decir: “¡Cuidado! no apuremos decisiones, no hagamos un enjuiciamiento público mediático antes del juicio verdadero”. Hacer esta pausa es muy difícil en un mundo en que todo es rápido. Tenemos conciencia que debemos colocar estos elementos que son enriquecedores para el debate; si no hubiera un defensor frente a un fiscal, con puntos de vista y aspectos técnicos de las normas que hoy no sólo tienen que defenderse ante tribunales, sino ante los medios de comunicación, el debate se empobrece. Hacemos un trabajo contra intuitivo, a veces contrario al sentido común, pero es necesario hacerlo.
¿Y qué pensará el jefe?
En lo que califica sería “mayor equiparidad ante el proceso penal”, la Defensoría Penal Pública intenta separar aguas del Ejecutivo para, como servicio público, y por sobre las metas de gestión, ofrecer una defensa pública tan eficiente como si estuviesen contratados.
La DPP instruye a sus abogados que defiendan con absoluta independencia, “pero es un hecho que estamos insertos dentro del Estado y si no en la práctica, al menos en teoría, el poder del Estado podría intervenir o influir -recordarnos los presupuestos o establecernos metas gestión, por ejemplo- y eso hace que comencemos a mirar otros factores en nuestro trabajo. En definitiva, hay una diferencia entre la defensa de alguien que puede pagarla y aquel que no puede hacerlo. Con una modificación constitucional (camino más adecuado) el defensor le respondería a su cliente sin tener que dar más explicaciones a nadie. Lo representaría en tribunales con apego a la ley, a la ética, sin estar preocupado por lo que piense un jefe”.
Es lo que precisan corregir, porque -un segundo argumento, dice- es que en Chile no existe conciencia de que “estamos insertos en un contexto internacional, donde las garantías de Derechos Humanos están a la luz pública internacional. El sistema interamericano de DD.HH y la Corte Interamericana de DD.HH funcionan, los estados son acusados y se les hacen juicios. Hoy, si alguien pretende llevar un caso ante organismos internacionales, el Estado chileno no tiene ninguna respuesta, pero de todas maneras, tiene la obligación de promover y de prestar asesoría jurídica.
-¿Usted aspira a tener el mismo poder que el Ministerio Público?
– La ley nos circunscribe a atender las causas en el orden jurídico interno, pero hay un rol dual del Estado. Está obligado a perseguir y a garantizar a la vez los derechos fundamentales del individuo, como ocurre con las causas mapuches. Dentro de ese reconocimiento, como defensoría aspiramos autonomía. Yo no quiero crear una institución de la misma jerarquía del Ministerio Público, porque tenemos funciones distintas. Lo que no quiero es tener un abogado defensor público con menos posibilidades de representar a su cliente que un abogado particular. Eso me parece inapropiado. Hay que trabajar la institucionalidad para permitir una mejor defensa de las personas.
Al 5 de abril:
Transcurrido un mes y una semana del terremoto y maremoto, las cifras de personas formalizadas y en prisión preventiva en la Región eran las siguientes:
Total delitos:
-Receptación. Art. 456 Bis A81
Hurto Simple: 1
Robo en lugar habitado o destinado a la habitación: 17
Robo en lugar no habitado: 18
Total general: 117
Receptación sin prisión preventiva: 282.Al 27 de abril:
A dos meses del terremoto:
Evolución de 232 personas privadas de libertad (primeras semanas).
– Receptación. Art. 456 Bis A99
– Hurto Simple: 3
– Robo en lugar habitado o destinado a la habitación: 36
– Robo en lugar no habitado: 45
Total general: 183
Receptación con Prisión Preventiva: 99
Receptación sin Prisión Preventiva: 391
Total Receptación: 490