Profesor Andrés Medina Aravena,
Licenciatura en Historia UCSC.
Entre marzo y abril de 1879 se inició la guerra del Pacífico, que enfrentó a nuestro país con Bolivia y Perú. Un conflicto que en su momento conmocionó a todo el continente americano, y que provocó consecuencias que se extienden hasta el presente.
Fue, sin duda, un evento político que exigió al máximo las potencialidades humanas de Chile, y que significó cambios trascendentes en la evolución republicana. De ahí que es conveniente recordar el origen de este conflicto, que tiene un largo arrastre. Iniciemos: Bolivia se constituyó en nación en 1825, cuando Chile ya tenía varios años de independencia, en un continente que observaba el nacimiento de nuevos países que habían sacudido el yugo colonial de varios siglos. El problema era que no existían límites precisos entre las diferentes unidades coloniales españolas, por diversas circunstancias, entre ellas, el desconocimiento geográfico de sus vastas extensiones de tierra, y esa poca claridad en sus lindes siguió existiendo entre las naciones ya emancipadas.
En estricto rigor, Bolivia -el antiguo Alto Perú- nació en contra de la voluntad del Libertador Simón Bolívar. Ubicada en la alta cordillera andina, debió abocarse desde su origen a buscar una salida costera, problema que, rápidamente, se transformó en un motivo de conflicto, pues cateadores y mineros chilenos ya buscaban metales en una zona desértica donde existían títulos de dominio que la incluían, durante la colonia, en la gobernación de Chile.
Se iniciaron conversaciones para buscar una salida diplomática a las diferencias existentes entre Chile, que alcanzó tempranamente un equilibrio institucional, y Bolivia, que se debatió permanentemente en caudillajes militares, con gran inestabilidad política.
Se firmaron dos tratados. Fue, finalmente, con el de 1874 que aparentemente se terminaba con el diferendo, por medio de una transacción: Chile no insistiría en sus expectativas territoriales, y retrocedía hacia el sur, entregando 200 kilómetros aproximadamente, y Bolivia se comprometía a no recargar por 25 años las empresas y capitales chilenos que quedaban instalados en la zona que, por el tratado, nuestro país cedía a Bolivia.
“Chile, el 5 de abril de 1879, declaró la guerra a ambos países, abriendo el escenario a un conflicto que se extenderá hasta 1883, con un triunfo militar que trajo consigo un aumento territorial, con Tarapacá, Arica y Tacna; el control sobre la riqueza salitrera y el surgimiento de nuestro país como potencia regional”.
Pero Bolivia había firmado en 1873 un tratado secreto con Perú, que establecía la alianza de ambos países si se presentaba para cualquiera de los firmantes un conflicto militar en contra de un tercero.
En 1878, el gobierno boliviano impuso un nuevo impuesto a empresas chilenas instaladas en el territorio cedido, violando directamente el tratado. Durante todo ese año, la diplomacia chilena argumentó infructuosamente ante el altiplano que, al incumplirse el tratado, Chile quedaba libre para recuperar el territorio cedido. En febrero de 1879, Bolivia anunció el remate de las instalaciones de la Compañía de Salitre de Antofagasta.
La respuesta de nuestra nación fue la recuperación de los territorios cedidos, ocupándolos militarmente, el mismo mes. Ante la situación generada, Perú se ofreció como mediador, pero el 1 de marzo de 1879, Bolivia le declaró la guerra a Chile, el cual, ante los rumores de la alianza secreta entre bolivianos y peruanos, solicitó a estos últimos aclarar la existencia del pacto que los unía.
Confirmada por Perú la realidad de aquel tratado, Chile, el 5 de abril de 1879, declaró la guerra a ambos países, abriendo el escenario a un conflicto que se extenderá hasta 1883, con un triunfo militar que trajo consigo un aumento territorial, con Tarapacá, Arica y Tacna; el control sobre la riqueza salitrera y el surgimiento de nuestro país como potencia regional.
Hoy en día, transcurridos casi 150 años de la conflagración, y tras tantas vidas perdidas en esa guerra, debería haber quedado una enseñanza para los actuales gobiernos: no se deben escatimar los esfuerzos políticos para mantener y profundizar las buenas relaciones vecinales existentes, siendo relevante la permanente búsqueda de soluciones a las diferencias que aún surgen, siempre sobre la base del respeto a los tratados vigentes y el fortalecimiento de políticas de buena vecindad.
