Un mundo aparte es el que se vive entre los muros del Tribunal de Garantía de Concepción. Protagonistas de toda la gama de infracciones penales llegan a sus salas: algunos desafiantes y otros llorosos y arrepentidos. A diferencia de lo que se ve en televisión, con casos que se extienden por varias jornadas, acá la mayoría son hurtos, lesionados por riñas y denuncias por violencia intrafamiliar que pueden tener salidas alternativas o una rápida condena (por la pena del delito), que permiten a sus autores volver ese mismo día a sus hogares.
Por Pamela Rivero / Fotografías Jose Carlos Manzo.
A las 8 de la mañana son pocas las almas que circulan por el 250 de la avenida San Juan Bosco de Concepción. Ahí funciona el Juzgado de Garantía penquista, el tribunal que más ingresos de causas penales recibe al año en la Región del Biobío: 14 mil en promedio desde que comenzó a operar la Reforma Procesal Penal que separó las tareas de investigar, acusar y dictar sentencia, e hizo debutar a fiscales y defensores públicos como antagonistas y protagonistas del nuevo sistema de justicia.
Pese a lo imponente del edificio, de 7 mil metros cuadrados levantados en cuatro pisos y un subterráneo, uno que otro peatón repara en su existencia. El resto, que ni lo ve, menos imagina las historias que se tejen entre sus paredes de concreto puro, protagonizadas por detenidos por todo tipo de infracciones penales: desde riñas y desórdenes públicos, pasando por hurtos, lanzazos, violencia intrafamiliar, hasta robos con violencia, homicidios y violaciones.
Durante la mañana del 2 de diciembre, por ejemplo, allí, el dueño de un bar, que a comienzos de año denunció a autoridades locales por ser parte de una supuesta red que protegía a otro empresario nocturno, quedará preso en El Manzano II tras ser formalizado por homicidio frustrado, y una familia aguardará esperanzada a que a uno de los suyos le cambien la prisión preventiva por otra medida cautelar que permita llevarlo a casa antes de “las fiestas”.
La cárcel, sin embargo, no es el destino para todos los detenidos que pisa un tribunal de garantía, ya sea porque cometieron delitos que no arriesgan reclusión efectiva, como los hurtos faltas y hurtos simples, o porque en sus casos no se dan los requisitos para que el fiscal solicite esta medida cautelar que considera la restricción total de su libertad mientras dura la investigación en su contra. En noviembre de este año, en el Juzgado de Garantía de Concepción se dictaron 32 prisiones preventivas. Se apelaron ocho, y la Corte revocó sólo tres.
El lamento de las madres
A las nueve y media de la mañana ya se ve más vida en el tribunal. Las policías llegaron con los detenidos del día anterior y los dejaron en los calabozos del subterráneo del juzgado bajo la custodia de Gendarmería. En ese lugar, el defensor penal público de turno, que apareció poco antes de las nueve, los está entrevistando uno a uno para luego contrastar sus versiones con las pruebas que los fiscales del Ministerio Público -quienes dirigen las investigaciones sobre los eventuales delitos- tienen en su contra. Este proceso es la antesala de la audiencia donde el juez verificará si la detención se hizo conforme a la ley.
Dichas audiencias, llamadas de control de detención, comienzan aproximadamente a las 10 o 10.30 de la mañana. Pero si hay muchos detenidos pueden retrasarse hasta mediodía. Aquí, dice el juez presidente del tribunal de garantía penquista, Carlos Aguayo, se prioriza que el defensor pueda interiorizarse de los casos de todos los detenidos porque de no ser así “tendríamos que interrumpir las audiencias cada cinco minutos para que el abogado pudiera conversar con su defendido”, dice. Ese tiempo también sirve para que el defensor penal público y los fiscales logren acuerdos que comprometan al imputado a cumplir ciertas condiciones a cambio de salvarlo de un juicio, pues en el sistema procesal penal que introdujo la reforma, no todos los casos necesariamente llegarán a esa instancia.
Temprano también comienzan a apersonarse en el tribunal los familiares de los detenidos. Algunos se pasean nerviosos; otros, sentados en los bancos que hay afuera de cada sala, conversan y se cuentan que ya no saben qué hacer con ese hijo que una y otra vez se mete en problemas. Hay quienes guardan total silencio, con la mirada perdida, esperando que el gendarme pronuncie el nombre de su familiar para indicarles que se iniciará su control de detención.
Caso aparte es la angustia que demuestran las madres de “primerizos” que, por lo mismo, desconocen el sistema e intentan conseguir orientación en todas partes, hasta en las familias de otros detenidos, para que les expliquen qué ocurrirá con ellos en ese lugar.
Así se vio a una mujer de unos 70 años que llegó muy temprano consultando si su hijo, aprehendido el día anterior en Santiago, estaba en el tribunal. A quien quisiera oírla le contaba la historia: él se había emparejado con una mala mujer que lo denunció, injustamente decía, por violencia intrafamiliar. Era buena para las fiestas y despreocupada de los niños y de la casa, lo que motivaba discusiones entre la pareja. “Yo no sé lo que pasaba en su pieza. Ella dice que una vez mi hijo le pegó, pero él lo niega y yo le creo”, le contaba a su vecina de banca, que era mamá de un menor de edad al que sorprendieron robando dos kilos de carne desde un supermercado. Mientras ambas se lamentaban por sus hijos, la rabia de otra madre en contra de su retoño acostumbrado a meterse en problemas las distrajo de su drama. “A palos te voy a agarrar en la casa”, le prometía la mujer a un chiquitín de no más de un metro 40 de altura, que hace poco había quedado libre, mientras lo tironeaba de una oreja a vista y paciencia de todos los que a esa hora circulaban por el pasillo del primer piso del tribunal de garantía.
Este caso, eso sí, es una anécdota que poco se ve en el tribunal, pues el ambiente siempre es muy tranquilo. “Esto es una tasa de leche comparado con Santiago”, explica uno de los guardias que fue trasladado de la capital a Concepción. “Allá las familias de los imputados y las víctimas salen peleando desde la misma sala de audiencia”, cuenta. Otro funcionario relata que las cosas se ponen más tensas cuando llegan los familiares de detenidos por droga. “Ésos son más choros, más gritones, no se les puede mirar mucho y arman escándalo por cualquier cosa. Con ésos hay que tener cuidado”, asegura.
A la derecha, a la izquierda
Quien quiera ingresar al Juzgado de Garantía de Concepción debe pasar por un detector de metales y mostrar a los guardias el contenido de sus bolsos y carteras. Un largo pasillo conduce a la oficina de informaciones ubicada en el primer piso, donde también están las salas de audiencia número uno, dos y tres. Las cuatro restantes se ubican en el segundo piso, mientras que en el tercer y cuarto nivel del edificio funciona el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, donde se realizan los juicios orales.
En el recorrido llama la atención encontrarse con fiscales que circulan por el juzgado cargando maletas. En ellas, nos explican, transportan los expedientes de causas penales que puedan pesar hasta 12 kilos dependiendo del número de audiencias que deban enfrentar en el día.
Informaciones es el primer destino de muchos de los que llegan al juzgado. Algunos sólo van a pagar multas; otros, como es el caso de las víctimas, a cobrar el dinero depositado por algún imputado y también llegan las peticiones de familiares a quienes se les venció el plazo legal para sepultar a un fallecido.
Hay quienes sólo hacen una pregunta y siguen. Si doblan a la derecha, hacia donde están las salas uno y dos, quiere decir que van a una audiencia programada, donde, por ejemplo, se ve la situación de condenados que incumplieron la reclusión nocturna domiciliaria o que olvidaron ir a firmar a Gendarmería.
Si giran a la izquierda, en cambio, es que son familiares de algún detenido, y van a la sala tres, donde se realizan todos los controles de detención del Juzgado de Garantía de Concepción.
A estos controles llegan quienes fueron sorprendidos cometiendo un delito o a poco de haberlo perpetrado. Son las flagrancias, como les llaman en el tribunal. Pero también son llevados a esta instancia quienes tienen alguna orden de detención pendiente: tal vez no pagaron una multa, o deben entrar a la cárcel a cumplir una condena o, incluso, por haber faltado a una audiencia. Eso le había ocurrido al imputado por violencia intrafamiliar cuya madre lo esperaba en el tribunal. Aburrido de que su expareja no llegara a las audiencias donde era requerida, él tampoco acudió al último llamado y el juez despachó una orden de detención en su contra.
“Lo van a soltar”
Ese 2 de diciembre había mucha gente en el pasillo del primer piso. La mayoría era familia de un hombre de unos 20 años que estaba en prisión preventiva desde el 10 de septiembre. Lo habían formalizado por tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, tras sorprenderlo vendiendo en los estacionamientos de la Universidad del Bio-Bío. Ese día, enfrentó la audiencia con un abogado particular
quien solicitaría que se cambiara su medida cautelar a arresto domiciliario total y arraigo nacional. “Queremos que pase las fiestas en la casa”, decía uno de sus tíos.
Para lograr su cometido, su abogado argumentó que el imputado había cooperado con la investigación, que había reconocido el delito, que tenía domicilio conocido y arraigo familiar, lo que quedaba demostrado en el número de parientes que lo acompañaba en la audiencia. La fiscal se opuso a la solicitud porque el joven era reincidente. Tenía una condena anterior por el mismo delito. Todo quedaba en manos del juez de turno.
El magistrado partió haciendo una ponderación de los antecedentes con una serie de términos legales inentendibles para el ciudadano de a pie y a una velocidad que dificultaba todavía más la comprensión del relato. Eso llevó a que uno de los familiares creyera que el juez había resuelto modificar la cautelar. “Lo van a soltar, lo van a soltar”, les decía a los de más adelante, mientras alzaba su dedo pulgar a los que estaban sentados frente suyo en señal de victoria. Al término de la audiencia nadie en las bancas entendió la resolución. Sólo la llegada de los gendarmes que se llevaron al imputado de vuelta a la cárcel hizo caer en cuenta a su familia que su intento había fracasado. Ya afuera de la sala lloraba una mujer y lloraba una niña, mientras los demás le pedían explicaciones al abogado. La reincidencia y el lugar donde fue sorprendido cometiendo el delito pesaron en la decisión del magistrado les dice. Todos se retiran, con la promesa del profesional de que volverán a hacer otro intento antes de Navidad.
“Esto no puede ser”
Luego fue el turno del control del menor de edad que había robado carne en el supermercado. Le imputaron el delito de hurto simple frustrado. Se le ofreció que si aceptaba su responsabilidad sólo tendría una amonestación como condena, la sanción más baja de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Lo hizo y eso le permitió quedar en libertad. “Esperemos que ésta sea la última vez que lo vemos por acá”, le dijo el juez, mientras el joven recibía de un gendarme una bolsa plástica transparente que contenía los cordones de sus zapatillas y el cinturón que le habían quitado, como a todos los otros detenidos, mientras permanecen en el calabozo.
Después vinieron otras causas por hurtos simples y hurtos faltas: uno robó café y carne de un supermercado, otro cuatro candados desde Sodimac y en el tercero, una mujer que sustrajo ropa desde la tienda Fashion´s Park, además del caso de unos argentinos que, de vacaciones en Concepción, habían protagonizado una discusión que terminó en la agresión del padre hacia su hija. Como la mayoría no tenía condenas previas, pudieron acceder a salidas alternativas. A los de los hurtos se les ofreció una suspensión condicional del procedimiento, es decir, la posibilidad de irse para su casa sin una condena, pero a prueba durante un período de tiempo en el que tienen prohibido acercarse al negocio donde intentaron robar.
Al papá argentino también le permitieron salir libre a cambio de que no se metiera en problemas durante su permanencia en Chile.
Hasta que llegó el turno del empresario nocturno. El defensor público que había acompañado a los anteriores detenidos dejó su puesto a un abogado particular. Al mismo tiempo, un abogado querellante, “de los conocidos en la plaza”, como dicen en el juzgado, tomó asiento junto a la fiscal. El dueño del bar fue llevado al tribunal porque tenía una orden de detención pendiente, dijo el juez. La fiscal comenzó a relatar los hechos: el detenido había disparado un par de balines de goma en contra de la camioneta de la víctima, también propietario de un local nocturno. Además, se le imputó haberlo interceptado más tarde y disparado con un arma de fuego a la camioneta donde viajaba. El Ministerio Público adjuntó pruebas: parte policial, fotografías y la declaración de uno de los ocupantes del vehículo atacado, quien reconoció como autor al detenido. Lo formalizó por homicidio frustrado y solicitó su prisión preventiva, cautelar que también fue requerida por el querellante. La defensa intentó desacreditar las pruebas en que se sustentaba la imputación del delito y desplegó diferentes argumentos para sustituir la medida cautelar por un arresto domiciliario y arraigo nacional. Finalmente, el juez acogió los argumentos de la fiscalía y decretó su prisión preventiva por los cuatro meses que durará la investigación. Entre llantos, y mientras repetía una y otra vez “esto no puede ser”, el imputado fue conducido a cumplir con esta medida a la cárcel concesionada, conocida como el Manzano II.
La maratón del hurto
En el Juzgado de Garantía de Concepción se realizan unas 1.600 audiencias al mes. De ellas, un 35 % son controles de detención y el resto, programadas. Al día, en tanto, en las tres salas destinadas para estos fines se realizan entre 28 a 30 audiencias programadas mientras que los controles de detención pueden llegar a 50 en un solo día.
El juez Carlos Aguayo explica que los delitos más comunes que reciben por flagrancia, son, lejos, el hurto falta, el hurto simple y las amenazas y lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar. “No sé si ha habido un incremento o es porque el tema de la violencia intrafamiliar se ha visibilizado más. Pero es preocupante cómo estas denuncias se han incrementado en el tiempo y en todos los estratos sociales. Y eso que acá sólo llegan los casos más graves, porque la violencia psicológica, por ejemplo, queda en la jurisdicción de los Tribunales de Familia”, advierte el magistrado.
El miércoles 7 de diciembre pudimos comprobar los dichos del magistrado. Ese día llegaron al tribunal penquista unos 25 casos por hurto. Dado el número, el juez de turno decidió hacer audiencias conjuntas. Así fueron pasando de cinco detenidos por audiencia. Hombres y mujeres; jóvenes, adultos y hasta un par de abuelitas que pillaron robando productos de un supermercado. Primerizos y mecheros conocidos en el sistema se mezclaron ese día en el tribunal. Algunos se veían angustiados, otros lloraban y miraban de reojo a sus familiares presentes en la sala, mientras que un par estuvo cuchicheando muerto de la risa por lo que fueron reprendidos por el magistrado.
Tras decir sus nombres, direcciones y ocupaciones, el Ministerio Público fue dando a conocer los hechos que en cada caso originaron la detención. Uno cayó por robar dos cajas de Hipoglós, lo que produjo las risas de dos abogados que presenciaban la audiencia: “¿Para qué querría la cremita?”, decían. Otro sustrajo un pack de calcetines marca Nike; otro, una caja de cuchillos desde Sodimac y el que llamó más la atención de esa ronda fue el que intentó escapar de un supermercado portando 30 desodorantes en una bolsa con doble fondo. Incluso otro de los detenidos hasta le dio unos golpes en la espalda, como felicitándolo por su ingenio.
“¿Entendieron por qué están aquí?”, les iba a preguntando uno a uno el juez. Casi todos entendieron o al menos afirmaron que sí. Menos un hombre mayor, que dijo estar casi sordo y no saber por qué estaba detenido. Cuando le explicaron en detalle tampoco reconoció los hechos. Para los demás hubo distintas soluciones: para los que no tenían antecedentes y reconocieron el delito se ofreció una salida alternativa. “Esto es una salida por el lado, que evitará que usted vaya a juicio”, les explicaba el magistrado. Para los hurtos, la condición fue fijar un domicilio y la prohibición de acercarse a las tiendas donde intentaron robar. Otros hurtos falta, que son hurtos de productos por hasta 15 mil pesos aproximadamente, tuvieron sólo una pena de multa. Los que admitieron este delito recibieron como pena el pago de un terciode Unidad Tributaria Mensual (UTM), que quedó “cancelada” con el día que estuvieron detenidos. Así, se fueron condenados y con la pena cumplida a sus casas. Algo similar pasó con los imputados por hurtos simples, que son robos por montos que van hasta 4 UTM y que por ser frustrados tienen penas de hasta 60 días de cárcel. En estos casos, el fiscal hace el requerimiento al Juez de Garantía de aplicar un procedimiento 
simplificado, que es una especie de juicio pequeño, que conoce y falla el juez en una sola audiencia. Sólo se aplica para faltas y delitos en que el Ministerio Público requiera la imposición de una pena que no exceda los 541 días de cárcel. Recibido este requerimiento, el juez lo pone en conocimiento del imputado y fija día y hora para la realización del juicio. El detenido queda libre y citado para una próxima vez.
-Si bien algunos recibieron condenas, casi todos quedaron libres. ¿Eso no cree usted que reafirma los reclamos de la gente porque el sistema es blando con los delincuentes?
“No es un asunto de fácil solución. Una de ellas podría ser modificar las leyes para los reincidentes o para los robos frustrados. El Código Penal establece para los delitos frustrados una pena más baja. Y ésos son los casos que más llegan a los tribunales”, explica el juez Aguayo. En otros países no existen esas diferencia y el robo es robo y tiene una sola pena.
El magistrado también destaca lo que sucede con los robos en lugares no habitados. “A veces Carabineros hace un operativo y detecta gente al interior de una tienda, por ejemplo, abriendo una caja fuerte. Este delito tiene una pena máxima de 540 días de cárcel, y eso normalmente no da para prisión preventiva. Entonces llegan al juzgado después de haber quedado detenidos y se van en libertad porque el fiscal no pide prisión preventiva para ellos, porque la pena es muy baja”. Y añade: “Existe la percepción de que antes la justicia era más dura y que había más condenas, algo totalmente erróneo, porque en el sistema antiguo el porcentaje de condenas era bajísimo”. La diferencia estaba en que antes, cuando alguien quedaba detenido, el juez tenía cinco días para resolver y normalmente esos cinco días los pasaba preso, pero luego por las bajas penas que arriesgaban también quedaban en libertad.
“Feliz Navidad hermano”
Lunes 12 de diciembre. En la sala cuatro aparecen dos detenidos que permanecían en prisión preventiva por haber robado una billetera, delito que quedó configurado como robo por sorpresa. Habían llegado a un acuerdo con su víctima para tener una salida alternativa que consistía en ofrecerle disculpas públicas e indemnizarlo con 100 mil pesos. Para ello se necesitaba la aprobación del juez de garantía. La víctima estaba conforme con lo ofrecido para reparar el daño. “Y cómo no iba a estarlo”, decía alguien del público que estaba en la sala, “si la billetera que le robaron no tenía ni un peso”. Luego de recibir los 100 mil en efectivo, los imputados procedieron con las disculpas. Ellos y la víctima se pusieron de pie. El primero fue breve y se excusó por los perjuicios causados. El segundo, más ceremonioso, y comenzó diciendo: “A esta hora de la mañana”…pero se extendió tanto que su víctima, que parecìa apurada por irse, lo interrumpió y le dijo: “Ya. Tranquilo hermano, no preocupe. Feliz Navidad”.