Impactos noticiosos en el Gran Concepción: Crímenes, tragedias, escándalos y zancadillas políticas

Historias tan sorprendentes como la de “La Nena”, la cartonera que halló un millón de pesos en unas bolsas de basura y que por ello pasó 11 días presa, hasta el cierre de la mina de Lota con 1.100 hombres “desvinculados” que terminaron como peluqueros o taxistas y con el ex presidente de Enacar, Jaime Tohá González, herido por una pedrada, encontramos en los archivos de la prensa regional y local en estos últimos 18 años.
Son hechos -algunos olvidados en el cajón de los recuerdos, incluso-  que dan cuenta de la vida noticiosa del Gran Concepción; de sus sueños y de sus aspiraciones; de sus frustraciones también, y de sus ganas de ponerse de pie tras el terremoto-tsunami del 27/F que arrasó con localidades costeras, aunque ello significó superar penas, miedos, incertidumbre y peleas.
Hay más por cierto: El “Retamalazo” de Audito Retamal en San Pedro de la Paz, en 2008, que desbancó al alcalde Jaime Soto Figueroa o la larga permanencia del ex jefe de la Dina, el “Mamo” Contreras, en su refugio del Hospital Naval de Talcahuano, dilatando a como diera lugar el ingreso a Punta Peuco, como lo dispusiera la Corte Suprema.
O el conmovedor caso de la niña de 6 años, Elenita Yáñez, secuestrada, violada y asfixiada por Juan Zenón Soto Campos y el crimen aún impune del universitario Jorge Matute Johns, que develó el modo de diversión de los jóvenes en 1999, bebiendo hasta “borrarse” en discotecas como  La Cucaracha.
Y está  el terremoto político que culminó con la salida de la ex intendenta Jacqueline van Rysselberge por intentar hacer pasar gato por liebre al gobierno de Piñera en materia de viviendas; la condena de la ex gobernadora DC de Concepción, Cinthya Mitchell, por malversación de fondos públicos y la trágica muerte de seis jóvenes voluntarios de Un Techo para Chile, en Arauco, provincia en la que también perdieron la vida 19 músicos del Regimiento N°7  Chacabuco.
“Cuando estaba en la UCI y empezaron a dar los nombres de los fallecidos, el dolor fue grandísimo. Eran mis cabros, yo los quería mucho”, relata conmovido el suboficial Jorge Miranda, uno de los nueve sobrevivientes de la tragedia del puente Quelén-Quelén, en Cañete.
En las páginas de Nos también hallamos la historia de “El martillo”, el narcotraficante de Hualpén admirador de los faraones y que cayera en el “Operativo Egipto” de la PDI, y  la tragedia de Antuco que, contada por María Angélica Monares, la hermana del único suboficial fallecido, pone los pelos de punta. Cuando ya han pasado casi 13 años de esa tragedia, ella dice:“Me atrevo a decir que de no haber existido una familia Monares que perseverara para meter militares presos, no habría pasado nada y los 44 muchachos sólo habrían sido héroes anónimos. Les habrían dicho a los papás: su hijo cumplió con la patria, ¡ahora páguese con 200 lucas y cáguese de la risa!”.

1995

La cartonera que fue millonaria por un día

De aquel millón 100 mil pesos que le repuso Don Francisco hace 18 años -la misma cantidad de dinero que halló en unas bolsas recogiendo cartones frente a la Financiera Condell en Concepción y que tuvo que devolver por orden del tribunal- no le queda ni un peso. Y es que ese mismo 1995 se murió José, el padre de sus dos hijos mayores y ella decidió pagarle un funeral decente: le compró un bonito cajón y un pedazo de tierra donde sepultarlo. Con lo que le quedó, compró ropa a sus cabros y llenó los cajones con comida. “En eso se fue todo”, dice.
Leo Caprile, animador del programa Entre gallos y medianoche fue el primero en invitarla; después estaría tres veces en Viva el lunes con Cecilia Bolocco, Kike Morandé y Álvaro Salas, con Don Francisco en Gigantes y usted, y luego con Vivi Kreutzberger y Mercedes Ducci, quien estuvo en su casa, en la Costanera. “Conocí a mucha gente importante y famosa en esos años”, cuenta Luisa Elena Figueroa Fuentealba, madre y abuela ya, quien amontona su botín de cartones -que vende por 50 pesos el kilo- en Lincoyán y Barros Arana, frente al Banco de Chile.
“Esta es mi oficina; trabajo de lunes a viernes entre 16.30 y las 20.30 horas. Sábado y domingo se los dedico a mis nietos”, dice, y el rostro se le ilumina cuando habla de ellos. Al menor, de dos meses, lo apoda “el pancorita, por lo colorao”.
La Nena, como es conocida por todos, se acuerda bien del episodio que la hizo saltar a la fama, pero por el que estuvo 11 días presa; pagó 5 mil pesos de fianza y estuvo firmando durante 365 días.
“Fue una maldad la que hizo este caballero”, cavila, en referencia al cajero de la financiera, a quien le ofreció devolverle el dinero al día siguiente de la conversación que tuvieron, dos semanas después de que ella lo hallara entre unas bolsas y sin saber a quién pertenecía, lo guardó. Dice que en un comienzo, él le comentó que se le habían perdido unos documentos -“nunca me dijo que era plata”- y que cuando se sinceró, ella le ofreció regresarle el dinero: “Yo lo tengo, le dije, mañana se lo traigo, pero resulta que cuando llegué a la casa, ligerito llegaron los detectives y me llevaron al cuartel de Investigaciones. Tuve que dejar a mis hijos encargados con las vecinas, porque me dijeron que iba y volvía. No fue n´a así. Estuve 11 días presa”.
Aunque afable, la Nena se enrabia cuando se acuerda del episodio: “Se desquitaron conmigo; con anterioridad al cajero ya se le habían perdido como $4 millones y con lo mío pudo justificar las pérdidas anteriores y yo, sin tener arte ni parte. Él quedó como rey y está de jefe ahora, pero a mí me cargaron. Lo mejor es que viajé en avión y conocí buenos hoteles. Hasta con la Anita Alvarado estuve en un programa de TV”, dice.
Llegó a tener 32 perros
Hoy vive en uno de los departamentos de la Costanera -donde sólo llega a dormir porque es muy chico- con Víctor, el hijo menor que no se quiere casar, y el padre de él, su pareja: “Quedé viuda, pero no tonta”, informa. El resto del tiempo transcurre en su “oficina” o en el galpón -a los pies del cerro Chepe- donde guarda su mercadería y tiene una cocina a leña.
Ya no tiene los 59 animales que alguna vez recogió en la calle y los alimentaba con la comida que iba a buscar al hospital. “Los perros más mañosos los di para el campo”, dice esta mujer que hoy se siente feliz en compañía del Kevin y la Mickaela -sus perros- y de la Chilindrina, su gata; de sus tres nietos que le llenan la vida y sus tres hijos, hombres ya: “Yo amo a mis hijos y ellos me ayudan y me tienen paciencia. ¿Qué más podría pedirle a la vida? Yo no me enojo nunca. La vida es rica, es entretenida. Y si hay buena onda con las compañeras y con toda la gente que vive en este mundo ¿para qué más? ”.

Manuel Contreras, ex director de la Dina
El “hombre fuerte” que sólo pide perdón a Dios

Egocéntrico, sólido en sus determinaciones y calculador era el perfil que proyectaba el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) durante el régimen militar, general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, quien entre los años 1973-1977 dirigió el aparato represivo del fallecido Augusto Pinochet.
El “Mamo” Contreras, como lo apodan, anticomunista acérrimo, está condenado a 360 años de cárcel y a dos presidios perpetuos por crímenes de lesa humanidad que está cumpliendo en el penal Cordillera, de Peñalolén. Frente a las acusaciones que se le imputan, en relación a la violación de los Derechos Humanos, admite sentirse orgulloso de lo que hizo. Dice que sólo puede pedirle perdón a Dios y que no tiene las manos manchadas: “No matamos a nadie que no fuera terrorista; actuamos sólo cuando nos enfrentaron”.
A cinco años del retorno a la democracia, la Corte Suprema lo condenó a 7 años de presidio como autor intelectual del homicidio del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington el 21 de septiembre de 1976. Una bomba bajo su vehículo terminó con su vida y la de su secretaria estadounidense.
La prensa de la época da cuenta de que el veterano- hoy con un poco más de 80 años- protagonizó un conato de rebeldía al conocer la resolución de los tribunales: opuso resistencia a la aprehensión mientras se hallaba en su fundo de Fresia, en Puerto Montt, y huyó a la Región del Biobío, donde se internó en el Hospital Naval Almirante Adriazola, de Talcahuano.
El diputado por Talcahuano, Jorge Ulloa Aguillón, quien en esa fecha visitó al ex jefe de la Dina, indicó que no hubo tal conato, y que lo que ocurrió fue que repentinamente Contreras sufrió un alza de presión y una descompensación diabética, por lo que tuvo que ser trasladado a Talcahuano. En el intertanto, en tribunales de la zona se libraban batallas judiciales para dilatar su traslado al penal especial de Punta Peuco.
“Objetivamente él estaba complicado. Fue hospitalizado, operado y hasta el día de hoy su situación de salud es compleja”, recalca Ulloa. El ex jerarca sufre desde los 80 de un cáncer colorrectal, diabetes, hipertensión y trombosis, para lo cual debe consumir 14 medicamentos diarios.
Tras cinco meses de incertidumbre, Contreras fue dado de alta y encarcelado el 5 de octubre de 1995. De por medio, hubo que sortear una crisis política provocada por el rechazo del ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, a firmar el decreto que iniciaría la construcción de una cárcel especial para militares.
En enero de 2005 fue trasladado al Penal Cordillera para cumplir una sentencia de 12 años por el secuestro calificado del militante del MIR, Miguel Ángel Sandoval. Una más de las 40 condenas dictadas por los tribunales.

Región le dice ¡NO! al flúor en el agua potable

La Región del Biobío hizo historia, y la polémica -que comenzó en 1995- dio sus frutos: doce años pasaron para que la región se impusiera y dijera ¡No! al flúor en el agua potable. El rechazo a fluorizar el agua para prevenir caries partió en Estados Unidos. De ahí se propagó a nivel mundial y el país no estuvo ajeno a la polémica cuando desde que, el Ministerio de Salud siguió adelante con esta política de salud pública.
Académicos penquistas como Luz Vivaldi y Otto Weiner cuestionaron los informes del Ministerio y aseguraban sus efectos negativos en diabéticos, hipertensos y personas con insuficiencias hepáticas.
Así, la zona inició una campaña contra la fluorización del agua potable. A la cabeza estuvo la Corporación Privada de Desarrollo de la Región del Biobío, Corbiobío, avalados por los gremios de salud, científicos, organizaciones sociales y particulares.
La región finalmente ganó la batalla. La Contraloría General de la República hizo llegar el oficio sobre la exclusión de flúor en Biobío a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, institución que aceptó la negativa ante la falta de acuerdo científico sobre los efectos nocivos del flúor en las personas.

1996

Mercado municipal en tierra de nadie

Luce maltratado, pues los años no han pasado en vano por el Mercado Municipal de Concepción cuyo origen se remonta a los años 40 y todavía se destaca por sus populares y concurridas cocinerías y marisquerías. El emblema penquista tocó fondo en 1996, cuando locatarios detractores a la venta de la propiedad comercial llegaron a tribunales en demanda de justicia tras una ruidosa enajenación a la Inmobiliaria 2000.
Pero la génesis de la polémica se remonta a la era de Augusto Pinochet, cuando el entonces jefe de Estado ordenó a los municipios desprenderse de sus patrimonios, los que debían venderse a sus ocupantes. La estructura, que actualmente alberga a 234 locales, fue cedida a los locatarios luego de una renegociación a 15 años plazo de una deuda de más de $233 millones por no pago de arriendos, entre otras dificultades.
Con posterioridad, el 15 de mayo de 1996, la Inmobiliaria Concepción 2000 compró el recinto a la Municipalidad y la asociación gremial de locatarios interpuso una demanda para revertir esa transacción. Recién en 2009, la Corte de Apelaciones de Concepción anuló esta venta del patrimonio y lo devolvió a los arrendatarios. Sin embargo, el título de dominio continúa en manos de la Inmobiliaria. El 26 de abril de 2011, por contribuciones impagas, la Tesorería General de la República ordenó su remate, hecho que no se concretó ni ese año ni en otros posteriores. “Este conflicto judicial se ha alargado más de la cuenta, pero creo que el mercado volverá a ser administrado por la Municipalidad”, dijo el concejal Eric Aedo, respecto de las conversaciones que se están llevando adelante entre el municipio y el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien ha conminado a las partes -concejo comunal, locatarios e Inmobiliaria 2000- a alcanzar un acuerdo definitivo sobre la propiedad municipal que ocupa una de las manzanas con más alto valor de suelo en Concepción.
“Nosotros no queremos una remodelación sino una construcción nueva del edificio conservando su cúpula como elemento patrimonial; que se implementen estacionamientos subterráneos y torres para los locales comerciales”, declaró el locatario José Neira Reyes tras precisar que mientras no se acepte la propuesta de transacción judicial, ellos no traspasarán la administración temporal” a la Municipalidad. El 15 de mayo de 2013 las partes en pugna deberían llegar a un acuerdo para presentarlo al ministro supremo Sergio Muñoz.

Diluvio en la despedida de Elenita Yáñez

Hasta los cielos lloraron el día del funeral de Elena Yáñez Roa, la niña de 6 años secuestrada por Juan Zenón Soto Campos desde el frontis de la casa de sus abuelos, en el Cerro La Pólvora, de Concepción. Cientos de personas que ni siquiera la conocían la acompañaron hasta el Cementerio General. Su tumba, junto con la de Petronila Neira, es una de las más visitadas.
Su muerte acaeció en Talcahuano el 8 de junio de 1996. Tras secuestrarla, el agresor la llevó a su casa donde la violó y asfixió. Allí fue hallada por detectives de Concepción, quienes al descerrajar la puerta de un puntapié se toparon con el peor de los finales: el cuerpo sin vida de la pequeña yacía tendido en el piso de la cocina.
La policía civil acogió la denuncia de los desesperados abuelos, quienes -antes- habían estado en Carabineros y éstos respondieron que había que esperar 48 horas para iniciar la búsqueda.
La desgracia para la familia, sin embargo, comenzó a escribirse en 1993, cuando Guillermo Roa, el abuelo de la niña, conoció en la cárcel El Manzano al homicida (36) que purgaba una condena de 13 años por haber violado con anterioridad a una niñita de dos. Roa, chofer de microbús, había caído preso por un delito menor y nunca le preguntó al nuevo amigo el motivo de su encierro. Volvieron a reencontrarse un par de años después cuando el homicida quebrantó su libertad dominical.
Soto Campos sabía de la buena voluntad de Roa y no dudó en visitarlo en su casa del Cerro La Pólvora para pedirle dinero. Le contó que su conviviente estaba hospitalizada en Las Higueras por síntomas de pérdida espontánea de un embarazo de dos meses y necesitaba remedios. El abuelo de la niña le pasó algunos billetes con el compromiso de ayudarlo con más cuando pudiera y lo encaminó hasta el paradero de buses, pero éste -después de unas cuadras- deshizo lo andado y se encontró con la pequeña, que jugaba en la calle.
Intentó seducirla con engaños, pero ella se negó a acompañarlo. Entonces la cogió firmemente de la mano y partió con ella hacia su casa en Talcahuano.
En la casa de la familia Roa se percataron de la ausencia de Elenita pocos minutos después de que desapareció. Un niño le comentó a su abuela que Soto la había llevado consigo y comenzó una búsqueda frenética y desesperada.
Primero fueron donde la madre del asesino, Rosa Campos, quien, presagiando lo peor, exclamó: “¡No, otra vez no, no puede ser!”.
La mujer conocía el prontuario de su hijo, pero se limitó a darles la dirección. Así llegaron a la vivienda de la calle Beauchef 98, en Talcahuano, donde Roa golpeó con fuerza la puerta, pero no hubo respuesta. Fue a Carabineros y ante su insistencia por lo que había ocurrido, los policías lo acompañaron hasta la casa de Soto. Tampoco hubo respuesta y los uniformados se retiraron. Desesperado, el hombre pidió ayuda a Investigaciones. A los pocos minutos los detectives identificaban a Soto como un peligroso violador y no tardaron en ingresar a su vivienda. El agresor ya no estaba allí. Una semana después fue capturado en la casa de sus abuelos, en Carahue, y al arribar al cuartel de Investigaciones, en Concepción, enardecidos familiares y vecinos de la niña estuvieron a punto de lincharlo.
Fundación Amparo y Justicia
El juez de primera instancia decretó la pena de muerte para Juan Soto, pero dos años después, la Corte de Apelaciones redujo la condena a presidio perpetuo por la posibilidad de que el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se viera obligado a conmutarle la pena. El juicio fue polémico, porque los propios abogados que el Estado había provisto para la familia de la víctima intentaron reducir la condena por razones políticas. Una profesional y parte de la defensa lo denunció públicamente.
Impactado por la indefensión de la familia, el empresario Andrónico Luksic Craig reunió a un grupo de experimentados penalistas para que la representaran de manera gratuita. A pesar de lo doloroso del caso, Luksic pensó que se trataba de un hecho aislado. Pero ese mismo año 1998 ocurrieron otros tres crímenes de violación con homicidio de menores de edad en Coelemu, Valparaíso y en Hualañé. Ante la necesidad de estas familias y el clamor por justicia, nació la Fundación Amparo y Justicia, institución especializada en entregar atención legal, sicológica y social de alto nivel gratuita a las familias que han perdido un hijo o hija por violación con homicidio.

1997

El cierre de Enacar, fin a una historia de 150 años

Tristeza, desolación, incertidumbre. Rabia también. Esa noche, en vísperas del anuncio oficial del cierre de la mina de Lota, el 16 de abril de 1997, la ciudad minera estuvo en vigilia. En las sedes sindicales, en los bares, en las esquinas y en la Iglesia la gente se congregó a cavilar por el futuro -más negro que el propio carbón- que se les avecinaba.
Al anochecer -alrededor de las 23 horas- la radio Bío Bío había soltado en exclusiva la noticia. Fue el equivalente a un exocet en la zona: el inminente cierre de la mina de Lota por el gobierno del Presidente Frei. Se trataba de la misma faena minera que en 1840 el empresario e intendente de Concepción, José Antonio Alemparte Vial, había comprado a los indios Cabullancas y luego vendió a Matías Cousiño y Tomás Garland para el desarrollo carbonífero del país. Como las mineras del cobre hoy, Lota atrajo a cientos de trabajadores a sus frentes de laboreo que recorrían kilómetros y kilómetros de galerías submarinas hasta Laraquete, incluso. En su mejor época, más de 10 mil hombres trabajaron en sus entrañas, pero los costos de la explotación superaban el valor de mercado del carbón. Más barato le resultaba al país importarlo desde Colombia.
Importación de carbón a US$ 50
Y llegó el día. En un ambiente de gran tensión el entonces presidente de Enacar, Jaime Tohá, comunicaba a los dirigentes la medida del gobierno. Ello significó el cese laboral de 1.100 trabajadores, quienes podrían acogerse a una serie de beneficios económicos diseñados por el Ejecutivo, y que también beneficiarían el desarrollo de la zona, en lo que se conoció como la reconversión de Lota. Con el tiempo, los resultados no fueron los esperados.
El clima de malestar en la ciudad minera llegó a su momento más alto cuando Jaime Tohá abandonó el edificio donde se había reunido con dirigentes sindicales y fue víctima de una agresión con golpes y piedras. Un proyectil impactó su cabeza y le provocó una herida que lo obligó a acudir al Hospital de Coronel, donde fue atendido. Algunos exaltados arengaban a sus compañeros a “tomarse” el socavón.
La reunión entre Tohá y los 18 sindicalistas de Lota duró tres horas. El presidente de la empresa mantuvo silencio a su llegada al lugar de encuentro y nadie podía confirmar la versión del cierre del yacimiento. Las informaciones eran contradictorias, porque se comentaba del cierre de toda la empresa, lo que implicaba también a Curanilahue (cerró, en definitiva, el 28 de abril de 2006) y la Carbonífera Victoria de Lebu (Carvile), que expiró el 29 de octubre de 2008.
Tohá dijo a los sindicalistas que aquel era el único camino razonable. La competencia del carbón importado, que llegaba a menos de 50 dólares al país, era uno de los motivos, porque el producto de Lota tenía un costo variable entre 100 y 150 dólares la tonelada. La falta de avances y desarrollo en el yacimiento, por fallas geológicas, fue la segunda causal para la decisión final.
Un vocero de los trabajadores acudió a una emisora local y llamó a rechazar el cierre, convocando, a la vez, a todos los mineros al lugar de la reunión, en Lota Alto. La impaciencia amenazaba con transformarse en un estallido de violencia social, pero primó la cordura. Finalmente, unos 200 trabajadores y algunas mujeres con sus hijos marcharon hasta el pique de la mina para esperar a los 450 mineros que bajaron a la una de la madrugada. Fue el último turno en la historia de 150 años del mineral.
El cese de actividades extractivas y productivas dio lugar a un Protocolo de Acuerdo entre el gobierno y los sindicatos de Enacar Lota el 10 de mayo de 1997. Tuvo por objeto establecer las indemnizaciones, beneficios extraordinarios y condiciones que se aplicarían respecto de los trabajadores del yacimiento a cuyos contratos de trabajo se les pusiera término a partir del 30 de abril de 1997, con el cierre del mineral.
Así, cerraba la mina y se iniciaba el proceso de reconversión con cientos de mineros convertidos en taxistas o peluqueros.

El escándalo Serviu-Inversiones Bilbao

En manos de un relator de la Corte de Chillán se encuentra el expediente del bullado caso Serviu-Inversiones Bilbao cuyo trámite se arrastra ya por 15 años. Se trata del sumario abierto en 1997 tras la denuncia de mil familias de allegados de la Región del Biobío, las que entregaron 4 millones de dólares en subsidios habitacionales a la constructora del empresario Carlos Wörner Tapia. Inversiones Bilbao nunca construyó las viviendas y el Serviu debió reponer los dineros para concretar, a principios de esta década, los fallidos proyectos sociales.
La causa deberá ser vista y fallada por el tribunal de alzada de Chillán por inhabilitación de todos los jueces de Concepción, aunque cuatro de ellos – Flora Sepúlveda y los ministros en visita María Eugenia González, Irma Bavestrello y César Panés- emitieron en su momento sentencias que fueron apeladas.
En 1997, durante los primeros meses de la investigación a cargo de la jueza Flora Sepúlveda, fueron procesados por estafas reiteradas Wörner y su socio, el arquitecto Marco Antonio Sepúlveda, además de los funcionarios del Serviu Herminda Tapia, Paulina Bückle y Carlos Briceño, quienes fueron encausados por fraude al Fisco, así como el ex director del organismo Ignacio Soler, quien enfrentó cargos por malversación de caudales públicos.
En 2006, la ministra en visita María Eugenia González absolvió a los funcionarios públicos y condenó a Wörner y Sepúlveda. La Corte de Apelaciones, sin embargo, amplió la absolución a los dueños de Inversiones Bilbao, apelando los querellantes ante la Corte Suprema. En 2008, el máximo tribunal, al revisar la causa, se percató de un error y dejó sin efecto las sentencias, ordenando retrotraer el proceso al estado de dictar nuevamente las acusaciones.
Debido a que la ministra González había jubilado, la Corte de Apelaciones penquista designó entonces a la magistrada Irma Bavestrello para asumir como juez especial y retomar el trámite del bullado proceso. Una de las primeras resoluciones de la nueva ministra en visita fue sobreseer a los ex funcionarios del Serviu. Estando en la etapa de resolver la situación de Carlos Wörner y Marco Antonio Sepúlveda, el abogado Mario Münzenmayer, por la compañía de seguros que debió cancelar las pólizas adquiridas por Inversiones Bilbao, apeló la decisión, por lo que el expediente debió regresar al tribunal de alzada.
En 2010, al cumplirse 13 años desde la apertura de la investigación, la Corte de Apelaciones anuló el fallo de la ministra Bavestrello y traspasó la investigación a un tercer ministro en visita, César Panés, quien resolvió condenar a cuatro años de cárcel -por el delito de estafa- a Carlos Wörner, gerente de la inmobiliaria.
Desde entonces, la sucesiva inhabilidad de los ministros penquistas –“nadie quiere ver esa causa”, se conoció en tribunales- ha impedido la revisión de la apelación al último fallo. La causa se envió a la Corte de Chillán, donde está siendo estudiada por uno de los relatores para que esos jueces se pronuncien, finalmente, sobre lo obrado por el ministro Panés.

1998

Región afronta el año más seco del siglo XX

Bastaron 30 años para que La Niña volviera a arremeter contra el territorio nacional, esta vez, con más intensidad que en 1968. No tuvo piedad. Según los expertos, la falta de precipitaciones y los 594 milímetros de agua caída situaron a 1998 como el año más seco del siglo en la Región del Biobío.
El negativo escenario se repetía a nivel nacional; sin embargo, Biobío fue una de las más afectadas debido al déficit en la generación de energía eléctrica, la que depende en gran parte de las centrales hidroeléctricas del centro y sur de nuestro país. Los costos serían altos. El período crítico de la centuria inquietaba al gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle.
La sequía marcaba presencia. 600 mil hectáreas de cultivos, chacras, frutales, viñas y ganadería de secano -principalmente- se vieron afectadas. A octubre, las mermas alcanzaban las 30 mil hectáreas de trigo e importantes daños en la actividad ganadera, lo que se tradujo en pérdidas millonarias; los costos fueron irreparables para miles de medianos y pequeños agricultores.

Contaminación orgánica afecta a San Vicente

Uno de los importantes desastres de contaminación orgánica se produjo en enero de 1998 en la bahía de San Vicente, de Talcahuano. Múltiples residuos “engrasaron” al puerto y se especuló acerca de las fuentes de contaminación: derivados petroquímicos, detergentes, residuos industriales, aguas servidas e hidrocarburos, entre otros. Sin embargo, la culpa recayó en la actividad pesquera de 200 lanchas artesanales.
La situación causó alarma. El ejercicio de descarga que se hacía en el área era responsable de la gruesa capa de contaminación, además de los achiques (fluidos) y restos de petróleo. La Asociación de Pescadores Artesanales pidió intervenir a la capitanía del puerto para contrarrestar la situación y su presidente, Orlando Herrera, dijo que evaluaban la pertinencia o no de continuar cancelando el millón 500 mil pesos mensuales que costaba la limpieza manual, pues el efecto era casi nulo ante la gruesa y amplia capa de grasa.
El jefe del Departamento de Medio Ambiente Municipal, Guillermo Rivera, relacionaba el aumento de los residuos grasos en la bahía con el procesamiento de merluza de cola y sardina, las cuales tienen un contenido de agua más alto que el jurel, que los filtros no alcanzaban a retener.
Herrera decía que la película orgánica que flotaba sobre el agua impregnaba embarcaciones, espías, varaderos y otras instalaciones, por lo que no debía obviarse la principal fuente de contaminación, los hidrocarburos, que no provenían precisamente de sus embarcaciones.
En defensa de su gremio, el dirigente recordaba los más de 80 millones de dólares en pérdidas que dejó el gigantesco incendio en la bahía en marzo de 1993 a causa del derrame de petróleo de un ducto de Enap.

1999

El crimen de Jorge Matute Johns: un revés para la justicia

En los últimos 18 años ningún caso jurídico policial desbordó tanto las márgenes del ancho Bío Bío como el crimen y desaparición del estudiante de Ingeniería Forestal de la U. de Concepción, Jorge Matute Johns (23), hijo de uno de los grandes sindicalistas del petróleo en la zona, Jorge Matute Matute.
Un cáncer linfático terminó con la vida de este padre que hasta su último suspiro bregó por saber quién o quiénes mataron al segundo de sus retoños y porqué. Tenía 60 años. Su deceso ocurrió el 23 de agosto de 2011 y en su agonía, en el Hospital Clínico de la U. Católica, llamaba insistentemente al hijo que desapareció el 20 de noviembre de 1999 desde la discoteca La Cucaracha, en Talcahuano, y cuyo cuerpo fue hallado cuatro años después, casualmente, en el kilómetro 22,5 del camino a Santa Juana.
“Le prometí que iba a seguir luchando; sigo en eso. Ojalá yo me vaya con la verdad”, dice hoy su viuda, María Teresa Johns, quien está escribiendo un libro sobre el caso; se inclina por la tesis de la policía civil respecto de los presuntos culpables e insiste en que “van a caer muchas personas que no son comunes ni corrientes”. ¿Sus nombres? “Están en el expediente”, reitera.
Hoy más que nunca quiere la verdad y espera más temprano que tarde que Gerardo Roa -el amigo con el que “Coke” partió a La Cucaracha, cuyo dueño era el médico y arquitecto Bruno Betanzo- se sincere y le diga qué pasó. “Aunque se haya cambiado de nombre, lo encontraré”, advierte esta mujer tenaz que por años marchó por las calles de la ciudad preguntando: ¿Dónde está Coke?
Miles de fojas acumula la causa rol n°41.266-0 “Secuestro y obstrucción a la justicia” que en un comienzo investigó la jueza Flora Sepúlveda y luego el ministro en visita Juan Rubilar, quien decretó el cierre del sumario con sobreseimiento mientras no aparezcan nuevos antecedentes. “Faltó procesar por falso testimonio a quienes confundieron a los jueces y entorpecieron la investigación”, piensa el abogado de la familia Matute, Fernando Saenger.
Aunque sólo uno de los informes periciales dice que JMJ murió “por golpes en las partes blandas del cuerpo”, su causa de muerte aún no está determinada. Las pesquisas de la PDI y de Carabineros llegaron a resultados diametralmente opuestos: La policía civil, con el comisario Héctor Arenas a la cabeza, apuntó a siete jóvenes –procesados por obstrucción a la justicia en su momento- y Carabineros, con el último de los investigadores, el mayor (r) Andrés Ovalle, buscó responsables en su propia institución. Fue dado de baja. Nunca se le perdonó haber presentado al tribunal una maqueta de La Cucaracha en cuya asesoría técnica participaron padres de los sospechosos Oscar Araos, Federico Homper, Jorge Bañados, Carlos Alarcón, Cristián Herrera, Ignacio del Río y Jaime Rojas.
“Si Arenas hubiera acreditado lo que él sostiene en su informe, en el proceso, el resultado sería distinto, pero a juicio del tribunal no lo logró”, expuso en una entrevista para NOS el abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado, Hernán Jiménez. En el expediente -dijo- ni él ni el abogado Ricardo Yáñez hallaron algún vínculo entre el joven fallecido y la droga, una de las tantas versiones que circuló en torno al caso y que el padre del joven siempre rechazó.
El caso del universitario que develó un Concepción joven, fiestero, con música y luces electrizantes, pero obscuro, de riñas, violaciones y homosexuales saliendo del clóset, consumo de alcohol y drogas a destajo -por $3 mil pesos los jóvenes podían consumir siete piscolas en La Cucaracha- asustó a muchos padres que recién se enteraron dónde se divertían los sub 17. Congelaron los permisos a sus hijos y en la ciudad y en el país no se hablaba de otra cosa.
Coinciden los abogados del CDE que entre los innumerables testigos que desfilaron por los tribunales se repetía la frase “no recuerdo nada, porque estaba borrado”, lo que da pie a que esa noche en La Cucaracha pudo pasar cualquier cosa. “Y si fueron los cabros o los guardias quienes le causaron la muerte a JMJ, el interés de ellos no era hacerlo desaparecer por drogas o cosas por el estilo. Era, porque estaba molestando (“pintando el mono”, como le advirtieron a una de las mellizas Maldonado que esa noche compartían con Gerardo Roa y JMJ) y le pegaron un palo, cayó al suelo y se rompió la cabeza. Pudo haber sido un delito de homicidio no intencional. El único inculpado que señala Arenas –Jaime Rojas- tenía 17 años en la época; un abogado lo habría sacado en dos semanas de la cárcel, pero aquí se asustaron todos y armaron un boche y qué sé yo. No tenían para qué hacerlo desaparecer”, señala Hernán Jiménez.
Esta investigación, inconclusa aún, le costó al Estado mil millones de pesos.

Copa Conmebol
El león rugió al final del milenio

Tras una liguilla disputada el ‘98 en la que obtuvo el segundo lugar, el equipo “lila” se matriculó en la Copa Conmebol del siguiente año, la última del milenio y, paradójicamente, la última que se realizaría. El “León” debutó ante un grande de Argentina, Rosario Central, que ya había ganado la Copa el ’95. Para el primer duelo, con el cuadro “canalla” en su estadio, el Gigante de Arroyito, Deportes Concepción debió cruzar la cordillera de los Andes. El partido se jugó el 12 de octubre y en él lograron un emocionante empate a 2 goles. En la revancha, disputada el 20 de ese mismo mes en el estadio Municipal de Collao, Concepción logró ganar por 2 a 1 y avanzar de manera sorpresiva a semifinales. Aquí se encontraron con Talleres de Córdoba. En el partido de ida, disputado el 17 de noviembre, el “León” cayó por 2 a 1. En el de vuelta, el “Conce” no pudo revertir la situación, y empató por la cuenta mínima. El gol local fue de Mauricio “Bototo” Illesca, mientras que Rodrigo Astudillo convirtió para Talleres, sellando así su paso a la final. Los penquistas junto a Universidad de Chile fueron los dos equipos con mejor rendimiento en este torneo.

2000

Hospital Las Higueras
Crimen de paramédico en Banco de Sangre sigue impune

Es válido creer que en un hospital tanto médicos y enfermeras como personal calificado buscan de todas las formas posibles salvar la vida de sus pacientes, mas esto no quiere decir que puedan suceder espeluznantes excepciones, como la ocurrida la noche del 29 de octubre de 2000, cuando la paramédico de 62 años, Marta Agüero Urra, fue asesinada con un arma blanca en el banco de sangre del Hospital Las Higueras, de Talcahuano. Con múltiples puñaladas en su cuerpo y sin huellas de terceros, apareció el cuerpo de la funcionaria, crimen que hasta hoy sigue impune.
Como era habitual, Marta Agüero había ingresado ese domingo a su turno de las 20 horas para finalizarlo a las 8 horas del día siguiente. La funcionaria tenía 30 años de servicio y era la encargada de resguardar el dinero reunido por algunos de sus compañeros, el que servía como préstamo para ellos mismos. Esto último habría sido el móvil del delito.
Por ese entonces, la policía realizó las diligencias para dar con el culpable. De hecho, el mismo director del establecimiento, en ese entonces el médico Rubén Puentes, confirmó la intervención de terceros en la muerte de Agüero.
El caso requirió de un juez especial; solicitud hecha por el mismo director del Servicio de Salud de Talcahuano de la época, René Ramos, quien hizo el requerimiento a través de la presidenta de la Corte Apelaciones de Concepción. El ya fallecido magistrado Eduardo Carrasco, titular del Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, dirigió las pesquisas para hallar al o a los culpables del crimen. Cuatro compañeras de trabajo de Marta Agüero fueron detenidas dos años después de ocurrido el homicidio: Marta Neira, Nelly Fuentes, Flor Bahamóndez y Guillermina Vidal. Las tres primeras, con el patrocinio del abogado Sergio Hernández, presentaron un recurso de protección alegando inocencia.
De las cuatro, finalmente la Corte de Apelaciones confirmó el procesamiento de la tecnóloga médica Nelly Fuentes, de 50 años, y ordenó diligencias como tomarle medidas antropométricas como también a una segunda mujer sospechosa, además de verificar con la ex Compañía Telefónica CTC Chile el tráfico de llamadas desde y hacia un número telefónico de Tomé.
Agotadas las pesquisas y los plazos de investigación, no se llegó a esclarecer el caso debido a la poca colaboración de las personas cercanas a Marta Agüero que podrían haber aportado antecedentes, pese a que la policía interrogó a cerca de 160 funcionarios que cumplían turno la noche del crimen. En el lugar del suceso tampoco se hallaron huellas, pero llamó la atención que la fallecida conservaba todos los anillos que usaba.
Nelly Fuentes, la única funcionaria sometida a proceso y sospechosa de la muerte de Marta Agüero, quedó en libertad luego de pagar una fianza. Lo mismo ocurrió con otras tres acusadas quienes en su momento, incluida Nelly Fuentes, también fueron acusadas por el delito de usura por administrar una suerte de banco ilegal para otorgar créditos a los funcionarios. La prensa de la época consignó que se otorgaban préstamos con un 10% de interés.
A pesar de que la policía asumió que había una relación entre los créditos y la muerte de Marta Agüero, no se pudo sindicar a su autor. Pocos días antes del fallecimiento de la paramédico, los deudores de la “Cutufa” de Las Higueras ya habían sido notificados que debían pagar sus compromisos el 2 de noviembre.

Inauguración puente Llacolén, despegue para el Gran Concepción

Un nuevo viaducto cambió la cara del Gran Concepción. Con una longitud de 2.157 metros, el puente Llacolén establece una de las principales construcciones para el desarrollo penquista y potencia la comuna de San Pedro de la Paz. La obra, cuya conexión vial cruza el río Bio Bío, comenzó sus trabajos en 1998, y es la prolongación de las avenidas Los Carrera y Costanera.
Con una inversión de US$60 millones, 22 metros de ancho y dos pistas de circulación el proyecto se llevó a cabo con fondos sectoriales por intermedio de la Subdirección de Vialidad Urbana Nacional, bajo el contrato Reposición Puente Biobío Antiguo, Ruta 160 Concepción – San Pedro. La construcción  inaugurada en febrero de 2000 es parte del megaproyecto Recuperación de la Ribera Norte del Río Bio Bío, del cual participaron los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas. Hoy, el puente Llacolén es una de las principales arterias de crecimiento urbano en la zona.

2001

Barrio Modelo y el problema de suelo que llevó a demoler 100 departamentos

“Barrio Desastre”, como le llamaron algunos, fue un complejo habitacional que agrupaba a más de 800 viviendas. En 2001 se reveló que las malas condiciones del suelo donde se construyó habían sido las causantes del derrumbe ocurrido en junio del año anterior. El proyecto, llamado originalmente Barrio Modelo, ubicado en Penco, terminó con dos edificios y, en consecuencia, con 100 departamentos demolidos.
Por ese entonces, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), no tomando en cuenta la mala calidad de los suelos, compró el predio que sirvió para la construcción del cuestionado complejo habitacional. El Barrio Modelo se hizo conocido en su tiempo porque, además de las viviendas, tendría una trama de vialidad urbana y equipamiento extra, como establecimientos de apoyo educacional y salas de uso múltiple.
El ex seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región, Aldo Ramaciotti, así como también el entonces presidente del Colegio de Ingenieros, Fernando García, explicaban a los medios regionales que los daños que presentaban los dos edificios por demoler tenían como causa la configuración del terreno donde se produjo una falla geológica a 15 metros de profundidad. Asimismo, el IDIEM de la U. de Chile había realizado una inspección técnica, revelando que la constructora TECSA no cumplía con las especificaciones para trabajos paliativos, además de una evidente señal de abandono.
Con esos antecedentes, el Serviu puso punto final al contrato con la empresa contratista y empezó la búsqueda de otras para que reiniciaran estas faenas -principalmente en la instalación de anclajes y muros de contención- pues otras poblaciones como Escritores de Chile, también corrían serio riesgo de derrumbe.

2002

Manuel Sanhueza se quema a lo bonzo en Plaza de la Independencia de Concepción

Diecinueve años después de que Sebastián Acevedo se quemara a lo bonzo en el atrio de la Catedral por la detención de sus hijos Galo y Candelaria, secuestrados por la ex CNI, un  desesperado Manuel Sanhueza Mellado, por entonces presidente del comité de allegados de la población La Greda de Penco, se roció bencina y terminó con quemaduras en el 63 por ciento de su cuerpo, que días más tarde acabaron con su vida.
El dirigente fue acusado por 600 vecinos de estafarlos con los ahorros que le entregaron para la casa propia. Según los denunciantes, Sanhueza se apropió indebidamente de $186 millones    reunidos por los allegados, dinero que retiró de la cuenta bancaria mediante giros de distintos montos. Con esos recursos compró vehículos y casas, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.
El 6 de septiembre Manuel Sanhueza llegó a la Plaza de la Independencia de Concepción para rechazar frente a la prensa las denuncias que lo sindicaban como culpable del millonario desfalco. Al lugar concurrió con un acompañante, Samuel Gutiérrez -con un jarro que contenía bencina- y comenzó a rociar su cabeza para luego esparcir el combustible en el suelo y accionar un encendedor. Funcionarios de la Intendencia y peatones que transitaban por la plaza intentaron ayudarlo, usando extintores.
Pese a que pudieron apagar el fuego, el dirigente quedó en condición crítica y fue prácticamente imposible salvarle la vida. En el Hospital Regional se le practicó una traqueotomía y luego fue conectado a un respirador mecánico; sin embargo, el 10 de septiembre, alrededor de las 21 horas, falleció debido a una descompensación generalizada en su organismo.
¡Soy inocente!
En sendas cartas manuscritas a familiares y a dos medios de comunicación, el dirigente poblacional manifestaba su inocencia; se declaraba víctima de una venganza e incriminaba a terceros. El hecho causó impacto, pues las cámaras registraron el momento en que Samuel Gutiérrez rociaba el combustible y la inmolación de Sanhueza, dando lugar a la configuración de delito de prestar auxilio a otro para cometer suicidio, lo que fue investigado por el Primer Juzgado del Crimen. De todas formas, la defensa de Gutiérrez aseguró que sólo pretendían hacer “un show mediático” para desviar la atención de la víctima como acusado de estafa.

Ex gobernadora de Concepción acusada de usar dineros públicos es condenada a 3 años de presidio

En el año del Censo, una acusación en contra de Cynthia Mitchell Rebolledo (DC) escandalizó a la política regional. La entonces gobernadora de Concepción era acusada por tres diputados de la UDI de haber utilizado fondos públicos para pagar el sueldo de su asesora del hogar y de su jefa de gabinete, además de retener parte de las remuneraciones de un asesor jurídico a honorarios y de dos estudiantes de periodismo.
El 10 de julio de ese año la ex gobernadora tuvo que renunciar a su cargo y enfrentar tres acciones legales: una querella criminal por malversación de fondos públicos y dos más de parte del Gobierno.
El monto utilizado fue de 22 millones de pesos, lo que representaba el 35% del Fosac (hoy Programas de empleo con apoyo fiscal). Asimismo, se estableció que seis parientes directos de la autoridad, además del esposo de su jefa de Gabinete, Macarena Concha San Martín (DC), y otras personas de reparticiones de la gobernación, recibían dineros de los fondos destinados a proyectos Fosac.
Finalmente, en 2012, la Corte Suprema ratificó la condena para la ex funcionaria pública y su jefa de gabinete por malversación de fondos públicos. Ambas tuvieron una sentencia de tres años y un día de presidio con el beneficio de la libertad vigilada y el pago de una multa al Fisco por más de 7 millones de pesos.

2003

La caminata más larga de René Carvajal

Una singular y agotadora protesta hizo el alcalde de Coronel, René Carvajal, cuando quiso caminar hasta Santiago en señal de protesta por el déficit de $582 millones que sufrió su municipio debido al escándalo Inverlink. Esto, luego de que en 2003 se descubriera que empleados de Corfo disponían de documentos financieros para que el holding Inverlink se los adjudicara en forma ilegal. El alcalde quería exigir al gobierno mayores recursos para su comuna tras la pérdida de esa cifra que el municipio había depositado en la corredora de bolsa.
Con dolores musculares y un fuerte resfrío, la autoridad caminó 250 kilómetros en seis días, finalizando su marcha en Talca, donde se reunió con el entonces intendente de la Región del Biobío, Jaime Tohá. En esa ocasión se firmó un acuerdo y se aseguraron mayores recursos para Coronel en el área social, de educación y salud. El protocolo de acuerdo puso fin a la protesta del alcalde.

2004

Tras una década de conflictos inauguran central Ralco en Alto Bío Bío

Diez años de conflicto tuvieron que pasar para que, finalmente, se inaugurara la Central Ralco en septiembre de 2004, obra que fue impugnada por grupos ambientalistas y por las comunidades pehuenches que habitan en la zona de inundación del proyecto energético. La hidroeléctrica, perteneciente a Endesa, se ubica a 120 kilómetros de Los Ángeles y a 30 kilómetros aguas arriba de la primera central hidroeléctrica construida en Alto Bío Bío: Pangue.
El proyecto se inició en 1998 y tuvo que batallar con la oposición de los ambientalistas, debido al gran nivel de impacto que tendría en las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy – que finalmente fueron relocalizadas. Debido a esto, las negociaciones se dilataron y el proyecto sólo se concluyó con un millonario acuerdo entre Endesa y las familias afectadas. También el Estado debió suscribir un compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trámite que facilitó el acuerdo y resolvió el problema del Alto Biobío.
Ralco cubriría un 9% de las necesidades energéticas del Sistema Interconectado Central y su potencial instalado sería de 570 megavatios. La represa para almacenar agua implicó construir una pared de hormigón rodillado de 155 metros de altura con una longitud de 370 metros.
Los ejecutivos de Ralco ya advertían a los medios en ese entonces que “se requerían de nuevas plantas hidroeléctricas en Chile, pues las actuales eran insuficientes para cubrir la demanda energética”.

Alto Biobío y Hualpén
Nacen dos nuevas comunas en la Región del Biobío

Hasta el 2003 la Región del Biobío contaba con 52 comunas en sus cuatro provincias. Ese mismo año la Cámara de Diputados aprobó por 78 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones la creación de la comuna de Hualpén, perteneciente a la provincia de Concepción. Conformada, principalmente, por el populoso barrio de Talcahuano, Hualpencillo, al que se le quitaron las últimas cuatro letras pasando a llamarse Hualpén que en mapudungún significa “roble vigilante” o “el que mira de lo alto”.
Otra comuna que nace ese año es Alto Bío Bío en la provincia de Biobío, y que formaba parte de Santa Bárbara. Fue creada el 25 de agosto de 2003 y su capital es Ralco. La comuna tiene una superficie de 2.124,6 kilómetros cuadrados y una población que en ese entonces bordeaba los 7 mil habitantes.

2005

Tragedia de Antuco

Faltaba poco para conmemorar la hazaña de Arturo Prat y su tripulación. Un hecho histórico que pasó inadvertido en 2005 -y con justa razón- cuando en los faldeos del volcán Antuco fallecieron 44 conscriptos y un sargento segundo a causa del gélido viento blanco. “Bastaba con asomar la cabeza por la ventana del refugio para darse cuenta de que la muerte rondaba ese 18 de mayo”, dice María Angélica Monares Castillo, hermana del sargento segundo, Luis Monares Castillo, y presidenta de la Agrupación de Amigos y Familiares de las Víctimas de Antuco.
Es la mayor tragedia militar vivida en tiempos de paz, y que no estuvo exenta de errores y culpas. Las autoridades responsables de hacer marchar ese día a los soldados desde el refugio Los Barros hasta Antuco para, de allí regresar a Los Ángeles y prepararse para el desfile del 21 de mayo fueron sindicados como responsables, y el jefe del batallón, el mayor (r) Patricio Cereceda Truan, fue condenado a 5 años de presidio, pero en 2011 pudo optar a la libertad condicional.
Como una hormiga
María Angélica Monares sigue decepcionada y molesta. En su momento reconoce que se sintió como una hormiga aplastada, sobre todo cuando el entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, tuvo un trato displicente con los familiares de las víctimas. “A mí me hubiese gustado que él pagara con cárcel, al igual que Cereceda, por su arrogancia. Había gente que montaba en cólera, que le daban ganas de pegarle una bofetada en el rostro”, recuerda.
No entiende por qué la orden fue mandarlos a marchar cuando las condiciones climáticas no eran las óptimas; dice que escapa a la razón: “Fue tan incoherente. Había que tener sentido común y un pequeño grado de humanidad”.
Con la pena de haber perdido a un hermano, María Angélica Monares tuvo que sacar fuerzas, priorizando su “obligación” de hallar responsables cuando a un familiar de sangre le ocurre una desgracia. Asegura que el tesón de su familia fue la clave para que- en parte- el Ejército asumiera su culpa: “Me atrevo a decir que de no haber una familia Monares que perseverara para meter militares presos no habría pasado nada y los 44 muchachos sólo habrían sido héroes anónimos. Les habrían dicho a los papás: su hijo cumplió con la patria, ¡ahora páguese con 200 lucas y cáguese de la risa!”.
“Cuando él volvió ni siquiera venía con botas, venía con zapatillas y sin su parka gore-tex porque se la pasó al soldado conscripto Ricardo Peña, que trabajaba con él en la alimentación”, cuenta María Angélica, quien además cuestiona esta especie de “figura heroica” que se reconoció al experto en montaña, capitán Claudio Gutiérrez, quien –según sus palabras- ordenó a su hermano seguir la marcha con zapatillas:“Camaradas como él, le dieron el tiro por la espalda a mi hermano”, asegura.
Aunque no espera que la institución castrense reconozca el sacrificio de Luis Monares y de los 44 soldados que fallecieron en Antuco; al contrario, dice que será la propia historia la que les dará el debido reconocimiento: “Si uno analiza fríamente, 44 soldados fallecidos y uno sólo de planta deja en evidencia quién realmente se la jugó por ellos”.

Repetimos, ¡no hay alerta de Tsunami!

Recorrió el mundo en portales de noticias extranjeras que daban cuenta de un falso tsunami que hizo arrancar a gran parte de la provincia de Concepción con un saldo de dos muertos por paros cardiorrespiratorios. Un “chasco” no menor; preludio del 27/F, que en ese caso sí debió haber generado alertas tempranas para la comunidad afectada.
Pese a que las autoridades, a través de los medios de comunicación y bomberos, avisaron de la falsa alerta, la confusión y el pánico se apoderaron de la población y hubo casos de personas que se negaban a bajar de los cerros. Pasaron varias noches a la intemperie.
La investigación del Ministerio Público determinó que funcionarios de la Armada de Talcahuano habrían malinterpretado un fax emitido por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), que alertaba de un sismo y tsunami en una isla del Pacífico occidental. Ese mismo año la Fiscalía Naval sobreseyó el caso.

Tres fallecidos deja derrumbe en cerro La Pólvora

Un fuerte temporal de viento y lluvia azotó a Concepción en 2005. La Región del Biobío fue una de las más afectadas, declarándose estado de emergencia. Ese año hubo 10 mil 564 damnificados, de los cuales 836 se encontraban en situación de albergados. Por causa de las prolongadas y fuertes lluvias, el terreno de una parte del cerro La Pólvora comenzó a ceder, provocando un derrumbe que arrasó con casas y acabó con tres fallecidos: Ninoska Esparza, de 15 años; José Osorio, de 72 años, y Bárbara Cabrera, de 23 años.
La más joven de las víctimas tuvo un gesto que incluso conmovió al entonces Presidente Ricardo Lagos. “Antes de fallecer salvó a varios menores y adultos de morir. Murió ayudando al prójimo y estamos muy orgullosos de ella”, contaba su emocionada madre, Ana Rosa Mellado, a los medios regionales.
En 2008 familiares de la estudiante presentaron una demanda por $650 millones en contra de la Municipalidad de Concepción, ya que a su juicio ésta no prestó el debido auxilio a las tres víctimas y descuidaron la mantención del cerro. En 2011 la Corte de Apelaciones de Concepción no dio lugar a la demanda civil.

2006

Tragedia militar en Puente Quelén- Quelén

Sin dimensionar aún lo ocurrido, el suboficial (r) del Ejército, Jorge Miranda Pedreros, entonces jefe de la banda instrumental del Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco, preguntó a uno de los soldados sobrevivientes qué estaba pasando. El “flaco” -como cariñosamente lo llamaba- le dijo con tremenda fortaleza: -¡Mi suboficial!, tuvimos un accidente cuando íbamos a Cañete.
La trágica mañana dominical terminó con 19 muertos, cuando el bus en el que viajaban se estrelló a la altura del Puente Quelén-Quelén y cayó desde 15 metros de altura a las aguas del río Tucapel, el fatídico 12 de noviembre de 2006.
Hoy, Jorge Miranda es uno de los nueve sobrevivientes del accidente que enlutó al Ejército. Estuvo siete días en la UCI, casi un mes hospitalizado y por todo un año con rehabilitación, tras haber sufrido diversas lesiones de gravedad.
El viaje fatal
Partieron a las 9 horas en bus, ya que habían sido invitados al aniversario de la comuna de Cañete y allí debían estar a mediodía. En la ocasión, además se declararía hijo ilustre al tambor mayor de la banda de guerra del Regimiento Chacabuco, Roy Reyes Chávez. “Por primera vez teníamos a un soldado conscripto como tambor mayor. Creo que fui uno de los impulsores de esto, porque siempre pensé en la imagen que proyecta el Ejército hacia la civilidad”, cuenta Miranda.
Estando en el bus, algunos de los uniformados se pusieron a dormir, puesto que ya era una costumbre viajar. “El bus era muy cómodo y ese día el chofer, Juan Macaya, nos llevó unas películas. La película que vimos esa mañana fue Destino Final 2, pero yo la había visto, así es que me quedé dormido”, recuerda.
Cuando finalizó la película- a la altura de Curanilahue- pusieron otra (Cementerio Palpito), y que al parecer no les gustó mucho por lo que Miranda decidió ir a cambiarla. “Fue ahí cuando me cambié al tercer asiento, a la altura del monitor, pues antes me había sentado en el primer asiento del lado derecho, más bien por un tema de rango, que siempre se hace en el Ejército”, explica.
En el tercer asiento y con el control remoto que aún conserva, se quedó dormido. Dice que de no cambiarse de puesto, no estaría contando la historia. “Todos -de la mitad del bus hacia delante- fallecieron. Soy el único que sobrevivió y el que tiene un espacio bloqueado en la mente. Sólo recuerdo que el bus perdió el control y miré por el pasillo; ahí vi cómo se ondulaba el paisaje y perdí la conciencia”, cuenta.
Música y dolor
El momento más doloroso fue cuando se enteró- a través de Radio Bío Bío- de la lista de fallecidos. “Cuando estaba en la UCI preguntaba qué había pasado y nadie me daba una respuesta. Estaba en una burbuja, no tenía las cosas muy claras. Cuando empezaron a dar los nombres de los fallecidos, el dolor fue grandísimo. Eran mis cabros, yo los quería mucho”, relata el músico.
Jorge Miranda confiesa que a pesar de los seis años transcurridos, el recuerdo sigue vivo. Dice que le encantaría que el Ejército reconociera al músico militar, por su trayectoria y por ser- en muchos casos- un modelo de inspiración en civiles que entran a las filas castrenses por haber visto y escuchado tocar a una banda militar.

Temporal dejó cientos de afectados y 10 muertos por derrumbe en Chiguayante

El temporal abarcó más de 1.300 kilómetros de territorio nacional, desde la región de Coquimbo hasta la de Los Lagos. Sin duda es uno de los más recordados sobre todo por los habitantes del Biobío, por los daños y pérdidas humanas que tuvo.
Con más de 13 mil personas afectadas, 140 albergados y 622 damnificados, el temporal de lluvia y viento preocupó a las autoridades que decidieron declarar por entonces “zona de catástrofe” a la Octava Región.
Un hecho lamentable sucedió el martes 11 de julio de ese año, cuando un derrumbe en las faldas del cerro Manquimávida de Chiguayante acabó con la vida de diez personas: tres de ellos eran voluntarios de bomberos que se encontraban socorriendo a los vecinos de calle 18 de septiembre, de Valle La Piedra I. Entre los fallecidos se encontraba el capitán de Bomberos de la Tercera Compañía de Chiguayante, Rodrigo Mora, el comandante Luis Inostroza y el teniente Julio Muñoz. Los mártires fueron homenajeados por familiares, compañeros y ciudadanos que conocieron de cerca sus espíritus de servicio.

Alcaldes Portus y Aste fallecen con sólo horas de diferencia

Ambos eran de la DC, líderes de Talcahuano y Concepción y con amplia trayectoria política. Leocán Portus Govinden y Guillermo Aste Pérez fallecieron el mismo día y con tan sólo 6 horas de diferencia.
Portus, alcalde de Talcahuano por 25 años, murió a causa de un cáncer que lo mantuvo alejado del municipio en los últimos meses mientras que Aste, alcalde electo en tres periodos, falleció a causa de un derrame cerebral. El médico inició su primer período en 1963 y el último en 1994. Las comunidades del puerto y de Concepción, con más de dos mil personas, se volcaron a las calles a despedir a los históricos de la DC local.
Fraude electoral
Un hecho que no estuvo exento de cuestionamientos y que mantuvo “en vilo” a los choreros -esperando el voto a voto- fue lo ocurrido en las elecciones municipales de 2004, cuando en una primera instancia se dio por ganador al candidato de la UDI, Erick Vergara. El mismo Leocán Portus, pese a su vasta trayectoria, dijo esa vez que había sido su campaña más dura, pero a la vez la más bonita. Y claro, si al final se comprobó que la diferencia de votos era a favor de Portus y el caso incluso llegó a justicia. “Mi abuelo sacó 8.000 votos de diferencia, ¿quién hizo trampa?”, se pregunta el nieto que a futuro aspira ser alcalde de Talcahuano. El llamado caso fraude electoral fue anulado por la Corte de Apelaciones, entidad que en marzo de 2007 ordenó repetir el juicio en contra de Edison Villegas, acusado de manipular los votos, pero quien fue absuelto el 6 de junio de ese año.

2007

Un muerto y todas las miradas en Arauco

La muerte del trabajador forestal Rodrigo Cisternas, el 3 de mayo de 2007, cambió radicalmente el escenario del conflicto forestal de la provincia de Arauco, abriendo aristas políticas, sociales y judiciales que se sumaron a las aspiraciones laborales.
El conflicto se desató por los bajos sueldos de los obreros contratistas y las condiciones laborales en que se desempeñaban. En marzo de ese año, los sindicatos habían logrado instalar una mesa de trabajo con la empresa que tuvo puntos insalvables, por lo que el 1 de mayo la paralización de 5 mil trabajadores fue inevitable. Tras la muerte de Cisterna, la activa mediación del arzobispo de Concepción en la época, monseñor Ricardo Ezzati, y del gobierno, ésta última considerada tardía, logró el acuerdo deseado: un alza de 65 mil pesos en el sueldo fijo más un aguinaldo de 24 mil pesos para Fiestas Patrias y Navidad.
El gobierno pidió un ministro especial para la investigación del caso y la Corte Marcial nombró a Renato Nuño. Siete meses después, a comienzos de diciembre, cerró el caso sin responsables.
Rodrigo Cisternas murió a causa de tres impactos de bala cuando se hallaba sobre un cargador con el que trató de embestir un bus policial. La ex presidenta Bachelet dijo que la muerte de Cisternas fue “la derrota de todos”, pero el costo político lo pagó el gobernador de Arauco, Rodrigo Rivas, con la salida del cargo.
Hace unos días, el 3 de abril de 2013, el Estado de Chile fue condenado a cancelar una indemnización de 30 millones de pesos a la viuda Evelyn Sanhueza y a su hijo Rodrigo Cisternas. La sentencia, dijo, “en algo me trae paz”, al esclarecerse lo ocurrido el 3 de mayo de 2007 frente a la Planta Horcones, en Arauco, cuando fuerzas especiales arremetieron en contra de los huelguistas para despejar el ingreso a la industria forestal.
“Por lo menos ayuda a limpiar su imagen; dijeron que andaba drogado, curado y no era verdad. Lo único que hizo fue subirse al cargador frontal y tratar de defender a sus compañeros. Otros cinco compañeros intentaron hacer lo mismo, pero quedaron botados. Él fue el único que pudo volver tras la encerrona que les hicieron por el norte y por el sur. Nadie les dijo que tenían un minuto para desalojar; los atacaron con el zorrillo, bombas lacrimógenas y bastones”. La viuda aseguró, sin embargo, que sólo quedará tranquila cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie por la demanda interpuesta en ese organismo internacional. Entonces, “tendrán que dar de baja a todos cuantos dispararon y, principalmente, a quien dio la orden de disparar”.
Otros cuatro operarios fueron beneficiados con 10 millones de pesos cada uno, mientras que un quinto, que perdió la vista en su ojo izquierdo, recibirá 20 millones de pesos. Todos fueron heridos de bala durante el enfrentamiento entre los trabajadores y Carabineros. En su resolución, el tribunal cuestionó la conducta del personal de Carabineros y la violencia desproporcionada con que enfrentó a los trabajadores forestales que se movilizaban.

La caída de los líderes de la CAM

En el Ministerio Público de la Región se frotaban las manos ese año y entre los comuneros mapuches que apoyan a la Coordinadora Arauco Malleco había rabia. En 2007 se terminaba de detener a la cúpula de la entidad indígena radicalizada. El 21 de febrero fue arrestado en Concepción Héctor Llaitul Carillanca (39), acusado de ataques incendiarios y quien estaba prófugo desde 2004. Su traslado a Nueva Imperial -donde era requerido- fue cinematográfico, así como el de José Huenchunao Mariñan (36), co fundador de la CAM y quien fue arrestado el 20 de marzo en Cañete. Está condenado por incendio por el tribunal de Collipulli y permanecía en la clandestinidad desde el 23 de agosto de 2004. Ambos se sumaron a José Llanquileo (27) arrestado el 17 de noviembre de 2006 en Lleu Lleu. Esas detenciones motivaron una huelga de hambre de presos mapuche que otros imputados, en el marco del “conflicto mapuche” por distintas causas, han continuado.

2008

Octubre El “Retamalazo” del alcalde de San Pedro de la Paz

En las municipales de 2008, nadie daba un peso por este profesor normalista -de 59 años entonces- pero que terminó desalojando al histórico Jaime Soto Figueroa de la alcaldía de San Pedro de la Paz. Lo consiguió con el 36,77% de los votos (10.908) mientras que Soto debió contentarse con un 25,2% (7.505) de las preferencias e irse para la casa.  Esas elecciones sí que fueron convulsionadas para la Concertación y la Alianza. En San Pedro salía derrotado el socialista Jaime Soto y en Coronel, su camarada René Carvajal era destronado después de 16 años en el cargo por el independiente de Derecha, Leonidas Romero; en Lota el DC Patricio Marchant fue desbancado por Jorge Venegas, del Juntos Podemos, con un 37,17%; en Talcahuano, el asistente social DC Abel Contreras caía frente al socialista Gastón Saavedra, y en Tirúa, el RN José Aniñir  anulaba al alcalde Adolfo Millabur.
El “escuchado o el que escucha” significa su nombre y aseguraba que bajo la apariencia de un hombre hosco y gruñón, consigue muy buenas relaciones humanas; que tiene habilidades futbolísticas y en el barrio lo comparan con Carlos Caszelly y que por publicitar lo que dijo la Contraloría –denunció a Nelly Monsálvez, quien además de ser directora de administración y finanzas de la Municipalidad de San Pedro, cumplía funciones remuneradas como asesora de salud y educación, por las que percibió $45 millones, insistía- enfrentaría una querella por injurias y calumnias que lo llevarían a cumplir reclusión nocturna a partir del 10 de octubre de ese año. Cuando le tocó asumir, ya estaba limpio de polvo y paja y prometía llegar a destapar la olla en el municipio y limpiar su nombre. Tal sentencia, sin embargo, lejos de perjudicarlo, se transformaría en una de sus fortalezas y en una tremenda votación de respaldo.
En Talcahuano
En las mismas municipales, Talcahuano eligió a Gastón Saavedra Chandía, con el 44,06% de los votos (27.929 sufragios), que consiguió su triunfo a fuerza de porfía y trabajo en las calles.  Ya electo, prometía trabajar con denuedo por Talcahuano; ir a La Moneda para lograr incentivos a la inversión y acabar con el 10,9% de cesantía : “Los choreros amamos nuestra tierra y nos identificamos con Talcahuano, con el cacique, sus cerros, su mar y su gente; quiero lo mejor para ellos”, decía.

2009

El Martillo de la Eme: poderoso y extravagante

Un turbillón de oro macizo con una efigie de faraón era el amuleto de Reinedio González Durán, este hombre narcisista, supersticioso, inteligente y analfabeto que, como el colombiano Pablo Escobar Gaviria, apadrinaba equipos de fútbol y ayudaba a otros a capitalizar con droga. Más conocido como “el Martillo” o “el Faraón”, González fue detenido por la PDI el 19 de marzo de 2009 en un operativo histórico con más de 200 hombres armados hasta los dientes y 50 vehículos que coparon de manera simultánea una veintena de puntos de distribución de droga ligadas a su rentable negocio.
En su búnker de la población 18 de septiembre o Emergencia, en Hualpén, la policía no halló drogas, pero incautó armas, obras de arte -falsificadas, según expertos- costosos vehículos, electrodomésticos, joyas y $35 millones que dan cuenta de un buen pasar y de ingresos que no tendría cómo acreditar ante el tribunal. En estos detalles se centraría el juicio oral que se inició el 8 de abril de 2011. El ex fiscal Andrés Cruz estaba pidiendo 25 años de cárcel para el imputado, pero el tribunal Oral en Lo Penal de Concepción le aplicó 15 por los delitos de tráfico de drogas agravado y lavado de activos.
Impertérrito, sentado en el living de su casa recibió a los detectives que lo detuvieron. Lucía un turbillón de oro macizo con una efigie de faraón -una pieza única y procedente de Italia, probablemente-, y ni se inmutó con la irrupción policial que echó las puertas abajo en el Pasaje 1, casa 2890, ni cuando le pusieron las esposas de seguridad. A las consabidas preguntas de la PDI, este hombre de 50 años sólo repetía: “Yo no tengo droga, yo no tengo nada, yo estoy limpio”.
En su poder, efectivamente no tenía droga, pero bajo una escalera guardaba un saco con billetes de mil pesos. Dicen que estaba juntando dinero para mudarse al exclusivo barrio de las Lomas de San Andrés, en Concepción. O, como ya es mito, sin saber qué más hacer con tanto dinero, impedido de depositarlo, juntaba papel moneda para empapelar una casa en un barrio y ciudad que la policía no ha podido hallar. “Nunca pudimos establecer si tapizó o no las paredes con billetes de la droga”, admitió la policía.
Singular es la historia de Reinedio González, un hombre analfabeto pero inteligente, hijo de delincuente que le antecedió con el mismo apelativo de El Martillo, y que lleva más de 20 años actuando en droga. Un “gallo bien” para el mundo del hampa, preocupado de su físico, de su ropa, pelo y apariencia, amante de las chaquetas de cuero, de las fiestas y de las zapatillas de marca, pero que no usa ni celular ni teléfono. En el negocio de la droga, a él le gusta impartir órdenes en persona.
Por eso, reconoce la policía, le costó reunir los medios de prueba en contra del acusado. En sus inicios, fue un tipo de poca monta, de robo con intimidación y lanzazos, pero “hay que reconocerle que para su nivel es muy hábil; en su refugio se había hecho fuerte y se mantenía incomunicado. No había cómo detenerlo”.
Todo cambió cuando se puso en marcha la Operación Egipto y cuatro bandas por asociación ilícita para el tráfico de drogas fueron sacadas de circulación por la Fiscalía de Talcahuano a partir de 2008: la de “Yohanni” –sobrino de Reinedio González y ya condenado a 10 de años de cárcel- la del Martillo, luego la de su hermana Irma, y la de “Pie grande”, otro sobrino.
La espectacular captura de González, y de su mano derecha, Pedro Salinas (condenado por asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de fuego), se planificó en sordina en el cuartel de Angol 815 y en el ex regimiento Chacabuco, en Concepción. No más de cinco jefes policiales -se conoció después- sabían del operativo que se pospuso varias veces, y que permitió, finalmente, echarle el guante sin ninguna resistencia de por medio.

2010

27/F: El día en que la tierra se volvió loca

Esa madrugada en que la tierra pareció volverse loca durante tres largos minutos y el mar intentaba ahogarla, Clara Pincheira Bello (74) velaba a su marido Manuel López Villegas, de 76 años. En su casa de calle Principal 37, en Caleta Tumbes, vecinos, amigos y familiares hacían tiempo para la hora de su funeral previsto para las 9. En eso estaban cuando vino el remezón, todos salieron arrancando en dirección al cerro y “a él lo dejamos ahí; sabíamos que iba a subir el agua, pero nunca imaginamos que se iba a llevar las casas”, cuenta ella.
Con el paso de las horas y cuando ya el agua había bajado un poco, sus hijos hallaron el cajón a mal traer bajo piedras, arena y un montón de palos y al occiso con las piernas colgando. Lo acomodaron como mejor pudieron, envolvieron el ataúd en una frazada, lo amarraron y partieron hasta el Cementerio N°2, en Talcahuano. “La funeraria llegó a la hora convenida”, dice, a buscar a su viejo, a quien le atribuye el milagro de haber salvado el bote con motor fuera de borda y en el que hoy trabaja Nelson, su hijo menor, tan pescador como el padre y sus dos hermanos mayores. En Penco, cuenta, hallaron la embarcación. Todavía conservaba algunas redes.
Como Clara Pincheira, otros hurgaron en sus recuerdos y rehicieron la ruta de la muerte que se llevó a sus seres más queridos o a sus amigos. Desde los escombros o fierros retorcidos, desde los techos o con el agua al cuello se dieron la mano, pusieron ingenio y sobrevivieron en lucha titánica con las fuerzas de la naturaleza en historias que ponen los pelos de punta.
Tres años tenía Arturo cuando el mar se lo arrebató a su madre en Santa Clara, una de las poblaciones de Talcahuano devastada por el tsunami de febrero de 2010. Y ella se quedó para siempre con el grito desgarrador del niño llamándola. Lissete Silva Silva (26), en estado de schock, recién se enteró de la muerte de su pequeño al anochecer de aquel día 27. Todavía no entiende por qué no escapó.
Y así como en este barrio todavía hay pena por Arturo, en otro punto de Talcahuano sigue latente el dolor del superintendente de Bomberos Luis Fregonara Molina por su fallecida esposa María del Pilar Bermúdez Bustos. Aplastada por el derrumbe de un muro contiguo, en Bulnes 178, también murió su suegra, María Cristina Bustos. Con su uniforme de bombero, el diputado Jorge Ulloa llegó a prestar ayuda y enterado del suceso, volvió con dos ataúdes que halló flotando en las inundadas y obscuras calles del puerto.
En Talcahuano y en Dichato, entre otras localidades costeras, el mar descargó su furia.

Cinco olas llegaron a la costa

El informe de los investigadores de la U. de Concepción que despeja número y horarios de las cinco olas que “atacaron” las costas de la región el 27/ F ayuda, sin duda, a recomponer los hechos desde una mirada científica. Son las mismas olas, sin embargo, que siguen complicando al mundo político y de las que, en voz del ex gobernador de Concepción, Eric Aedo Jeldres, que estuvo esa madrugada en la primera línea de mando, en la Prefectura de Carabineros de Concepción, no se enteraron hasta bien avanzada la mañana.
“Cuando recién el oficial de la Armada nos estaba informando que no había tsunami en Talcahuano, ya había entrado la primera ola. Y cuando el intendente Jaime Tohá estaba diciendo en la radio Bío Bío que no había tsunami, la segunda ola ya estaba entrando al puerto”, recordó.  Eran ya las 4.35 horas.
Faltarían -no obstante- contabilizar otras tres, según concluye un estudio de los científicos Marcus Sobarzo, Luis Bravo y Renato Quiñones, del Departamento de Oceanografía; junto a Andrés Tassara, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción; y José Garcés Vargas, de la Universidad Austral, quienes llegaron a la conclusión, entre otros puntos, que cinco olas golpearon las costas con elevaciones de entre 1.5 a 2 metros por sobre el nivel medio del mar: la primera, que no fue mortífera, 20 minutos después del sismo 8.8 Richter, aunque sí las de las 4.30, 5.15, 6.15 y 6.45 de la mañana.
Los científicos analizaron los datos que proporcionó un instrumento instalado por ellos en el mar, 38 días antes del terremoto, para medir originalmente velocidad y dirección de corrientes marinas y es, como precisó el periodista Salvador Schwartzmann en Radio Bío Bío, “el único y exacto registro de las olas del tsunami y sus consecuencias, después del terremoto”.
Sacudones políticos
Las réplicas del 27/F continúan. Y aunque el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende asumiera sus culpas por una tardía reacción del gobierno, la vuelta al país de la ex presidenta Bachelet –ahora como candidata presidencial- promete nuevos sacudones. Políticos, al menos.
Y aunque han pasado tres años, en la memoria colectiva –reconstrucción de por medio- aún están frescas las vicisitudes de lo que vendría después del sacudón: el saqueo a supermercados y tiendas.

2011

Jackie, el huracán de la política penquista

Estuvo sola y tragando saliva después que salió de la Intendencia, pero no olvidó su máxima: “La política es sin llorar”. Instaló su boutique “Belgic” en honor al bisabuelo que sobrevivió en condiciones extremas y ha vuelto a acaparar el escenario político como candidata de la UDI al Senado por la circunscripción Octava Costa. Poco ha cambiado y en los últimos días hasta llamó “al orden” a Renovación Nacional para que se decida por un acompañante que esté a su altura. Irónica o no, públicamente reconoció que su archirrival, Claudio Eguiluz, tendría el potencial para competir a su lado y enfrentar a su segundo rival: el senador Alejandro Navarro.
Tremenda, como las películas que le gusta ver -“ de esas con patadas, combos y escupos”- como dijera a NOS en 1995 es nuestra ex intendenta Jacqueline van Rysselberghe Herrera (47), que catapultó a la Región del Bíobío a las portadas de la prensa nacional, tras ufanarse, micrófono en mano, de haber pasado gatos por liebres al gobierno de Piñera con los “terremoteados” de la población Aurora de Chile y de Bulnes.
Treinta años tenía cuando confesaba su afición por las series de acción y comenzaba su carrera política como concejal de la UDI en Concepción. Nadie imaginaba que este prototipo de mujer de los ’90, profesional, madre y dueña de casa aficionada a bordar y a tejer a crochet, se convertiría en un huracán de la política: “Existe reticencia de parte de los hombres hacia las mujeres que los igualan o superan en capacidad. En todo caso a mí no me han discriminado nunca, pero también es porque sé pegar patadas muy fuertes”, aseguraba.
Y vaya si dio patadas y fuertes en los siguientes 16 años como concejal, alcaldesa y en su fugaz paso como intendenta. Apenas se hizo fuerte en Aníbal Pinto 266, la sede de gobierno que como alcaldesa disputó sin éxito con el ex gobernador concertacionista Eric Aedo para reinstalar allí el edificio consistorial, mandó a cambiar el nombre del salón principal. Ya no se llama “arzobispo José Manuel Santos” como había rebautizado Aedo el protocolar salón de las banderas del ex régimen militar.
Pese a todo el barullo político que se armó en febrero de 2011 -si mintió o no mintió al gobierno o al Minvu, si manipuló o no a los pobladores, si el subsecretario de Vivienda sabía o no lo que se tramaba y si pretendía favorecer algunas comunidades en desmedro de otras de la Región – como la acusó Alejandro Navarro -la acusación constitucional en su contra no prosperó porque renunció a la Intendencia del Biobío.
“Usé mal el lenguaje”
¿Pero qué fue lo que dijo a los pobladores de la Población Aurora de Chile y que causó tanto escozor? que un 60% de la población no tenía certificados de inhabitabilidad porque las casas no estaban “terremoteadas”. Sin embargo, se beneficiarían igual del proyecto de reconstrucción de viviendas, porque había logrado convencer a Santiago que sí estaban afectadas o destruidas.
Se salió de madre a un año del 27/F y sus dichos que trascendieron a la opinión pública provocaban otro sacudón mayúsculo, pero de orden político, con acusaciones de ida y vuelta de grueso calibre. No obstante, en mayo de 2011, un informe de la Contraloría la liberaría de culpa al precisar que no existieron irregularidades en la entrega de viviendas de emergencia en Concepción y tal como lo reconoció ella, el enredo se produjo más bien por “un mal uso del lenguaje”.
El organismo la absolvió también de la acusación que interpuso el diputado Gabriel Ascencio (DC) en cuanto a irregularidades en el listado de beneficiarios con eventuales certificados falsos de inhabitabilidad en Bulnes.

En accidente muere diputado Juan Lobos

Cuando era trasladado al hospital de Yumbel falleció el diputado de la UDI Juan Lobos, quien volcó en su vehículo mientras se dirigía al aeropuerto Carriel Sur, de Concepción, a las 6.50 horas del 11 de abril para viajar a Santiago. Su hija María Constanza Lobos (21), quien acompañaba al parlamentario, sufrió lesiones de gravedad. De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el parlamentario chocó con caballares; perdió el control del vehículo, traspasó la calzada y volcó a un costado de la ruta Cabrero-Concepción, a la altura de Tomeco.
El médico y parlamentario cumplía el segundo período por el distrito 47 e integraba las comisiones de Salud, Vivienda y Desarrollo Social. Era casado, tenía 3 hijos, y se desempeñaba como médico y cirujano del Hospital de Los Ángeles.

2012

Triste fin político del alcalde Marcelo Rivera

De poco y nada sirvieron los vistosos letreros -“Estamos contigo Marcelo”- o la presencia de dirigentes sociales de Hualpén en las afueras del Juzgado de Garantía, en Talcahuano, porque Marcelo Rivera Arancibia terminó yéndose a El Manzano para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por la jueza Humilde Silva Gaete. La magistrada estimó que constituía “un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Desde temprano hubo agitación en el tribunal de Talcahuano ese viernes 27 de enero de 2012 con el arribo de los ocho funcionarios de la Municipalidad de Hualpén, imputados por distintos ilícitos.
Los más graves pesaban -y pesan aún – en contra de Marcelo Rivera por los ilícitos de cohecho –habría recibido dádivas y privilegios del empresario Rubén Moraga Rojel-; fraude al Fisco, porque este mismo empresario extrajo gran cantidad de arena, supuestamente autorizado por el ex alcalde, y habría pagado derechos muy menores a la Municipalidad de Hualpén; exacción ilegal, por solicitar recompensas ajenas a los derechos legales, y lavado de activos, porque con los dineros recibidos por medio del fraude fiscal y cohecho, el ex jefe comunal habría adquirido un total de 10 bienes inmuebles y vehículos, tres inscritos a nombre de terceros y siete a nombre propio en distintos registros públicos por un total de 134 millones de pesos.
De los cuatro cargos, el más grave es la acusación por lavado de activos que en caso de condena le significarían un piso mínimo de 11 años de cárcel sin beneficios.
Hoy, y tras permanecer tres meses en El Manzano, pasó de cumplir arresto domiciliario total en su domicilio de Hualpén a régimen nocturno entre las 22 y las 6 horas en su parcela de Tomeco, en las cercanías de Yumbel por disposición de la Corte de Apelaciones de Concepción mientras se inicia el juicio en su contra.
Ya en libertad, el ex alcalde ha precisado que “el relato de la fiscalía (delitos económicos) no guarda relación con lo que vamos a demostrar en el juicio” y que el daño en lo personal, en lo político y en lo familiar “ha sido desastroso”, pues la investigación sepultó sus intenciones de aspirar a una senaduría y ni siquiera le fue posible asumir como jefe de gabinete de su sucesora, la alcaldesa Fabiola Lagos.
Investigación secreta
En contra del ex alcalde, el Ministerio Público inició una investigación secreta por dos controvertidos hechos: su propia denuncia por la pérdida de $80 millones desde el departamento 903, Condominio Rodrigo de Triana, en los Conquistadores n° 8695 siniestrado por el 27/F y las denuncias en su contra que formulara en calidad de testigo secreto el ex funcionario municipal y amigo suyo, Patricio Mellado. En su momento, las indagaciones que llevaba a cabo el fiscal de Talcahuano Andrés Cruz se filtraron y la representación del caso a sus superiores le valió el alejamiento del cargo.
Durante la audiencia de formalización, Rivera escuchó con atención al fiscal Francisco Ljubetic, quien detalló cómo, con préstamos en Coopeuch, diez funcionarios reunieron un fondo de $20 millones correspondiente al precio pactado en la escritura pública (4 de noviembre de 2008) de compraventa del inmueble de calle Finlandia Nº 1404, en la Población Armando Alarcón del Canto, destinado a “Casa ciudadana” y de cómo, también, cubrieron esos préstamos, entre un $1.065.188 y $5.300.000 , con el pago de horas extraordinarias que se efectuaron con recargos calculados al 25 % y/o al 50%, dependiendo del caso, por un monto total de poco más de 35 millones de pesos.
En la misma audiencia, Ljubetic expuso que por hacer vista gorda con Las Tejas, para la extracción de áridos en Hualpén, el ex alcalde Rivera recibió para sí $100 millones de pesos en efectivo (7 de octubre del 2009) en dependencias de la sucursal Catedral de Concepción, del Banco Santander de parte de José Rubén Moraga Rojel. Un mes después obtuvo un primer cheque por un millón de pesos, el que cobró por caja en el mall Plaza Trébol, el chofer Víctor Castro. Al año siguiente (22 de febrero del 2011), Moraga le giró un segundo cheque por $2 millones, el que cobró Mario Gutiérrez Pastorini y el 8 de marzo de 2011, cobró un tercer cheque por $2 millones, lo que equivale a un total de $105 millones de pesos.

2012

Incendio consume Mall Plaza Trébol

Quinientos voluntarios de Talcahuano, Concepción, San Pedro, Coronel y Arauco concurrieron el 24 de febrero de 2012 a sofocar las llamas que consumieron un 30% de las instalaciones del mall Plaza Trébol, en Talcahuano.
El fuego comenzó en una de las bodegas de la tienda Ripley, aparentemente por un monta carga sobrecargado, el que era usado en las labores de remodelación de la multitienda. La máquina habría provocado las chispas que iniciaron el siniestro y luego se extendieron a otras tiendas causando pérdidas millonarias.
Durante toda la noche los bomberos estuvieron combatiendo el fuego, pero alrededor de las 4 de la mañana el fuego llegó hasta el tercer nivel, consumiendo por completo la tienda Ripley y afectando gran parte del patio de comidas del segundo piso.
A menos de una semana del incendio que consumió un 30% de su superficie, el mall volvió a abrir las puertas al público. Las pérdidas fueron millonarias, en especial para Ripley que perdió todas sus instalaciones, incluyendo las que estaban a punto de ser entregadas.

Mueren 6 voluntarios de Un Techo para Chile

En un trágico accidente entre una camioneta Fiorino perteneciente a la fundación Un Techo para Chile y un camión Tolva que trabajaba para una empresa forestal, cinco voluntarios de Un techo para Chile murieron en el sector Puente Pilpilco, en Los Álamos, provincia de Arauco.
Un sexto ocupante del vehículo menor, Antonio Farías, de 24 años y estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la U.de Concepción, murió en el Hospital Regional de Concepción.
Los jóvenes se dirigían el sábado 24 de marzo a Cerro Alto para finalizar la construcción de una sede para el campamento 21 de Mayo de esa localidad cuando sobrevino la tragedia. Eran Constanza Escobar Sánchez, estudiante de Diseño Industrial de la UBB; Laura Abufarhue, Francisca Bolados Henríquez, estudiante de primer año de Sicología de la UDD; Juan Pablo Dauros, estudiante de cuarto año en Ingeniería Civil Industrial de la U. Católica de la Santísima Concepción, Antonio Vásquez y Antonio Farías.

2013

Corte de Apelaciones anuló primer fallo desplome del Alto Río: ahora se juega la revancha

Dos años y medio después del 27/F la condena a 800 días de pena remitida para el ingeniero René Pettinelli Loayza, el único “culpable” para la justicia de los ocho imputados que fueron llevados a juicio por el desplome del edificio Alto Río enardeció a las víctimas de esa tragedia a pesar de los $1.497.286 millones con que serán indemnizados.
Los aplausos con que –tímidamente, primero- reaccionó durante la lectura de sentencia (diciembre de 2012) Verónica Riquelme, a los que se sumaron otros querellantes en la sala, no fue más que una ironía al fallo de los jueces Nancy Vargas Bustamante, Silvia Multizábal Mabán y Adolfo Cisterna Pino.
La caída del edificio Alto Río significó la muerte de ocho personas y siete con lesiones graves.
“Ganamos porque ni la Fiscalía ni los abogados querellantes hicieron bien su pega; acusaron, pero en el juicio no aportaron las pruebas necesarias y así lo recoge el fallo inapelable de la Cuarta Sala Oral en lo Penal de Concepción”, declaró entonces el abogado Alejandro Espinoza, defensa de seis de los ocho imputados, al profundizar el porqué el Tribunal Oral en Lo Penal de Concepción absolvió a los restantes siete presuntos responsables como acusó el Ministerio Público, entre ellos a los socios Ricardo Baeza, Juan Ignacio Ortigosa y Felipe Parra.
El abogado Espinoza que dedicó dos años –a tiempo completo- a prepararse para el juicio, estuvo en enero de 2012 en la U. de California, estudiando el comportamiento de las ondas sísmicas y las causas de la caída de edificios con los expertos que vinieron a declarar en el juicio. Reveló que para Alto Río la defensa enfrentaba dos caminos: pagar o establecer qué pasó costara lo que costara y asumir las consecuencias. Optaron por lo segundo. Para ello recurrieron a la U. Católica de Chile, a los especialistas del Dictuc y a la Facultad de Ingeniería de la U.de Concepción y “ellos nos dijeron –todos doctores en ingeniería- que no tenían la capacidad técnica para establecer por qué colapsó el edificio, pero que habían dos instituciones que -con certeza- sí estaban calificadas para hacer este estudio: la U. de California y una universidad de Japón”.
Partió a California y con varios millones de pesos de por medio, contrataron a un equipo de profesionales de dicha Universidad: al doctor José Restrepo -el mejor ingeniero calculista de Estados Unidos en 2012- y a los doctores Conte y Robert S. Dunham. Este último investigó la explosión del Challenger .
El abogado precisó que la norma técnica chilena NCh 433 exigible en el diseño de un edificio se remite a la ACI 318-95 estadounidense, con exclusión del capítulo que obliga al confinamiento de muros en una estructura de hormigón armado (algo así como que los fierros no abrazan al hormigón) de modo que todos los edificios construidos entre 1996 y 2008 en Chile estarían en condiciones precarias: “Algunos ingenieros y empresas inmobiliarias están tratando de ocultar esta falencia; los edificios pueden colapsar en un sismo, porque existe un problema normativo. La gente que está viviendo en edificios diseñados entre 1996 y 2008 están en una condición precaria”.
El profesional insistió en que el problema de la norma es gigantesco y que tal como lo expresa el fallo en el considerando 16, n°12, letra 11, pág.155, Petinelli no puso confinamiento a los muros, lo que debía hacer el esfuerzo sustantivo del movimiento del edificio. “El legajo de planos que conforman el proyecto de estructura, confeccionado por el Ingeniero Pettinelli Loayza, presentó inconsistencias y falta de detallamientos en algunos elementos”, dice el fallo. Y lo peor es que -siguiendo la norma- actualmente, todos los edificios están construidos de la misma manera, recordó Espinoza.
Todo de nuevo
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por los ministros Eliseo Araya, Claudio Gutiérrez, y César Panés, acogió por unanimidad los recursos de nulidad interpuestos por el Ministerio Público, en orden a que se anula dicho fallo, y ordenó el 28 de marzo de 2013 repetir el juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, lo que podría suceder a fines de abril.
La Corte no se pronunció respecto a las otras acciones legales presentadas por los querellantes, representantes de algunas de las víctimas, pero acogió las denuncias que realizó la Fiscalía en cuanto a que el Tribunal Oral en lo Penal penquista no ponderó detalladamente todas las pruebas que presentó el Ministerio Público, entre ellas el peritaje del Idiem (U. de Chile) donde se detectaron fallas en la construcción del edificio que fueron detonantes del colapso durante el terremoto.

Huachipato a Copa Libertadores
Ni Salfate lo pudo predecir

Fue una jornada épica la de aquel domingo 9 de diciembre en el estadio CAP. Después de una sufrida fase de Play Off, donde Huachipato ganó con lo justo todos sus encuentros, los de la usina debieron recibir a una intratable Unión Española que, por el contrario, había derrotado con holgura a quienes eran considerados los más poderosos de Chile futbolísticamente hablando.
Si hasta en la final de ida los acereros tenían la balanza en su contra: perdieron por un inapelable 3-1, dejando al elenco hispano con el Huemul de Plata prácticamente en el bolsillo. Al menos así lo creyeron muchos, pero el destino quiso escribir otra historia.
Pese a comenzar cayendo mediante una conquista de Dagoberto Currimilla, ex metálico; Daniel González, el “chuqui”, entregó la esperanza con dos certeros bombazos en el pórtico rojo. Manuel Villalobos, al último minuto logró llevar a los siderúrgicos hasta los penales.
Doce tiros fueron ejecutados por ambas escuadras, sólo tres le bastaron a Huachipato para, después de 38 años, volver a ser el monarca chileno. Nery Veloso fue el máximo héroe atajando prácticamente todo, lo siguió Omar Merlo quien anotó el gol del campeonato y se lesionó celebrándolo.
Y es que eso es lo hermoso del fútbol, que no siempre el más fuerte es el que gana. Como David venció a Goliat, al “acero” aquella noche tocó el cielo y arrancó una estrella para entregársela a un puerto lastimado y falto de alegrías.
Pero las hazañas no terminarían allí ¡No señores! Con un puesto en la Copa Libertadores de este año, Huachipato tuvo que demostrar que esto no fue sólo suerte. Pese a una campaña con altos y bajos, varios “grandes” de América conocieron su poder.
Gremio de Porto Alegre y Caracas fueron sus víctimas, cayendo a domicilio. Mientras que Fluminense debió conformarse con un empate por la cuenta mínima, también en casa. Dos victorias, un empate y dos derrotas mantuvieron a los acereros con la esperanza de clasificar a la siguiente fase. En Las Higueras sólo esperaban que la alegría continuara, lamentablemente Gremio dijo lo contrario .