Nuestra educación superior no es la misma de hace tres décadas. Mientras en 1983, registraba 160 mil alumnos, hoy alrededor de un millón 200 mil estudiantes ingresó a alguna Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica. Muchos viven con grandes carencias y, según los registros CASEN, en los últimos cinco años se duplicó el porcentaje de estudiantes del primer quintil.
Mientras debatíamos su futuro, el ranking QS Top Universities 2014 reveló que trece universidades chilenas figuran entre las cien mejores de Latinoamérica, y el primer lugar es ocupado por la Pontificia Universidad Católica. Esto deja a Chile como el cuarto país con más planteles dentro del ranking, superando a todos nuestros vecinos.
Pese a ello, la Presidenta ha enarbolado una iniciativa de gratuidad para 2016 que parece apresurada y carente de profundidad de análisis, calificada incluso de injusta y discriminatoria con los estudiantes, pues beneficiará a un grupo elegible por sus condiciones socioeconómicas, pero que no podrá hacer uso de él si no estudian en una universidad del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), en un Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica elegible.
A todas luces parece injusto que a dos familias con similares condiciones académicas y económicas, Chile no les dé las mismas posibilidades para educar a sus hijos sólo por la condición jurídica de la institución en que estudian, obligándolas a endeudarse o a hipotecar su bienestar.
Tampoco es eficiente utilizar un instrumento como la Ley de Presupuesto para resolver la promesa de gratuidad durante el 2016, pues los temas de la reforma de la educación superior –incluido su financiamiento- deben estar contenidos en proyectos de ley específicos para ese propósito.
Queda una sensación de apresuramiento e improvisación, quizás con un afán de calmar las expectativas ciudadanas, cumplir compromisos políticos o sólo por el afán de generar anuncios.
Cualquiera sea el caso, afectará a miles de familias que probablemente confiaron en que este Gobierno se haría cargo de las desigualdades, pero que finalmente no las resolverá y, eventualmente, las profundizará.