A 30 años de la implementación de este sistema, el MOP indica que se han licitado proyectos por un total de 27 mil millones de dólares, obras que han sido fundamentales en el desarrollo y mejora de la vida de los chilenos. El desafío, dice la secretaria de Estado, es alcanzar esa misma cifra en los próximos tres años.
Por Carola Venegas V.
La intensidad de las emergencias no da tregua a la agenda de la ministra de Obras Públicas, Jessica López Saffie. Fue expositora del quinto encuentro empresarial Impulsa -organizado por la CPC Biobío- donde junto a un robusto grupo de personalidades de la política, negocios y gremios participó en distintos paneles con la intención de fomentar apoyos entre todos los sectores, lograr acuerdos y potenciar la confianza entre lo público y lo privado.
Jessica López se encuentra a cargo de una de las carteras más desafiantes del gobierno, sobre todo, por las características de nuestra geografía, clima y la magnitud de las obras que obligan a crear, repensar y reconstruir permanentemente.
Ingeniera comercial, exejecutiva del Banco Estado (institución en la que llegó a ser la primera mujer presidenta), es reconocida como una profesional jugada, estricta y con una profunda mirada social. Le preocupan esencialmente los temas de acceso al agua y seguridad hídrica, la conectividad, la infraestructura social y seguridad ante desastres naturales.
-Y en ese aspecto, ¿cuál es su diagnóstico de la región del Biobío en cuanto a las obras desarrolladas desde 2010, año del terremoto y tsunami?
“El ministerio de Obras Públicas siempre tiene un rol relevante en todo el proceso de reconstrucción después de cada catástrofe. En la región del Biobío se ha trabajado en reponer más de 40 obras de infraestructura y edificación pública, como la reposición de los puentes que conectan Concepción con San Pedro de La Paz, Chiguayante-Hualqui, Conumo-Arauco y los bordes costeros de Dichato, Llico y Santa María. Ha sido un trabajo arduo y en etapas, en los que hasta la fecha se han invertido más de $226 mil millones de pesos”.
“La experiencia en un ministerio que maneja una cartera de inversiones de 3,2 billones es un valor, considerando que el 96% de la infraestructura y obra pública se construye con los privados. Además, contamos una diversidad de proyectos en todo el territorio nacional, que hace que se necesite una mirada estratégica e integral para avanzar en conjunto hacia la infraestructura que el país necesita para los próximos 30 años”.
-¿Hacia dónde se dirigen los esfuerzos ahora?
“Yo diría que nuestros esfuerzos están orientados a dotar de la infraestructura necesaria para soportar la estrategia de desarrollo de la región. En estos momentos para Biobío hay 12 licitaciones en proceso de adjudicación, 20 publicadas y en lo que queda del año hay agendadas 81 licitaciones, todo por un monto de $255 mil millones, destacando la Dirección de Vialidad, que considera un 64% del presupuesto”.
La ministra precisa que la cartera vigente para la región del Biobío contempla una inversión total de $1.7 billones, lo que incluye valores de arrastre, el gasto de este año e inversiones venideras. Dentro de las obras que componen la cartera resaltan el término del puente Bicentenario, la construcción del mejoramiento de la conexión vial Curanilahue-Nacimiento, por Bajo Los Ríos, y la ampliación de la conexión vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2, tramo Binimellis – 8 Oriente, entre otras. Sin contar con los proyectos que se están licitando estos meses vía concesiones, como el acceso Norte a Concepción y los electrocorredores de Concepción.
-Varias de las obras actuales han estado vinculadas a quiebras y se encuentran detenidas, ¿qué apoyos son necesarios para seguir construyendo?
“Una de las medidas que desde el ministerio de Obras Públicas hemos impulsado para hacer frente al alza de materiales y para que las obras continúen ha sido el pago del reajuste retroactivo. A la fecha, a nivel nacional, se han pagado $120 mil millones por concepto del reajuste polinómico extraordinario, a una cantidad de 595 contratos pertenecientes a 198 contratistas. En la región del Biobío el reajuste se ha pagado a 157 contratos pertenecientes a 36 contratistas por la suma de 10.480 millones de pesos. Y de las obras abandonadas, todos nuestros esfuerzos están centrados en retomar a la brevedad las acciones. De esta forma, tenemos dos que fueron por la quiebra de la Constructora Claro Vicuña. Una de ellas es el caso del puente Bicentenario, que en estos momentos se encuentra en adjudicación a otra empresa constructora que se encargará de terminar la obra, por un valor de casi 30 mil millones de pesos”.
–Dicen que usted está especialmente preocupada por la conectividad y cómo esto impacta en el ámbito comunitario y social. El plan Buen Vivir se aboca a la conexión y al desarrollo de obras para la conectividad de las personas que viven en zonas apartadas. ¿Cuál es la realidad de ese plan en nuestra región y qué zonas son las prioritarias?
“Lo primero es que el Programa de Infraestructura para el Buen Vivir, que fue creado en la Ley de Presupuestos 2023, contempla obras que están destinadas a atender necesidades de infraestructura que benefician a comunidades indígenas y rurales de las provincias de Arauco y Biobío, así como de la región de La Araucanía. Para Biobío, este plan cuenta con una cartera de 51 proyectos por un monto proyectado de gasto en el 2023 de M$108.694.190, para 158 contratos de obras, destacando las obras viales con M$88.407.817”.
-Generalmente asociamos las obras públicas con desarrollo y conectividad. ¿Qué otras obras públicas dan soporte al desarrollo en estos momentos, por ejemplo, en la disponibilidad de agua, infraestructura portuaria y otras, que sean relevantes en Biobío?
“Dentro de la cartera de licitaciones para lo que queda del año, en temas de disponibilidad de agua, destacan 11 licitaciones asociadas a servicios sanitarios rurales, entre ellas, el servicio de mejoramiento y ampliación de Antihuala, Temuco Chico, además de mejoramientos y/o construcciones en las comunas de Cañete, Yumbel y Angol. En infraestructura portuaria destaca el mejoramiento del Borde Costero de Schwager y la conservación La Poza, Talcahuano. Así también hay una cartera relevante en conservación de caminos básicos de la región”.
“En los pasados 30 años, desde que comenzó a implementarse el sistema de concesiones, se licitaron proyectos por un total de 27 mil millones de dólares que, sin duda, cambiaron el rostro de Chile en muchos lugares y en cuanto a estándares de calidad de servicio. Ahora aspiramos a licitar la mitad de ese monto en solo tres años”.
-¿Qué desafíos se ha impuesto usted como ministra en un gabinete que es diverso y con muchos rostros nuevos? Usted es una persona con experiencia y que conoce bien lo privado y lo público.
“La experiencia en un ministerio que maneja una cartera de inversiones de 3,2 billones es un valor, considerando que el 96% de la infraestructura y obra pública se construye con los privados. Además, contamos una diversidad de proyectos en todo el territorio nacional, que hace que se necesite una mirada estratégica e integral para avanzar en conjunto hacia la infraestructura que el país necesita para los próximos 30 años. Necesitamos los rostros nuevos, públicos y privados, pero también la experiencia, de manera de pensar qué infraestructura, y con qué características, tenemos y necesitamos para enfrentar un futuro determinado por el cambio climático, donde requerimos certeza hídrica, y todo eso sin perder competitividad”.
-¿Cómo se relaciona la gestión de las obras públicas y vivienda y urbanismo en lo que tiene que ver con el crecimiento de la población de las ciudades?
“Siempre la infraestructura es necesario pensarla y proyectarla con una visión integral y que responda a las exigencias del desarrollo de nuestras ciudades y también del mundo rural. En ese contexto, existe una Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT) que coordina al sector público en los ámbitos de infraestructura y ordenamiento territorial, potenciando inversiones en proyectos de corto, mediano y largo plazo, que reduzcan las brechas en materia de equidad urbana y territorial. A nivel regional existe el CORECIVIT, nosotros como ministerio de Obras Públicas participamos de la instancia”.
-Este año, que se cumplen 30 años de concesiones en el país, ¿cómo es su evaluación y cómo se espera seguir fortaleciendo este sistema?
“En los pasados 30 años, desde que comenzó a implementarse el sistema de concesiones, se licitaron proyectos por un total de 27 mil millones de dólares que, sin duda, cambiaron el rostro de Chile en muchos lugares y en cuanto a estándares de calidad de servicio. Ahora aspiramos a licitar la mitad de ese monto en solo tres años. Y eso es una señal de la importancia que tuvo y seguirá teniendo la alianza público-privada en el desarrollo de infraestructura. Avanzamos a paso firme en el desarrollo de una cartera de licitaciones por 16.736 millones de dólares en el periodo 2023-2027. Esta alianza ha tenido un alto impacto en el desarrollo y el crecimiento de nuestra infraestructura. Por eso queremos potenciar este trabajo y seguir invitando al mundo privado a trabajar con el ministerio de Obras Públicas, en el desafío de dotar al país de la infraestructura acorde con el desarrollo del país y que permitan una mejor calidad de vida para las personas. Hemos estado las últimas semanas conversando con el mundo privado. En este intercambio de opiniones con las concesionarias hemos abordamos las mejoras que se pueden hacer al sistema, como la calidad del servicio, la estructura tarifaria y el cómo reducir los tiempos de la tramitación de las obras públicas en general, que es algo en lo que estamos trabajando”.
La ministra López explica que otro aspecto que los desafía es el cambio climático. En junio, el BID y la Dirección General de Concesiones (DGC) abrieron una convocatoria internacional de licitación para la realización de un estudio sobre la incorporación de aspectos de sostenibilidad e impacto social en la preparación y financiamiento de asociaciones público-privadas. “Esa es una ruta que tenemos que seguir”, concluyó.
