Aníbal Rodríguez LetelierDecano Facultad de Derecho
Universidad Santo Tomás.
En 2018, un estudio de la Defensoría Penal Pública reveló la percepción crítica de la ciudadanía respecto al sistema de justicia, evaluándolo con una nota 3,2. Dos años después, una encuesta del ministerio de Justicia y Derechos Humanos advirtió que un 76% de personas había enfrentado un conflicto de carácter jurídico, pero solo el 47% buscó asistencia. Las razones de esta brecha son preocupantes: el alto costo de los servicios legales, el impacto emocional que implica enfrentar un proceso judicial y la desconfianza en el sistema de justicia. Estos datos evidencian una barrera estructural que excluye a miles de personas del acceso efectivo a la justicia, perpetuando desigualdades y vulnerabilidades.
Por su parte, el Informe de Desarrollo Social 2024 reveló que solo dos programas gubernamentales corresponden a iniciativas de asistencia judicial. Esta realidad evidencia la escasa prioridad que ha tenido el acceso a la justicia en las políticas públicas, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad sin el respaldo legal necesario para ejercer y defender sus derechos, agravando la desigualdad.
En este contexto, más de 20 universidades cuentan con Clínicas Jurídicas que juegan un rol clave en la reducción de estas brechas a nivel nacional. En estos espacios pedagógicos, los futuros abogados adquieren herramientas para su ejercicio profesional, permitiéndoles aplicar sus conocimientos en casos reales y el desarrollo de competencias fundamentales para comprender y defender los intereses de las personas que no pueden costear un servicio legal.
Estamos convencidos que tales competencias se convierten en atributos que los capacita para sobrellevar la desolación, la angustia, la desinformación, respondiendo de manera favorable a través de representación jurídica gratuita, orientación legal, asistencia a víctimas y difusión de derechos, contribuyendo así al bienestar y calidad de vida de miles de personas.
No hay duda de que una sociedad presente y consciente facilita nuestro rol de promoción de los DDHH, garantizando libertades esenciales como la paz y la seguridad, muy mencionadas últimamente en la opinión pública. Es así como la asesoría jurídica proporcionada por abogados en formación resuena profundamente en la demanda de la población actual, impactando positivamente en la conformación de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.
