El comercio callejero sigue siendo un tema complejo, tanto a nivel de país como de los principales centros urbanos de la región del Biobío. Si bien desde hace años vemos los esfuerzos de los municipios por eliminar u “ordenar” el asunto de los vendedores ambulantes, con la pandemia del Covid-19, este no ha hecho más que aumentar y, desde el 2020, hemos apreciado una verdadera explosión de comerciantes en nuestras calles y plazas que, a mi juicio, pasa a ser uno de los problemas más complejos de este último tiempo. Ello, pues esta actividad también trae consigo otro tipo de inconvenientes, que van mucho más allá del libre y seguro tránsito por las veredas y áreas verdes de nuestras ciudades como, por ejemplo, la seguridad, la competencia desleal con el comercio establecido, el desconocido origen y legitimidad de los productos a la venta y la proliferación de mafias y disputas por territorios. En fin, faltaría espacio para enumerar todas las complicaciones de este fenómeno.
Según datos otorgados por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), solo entre enero y septiembre del año pasado, las aduanas confiscaron casi 5 millones de productos que, sumados, alcanzan un total de US$24 millones. Entre ellos predomina la ropa (17%), seguido por accesorios para celulares (15%) y juguetes (9%). Estos datos, además de impactarnos, permiten dimensionar el tamaño del problema, pero solo muestran una ínfima porción del iceberg que hoy enfrentamos.
Otra aproximación al tema es respecto de las personas que compran a los ambulantes, quienes lo hacen, quizás, en un ánimo de simpatía hacia quienes ejercen el comercio ilegal, por “ayudar”, o bien, con la convicción de estar comprando a un buen precio o una ganga. Pero, lamentablemente, ambas situaciones son igualmente perjudiciales para el orden y progreso social, pues el comercio informal es una actividad que implica inestabilidad laboral y, también, una nula protección social, debido a su ilegalidad, lo que profundiza la vulnerabilidad de quienes lo ejercen.
Debemos recordar que la compra en el comercio ambulante constituye un delito que considera multas para quienes las infringen y al hacerlo también se fomentan otros delitos de mayor complejidad, de los cuales hemos sido testigos gracias a diversas investigaciones periodísticas, como el robo en almacenes, bodegas y camiones; la internación ilegal de productos por nuestras fronteras y el plagio o falsificación de productos de marca. Particular es el caso de la evasión de impuestos, que son el verdadero camino que tiene un Estado para mejorar la situación de sus habitantes por el efecto redistributivo que consideran.
Respecto de este último punto, es de toda lógica que las autoridades desarrollen un decidido combate al comercio ilegal, con toda la fuerza de la ley, lo que no significa necesariamente llevar a la cárcel a esos comerciantes oportunistas, sino que conminarlos a la formalización de su actividad. Con ello pagarían patentes, serían agentes recaudadores de IVA y generarían los tributos necesarios para que cuando por situaciones económicas o sociales caigan en la vulnerabilidad, el Estado cuente realmente con los recursos para ayudarlos. Probablemente, muchos de ellos se reconvertirían en comerciantes respetados, que no solo ayudarán a sus familias, sino también a la sociedad en su conjunto.
