Una de las etapas más importantes del proceso constituyente está llegando a su fin: la redacción del borrador de una nueva constitución para el país.
Tras el término del trabajo de la comisión de armonización, cuyos integrantes revisarán la concordancia, redacción y técnica legislativa de las normas aprobadas por el pleno, el texto sería publicado en los medios oficiales de la convención y despachado para ser sometido a plebiscito.
Esta propuesta también sería entregada al presidente Boric en un acto público, el 4 de julio próximo, justo un año después de que se instalara el órgano constituyente. Al día siguiente, el 5 de julio, la convención constitucional tendrá que disolverse, al estar concluida la tarea que le fue encomendada, tal como se estableció en el Acuerdo por la paz y la nueva constitución, firmado el 15 de noviembre del 2019.
El cierre del proceso constituyente será 60 días después, el 4 de septiembre, con el plebiscito de salida que, particularmente, será obligatorio para todos los electores que por ley estén habilitados para sufragar. Según el Servel, 15.173.857 personas podrán ser parte de este proceso: 51% (7.728.662) de este padrón electoral lo componen mujeres y un 49% (7.347.961), hombres.
De la cifra total de electores, 97.243 viven en el extranjero. Ellos también podrán pronunciarse por las alternativas de Aprobar o Rechazar la constitución que a los chilenos presentará la convención.
Los meses que antecederán al plebiscito ratificatorio serán el plazo que tendrán los chilenos para informarse sobre los contenidos de este borrador. Y aunque el texto se ha dado a conocer en la plataforma de la misma convención constitucional (www.chileconvencion.cl) y por los medios de comunicación, necesita de todas maneras ser socializado a través de nuevas instancias informativas, para asegurar que los votantes conozcan íntegramente la propuesta. No hay que olvidar de que Chile todavía tiene una importante brecha digital en el uso de estos servicios, que afecta principalmente a mujeres de menor formación educacional y de ingresos bajos. Por lo tanto, la información que los medios tecnológicos puedan sustentar no debería ser la única vitrina para presentar este texto constitucional.
La campaña Hagamos Historia, que lanzó el gobierno el 28 de mayo en el contexto del Día del Patrimonio, se encaminaría hacia ese objetivo, aunque hasta el momento solo se conoce sobre su contenido a través de piezas audiovisuales compartidas en su sitio web y en redes sociales.
La campaña estará dividida en tres etapas: el lanzamiento (ya en marcha), donde se explican aspectos del proceso constituyente; una segunda parte, que comenzaría el 4 de julio con el texto terminado, en la que se debatirán los contenidos de la nueva constitución, y una tercera fase en que se entregaría información atingente al plebiscito del 4 de septiembre.
Las vías que se elijan para comunicar estos contenidos deberían asegurar el acceso para todos y que este no se vea limitado a la posibilidad que un elector pueda tener para acceder a una conexión a Internet. Lo anterior, entendiendo que quienes ejecuten esta campaña lo harán prescindiendo de manifestar su postura frente a una de las dos alternativas. El objetivo es que esta sea un ejemplo de esa educación cívica que tanto reclamamos, para que la ciudadanía pueda elegir libre, informada y democráticamente.
