Es sabido que en Chile hay muchas empresas familiares, y que dan empleo a un número significativo de trabajadores de distintos ámbitos. Lo que no es muy conocido es la importancia de estas organizaciones para la economía. Para entenderlo, he aquí algunos datos a nivel mundial: representan el 70 % del total de empresas, así como el 70 % del PIB y del empleo; logran mantenerse más tiempo que las compañías no familiares, y su impacto es tan potente que se les considera motor de la economía.
Si bien muchas veces suelen escucharse frases como: “Es una empresa familiar, por eso no funciona bien”, tras la realización de múltiples estudios sabemos que esos comentarios no guardan relación con la realidad. Hoy es un hecho que las empresas familiares son un 12 % más rentables, necesitan menos controles internos, son más flexibles al momento de la toma de decisiones, cuentan con una visión de largo plazo, se preocupan de la custodia del legado y ofrecen empleos más duraderos, entre otras muchas ventajas y características ya constatadas a nivel global.
Dada su importancia, así reflejada en diversas estadísticas y estudios, debemos hacernos cargo de la gran tarea de cuidar estas verdaderas máquinas de crear riqueza, dar empleo, pagar impuestos y, sobre todo, con capacidad de posicionarse como motor de crecimiento de los países.
Pero, ¿cómo las cuidamos? En primer lugar, reconociéndolas como tales, algo que -por extraño que parezca- aun no ocurre a nivel gubernamental. No hay escrito, ley, decreto, norma o código que haga alguna mención a la Familia Empresaria ni, menos aún, a la Empresa Familiar, lo que implica que estamos desprotegiendo su núcleo y, más grave aún, estamos descuidando el núcleo de nuestra economía. A eso podemos sumarle que las normas tributarias, y otras societarias, no se hacen cargo de conservar el legado de la empresa de una generación a otra, lo que redunda en destruir su valor para el país y para toda la sociedad.
Hasta aquí, solo las universidades, centros de formación técnica y diversas casas de estudios superiores han aportado con su grano de arena a cuidarlas, creando cátedras de Familias Empresarias, que buscan dar a conocer su relevancia para la economía nacional y mundial. Así, por ejemplo, lo ha hecho la Universidad Católica de la Santísima Concepción en su Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa (FACEA), y otras siete universidades de nuestra Red de Cátedras FEC.
Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesario hacer más en cuanto a gestión gubernamental, tributaria y legal. Se deben incorporar, expresamente, menciones en sus normativas sobre la existencia de este tipo de empresas y, por supuesto, acerca de las familias que las poseen. Es esa la forma en que Chile podrá desarrollarse, avanzando hacia un futuro más promisorio, que ostente más y mejores oportunidades para todos.
Ya otros países de la región lo han hecho, como Argentina, cuyas normativas ya mencionan los conceptos de empresa familiar y familia empresaria, apuntando a fomentar su desarrollo. De hecho, por ejemplo, ante el fallecimiento del patriarca de una de estas compañías, el Estado se encarga de hacer lo necesario para que la empresa pueda seguir funcionando y no quiebre al tener que pagar un tributo tan oneroso (impuesto a la herencia), que termine destruyendo el activo productivo.
Así, si queremos mantener este motor de desarrollo para nuestra economía, es fundamental apoyar el esfuerzo y trabajo de años de las familias empresarias. En esta labor, las casas de estudios superiores juegan un papel primordial, pudiendo ser parte importante de su promoción y contribuyendo a la creación de las propuestas normativas necesarias para estas organizaciones. Quienes han comenzado una empresa desde sus cimientos sabrán cuánto cuesta formarla, echarla a andar y, más aún, lograr que permanezca en el tiempo. Por eso hay que protegerlas, porque representan el esfuerzo de años de un emprendedor y su familia. Si da frutos, gracias a su buena gestión empresarial, implica no solo buenos negocios para esa familia y sus trabajadores, sino también recursos para el Estado, vía impuestos, y beneficios para toda la sociedad.
