El Ejecutivo dice que con el fin al lucro, a la selección y al copago se acorta la enorme brecha de la desigualdad. Los sostenedores dicen que hay un nivel de desconocimiento del sistema que no tiene lógica. Este es el yin y el yang de un debate que tiene para rato.
Por Nicolás Durante Parra / Fotografías José Carlos Manzo.
Era una de las grandes reformas que prometió la entonces candidata, por segunda vez, a la Presidencia, Michelle Bachelet: reformar la educación chilena. Y para ello, dijo cada vez que habló, iba a profundizar el rol del Estado, mejorar la calidad y acercarnos a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La gran duda que quedó siempre fue el “cómo” lo haría.
La primera batería de respuestas a esa interrogante vino antes de que se cumplieran 100 días de gobierno. Primero, con la figura del administrador provisional, que muchos bautizaron de inmediato como un “interventor” de establecimientos en problemas financieros. Le siguió, el 19 de mayo pasado, la reformulación de la institucionalidad de la educación parvularia, creando una subsecretaría del ramo, un área especial en la Superintendencia de Educación para fiscalizar a los jardines, que dotó a la Junji y a la Fundación Integra del rol “preferente” de impartir enseñanza en los niveles prebásicos.
Pero ese mismo día, la Mandataria tocó tres puntos sensibles del sistema educativo. Se trata de los tres “fin” que Bachelet busca dejar como legado en la actual educación particular subvencionada: fin al lucro, fin a la selección y fin al copago.
Así, partió una batahola de críticas -incluso de la misma coalición gobernante, sobre todo de la Democracia Cristiana- bajo el argumento de que los problemas más graves en la educación en Chile no estaban justamente en los particulares subvencionados, sino más bien en la formación municipal.
El Gobierno respondía que venían más proyectos, que esto era sólo la primera parte, que luego seguiría la desmunicipalización y dotar de una carrera docente digna a los profesores.
Pero las dudas ya están en el ambiente y han generado situaciones insólitas, como que más de 100 mil apoderados salieran, el pasado sábado 5 de marzo, a marchar por las calles de ciudades de todo el país. El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, consultado, dijo que esa manifestación estaba dirigida por la Derecha. Los padres levantaban carteles que decían: “Nico, con mis hijos no te metas”.
Y esto, está recién comenzando.
Uno por uno
Entender la magnitud de los cambios que propone el Gobierno no es fácil, particularmente cuando habla de poner fin a la selección, al lucro y al copago. Vamos por parte.
Primero, hay que saber cuántos son. Se trata de 608 establecimientos, que atienden a 194.850 alumnos y emplean a 10.634 profesores en la Región del Biobío.
“Es un derecho social, en el sentido de que es responsabilidad del Estado garantizar la provisión de un servicio educacional de calidad, que asegure que todos nuestros hijos e hijas tengan el mismo acceso, sin restricciones económicas, de origen o religiosas, para desplegar sus talentos y que les permita obtener el desarrollo y las metas que libremente se han propuesto para sus vidas. No es un bien de consumo, no puede serlo, toda vez que la obtención de un servicio educacional dependa de las condiciones económicas de la gente, eso no es tener una visión de Estado, ni ver la educación como un motor de desarrollo de la vida de las personas”. Con esa declaración de principios parte explicando la reforma el secretario regional ministerial (seremi) de Educación, Sergio Camus.
En el fin al copago, el proyecto de ley establece que los sostenedores de colegios particulares subvencionados tienen la posibilidad de renunciar al financiamiento compartido dentro de un plazo de 10 años, una vez que la reforma sea aprobada y publicada.
Actualmente, el Estado entrega, en forma de subsidio, por cada alumno de educación básica, 54 mil pesos y para los de enseñanza media otros 70 mil, y luego se suman otra serie de aportes, como la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), por 35 mil pesos, en promedio, y otras asignaciones, con diferencias por nivel educativo y tramo socioeconómico. Lo que se conoce como “copago”, creado en 1994 por el entonces ministro de Educación, Jorge Arrate, permite a las familias aportar hasta 84 mil pesos. Ése valor es el que desaparecerá en el plazo de una década.
La intención es que al 2025 la subvención del Estado se acerque a los 178 mil pesos por alumno, comenta Camus.
Según cifras de la autoridad regional, más del 90 % de los 608 establecimientos cobra 23 mil pesos en promedio. Sólo un 10 % cobra el techo, los 84 mil.
La famosa tómbola
En cuanto al término de la selección, la premisa es básica: el colegio que reciba aportes estatales no podrá nunca más escoger a quienes entren a sus aulas, sino que será única y exclusivamente al revés.
“La propuesta permite que al momento del ingreso no se aplique ningún filtro, ninguna discriminación, se propone un sistema que asegura que no haya control social, de fiscalizar que el procedimiento de llenado de cupos no tenga ningún sesgo”, explica el seremi.
Y para eso, se crea una plataforma virtual en la cual los padres formalizan sus opciones, en orden de preferencia. “Se va a acceder al colegio por orden de llegada de los apoderados a postular a esta plataforma”, se adelanta en detallar Camus.
-¿Es sólo por orden de llegada?
Exactamente, a medida que van llegando, se van completando los cupos.
-O sea, si eso se abre hoy a la medianoche, y yo estoy ahí esperando desde las 23:59 horas, ¿Gano?
El parámetro que se usa es que en la mayoría de los establecimientos hay más vacantes que postulantes. En los menos es al revés. En términos generales el sistema asegura que en el llenado no se aplique discriminación y en aquellos en que hay más cantidad de postulantes que vacantes, la propuesta de ley establece la posibilidad de que el sostenedor aplique algunos criterios que le permitan establecer prioridades. Por ejemplo, tener el 15 % de la matrícula con alumnos prioritarios. Si aún persisten más postulantes que cupos, un segundo filtro es preferir a aquellos alumnos que tengan hermanos en el establecimiento o que se trate de hijos de profesores. Si todavía no es posible, se aplica un sistema aleatorio de llenado.
-La famosa tómbola…
La famosa tómbola a la que se alude. Esos casos serán excepcionales. La ley propone algunas excepciones a este principio de selección y dice relación con aquellos liceos que tengan orientación artística o deportiva, y se les permite una prueba de habilidades específicas. También están los liceos emblemáticos, a los que se les permite escoger a aquellos que representen al 20 % del mejor rendimiento del colegio de origen.
-¿Y si el colegio es católico y mi familia es atea, por ejemplo?
Dentro de la plataforma donde postularán los padres, será obligatorio que los padres hagan click y acepten el proyecto educativo que estará claramente especificado, y el apoderado debe declarar que acepta y adscribe a los lineamientos institucionales del establecimiento y, por lo tanto, se compromete a su respeto y a que los comparte.
No más S.A. ni Ltda.
El tercer punto y el que, sin duda, ha sido el más polémico, tiene que ver con el fin al lucro. Y es que aquí se conjugan dos asuntos ideológicos. Primero, si entregar educación se puede entender como la provisión de un servicio social, como puede ser el transporte o la salud. Y, segundo, si es correcto que quien lo haga con fondos estatales obtenga utilidades. El seremi zanja claramente cuál es la postura del Gobierno.
“Lo que se busca es garantizar a todo el sistema educativo que no es posible que los recursos tengan otro destino que los fines educativos. Para evitar esa posibilidad, dentro del plazo de dos años, todos los sostenedores tienen que ser persona jurídica sin fines de lucro. Se asegura que no se retiren las ganancias y se establece qué se entiende por fines educativos, a través del ministerio de Educación, para poder reinvertir, así como también qué no se puede hacer, como por ejemplo, lo que hoy permite la utilización con otros fines de los fondos públicos, arriendos, conformación de sociedades espejo, de sociedades de inversión, todo eso está expresamente prohibido”.
-Si esta fundación quiere construir un edificio nuevo para ampliar el colegio, ¿está permitido?
Está permitido, siempre y cuando esa construcción cumpla un fin educativo, si eso permite mejorar la entrega del servicio, y también si hay la necesidad de aumento de matrícula y no hay posibilidad de que otros colegios vecinos se hagan cargo.
-¿Y esa decisión final la va a dar el Ministerio?
El Ministerio, tal como ocurre hoy, puede o no autorizar la creación de nuevos cursos de acuerdo con la normativa vigente, por ejemplo.
-¿Y qué pasa con el proyecto educativo? ¿Cuánta injerencia tendrán para cambiarlo? Como dicen por ahí, el que pone la plata, pone la música…
No, lo que el Ministerio busca es que el proyecto educativo cumpla con la batería curricular que rige el sistema educacional, pero no hay posibilidad ni se contempla la alternativa de inmiscuirse en el desarrollo del proyecto institucional.
El embrollo inmobiliario
El embrollo inmobiliarioPero el dolor de cabeza más grande para el Gobierno vino cuando se les preguntó en qué serían invertidos los US$ 8.200 millones que buscaba recaudar con la Reforma Tributaria. Y ahí apareció la opción de que sea el Estado el que compre los edificios donde hoy funcionan los colegios particulares subvencionados, en el caso que, con las nuevas reglas del juego, un sostenedor prefiera cambiar de giro.
“Dentro de los requisitos fundamentales para ser sostenedor, aparte de ser persona jurídica sin fines de lucro, es que debe ser dueño de los activos esenciales para impartir educación, uno de esos activos es ser propietario del inmueble. En la eventualidad de que esta persona no sea hoy la dueña, la ley establece la oportunidad de que lo pueda adquirir dentro de un plazo de 12 años para continuar con la labor educativa”, agrega Camus.
Eso sí, la ley permite amortizar o capitalizar esa adquisición, con hasta un 4 % del monto total que recibe por subvención, por año, lo puede destinar a comprar el establecimiento. En palabras sencillas, si al año recibe 100 por subvención, puede dedicar 4 a ir “abonando” a la compra del edificio.
Sólo en casos excepcionales, en el que el sostenedor no opte por adquirir este inmueble, por no tener los recursos, pero sí quiera continuar con la labor educativa, existe la posibilidad de que lo ofrezca en venta al Estado. La ley establece un monto máximo de 105 UF ($2,5 millones por alumno). Es decir, si un colegio tiene 300 alumnos, el Estado paga hasta $750 millones, el resto, es responsabilidad del sostenedor.
Además, dentro de estos 12 años, para seguir operando como sostenedor, el inmueble debe estar saneado, sin deudas.
-¿Qué motivaría a una persona, con este nuevo marco regulatorio tan estricto, a hacer un colegio?
Yo te diría que lo que se quiere poner de relevancia aquí es que entregar un servicio educacional tiene exigencias. Mayores que para establecer un comercio. ¿Qué me puede motivar a mí? Bueno, tal como hoy, al grueso los motiva el ofrecer al país, a los ciudadanos, una alternativa más para que sus hijos se eduquen bajo determinados preceptos, valores, líneas de comportamiento. Esa idea y ese espíritu se mantienen.
-¿Qué pasa si el sostenedor decide cerrar el colegio y cambiar de rubro? ¿Qué pasa con los alumnos, con los apoderados?
El sostenedor tiene la obligación de dar aviso con un tiempo oportuno, que es un año previo al proceso de cierre. No podría avisar en diciembre que en marzo cierra, para permitir a los padres y apoderados contar con otra alternativa.
-Las asociaciones de sostenedores dicen que, si hay algunos que lo hacen mal, por qué no los sancionan a ellos, y los cierran incluso, pero que no metan a todos en el mismo saco…
Porque claramente el modelo tiene buenos resultados, y malos resultados, y en ambos sistemas (municipal y particular subvencionado), pero más allá de eso, el tema tiene que tener una mirada de Estado. No se pretende establecer que los subvencionados desaparezcan, por el contrario, se busca potenciarlos.
-Estos tres pilares de fin al lucro, a la selección y al copago, ¿atacan la calidad en algo?
La atacan, pero indirectamente. Son factores que inciden en el proceso de calidad. En la medida que tú potencias la integración, que evitas los niveles de segregación que tiene el acceso a los establecimientos, que regulas la mayor equidad en el uso de los recursos, indudablemente, estás influyendo en la mejora de la calidad. Ahora, el grueso del tema de calidad, apunta a cuánto el Estado invierte en este proceso educativo y de qué manera prepara y le da herramientas a sus profesores. Y ese proyecto, viene el segundo semestre.
-¿Va a haber algo, una especie de “amarre” para que, si en cuatro años más vuelve a cambiar el signo político del Gobierno, no se vuelva a modificar todo el sistema?
Yo creo que más que amarre o cartas bajo la manga, lo que aquí debe imperar es entender que esto es una política de Estado. Aquí nadie puede desconocer que se necesita una reforma y eliminar los niveles de segregación y desigualdad que hoy existen.
La furia de los sostenedores y apoderados
Y las reacciones, una vez conocidos todos estos detalles, no se hicieron esperar.
Andrés Carter, presidente de la Red de Colegios Particulares Subvencionados del Bío Bío, RedCol, dice que “el problema es que los colegios que cobran sobre 25 mil pesos van a ver disminuidos sus ingresos porque no hay un reemplazamiento total. Nosotros decimos, perfecto, si se quiere acabar con el financiamiento compartido, que el Estado ponga ese dinero, pero eso no es lo que propone. Y lo más grave de todo es que vamos a dejar de ser gestores, vamos a ser meros administradores de recursos públicos. No vamos a tener la libertad para gestionar nuestros colegios. Hay factores, incluso legales y con la Contraloría que hacen imposible que podamos hacer las cosas como las hacemos hoy. El gestor puede endeudarse, el administrador ni siquiera puede hacer eso”, reclama.
Y Carter apunta sus dardos a una especie de arrinconamiento que se les hace. “A mí me duele mucho este bullying que le hacen hoy a los sostenedores. Nosotros rendimos cuenta de cada peso que recibimos de los apoderados y del Estado. Somos fiscalizados”.
En ese sentido, las cifras de la Superintendencia de Educación del Bío Bío indican que entre julio de 2013 y junio de este año, se han cursado 542 multas, 271 amonestaciones, y hasta cuatro revocaciones del permiso de sostenedor y una inhabilidad del mismo.
Según Carter, cerca del 85 % de los actuales sostenedores declara tener fines de lucro. Pero por lo general se trata de establecimientos con menos de 600 alumnos.
“Casi no tienen utilidades. Están gestionando recursos, pero con mucha restricción”.
-Y si no es un buen negocio, ¿por qué siguen haciéndolo?
Están ahí porque son profesores. No es una cifra desmedida, y dar a pensar que somos todos millonarios y andamos todos en un BMW, es falso. Las economías de escala se producen cuando aumenta la matrícula, cuando tienes más de mil alumnos, ahí recién hay devolución de lo invertido.
Subvencionados del Bio Bío.
Un sostenedor puede ganar un 5 o 6% de los ingresos.
-Pero eso, en economía básica, es una buena tasa de retorno
No sé… pero habría que preguntarle a las universidades privadas cuánto ganan ellas.
-¿Y usted niega que se pasen recursos a través del arriendo de los establecimientos?
A ver, eso pasa en algunos casos, pero el tema de arrendar a un tercero relacionado, se da, pero porque el banco pide garantías y te recomienda que utilices esa figura. No es un con un afán negativo.
-¿Cuándo se sataniza el lucro en la educación?
El 2006, con la revolución pingüina. Y nos defendimos, pero fallamos en nuestras estrategias comunicacionales. Yo soy bien autocrítico, creo que lo podríamos haber hecho mejor. Nos ha faltado cacarear.
Otra de las voces que surge es de la Corporación Nacional de Sostenedores de Colegios Particulares Subvencionados (Conacep). Su vocero regional, Daniel Villarroel, explica: “Aquí tenemos un dogma, un tema paradigmático más que una reforma, porque una reforma educacional se aborda seriamente, con igualdad de trato de financiamento, sin discriminación ninguna de parte del Estado, aborda la capacidad de los docentes, la alta dirección pública, directores de excelencia, desde ese punto de vista no concordamos con que este proyecto que se intenta meter a la fuerza nos someta a un concepto de lucro tan demonizado como se ha intentado someter”, recalca, y entrega cifras y metáforas para defender su postura.
“Más del 73 % de los sostenedores en Chile son profesores. Y esto es como el sueño del químico farmacéutico de tener una farmacia. Y usted no por dedicarse a la educación, no puede tener una justa y legítima retribución, siempre y cuando vaya en los lineamientos que el ministerio de Educación nos pida. El sistema no tendría la cantidad de familias si no vieran en nosotros una alternativa real y válida. El proyecto como está, transforma la libre elección de las familias en una tómbola”.
“No estamos en contra de que se hagan cambios, pero tal como se ha planteado está vulnerando un derecho preferencial que tenemos. El artículo 26 de la declaración universal de los Derechos Humanos dice que los padres tienen el derecho preferente de escoger dónde educar a sus hijos. Y eso no se está cumpliendo”, dice, y agrega que “muchos padres están ya pensando en cambiar a sus hijos a colegios particulares. No sabemos si van a seguir los mismos proyectos educativos. No olvidemos que los sostenedores van a ser meros administradores de recursos, el Estado va a dirigir los proyectos educativos. No sabemos nada, y eso nos tiene desesperados. Esa incertidumbre no le hace bien a las familias, ni menos a los niños”, concluye Bravo.
Una historia familiar de educadores
Patricio Inostroza camina por el Colegio San Patricio de Chiguayante, donde es el director, orientador y cosostenedor. Saluda a todos sus alumnos por el nombre, e incluso a los apoderados les pregunta por sus hijos y cómo están.
“Es una historia familiar”, parte diciendo para contar la historia de este establecimiento que hoy cuenta con 650 alumnos desde prekinder hasta tercero medio en la calle Cochrane de dicha comuna.
Su madre, Carmen Henríquez, hoy casi a punto de cumplir los 80 años y que aún figura como la sostenedora oficial, perdió a su papá a los nueve años y con tres hermanos se vinieron desde Cauquenes a la casa de la abuela materna a lo que hoy es Chiguayante. Luego se fue al Insuco a estudiar una especialidad en Contabilidad. No terminó sexto de humanidades y encontró trabajo junto a una profesora, por allá por el 1950.
Se casó en enero de 1958, dejó de trabajar, “porque las mujeres tenían que cuidar el hogar en ese entonces”, dice Patricio. Y como había hecho clases, los padres de las alumnas fueron a su propia casa a pedirle que les ayudara a estudiar. “El papá le dio permiso si era en la casa”, cuenta.
Así, con el tiempo se fueron sumando más alumnos con los años. En el verano de 1960 fue a la oficina del Ministerio de Educación en Concepción a pedir la autorización oficial para hacer clases.
Patricio, que nació y creció literalmente en el colegio de su madre, entró al Colegio Salesiano y en el año 1976 se fue al seminario de los salesianos, estuvo cinco años ahí y decide retirarse, optando por la alternativa de tener una familia. Pero como en esta orden la formación es lo más relevante, él quedó con las ganas de enseñar, de cambiar el mundo, de mejorar las cosas. Y escogió educar. Se fue a la Pontificia Universidad Católica de Chile, comenzó con Teología y tomaba ramos de pedagogía. “Nunca pensé en no ser profesor”, dice hoy, rememorando esa época y orgulloso de haber tomado esa decisión. Estudió Pedagogía en Religión y luego se interesó en psicología, pero viró hacia la orientación e hizo un postítulo. Su primer trabajo fue en el Don Bosco, ubicado en la Alameda en Santiago. Luego pasó, entre otros, por el Liceo Metropolitano y también por el Manquehue, “en el barrio alto”, aunque no le gustaba mucho la idea de ir a trabajar a un barrio como ése, pero lo convencieron porque le dijeron que esos alumnos iban a ser los jefes de los chiquillos que él educaba en las otras partes. “Cómo no va a ser mejor evangelizar e impregnar nuestras ideas a los que van a ser los jefes de los demás”, así lo convencieron en esa época. El 89’ se fue a las aldeas SOS de Puerto Varas y ahí conoció a un encargado de las aldeas en Concepción. Se decidió, agarró todas sus cosas y llegó a la capital del Biobío y el 93’, recién, decidió trabajar con su mamá, porque el colegio San Patricio empezó a crecer.
El año 87’ empezó una reforma parecida a la que se está viviendo hoy en Chile, y viran hacia la educación particular subvencionada, y se les obligó a formar una sociedad. “Se dijo que el colegio que no tenía una figura legal corporativa, iba a ser quitado”, cuenta Patricio. Ellos optaron por ser sociedad limitada.
El 2007 asume la dirección. Las emociones se le cruzaban, porque nació en el colegio, vio a su madre ser la directora por tantos años y ahora estaba él ahí, ocupando su lugar.
“Cuando a mí me hablan hoy de un discurso de sostenedores que lucran de mala manera, me hace mucho ruido y también molesta, porque el caso nuestro, que no es el único, ocurre que llevamos la educación en la vida, en la sangre. Sin duda hay un grupo de malos sostenedores, pero molesta cuando nos ponen a todos en el mismo saco”.
Hoy tienen un pago diferenciado. En básica son $28 mil, y en media $33 mil. Tienen un sistema de becas, 200 alumnos la reciben. Algunos pagan cero pesos, y otros escalonado.
“Cuando el ministro se refiere de esta forma a los colegios, siento que él no tiene información verdadera ni completa de lo que nosotros somos, de lo que hemos significado para el país y lo que hemos construido en nuestras comunidades escolares”, recalca. Y por lo mismo, no cree que el lucro sea malo per se. “Hace mal sólo cuando no se reinvierte en el mismo giro y en el mismo establecimiento. Por eso tenemos la gran esperanza de que esto se flexibilice. Esperamos que el discurso sea de apertura, que se integre la voz de los profesores, de los apoderados”.