En menos de dos semanas, un nuevo homicidio enluta a Carabineros. Al asesinato -ocurrido a mediados de marzo- del cabo primero Alex Salazar, quien fue atropellado en Concepción durante un procedimiento de fiscalización de un conductor en estado de ebriedad, se sumó ahora el homicidio -el 26 de marzo- de la sargento Rita Olivares en un operativo en Quilpué.
Ambas muertes son dolorosas no solo para la institución, sino que para el país entero. Un carabinero y una carabinera, con varios años de servicio y padres de familia, son quienes mueren porque desalmados, creyéndose impunes, no vacilaron en atentar en contra de su vida.
Sus muertes, además, son un lastimoso recordatorio de la falta de seguridad que por estos días intranquiliza y atemoriza por igual a todos los chilenos y que, sin duda, es una de las principales preocupaciones no solamente para quienes viven en grandes centros urbanos -donde antes solían concentrarse las situaciones de violencia de mayor gravedad- sino que, además, para quienes habitan ciudades y pueblos pequeños, en los que la delincuencia se ha ido enquistando, convirtiendo a localidades antes apacibles en lugares que hoy también son presa de la inseguridad.
La muerte de la sargento Rita Olivares movilizó a ambas ramas del Congreso a convocar esta semana (que era distrital) a sesiones extraordinarias para votar una serie de proyectos de ley con foco en materias de seguridad. Entre ellas, la reforma a Gendarmería, las normas antisecuestros, antisicariato y antiarmas, además de dos leyes que llevan nombres de carabineros asesinados en actos de servicio: la ley Retamal, en homenaje al suboficial Carlos Retamal, quien murió tras ser agredido con un fierro durante una fiscalización por carreras clandestinas en la comuna de San Antonio, y la ley Naín, que lleva el nombre del carabinero Eugenio Naín, asesinado en el sector de Metrenco -de la Ruta 5 Sur- en la comuna de Padre Las Casas. Ambas normas buscan aumentar las penas para quienes cometan delitos graves en contra de funcionarios policiales. Todas son discusiones en las que se pudo haber avanzado oportunamente, pero prevalecieron las diferencias y las discusiones político-partidistas antes que el necesario esfuerzo por dialogar para progresar en sus tramitaciones.
“Dos tragedias consecutivas, sumadas al descontento generalizado con la gestión del tema de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia en el país, lograron que se comience a dar prioridad a las normativas y herramientas que permitan hacer frente a las urgencias en torno a estos puntos”.
Por su parte, el gobierno, junto con condenar este nuevo crimen y comprometer su apoyo a Carabineros, destacó que se está gestionando un paquete de medidas para mejorar las condiciones de trabajo de las policías, “con tecnologías y equipamientos acordes con los desafíos de las nuevas formas de criminalidad”. De la misma forma, en el Ejecutivo existe un compromiso con sacar adelante las 16 iniciativas que pretenden dotarlas de herramientas legales e institucionales modernas y actualizadas. Todas ellas tienen distintos tipos de urgencia para su tramitación desde mediados de marzo.
Dos tragedias consecutivas, sumadas al descontento generalizado con la gestión del tema de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia en el país, lograron que se comience a dar prioridad a las normativas y herramientas que permitan hacer frente a las urgencias en torno a estos puntos. Pero se debe mirar a largo plazo, y ahí es fundamental avanzar en la prevención y, sobre todo, en la reinserción social de aquellos jóvenes que a temprana edad comienzan a delinquir.
En Chile existe una ley sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes por infracciones a la ley penal -que data de 2005- que no ha logrado cumplir con el espíritu con el que fue creada, pues no es efectiva para reinsertar en la sociedad a los adolescentes infractores de ley, ni se muestra eficaz en términos preventivos.
La reciente creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (cuya instalación será gradual hasta el cierre definitivo del Sename) y las modificaciones introducidas a la ley sobre responsabilidad penal adolescente, serían las herramientas que ayudarían a solucionar los errores del sistema para avanzar en las acciones orientadas a favorecer la integración efectiva en la sociedad de jóvenes infractores de ley.
Sin duda, hay que avanzar en aquellas gestiones que, a través del incremento de penas y de la dotación de herramientas y atribuciones de la función investigativa y del combate a la delincuencia, permitan ir desincentivando la acción delictiva, pero no se debe perder la mirada a largo plazo. Cómo prevenimos la delincuencia es lo esencial, y ahí también se necesita concentrar esfuerzos y el concurso de todos los actores que hoy pueden trabajar para que los habitantes del Chile de mañana no vivan con el mismo temor que sienten sus residentes hoy.
