Viviana Véjar.
Profesora investigadora de Faro UDD.
El sistema de salud público atiende a un 78% de la población en Chile. Un tercio de su financiamiento proviene del aporte del 7% de la renta imponible de cada trabajador, y 2/3, de aportes solidarios que provienen de impuestos. El presupuesto del 2022 para el sector salud alcanzó los $13 mil millones de dólares.
Por otra parte, el sistema de salud privado o isapres atiende al 14,4% de la población chilena y maneja un presupuesto anual de $1.799 millones de dólares. Esto significa un aporte per cápita de $463.511 versus $787.037 de aporte individual para los usuarios de Fonasa. Según un estudio de la Asociación de isapres, para comparar efectivamente estas dos realidades, deben descontarse del aporte de Fonasa gastos que no guardan relación directa con el otorgamiento de prestaciones de salud y el asociado al pago de licencias médicas curativas, junto con el pago de licencias médicas maternales y enfermedades del hijo menor de un año. Por último, al descontar los gastos asociados a la administración central y a la administración de Fonasa, se puede concluir que los aportes a la salud entre el sector privado y el sector público han logrado la paridad en el gasto per cápita, ambos cercanos a los $500.000.
Bajo esta estructura de ingresos, las isapres lograron hasta el año 2019, acumular ganancias de $18.000 millones de pesos. Si prorrateamos las ganancias totales entre el número de usuarios, esto arroja una ganancia per cápita de $950 mensuales. Es decir, cada usuario aporta $11.400 anualmente a la rentabilidad del sistema privado. Por otra parte, las ganancias de las isapres deben dividirse proporcionalmente entre los accionistas. En este grupo se encuentran también cada uno de los chilenos que cotiza en AFP debido a que parte de las rentabilidades de empresas que transan en la bolsa se dirigen a engrosar las cuentas de capitalización individual.
“Ya que las isapres están enfrentando problemas financieros, sería interesante conocer los estados financieros de Fonasa para revisar el rendimiento de su cuenta de resultados. La gran diferencia reside en que las empresas estatales pueden funcionar a pérdida por largos períodos de tiempo, sin que esto obligue al administrador público a responder con una adecuada gestión”.
Sería interesante revisar la gestión de los recursos públicos, debido a que si consideramos que el gasto por usuario es más o menos el mismo entre las entidades privadas y públicas, que Fonasa tiene acceso a menores costos por insumos producto del beneficio de las economías de escala, y que no presenta la obligación de responder a los accionistas con una mínima tasa de rentabilidad por no tener fines de lucro, la calidad del servicio entregado en el sector público debiese superar con creces al del sector privado. Sin embargo, esto no es así. Las ineficiencias del sector público quedan en evidencia dada las largas listas de pacientes que están a la espera de un examen o una cirugía, la mala gestión de los recursos al interior de los hospitales estatales y la demora en el pago de las licencias médicas.
El reciente fallo de la Corte Suprema que afecta a todas las isapres -aunque el grueso de las solicitudes de reclamo solo iba dirigido a tres de ellas- es un duro golpe a la viabilidad y supervivencia en el mediano plazo de estas empresas. Las pérdidas del sector comenzaron a profundizarse en 2020, debido a los gastos extraordinarios ocasionados por la pandemia y el congelamiento de las tarifas de los planes de salud. Fue tal la magnitud del desajuste que, ese mismo año, la junta de accionistas decidió no repartir los dividendos con el objetivo de paliar las pérdidas acumuladas durante el ejercicio anterior.
Ya que las isapres están enfrentando problemas financieros, sería interesante conocer los estados financieros de Fonasa para revisar el rendimiento de su cuenta de resultados. La gran diferencia reside en que las empresas estatales pueden funcionar a pérdida por largos períodos de tiempo, sin que esto obligue al administrador público a responder con una adecuada gestión. Dado el caso de otras empresas estatales como TVN o Transantiago que operan año tras año con pérdidas, se asume que a los gobiernos parece no importarle el cálculo económico. Dado que los fondos estatales no tienen el estatus de propiedad de nadie en particular, no existen incentivos para administrarlos con la responsabilidad fiscal que merecen, sabiendo que parte de esos fondos fueron aportados, no solo por los “ricos” de la sociedad, sino también, por aquellas familias que están bajo la línea de la pobreza y que gastan todo su presupuesto mensual en consumir bienes de primera necesidad que están afectos a IVA.
