El Gran Maestro de la Logia Masónica y ex rector de la U. de Chile añora la década del 60, cuando jóvenes de todos los segmentos podían llegar a la Universidad y transformarse en profesionales o académicos. Hoy, dice, el sistema elitista que impera en la educación no lo permite, y por eso aboga por reformas profundas acompañadas por los recursos necesarios, pero también por subvenciones a través de resultados. “No me hace ninguna gracia que se otorguen por estar sentado en una sala de clase”, dice. Tres mil millones de dólares anuales en educación superior permitirían al país compararse con los grandes de Europa, sostiene. La masonería, asegura, está dispuesta a ser un “puente de encuentro de propuestas para éste y otros grandes temas”.
El Gran Maestro de la Logia Masónica de Chile, Luis Riveros Cornejo, tiene el conocimiento y la capacidad intelectual para abordar con propiedad los grandes temas y desafíos que tiene Chile, como lo refleja su extenso currículo. Es Doctorado en Economía (PhD) y Master of Arts en la Universidad de California, Berkeley; Magíster en Ciencias con mención en Economía y Especialización en Desarrollo Económico en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y Profesor de Estado en Historia y Geografía Económicas, entre otros.
Y en este análisis, el académico y el ex rector de la U. de Chile, también hace un mea culpa por la escasa participación que la masonería ha tenido en los últimos años en los asuntos públicos del país, una actitud absolutamente alejada del rol que esta entidad había jugado desde sus inicios, en 1862, hasta la primera mitad del siglo 20, cuando desde sus “filas” emergieron presidentes de la República, intelectuales, artistas, políticos y prestigiosos académicos y rectores.
“Si se mira los cien primeros años de la masonería en Chile, efectivamente había muchas propuestas con liderazgos que se comprometían en tareas del país: primero con las leyes laicas en el siglo 19; con la ley de Educación Primaria Obligatoria; con la Constitución de 1925; con la creación de la Corporación de Fomento (Corfo) y la política de bienestar en 1940. Era una masonería activa. Pero con las escisiones de la sociedad chilena en las décadas del 60 y 70, ésta comenzó a perder dinámica y visibilidad, que se acentuó con el golpe militar y que perduró hasta los 90. Hoy buscamos cambiar esa situación y estamos trabajando para entregar al país valores como la fraternidad y la tolerancia que son, precisamente, dos cosas que escasean en la sociedad chilena”, sentencia.
-¿A través de qué vías esperan realizar esa contribución en el complejo escenario chileno actual?
“Buscamos ser centro de debates y propuestas. Llamamos a una jornada, donde distintos líderes políticos nos dieron su visión de aquí al año 2030, cuyos resultados publicaremos y difundiremos, porque nuestro objetivo es ser un puente de encuentro, propuestas y de debate. Hemos conversado con los parlamentarios que pertenecen a la orden masónica, porque independiente de su color político, ellos que también quieren jugar el mismo rol”.
-¿Por qué, según usted ha declarado, descartan transformarse en un partido político?
“La masonería es una entidad diversa, porque en ella conviven militantes de RN, PS, DC, PRSD y también católicos, musulmanes, protestantes y agnósticos. La masonería no puede declararse de una iglesia o de un partido, sino que debe estimular la participación de distintas miradas con una conceptualización común y sobre los tradicionales principios de la igualdad, libertad, fraternidad y tolerancia. No postulamos una visión específica de sociedad, sino que propugnamos valores”.
– En lo personal ¿en qué rango de pensamiento político se ubica?
“No tengo una adscripción política, pero si me exigieran me calificaría como un liberal progresista, porque creo en la democracia profundamente, pero también en un compromiso social que es necesario para que el país avance y tenga estabilidad. Lo social no es un tema de caridad o beneficio, sino de inclusión. Estamos por una democracia participativa, donde la ciudadanía deba ser consultada sobre temas fundamentales a través, por ejemplo, de plebiscitos vinculantes. Creo que la gran mayoría de los chilenos desea una nueva Constitución que fortalezca el sistema democrático”.
-¿Le preocupa la estabilidad del sistema democrático del país? Sobre todo a raíz de las manifestaciones ciudadanas del 2011, protagonizadas por personas que decían no sentirse representadas por las instituciones políticas actuales.
“Es muy preocupante y tiene que ver con nuestra institucionalidad, desde cuando se implantó el sistema electoral binominal que generó dos grandes conglomerados políticos y que dejó sin participación a cualquier persona que pensara distinto a ellos. Eso es lo que les sucede hoy a los jóvenes, quienes no quieren votar por la Concertación ni tampoco por la Derecha. En la década del 60 había grandes protestas, pero había partidos que las encausaban y ponían ciertos límites a esas insatisfacciones. Cosa que hoy no sucede.
-¿Cuál es su visión respecto de las preferencias que tendrán los nuevos electores incorporados al Padrón?
“Siento que es muy probable que tengamos una baja en la participación electoral, especialmente de los jóvenes. La política tiene que hacerse más interesante, con propuestas, debates y menos mediática, siendo fundamental perfeccionar el sistema democrático con una nueva Carta Fundamental que genere espacios de mayor participación y una mayor renovación en quienes postulan a los cargos de representación popular, limitando la reelección y también estableciendo un período presidencial más largo”.
-A los rectores masones que ha tenido la U. de Chile se les ha cuestionado que los principios de fraternidad e igualdad que postulan no serían coherentes con el carácter elitista que tiene ese plantel.
“Esto ocurre porque tenemos un sistema educacional que segrega. Los estudiantes que son de buena cuna y reciben una buena educación pueden aspirar a las mejores universidades con muchas ventajas. En los años 60 los liceos congregaban a sectores de todos los segmentos y los estudiantes de un liceo público podían llegar a la Universidad de Chile y ser grandes profesionales o académicos. Hoy, en cambio, existe un sistema elitista, en el que un estudiante modesto por inteligente que sea, si proviene de un Liceo fiscal le será muy difícil lograrlo. Eso es tremendamente injusto. Hay que mejorar la calidad de la enseñanza media, especialmente en la educación municipal, para facilitar la inserción de estos estudiantes a las grandes universidades, porque este país tiene una movilidad social que es igual a cero”.
-¿Dónde está el punto de equilibrio de financiamiento real para mejorar la educación en Chile entre los 5.000 millones de dólares que plantea la Confech y los 750 millones de la reforma tributaria del Ejecutivo?
“Lo primero que se debe hacer es mejorar la regulación del sistema educacional, porque éste no es un supermercado. Hay que invertir con un sentido distinto y con mejores reglas del juego. No me hace ninguna gracia que la subvención escolar se otorgue por estar sentado en una sala de clase, si no pasamos a un sistema de entrega por resultados. Lo mismo en educación superior, donde hemos permitido que se desarrolle el concepto del mercado que es ciego en el largo plazo. Hay que saber cuántos profesionales de distintas especialidades necesitaremos de aquí a 20 años y no como ahora que se produce indiscriminadamente y muchas veces sin calidad. Además, falta una política de Estado, ya que formar docentes no es una cuestión privada. Nuestro sistema educativo requiere de reformas profundas, pero acompañado de los recursos necesarios. Chile necesita invertir anualmente 3.000 millones de dólares en educación para tener un sistema comparable a las naciones europeas. Habría esperado una reforma tributaria más sustantiva que produjera esa suma que necesitamos”.
– ¿A qué atribuye que la derecha chilena tenga una postura tan ideológica en el tema educacional, en el sentido que aboga por una mínima participación del Estado?
“A que nuestros políticos tienen siempre una mirada rezagada respecto de los problemas. Hoy lo más moderno es un Estado más activo en la educación, como ocurre en Estados Unidos, Alemania y Finlandia. Sin embargo, estamos pegados a una visón de la década del 70, en que el sector privado por definición lo hacía mejor que el público. No se trata de tener más Estado, sino que uno mejor y eficiente. Hay que fortalecer el ministerio de Educación y la superintendencia del ramo, debido a que hay una notable demora en los cambios en la estructura regulatoria”.
“Temas valóricos están debajo de la mesa”
– ¿Le falta más tolerancia a la sociedad chilena?
“Los debates valóricos en Chile se ponen debajo de la mesa. Lo que pasó con el aborto terapéutico me parece una cuestión increíble. Era un debate que debía ocurrir pero que el Parlamento decidió no realizar. Otro ejemplo es el largo debate para la ley de Divorcio y el que tiene que ver con el matrimonio homosexual, con la eutanasia, que son temas que hay que discutir más allá de la visión que cada uno tenga. En la masonería existe esa discusión sobre estos temas. No es que nosotros estemos por el aborto, pero creemos que son temas que sí hay que abordar”.
-Hay gente que dice que la baja aprobación del Gobierno es producto de la mala percepción que hay del propio Presidente de la República.
“La evaluación del Gobierno es mala, pero también lo es la de la Oposición. Uno esperaría, como ocurre en todas las democracias, que cuando un Ejecutivo es mal evaluado la oposición crezca, como los recientes ejemplos de Francia y España. Pero en Chile el Presidente cae en su respaldo ciudadano y la oposición también, siendo el problema más preocupante todavía”.
Los polémicos dos millones extra para los senadores
-Los indignados de España llamaron a no votar en las elecciones generales recién pasadas. Sin embargo, hubo una mayor participación electoral ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Podría ocurrir lo mismo en Chile?
“Ahí tienen mucho que hacer los medios de comunicación, porque la gente actúa en función de la información que recibe, que muchas veces es sesgada y con cierta orientación ideológica. No sé qué impacto puedan tener los movimientos ciudadanos chilenos en los resultados de los próximos comicios municipales, porque finalmente las personas actúan en función de las campañas electorales y de los temas que colocan los medios, que muchas veces no responden a las grandes demandas que se plantean en la calle”.
-¿Cómo son las relaciones que ustedes mantienen hoy con la Iglesia Católica? No ha pasado mucho tiempo desde que había una especie de satanización hacía las posiciones laicas de la masonería.
“Los debates con la Iglesia Católica tenían que ver con problemas de poder, ya que se sentía afectada por nuestro aporte para construir un Estado laico. En los últimos 30 años tuvimos un reencuentro en el campo del humanismo que compartimos. Yo he sido el que más ha lamentado los episodios en que algunos miembros de la Iglesia Católica han sido acusados de cometer delitos contra menores. Lo siento terriblemente, porque eso hiere un principio que es común a ambos como el humanismo y el respeto a la persona. Tenemos un diálogo muy fluido con las distintas creencias religiosas y persistiremos en eso porque la masonería, como ya lo he dicho, es un lugar de encuentro”.
-Hay también quienes la critican por ser una especie de sociedad de socorros mutuos, que tiende a favorecer a sus miembros y no siempre a los más capaces.
“Sí. Creo que hubo mucho de eso, cuando la masonería se encerró y dejó de mirar hacia el país. Nunca fui partidario de ello por mi formación académica, ya que estamos acostumbrados a evaluar a las personas en función de sus méritos y siento que eso es lo que debemos hacer. No somos una sociedad de socorros mutuos. No puede ni debe serlo, porque lo que nos interesa es formar personas para mejorar la sociedad. Rectores de la Universidad de Chile, como Juvenal Hernández y Juan Gómez Millas, construyeron una casa de estudios sin favorecer a nadie y siempre había una exigencia a ser mejores en el proyecto de universidad. Tal como exigimos ahora ser los mejores para participar en un proyecto de país”.
-Usted integra el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del Congreso Nacional que asignó el incremento de dos millones de pesos para la labor de los senadores ¿Pensaron que causaría tanta polémica?
“El Consejo Resolutivo sólo asigna y pone las reglas luego de que el Congreso aprueba el presupuesto en función de una propuesta del ministerio de Hacienda. Esa discusión de los dos millones de pesos era un presupuesto aprobado por esas instancias y tomamos la determinación de asignar ese paquete de recursos a los senadores bajo ciertas formas de utilizarlo y rendirlo”.
-¿Pero esa asignación era para gastos específicos o para el incremento de la dieta?
“Son asignaciones para facilitar y mejorar la función de los parlamentarios y no tienen que ver con la dieta. En este tema hubo muy poca claridad, porque los senadores tienen que cubrir territorios más extensos que los diputados para estar en contacto con sus representados, incluyendo contar con oficinas. Insisto, no es dieta, porque no van al sueldo. Son gastos que, además, como dispuso el Comité de Asignaciones Parlamentarias tienen que ser rendidos: no es plata de libre uso, sino que tienen que haber recibos de arriendo de locales, contratos de vehículos y de personal. Hay un comité de auditoria que revisa los gastos. Me parece algo justo, porque son cosas que tienen que hacer los parlamentarios en beneficio de la ciudadanía. Esto no es plata para que estos caballeros vivan mejor, sino para que hagan mejor su trabajo. Antes eso no ocurría, por eso había todo tipo de problemas y sospechas. Me parece un sistema bastante más transparente, porque los gastos y resultados de las auditorías están en las páginas web del Parlamento”.