El polémico Comité de Ministros ya no va más. Y es que la cartera liderada por la ex diputada de la UDI quiere que Chile tenga una institucionalidad ambiental de primer nivel y, por sobre todo, que los inversionistas no tarden años en darse cuenta de que el proyecto no va. Pero para hacerlo, Cubillos raya claramente la cancha: más rapidez y agilidad del sistema no significa menos exigencias ambientales.
Un video del 30 de mayo último muestra a Marcela Cubillos Sigall sonriendo y aplaudiendo efusivamente. Fue ese día, en la Cámara de Diputados, cuando la abogada y, desde el 11 de marzo pasado, Ministra del Medio Ambiente, daba el primer logro legislativo al gobierno del Presidente Sebastián Piñera tras aprobarse la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en todo Chile. Ese día, también, era primera vez que sentía en carne propia, aquello que vio durante los nueve años que fue diputada por la UDI, cuando los ministros lograban la aprobación de un proyecto de ley que llevara su firma.
Pero a pesar del éxito de la iniciativa que da un plazo de un año para la eliminación de las bolsas plásticas en el gran comercio, y de dos años para los pequeños y medianos, la ministra, al día subsiguiente, volvía a ser enfocada por las cámaras de televisión cuando el Presidente, en plena Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, anunciaba la mayor reforma al sistema de evaluación ambiental que deberá, justamente, diseñar y poner en marcha Cubillos.
“A más de 20 años de vigencia del procedimiento de evaluación ambiental y casi 10 años de la institucionalidad que nos rige, se hacía necesario hacer una evaluación y reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tal como lo contemplaba el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera. A través de este proyecto que ingresaremos en los próximos días a tramitación, buscaremos fortalecer el SEIA como instrumento de protección ambiental. Ése es nuestro principal objetivo, además de otorgar certeza jurídica, mejorar la participación ciudadana y fortalecer la decisión de las regiones en el proceso”, cuenta la Ministra.
En concreto, los cambios que por estos días afina la Ministra y sus asesores para presentar el proyecto de ley tienen como eje eliminar al Comité de Ministros, la instancia integrada por las carteras de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería, que funcionaba como última posibilidad administrativa ante el rechazo de una iniciativa en los comités de evaluación regional. Luego de ellos, la alternativa de apelación terminaban siendo los Tribunales Ambientales.
Y aunque en la última reforma, que en la década pasada se hizo al sistema ambiental, se presentó al Comité de Ministros como una instancia que consensuaría la visión técnica con la política, lo cierto es que los reveses que tuvieron proyectos que, contando con todas sus aprobaciones sectoriales técnicas fueron luego rechazados por los ministros, puso en jaque a dicho sistema. Eso, y la crisis que detonó el rechazo del Comité de Ministros al proyecto portuario-minero Dominga, en la Región de Coquimbo, que terminó con la renuncia de los ministros de Economía, Luis Felipe Céspedes, y de Hacienda, Rodrigo Valdés, además del subsecretario de esta última cartera, Alejandro Micco.
– ¿Qué motivó finalmente a eliminar el Comité de Ministros?
“Queríamos contribuir a tecnificar en mayor medida el SEIA. Pero también, suprimir el Comité de Ministros, tiene como objetivo eliminar la doble revisión administrativa que hoy existe. Una doble revisión que en definitiva no ha evitado que todo termine en los Tribunales Ambientales, alargando innecesariamente los procesos e introduciendo faltas de certeza a la comunidad, a las organizaciones ciudadanas y a los titulares de los proyectos. Por otra parte, lo que ha ido ocurriendo es que lo que se resuelve en una instancia regional termina modificándose en una a nivel central”.
– Si el Comité tiene un tono muy político, ¿en qué pie quedan los proyectos que ya han sido aprobados o rechazados por éste?
“Lo que queremos es que lo técnico y político convivan de mejor manera en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Fortaleceremos el componente técnico, pero tiene que existir, siempre, en determinada instancia del proceso, la mirada política regional y nacional, para calificar si determinado proyecto, en las condiciones que se plantea, lo queremos como país”.
Para garantizar esa mirada política que incluya el parecer de las regiones y del país, el proyecto que, junto con el Comité de Ministros suprimiría también las comisiones de evaluación ambiental regional, incorporará la figura de oficinas macrozonales que quedarán como las únicas instancias administrativas de evaluación de los proyectos.
En dichas instancias, según ha recalcado la Ministra en la prensa, se incorporaría al Intendente de la Región donde se localice el proyecto de inversión, además del titular regional de Medio Ambiente. “No se eliminan las oficinas regionales del Servicio de Evaluación Ambiental. Los organismos técnicos y sectoriales siguen siendo regionales. Sólo se propone que la decisión de evaluación final de los proyectos sea a nivel de una comisión macrozonal”, aclara la Ministra. Eso sí, además de este proceso administrativo más expedito, la participación ciudadana será clave. Y mientras más temprano en el proceso de evaluación hablen las comunidades, mejor.
– ¿Cómo van a mejorar la participación ciudadana?
“A través de la participación ciudadana temprana, que será muy importante para las comunidades y titulares del proyecto. Para las comunidades es positivo porque argumentan que hoy al darse la participación ciudadana sólo dentro del SEIA les llega el proyecto definido; por tanto, existe una asimetría de información importante, la que genera desconfianza, y que se traduce en rechazo. Enterarse de un proyecto que está en elaboración antes de su ingreso al sistema, en cambio, les permite a las comunidades influir efectivamente en la planificación de la iniciativa. A los titulares también les sirve, porque pueden darse cuenta de manera temprana si existe rechazo, y analizar de qué manera modificar o adaptar su proyecto”.
– ¿Existe el riesgo de que por apurar el trámite baje el estándar de requisitos ambientales de un proyecto?
“El desafío es mejorar la tramitación sin afectar la calidad de la regulación. El objetivo de esta reforma es fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental como instrumento de protección del medio ambiente, no es un instrumento para facilitar la aprobación de proyectos. Siempre he sostenido que la mejor manera de agilizar un proyecto de inversión es que éste cumpla estrictamente, desde el inicio, con las normas ambientales y los altos estándares que en esa materia hoy la comunidad y el país exigen”.
El debate por las bolsas plásticas
Ni para el gobierno anterior, que fue el primero en proponer el término de las bolsas plásticas en algunas zonas costeras del país, ni para el actual que lo extendió a todo el territorio nacional, la tramitación fue fácil. De hecho, una de las principales críticas que tuvo que sortear fue la oposición de los fabricantes de bolsas biodegradables, quienes alegaban que sus productos no contaminaban y eran mucho más económicos que los de género.
– ¿Por qué optaron por terminar con las bolsas plásticas en todo el territorio, y no sólo en las comunas costeras?
“La contaminación de nuestro mar afecta a todos los chilenos y, por tanto, su combate lo debemos asumir todos. La entrega indiscriminada de bolsas plásticas está matando la vida en nuestros océanos y contamina nuestro entorno. La Ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio es el primer paso para combatir esta dura realidad, pero había que darlo ya, no podíamos seguir esperando. Estamos convencidos de que nuestra costa nos imponía la obligación de ser líderes en la limpieza de nuestros océanos”.
– Hay un debate sobre el fin de las bolsas plásticas, porque finalmente es el consumidor el que asume el costo de pagar una bolsa más cara y se critica también no optar por bolsas biodegradables, ¿por qué no eligieron por estas últimas finalmente?
“Esta Ley de bolsas plásticas tiene dos efectos. Primero, avanzar en la protección de nuestros océanos y medio ambiente de la contaminación por plásticos. Y segundo, generar un cambio de hábito en todos los chilenos y en todas las comunas. Según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente 2018, el 95 % de los chilenos está de acuerdo con esta medida y ya estamos viendo cambios en las personas y en el comercio”.
– ¿Y las biodegradables no eran una opción?
“En Chile no contamos con un sistema de certificación que nos permita avalar la condición de biodegradable. Existen normas y ensayos de laboratorios estandarizados, pero no una certificación oficial. Además, cuando existe esa certificación, se refiere a su biodegradabilidad en determinadas condiciones que no es posible asegurar en Chile. Siempre requiere un proceso industrial. Por último, el prohibir la entrega de todas las bolsas plásticas va en la línea de la reducción de residuos plásticos en los términos que la ONU lo ha recomendado”.
Plan de descontaminación del Gran Concepción para el próximo invierno
A nivel regional, uno de los temas que más preocupa, principalmente por su retraso en la implementación, es el plan de descontaminación del Gran Concepción. Y es que al menos desde 2015 se sabe que la macrozona tiene niveles más elevados que los permitidos de material particulado fino (MP 2,5). Y aunque había un plan listo y dispuesto por el gobierno pasado, la nueva administración decidió mejorarlo y reingresarlo a Contraloría para su revisión. Ahora sí podría ponerse en marcha en el corto plazo.
– ¿Cuándo, finalmente, el Gran Concepción tendrá un Plan de Descontaminación?
“El Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para el Gran Concepción fue reingresado a Contraloría el 31 de mayo pasado, luego de que decidiéramos a fines de marzo retirarlo para hacer un profundo análisis y revisión del documento que había sido ingresado a último minuto por el gobierno anterior. Cabe recordar que en diciembre de 2017 el ente contralor no tomó razón del plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví, elaborado por el gobierno de la Presidenta Bachelet, dejándolo en la categoría de ‘representado’, luego de hacer reparos. Con los cambios introducidos por este Ministerio al PDA del Gran Concepción se espera que la revisión por parte de Contraloría sea más expedita, y que pueda entrar en vigencia este año. De esta manera, para el próximo invierno ya podríamos contar con las herramientas necesarias para la gestión de episodios críticos.
-¿Y qué contiene ese nuevo plan mejorado?
“El reingreso del documento busca establecer, luego de más de una década de espera, un plan de descontaminación para el Concepción Metropolitano, que beneficiará a más de un millón de personas. Será el segundo PDA de mayor impacto en el país, sólo superado por la Región Metropolitana. Entre las metas que establece el plan está el reducir en 30 % las emisiones de material particulado para grandes establecimientos industriales, el recambio de 20 mil calefactores en ocho años, la entrega de 20 mil subsidios de aislación térmica de viviendas en ocho años, renovación de al menos 200 buses de transporte público, disminución del 60 % del material particulado y 20 % de los óxidos de nitrógeno del sistema de transporte público licitado en el Concepción Metropolitano”.
El país del futuro: biodiversidad y cambio climático
Pero más allá de los temas urgentes en la apretada agenda de la Ministra Cubillos, hay otros asuntos de carácter mundial en los que quiere trabajar. Dos de ellos son la protección de la rica biodiversidad de Chile y el aporte que esperan hacer para enfrentar el Cambio Climático, del que tanto se habla en ésta y otras latitudes.
– El Presidente anunció un proyecto para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿cuándo esperan presentarlo?
“El proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado, y como Ministerio estamos impulsando que se convierta en ley lo antes posible. Actualmente, estamos definiendo, junto a los ministerios sectoriales, las indicaciones que presentará el Ejecutivo al proyecto. Será el primer servicio público de Chile con un mandato exclusivo para conservar la diversidad biológica y el patrimonio natural del país, y asegurar así el desarrollo sostenible desde una mirada integral de todos los ecosistemas, especies y genes, a través de distintos instrumentos de conservación”.
– ¿Cómo enfrentarán institucionalmente el Cambio Climático como gobierno?
“Desde el Ministerio impulsaremos una Ley de Cambio Climático tal como lo estableció el programa de gobierno. Iniciaremos en los próximos meses un proceso participativo para elaborar el anteproyecto. Nuestro rol será coordinar tanto al sector público como a los otros actores, como la sociedad civil, el sector privado y la academia, para tener una visión transversal. En este trabajo tendrán especial importancia las regiones porque queremos que se incluyan las realidades locales. Estamos hablando de una ‘ley marco’ que permitirá dar claridad a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático, además de establecer un sistema de gobernanza climática, que permita hacer frente adecuadamente a los desafíos que impone esta realidad”.