En 2014, esta abogado penquista protagonizó portadas y noticieros tras ser despedida del Servicio de Impuestos Internos por denunciar irregularidades de funcionarios relacionadas con el Fraude al FUT, caso que daría el puntapié inicial a las investigaciones por financiamiento irregular de campañas políticas. Hoy nos cuenta sobre el acoso laboral que vivió tras entregar sus antecedentes al fiscal Carlos Gajardo y manifiesta su inquietud por los inéditos mecanismos que, a su juicio, usaría el SII para favorecer a políticos involucrados en tales hechos.
A Marisa Navarrete Novoa (47) le carga Santiago. Tanto así, que para lidiar con el estrés capitalino, optó por lo que ella llama una “doble vida”: en la semana, es una abogada full time dedicada a causas penales, las que atiende desde su oficina ubicada estratégicamente a pasos del centro cívico de la ciudad. Los fines de semana y festivos, en cambio, se refugia en su parcela de la comuna de Peñaflor.
Allí, junto a su familia, su perro, su casa y sus árboles, la abogada que estuvo en el centro del huracán por denunciar el fraude al Fondo de Utilidad Tributaria (FUT) e irregularidades internas en el SII, descansa y se toma un respiro para meditar e interiorizarse de la contingencia, marcada por escándalos de corrupción y financiamiento irregular de campañas electorales que sacuden de forma transversal a casi todo el arco político. Un escenario que ella, sin proponérselo, ayudó a desencadenar.
Nacida y criada en la capital del Biobío, pasó su escolaridad en el colegio Inmaculada Concepción. Tras egresar, quiso estudiar Periodismo en la UdeC. Pero en 1986 la carrera aún permanecía cerrada. Las leyes serían su segunda opción, la que concreta tras titularse en 1994 en la entonces sede de la Pontificia Universidad Católica.
“No tenía ni siquiera 18 cuando entré a la universidad. Mi pareja, Emiliano Arias (quien es parte del equipo persecutor a cargo de los casos Penta y Soquimich, encabezado por Sabas Chahuán, junto a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena) también salió de 15 del colegio. Yo estudié cuando la Católica de “Conce” era la Pontificia. Me venían a tomar pruebas profes de acá de Santiago, entonces era distinto”, recuerda.
En 2003, ingresó al Ministerio Público, a la Fiscalía local de Concepción. Allí se encargó de las causas ambientales. “Siempre decía que me asignaban todo lo que tuviera hojas, pelos o plumas, dado que me gustaban los animales (ríe). En ese momento no existía la especialidad de delitos ambientales, recién se creó en Santiago el 2006. Por entonces yo ya contaba con la especialidad en delitos económicos”.
En 2005 partió a Santiago, a la Fiscalía Metropolitana Occidente, específicamente a la fiscalía de San Bernardo, siempre en la especialidad de delitos económicos y ambientales. Finalmente, en febrero del 2012 se cambió al Servicio de Impuestos Internos (SII), como jefa de la Oficina de Litigación Penal en la Región Metropolitana.
Una denuncia “abortada”
El 18 de diciembre de 2014, Marisa Navarrete, ya por entonces desvinculada de su trabajo en el SII, declaraba en el Congreso, ante las comisiones conjuntas de Penta y campañas electorales, sobre los hechos que habrían implicado su salida tras denunciar el caso de Fraude al FUT.
Este tipo de fraude corresponde a uno de los delitos más graves contemplados en la normativa tributaria, como es el uso de formularios adulterados, de acuerdo con el artículo 97, número 4, inciso 3 del Código Tributario, sobre la obtención indebida de devolución de impuestos, lo cual tiene una pena de crimen de 5 años y un día hacia arriba.
En la ocasión, la abogada sostuvo que su salida se debió única y exclusivamente a la denuncia que realizó en este caso, ”en contraposición a lo que quería el subdirector jurídico” (Gonzalo Torres). Ante los legisladores, explicó que cuándo tomó conocimiento de la participación de funcionarios públicos en el fraude, puso los hechos en conocimiento de su superior y que “ante su inactividad”, optó por denunciar el delito funcionario directamente en la oficina del fiscal Carlos Gajardo.
Sobre la arista política del caso Penta, Navarrete señaló que sólo tuvo conocimiento de ella a través de la prensa, cuando ya estaba fuera del servicio.
-¿Cómo sucedieron realmente los hechos?
-”En 2013, a finales de mayo, recibí un informe de recopilación de antecedentes que asigné a una abogada de mi dependencia. Al cabo de un mes más o menos, a través de un correo electrónico me dice que lo devuelve porque fue nombrada jefa de gabinete de Gonzalo Torres: ‘No alcancé a revisar este informe, así es que te lo devuelvo’, dijo. A los dos días lo reasigné a otra abogada. Tras revisarlo, ella descubrió que había funcionarios del Servicio de Impuestos Internos involucrados”.
En ese informe aparecía una declaración de un contribuyente en contra del fiscalizador del SII, Iván Álvarez (ingeniero comercial, acusado de idear el Fraude al FUT y que fue condenado a cinco años de presidio efectivo por los delitos de cohecho, lavado de dinero y fraude tributario), donde evidenciaba que éste había cometido un delito de cohecho y, además, un delito funcionario.
-¿Qué ocurrió después?
“Eso fue a mediados de julio. Ese mismo día puse esa situación en conocimiento de mi superior, a través de un correo electrónico. Donde Carlos Gajardo acudí aproximadamente la primera semana de agosto, porque me di cuenta que en el servicio no se quería denunciar este asunto. Yo misma les pregunté (a sus superiores) ¿qué pasa con la denuncia que les remití? Porque además les hice el formato, les hice el borrador… Respondieron que el director de ese momento (Alejandro Burr) no quería denunciar porque no quería meterse con los gremios. Eso ocurrió en una oficina donde estaba Gonzalo Torres, Andrés Vio -en ese momento, jefe del Departamento de Defensa Judicial del SII- y la jefa de gabinete de Torres. Les dije que el director era un ingeniero y que, nosotros, los abogados, éramos los encargados de hacerle ver cuáles son las consecuencias de no denunciar un delito funcionario. (La ley dispone que debe hacerse en un plazo de 24 horas).
No sé hasta qué punto lo que respondieron fue verdad, si efectivamente el director tuvo esa intención de denunciar o no; lo que tengo claro es que ellos no querían denunciar un delito que era absolutamente evidente, porque en el informe que recibí había una declaración de un sujeto que decía: Iván Álvarez me acompañó a cambiar un cheque por 23 millones aproximadamente, y él me entregó sólo un millón 800, y el resto se lo llevó todo el funcionario”.
-En otra entrevista, usted había sostenido que Álvarez había llevado a esa persona a cobrar un cheque por 20 millones y que se había quedado con 15…
-”La suma no me acuerdo, pero se quedó con un importante porcentaje. Eso es cohecho. Lo que yo pongo en conocimiento y que me resulta grave es eso -no el delito tributario todavía, que es grave también-, sino que no se denunciara un delito funcionario que es una obligación legal de todo funcionario público. Ahí es donde yo digo: ‘Esto está malo’ y voy directamente donde Gajardo”.
Luego que el fiscal Carlos Gajardo solicitara antecedentes, finalmente la segunda semana de agosto el SII presenta la denuncia que había aconsejado Marisa Navarrete. “Cuando la vi me di cuenta que tenía un número y una fecha distinta. Ahí recordé que previo al día 13 o 14 de agosto, cuando Torres presentó la denuncia, me había llamado a las nueve y media de la noche a mi casa para consultarme si la podía firmar. Fui, llegué a su oficina tipo 10 de la noche. Ahí estaban Gonzalo Torres, Andrés Vio y la jefa de gabinete. Me reí y les dije: ¿Ustedes creen que Gajardo está hasta esta hora en su oficina esperando que le manden una denuncia? Ellos no entendieron mi humor, y bueno, firmé. Entonces, ahí me di cuenta que la denuncia tenían que enviarla ese día porque el informe que habían hecho era del día anterior”.
-¿Con esa falsificación de documento, el asunto pasa a tener carácter delictivo, o no?
-”Mirando esa conducta como fiscal, sí, se transforma en delito, porque aquí hay dolo, hay intención de ocultamiento. Cuando no actúo por negligencia lo soluciono rápido, denunciamos, aunque sea tres meses después. Pero cuando tú cambias la fecha (a un documento) o haces cosas raras, para ocultar lo que hiciste, se refuerza el tema”.
-Desde su formación jurídica y por su experiencia, ¿aquel silencio de sus superiores era más que sospechoso?
-”Precisamente por eso siempre hago un antes y un después, porque esto se conocía desde septiembre de 2012. La declaración que yo estaba leyendo (la del informe que acusaba a Álvarez) era también del 2012, probablemente de diciembre. Por lo tanto, la persona que tomó esa declaración se dio cuenta de eso; el jefe de Delitos Tributarios que suscribió ese informe vio que había un delito, entonces hubo una serie de omisiones”.
-¿Y por qué sus superiores no le obedecieron? ¿Siente que hubo suspicacias o resquemores por su pasado como fiscal?
-”No sé. Yo nunca tuve problemas con Gonzalo Torres. Él antes era jefe de Defensa, ere mi jefe directo, así es que teníamos una relación bastante cercana. Creo que de alguna manera, reconocía que el aporte que yo estaba haciendo era entregar toda mi experiencia en el Ministerio Público a un servicio que no la tiene en materia penal… y eso está claro, hoy lo podemos ver. No sé por qué Gonzalo Torres no denunció si hacía dos meses nos habíamos enfrentado a una situación similar en Rancagua, por un reclamo en contra de un funcionario que había pedido 50 o 100 mil pesos a un contribuyente. Ahí él me ordenó que hiciera una denuncia inmediatamente. Por qué no lo quiso hacer dos meses después, no lo sé. Hay un capítulo que me falta y que ignoro hasta hoy”.
El acoso laboral
-¿Es cierto que fue muy poco amable la forma en que posteriormente la desvincularon, en términos de trato y de finiquito laboral?
-”Por supuesto. Después de que Gonzalo supo que fui yo quien hizo llegar la información a Carlos Gajardo, él hizo lo que yo llamo acoso laboral. Me sacó de las causas, me pidió mi cargo. Marisa -me dice- he pedido informes tuyos y son todos malos. Le pedí que me mostrara los informes y respondió que nos los tenía, pero que yo me llevaba mal con los fiscalizadores. ¿Con quiénes?, le pregunté. Respondió: no te puedo decir. Esos fueron sus fundamentos. Él no me echó, sino que me ofreció que me fuera a cualquier dirección regional como abogada. Yo me quedé impactada. Eso fue un viernes. Respiré profundo y le dije: te respondo el lunes. El fin de semana lo pensé y me dije no pienso aceptar, no he hecho nada malo, he tenido las mejores calificaciones hasta el momento. El lunes volví donde Gonzalo y le dije que no iba a aceptar su propuesta, porque yo había entrado por concurso público como jefa de Litigación Penal. Él se molestó y me dijo que iba a prescindir de mi cargo. Bueno, perfecto, en conformidad a la ley tendrás que hacerlo, respondí. Y por escrito, porque me voy a defender. Me sacó de las causas; me revocó los patrocinios, le dijo a todo el mundo que yo había renunciado, cosa que no había hecho; nombró a su jefa de gabinete como jefa de Litigación Penal, lo que no pudo concretar porque no me fui. Lo más humillante ocurrió en un curso de Liderazgo en la UC. Llego, y antes de entrar, alguien de Recursos Humanos me dice: no puedes ingresar, pregunté por qué, y respondió, porque todos sabemos que ya no eres jefa de Litigación Penal. Le repliqué: tienes algún documento escrito, porque nadie me lo ha dicho”.
El cargo de Marisa era a contrata. El 31 de noviembre, su contrato no fue renovado.
-¿Había un red de encubrimiento dentro del S.I.I?
-”Es lo que pienso. Sí pues, si pensemos que Iván Álvarez era el sujeto que no quisieron denunciar, ¿cierto? Y era el sujeto que era el operador de Penta dentro del servicio. Ése es un antecedente que hoy me parece relevante para decir, bueno, parece que la omisión de la denuncia, hay que investigarla un poco más, ¿cierto?”.
-Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, acusó que la demora en las denuncias “tiene relación con el director nacional que había en ese tiempo, Julio Pereira, quien llegó con el inicio del gobierno de Piñera. Había antecedentes desde el 2010 al 2012, es decir, en ese tiempo se fraguó este tema”. ¿Cuál es su opinión?
-”No puedo dar cuenta de eso porque no tengo idea de lo que está señalando el señor Apablaza. Del dato objetivo que puedo dar cuenta es que en el informe que vi, que era de diciembre de 2012, había una clara acusación en contra de un funcionario público, y ahí es donde se demuestra hoy la falencia que tiene el Servicio de Impuesto Internos. ¿De qué manera hoy se previene la comisión de delitos dentro del servicio? Hoy Impuestos Internos ha pasado como callando el escándalo que también hay dentro del servicio; no solamente está el escándalo de los empresarios, de los políticos, sino que está el escándalo que hay dentro, el de haber descubierto un sujeto al que se le llamó casi ‘el operador de Penta’ por un montón de años sin que nadie lo hubiese podido advertir; o si lo advirtieron, callaron (…) Claramente hay una deficiencia hoy en Impuestos Internos en detectar los delitos funcionarios. Y, además, a alguien que denuncia, la echan. Entonces, es horrible el mensaje para el resto de los funcionarios”.
El plan del “arreglín”
-El SII tiene discrecionalidad para decidir si denuncia o no ante eventuales delitos tributarios. ¿Cuál es el filtro que hacen en el SII? ¿A quiénes persigue?
-”A mí me parece que habría que quitarle esta facultad al Servicio de Impuestos Internos, porque se ha utilizado mal. Hoy no tiene criterios ni fondo para decir en este caso sí, y que todo el mundo sepa en qué caso se va a querellar o ejercer la acción penal, y en qué casos no. Vi pasar el caso de una persona que no dio boletas en tres oportunidades. A lo mejor ella no sabía que lo era, pero es un delito no dar boleta en forma reiterada, en perjuicio fiscal, ¿cuánto será? No sé, 50, 100 mil pesos con suerte. Pasó por mí, y fue en la revisión de una querella. También vi casos donde los perjuicios eran un millón de pesos, dos millones. Pero no hay criterio uniforme. Y claramente hoy día está actuando de una manera súper inconsistente el servicio, con quiénes, con los políticos. Y por qué digo esto: porque resulta que el 9 de enero se querelló en contra del señor Wagner (Pablo, ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera). Y qué es lo que dice la querella: el señor Wagner le pidió una boleta a su cuñada, María Carolina de la Cerda, pero la plata la recibió él, y fue también él quien le entregó esa boleta a Penta. Esa conducta es exactamente igual a la que hacen algunos políticos que le piden la boleta al chofer, al junior, a la señora, pero la plata la recibe el político y la boleta se la pasa a la empresa. Entonces, ¿por qué en un caso sí y por qué en otro no? Eso, es arbitrario. O sea, hay discrecionalidad, pero la discrecionalidad no es arbitrariedad. Entonces esta facultad no se puede usar políticamente para proteger a algunos y a otros no.
Además, todas las querellas que nosotros hacíamos eran en contra de los que resultaran responsables, porque así habilitaba a perseguir no solamente a aquellos que nominativamente se señalaba en la querella, sino que a otras personas que estuvieran involucradas en el hecho. Pero el SII empezó a limitar, en alguna querella del Caso Penta, que no me acuerdo bien cuando fue, creo que el 24 de enero, en que se dijo ‘contra estas personas no más, no contra otras más’ (…) eso ya te está mostrando una intencionalidad. Segundo: en la última denuncia que hizo el servicio hace poco, ellos dicen ‘contra los que resulten responsables’, pero agrega: contra los emisores de las boletas no nos hemos querellado. Nos querellaremos, en el fondo, si los antecedentes ameritan para ello, de acuerdo con los criterios que ha tenido el servicio históricamente como monto, perjuicio fiscal, etc. Eso es una excusa que nunca la había visto en las querellas, nunca tenían esa salvedad”.
-¿Qué opina de la salida administrativa que ofreció el SII en marzo por figuras de evasión similares a los del caso Penta, que invitaba a los contribuyentes a aclarar inconsistencias en sus declaraciones e incumplimientos en las oficinas del SII? ¿Correspondía este anuncio dado el contexto que se vivía?
-(Se queda meditando)… “Me parece que es evidente la poca oportunidad de ese plan. A todas luces aparece ahora para hacer un arreglín más que tener la seria intención de hacer una fiscalización de grandes empresas que podrían estar en esta situación. Uno se pregunta: ¿Qué hicieron los años anteriores que no se dieron cuenta? Aquí lo grave es que esto se ha hecho por un montón de años y ¿qué ha pasado con el SII que no ha podido detectar toda esta cantidad de facturas? Porque no son una o dos, son muchas… La especialidad de la casa, son las facturas falsas, tiene mucha experiencia y la mayoría de las querellas son por eso. Entonces ¿por qué no se han detectado facturas falsas en estas grandes empresas?
Está el tema del cuestionamiento si esto es un tema penal o es un tema civil. Cuando hablamos de gastos rechazados, simplemente estamos hablando de gastos que no son necesarios para producir la renta: porque no se condicen con el giro, porque no cumplen algunos requisitos que no habían sido pagados, etc. Pero cuando hablamos de facturas falsas, estamos hablando de operaciones irreales y que fueron específicamente hechas para defraudar al Fisco”.
-Parlamentarios del oficialismo hicieron ver su “preocupación por el cambio en la estrategia del SII”. Pidieron que volviera a su histórico rol administrativo y recaudador que ante situaciones de contribuyentes con declaraciones imprecisas “llamaba a aclarar y eventualmente multaba”.
-”Salvo que no pasaran el límite. Cada vez que el servicio detectaba una reiteración de facturas, eso siempre iba (a querella), salvo casos en que hubiera una sola factura, en que uno no podía saber si el sujeto realmente sabía si es que era falsa. Escuché a un ex director por ahí en la prensa que decía: ‘es que el servicio no tiene los recursos para hacer 200 querellas’. Eso es ridículo. Incluso diría que muchos más recursos humanos del servicio se gastan para hacer la fiscalización, porque pueden ser objeto de reclamación ante el tribunal tributario aduanero, donde el SII asume una participación activa en la tramitación de esos reclamos. Cuando hablamos de una querella yo diría que es casi lo mismo que hacer una declaración de impuestos, un giro. El tema es que, a diferencia del otro, cuando usted hace una, se la pasa al Ministerio Público. Nada más, usted no investiga nada. Entonces, se dicen afirmaciones sin ningún fundamento”.
-En una entrevista dada a El Mercurio, Jovino Novoa pidió que “no se discriminara a los políticos”; y dijo que en los tribunales “tiene que aplicarse el criterio de siempre respecto de los temas tributarios: la persona pagaba los impuestos, se le aplicaba una multa, pero no la llevaban a la fiscalía ni le hacían un juicio criminal”, ¿cuál es su parecer?
-”Eso es desconocer o ignorar todas las acciones que el SII ha hecho por delitos tributarios. Es cosa de mirar el sistema antiguo, hay muchas causas por delitos tributarios. Entonces, ¿qué buscan hoy? ¿Despenalizar el delito?: ‘No tengamos más delitos tributarios, porque nos tocó a nosotros’. Pero sucede que si usted ve el delito de la facilitación, que podrían cometer ciertos políticos, es una figura que se estableció en el 2001. El mensaje presidencial decía: ‘Vamos a prevenir la evasión tributaria castigando esta conducta que es previa’, porque acuérdese que el que facilita materialmente no defrauda al Fisco, sino que defrauda el otro, el que recibe la boleta. Entonces, el mensaje decía que querían reforzar esto, para que no hubiera evasión tributaria”.
-¿Considera que “la salida administrativa” que ofreció el SII y la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó a los fiscales abstenerse de realizar diligencias -como incautaciones y allanamientos- fueron parte de una maniobra de freno a la investigación de la fiscalía en el caso SQM?
-”Sí. Evidentemente uno puede ver desde afuera que se hicieron todas estas gestiones para obstaculizar una investigación que ya estaba iniciada. Pero el servicio ya tomó la decisión de iniciar la vía penal y no puede echar pie atrás”.
-¿La decisión del TC podría haber servido para dar tiempo a que un acusado pudiera eliminar pruebas, cambiar archivos de contabilidad, alterar documentos?
-”Ése es el daño y el riesgo que se ocasionó a la investigación con la tardanza de esto. La oportunidad en que se inician las diligencias de investigación, la incautación, por ejemplo, ocasiona efectos importantes en el transcurso posterior de la investigación. Todo este tiempo las personas pudieron haber cambiado contabilidad, pudieron haber hecho informes que no estaban, contratos que no estaban y que ahora se hicieron, facturas que no estaban y que ahora aparecieron. No me la cabe la menor duda que es posible, porque así lo vi en otras causas que tuve como fiscal”.