Dr. Jorge Maluenda Albornoz
Psicólogo Educacional
Académico Investigador USS sede Concepción.
En las décadas de los 60’ y 70’, los movimientos sociales por los derechos humanos, la no discriminación y el respeto de la diversidad obligaron a los sistemas educativos a repensar su ethos (comportamiento), generando una profunda transformación tanto a nivel simbólico como de política nacional y financiamiento, cuyos efectos se experimentan hasta hoy.
Esto ha generado que cada día exista más conciencia de que los problemas vinculados a diferencias de género, discapacidad o neurodivergencia, entre otros, no tienen su causa en las personas, sino que son consecuencia de un mundo que no está pensado para la heterogeneidad de la especie humana, y que genera barreras para su participación plena.
Con el tiempo, hemos migrado progresivamente desde un modelo centrado en corregir y curar (modelo biomédico), pasando a uno que debe adaptarse para integrar a las personas (integración educativa), hasta llegar a un sistema pensado y diseñado para todos: integral y diverso, desde su génesis (inclusión educativa).
Así, se ha hecho evidente que para tener una educación que efectivamente permita el desarrollo humano pleno es obligatoria la construcción de comunidades educativas diversas y verdaderamente “auténticas”, esto es, similares a la realidad.
En nuestra vida cotidiana experimentamos a diario la diversidad, característica que es parte de nuestra naturaleza, y que requiere no solo de un espacio efectivo para su desarrollo, sino también de escuelas o casas de estudios que -ante personas “distintas” a nosotros- nos preparen para actuar de forma ecuánime, cooperativa y en pro de una convivencia social armónica.
Para que una persona pueda incorporarse a la sociedad como ciudadano(a) pleno(a) debe contar con las herramientas conceptuales, prácticas y experienciales requeridas en cualquiera de las dimensiones del aprendizaje. Lo mismo ocurre con la inclusión: espacios educativos desiguales y/o segmentados por razones socio-económicas o académicas, dificultan nuestra formación en espacios auténticamente diversos.
Las culturas competitivas e individualistas tienden a la estandarización de modelos ideales, a la clasificación de los estudiantes y a la segregación. Si, además, han instalado antivalores como la discriminación por causa de las diferencias de género u orientación sexual, y/o validan el uso de la fuerza como método de resolución de problemas, suelen ser entornos conflictivos y con problemas de convivencia.
El desafío de la inclusión educativa en Chile es -y seguirá siendo por un buen tiempo- un tema de preocupación, pues no es fácil modificar lo que se ha cristalizado a lo largo de varias décadas. Para lograr un efecto realmente transformador se requiere impulsar un cambio de conceptualización, valores y lenguaje, además de un nuevo esquema sobre las normas y hábitos, así como los incentivos y normativas que la política pública produce para su materialización. Aunque, incluso con esto resuelto, sigue siendo una transición progresiva.
Especialmente, se requiere una forma de medir los cambios y progresos en esta materia, que permita dar cuenta de los avances y localizar las deficiencias, para producir acciones conscientes y efectivas.
Las mediciones y la difusión de sus resultados son una herramienta indispensable para una mejor toma de decisiones en la política pública y en las acciones privadas, permitiendo un uso inteligente de los recursos. Pero, además, son motores de cambio. Dependiendo del modo en que sean construidas y cuáles sean sus propósitos (explícitos e implícitos), la información surgida de ellas permite conocer cómo la sociedad evoluciona en determinadas materias, eliminando prejuicios, malas comprensiones e, incluso, manipulación.
En inclusión en general -y en inclusión educativa, en específico- hace falta avanzar mucho para pasar de entregar datos de cantidad de “usuarios beneficiados” a evidenciar la “calidad” de las mejoras realizadas para, así, dimensionar cómo lo estamos haciendo y en qué debemos mejorar.
Un avance en esta materia es el proyecto Índice de Inclusión de Personas con Discapacidad, financiado por el Gobierno Regional del Biobío y ejecutado por la USS, que busca elaborar una radiografía profunda y realista de nuestra región, para enfocar mejor las decisiones privadas y públicas en materia de inclusión. Esto, a partir de un instrumento válido y confiable, y rigurosamente elaborado desde el vínculo entre la academia, el gobierno y la sociedad civil.
