Este mes, la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto de ley que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas a la semana, presentado en marzo por la diputada comunista Camila Vallejo, generando una nueva discusión laboral que se suma a la reciente puesta en marcha de la normativa que regirá el mercado del trabajo.
Previo a su promulgación, la Reforma Laboral ha producido impactos negativos en materia económica, efectos reconocidos incluso por sus propios impulsores. El empresariado se ha mantenido cauteloso en sus decisiones, influidos por la incertidumbre que han generado ésta y otras reformas, como la Tributaria.
Y este escenario podría extenderse durante 2017. Así lo mostró el último Índice de Percepción Empresarial de la Región del Biobío (ÍPER Biobío), publicado en enero, que arrojó que los empresarios de la Región, en su mayoría (71%), mantienen una percepción negativa del impacto que tendrá la Reforma Laboral en el empleo para este año.
Por lo mismo, cuesta entender que un proyecto de esta naturaleza sea presentado en un momento en que el mercado se ajusta a una nueva normativa. Es más, en un país creciendo a las menores tasas de los últimos años, no parece razonable esta iniciativa sin antes abordar cómo mejoramos la productividad laboral.
La OECD señala que Chile se ha estancado en sus índices de productividad, siendo el cuarto país menos productivo entre quienes componen el organismo. En este sentido, nos preocupa que el proyecto de ley no introduzca consideraciones que promuevan avances en esta materia. Por ejemplo, tenemos problemas de gestión, falta de delegación de atribuciones y falta de capacitación, todas variables que deben ser superadas para elevar nuestra productividad.
Si se disminuye la jornada laboral de trabajo no elevaremos nuestro nivel de productividad, al contrario, se va a producir una brecha entre la jornada y el rendimiento que tenemos que alcanzar. Podrían aumentar los costos, afectando la competitividad de la empresa y del país.
Las empresas que no mejoren su productividad van a tener costos más altos, lo que podría poner en riesgo su sustentabilidad en el tiempo. Este riesgo es mayor para las pymes, que son las que generan más empleo en Chile. Asimismo, las empresas grandes van a tender a incorporar más tecnología, y eso podría afectar la contratación de personal.
En definitiva, un proyecto de reducción de la jornada laboral en las circunstancias actuales pone una presión adicional a la economía, que actualmente no pasa por su mejor momento. Desde nuestra óptica, creemos que el camino es mejorar la educación, capacitar más, flexibilizar el mercado laboral y avanzar en políticas públicas que promuevan la inclusión de mujeres y jóvenes al mundo del trabajo. Esperamos que el enfoque de la discusión, que ya ha penetrado la agenda, ponga el foco en estos temas.