Propone la víctima más emblemática del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche en la Región del Biobío, cuya hacienda, Lleu-Lleu, fue objeto de más de 60 ataques incendiarios que, asegura, lo obligaron a emigrar a Santiago ante las graves amenazas para él y su familia. Acusa que la Concertación dejó una bomba de tiempo para que explotara bajo el mandato del Presidente Sebastián Piñera y le provocara altos costos políticos y sociales. Lamenta que las recomendaciones que desde hace 60 días venía haciendo a personeros de Gobierno para abordar de manera oportuna esa problemática no fueran consideradas por una visión centralista.
Una amnistía general, por una sola vez, para todos los mapuche procesados por delitos violentos, e incluso de carácter terrorista, es la propuesta de solución que hace el ingeniero comercial Osvaldo Carvajal Rondanelli, cuyo predio, la ex hacienda Lleu-Lleu, fue objeto de más de 60 atentados incendiarios y acciones delictuales que destruyeron todas las instalaciones de superficie dejándole perdidas millonarias.
La salida que sugiere implicaría un nuevo pacto social, en el sentido que los presos mapuche deberían asumir con absoluta claridad que cualquier acción de carácter terrorista futura sería duramente castigada y que tampoco podrían optar a beneficios carcelarios.
En esta entrevista, Osvaldo Carvajal confiesa que con esas acciones en su contra se frustró un proyecto turístico por 45 millones de dólares, que buscaba materializar con aporte de inversionistas, en su fundo de unas 300 hectáreas de superficie con una playa de cinco kilómetros de extensión en la orilla del lago Lleu Lleu. También le significó, finalmente perder esa propiedad.
Advierte como paradojal que ese predio, tras pasar a una entidad bancaria por las deudas que le generó al no poder darle un uso productivo fuera adquirido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para entregarlo al sector más radicalizado de la comunidad Pascual Coña, que lideraban dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Entre ellos, Luis y Avelino Meñaco, quienes habían sido procesados y condenados por la justicia, incluso como parte de un requerimiento por la Ley de Seguridad Interior del Estado que presentó el entonces intendente socialista Jaime Tohá por su participación en uno de los tantos ataques violentistas. El sector mayoritario de esa comunidad, con la que según el empresario mantenía una buena relación, aceptaron la entrega de otro fundo adquirido por la Conadi, en las cercanías de Cañete, como solución a sus demandas de tierras. Sólo permanecieron reclamando la propiedad sobre la hacienda Lleu-Lleu el grupo minoritario liderado por los Meñaco, tras la división de esa comunidad.
Carvajal, militante de Renovación Nacional y que ocupó la vicepresidencia y la tesorería nacional de su partido, se resistió a dejar la zona. Pero, las advertencias para su seguridad y la de su familia fueron cada vez más directas. Una de las últimas fue la muerte y la posterior crucifixión del caballo pony de su hija menor en uno de los cercos del fundo. También pesó en su determinación una investigación iniciada por el entonces Juzgado del Crimen de Cañete por asociación ilícita terrorista en contra del máximo líder de la CAM en ese período, José Huenchunao, donde se logró establecer que había amenazas concretas de secuestro para uno de los miembros de su familia.
Ese proceso, dice, inexplicablemente se paralizó y el expediente quedó archivado.
El empresario denuncia que el Poder Judicial de la Región del Biobío no actuó como debía ante los graves delitos cometidos en el marco del conflicto mapuche y que, en cambio, “sucumbió a las presiones del Gobierno de ese entonces que buscaba bajarle el perfil a la situación, ya que para quienes fuimos las víctimas hubo denegación de justicia y la violación permanente a nuestros derechos humanos, delitos que nunca fueron debidamente investigados, ni sancionados”.
El empresario, casado con la cirujano plástico Teresa de la Cerda, acusa a la Concertación y al intendente DC de la época, doctor Martín Zilic, de haberlo convertido “en la víctima emblemática” del conflicto entre el Estado y los mapuche en la Región del Biobío, por lo que califica de “inexplicable filtración” de un informe que le había hecho llegar, que advertía de la existencia de organizaciones no gubernamentales con lazos con grupos terroristas vinculadas a sectores mapuche minoritarios y radicalizados que se organizaban para acciones violentas.
Señala que esos antecedentes los había recabado ante algunos hechos inquietantes que había comenzado a percibir, luego que anunciara la intención de materializar su proyecto turístico en los márgenes de lago Lleu Lleu, donde tenía su predio.
Bomba de tiempo para Piñera
Acusa también que el conflicto mapuche fue heredado por el gobierno del Presidente de la República Sebastián Piñera. “Es una bomba de tiempo que le dejó la Concertación para que explotara bajo su mandato y le generara altos costos políticos y sociales”, sentencia.
Es partidario de modificar algunas de las penas que pueden ser excesivas en la Ley Antiterrorista, aunque advierte que es un grave error para cualquier sociedad democrática despenalizar el delito de incendio de esa legislación por la presión de un grupo específico, como lo pretendía hacer la Concertación con los distintos proyectos que impulsó. “El terrorismo es una amenaza real que puede tener distintos orígenes frente al cual como sociedad y nación debemos protegernos”.
-¿Por qué cree Ud. que se convirtió en la víctima emblemática del conflicto mapuche en la zona del Bíobío?
“Siempre tuve buenas relaciones con la mayoría de los integrantes de la comunidad Pascual Coña que residían en las inmediaciones de mi predio. Además, me encargué personalmente de la defensa del lago Lleu Lleu para evitar la instalación de jaulas salmoneras; el tener un plano regulador compatible con su aprovechamiento turístico e impulsar proyectos de desarrollo para las comunidades aledañas. Cuando iba a iniciar mi proyecto hice una investigación muy profunda. Pude establecer que existían organizaciones no gubernamentales dirigidas por personas de Santiago que habían estado vinculadas a grupos terroristas, y que manejaban dineros en bancos europeos de donaciones que obtenían en apoyo a la causa mapuche para ser destinados a los grupos más extremos que operaban en la zona del Lleu Lleu. Dado la gravedad y el riesgo que ello implicaba, de manera inocente, entregué esos antecedentes al intendente de la época, el DC Martín Zilic. Mi gran sorpresa, al poco tiempo después, fue comprobar que esa información que había entregado de manera privada, me fue enrostrada por los dirigentes de la CAM. Es más, me advirtieron que, a raíz de lo que había denunciado, me perseguirían hasta la muerte. Desde ese mismo momento comenzaron las acciones de violencia contra mi predio y mi familia que terminaron con más de 60 ilícitos. Fui abandonado por los gobiernos y las policías, porque nunca se tomaron las medidas necesarias que garantizaran mi derecho de propiedad y los jurídicos que tenía como ciudadano. Es más, las autoridades provinciales y regionales, me pedían contratar e instalar verdaderas guardias pretorianas ante la falta de respuesta del Estado chileno. Les dije por la prensa con mucha claridad que esto no era el Far West ni Colombia, sino que mi país, donde había un Estado de Derecho que los gobiernos tenían que garantizar. Yo defiendo a Chile y, en ese momento, tomé la firme determinación de trabajar para tener un cambio y que esas personas no continuaran en el Gobierno, como finalmente ocurrió”.
Hubo tardanza en abordar conflicto
-¿Está de acuerdo con que el Gobierno, ahora encabezado por un militante de su partido, cediera antes las presiones de los mapuche en huelga de hambre?
“Puede resultar un contrasentido, pero soy firme partidario de otorgar una amnistía general para todos los involucrados en el conflicto mapuche, incluso, para los procesados por delitos terroristas, entre ellos quienes atentaron contra mi predio y amenazaron a mi familia. Pero, al mismo tiempo, abogo por un nuevo pacto social para tratar de establecer el orden público y el Estado de Derecho en una zona que ha sido muy afectada en todo su desarrollo y que quiere recuperar la paz social. He tenido una participación muy activa con contactos a nivel de Gobierno, donde he puesto como peso mi historia y mi participación en los procesos judiciales en los que me he hecho parte por los delitos terroristas y también aportando antecedentes para la persecución de un grupo paramilitar que se escuda detrás de las reivindicaciones mapuches. No obstante, en Santiago, producto del centralismo, no se entendía cuál era el problema de fondo. Lo que había que hacer era desactivar la bomba de tiempo que dejaron los gobiernos de la Concertación para que explotara ahora con el objetivo de provocarles un gran daño y costo político. Afortunadamente, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera actuó con el pragmatismo necesario para evitar la muerte de los comuneros en huelga de hambre.
-Durante la campaña presidencial pasada, Sebastián Piñera prometió restablecer el Estado Derecho en la zona del conflicto mapuche. Hoy sus principales personeros aparecen cuestionando la aplicación de la Ley Antiterrorista bajo del gobierno de Ricardo Lagos ¿No es eso un contrasentido?
“La diferencia profunda que he tenido con el manejo del Gobierno por el cual trabajé para que ganara, es la tardanza que tuvo para llamar a una solución al conflicto, porque como centroderecha tenemos el capital político para hacerlo. Nadie podrá cuestionar que no somos firmes partidarios de mantener el Estado de Derecho y el respeto a los distintos poderes constitucionales. Hace más de 60 días que venía planteando que para desactivar el conflicto mapuche heredado era necesario estudiar fórmulas de entregar la mayor cantidad de beneficios carcelarios a todos los procesados en su marco, incluyendo a los que estaban por delitos terroristas. Lo segundo es terminar con los incentivos a la violencia que hay en el Artículo 20, letra B, de la Ley Indígena, que permite la adquisición de predios declarados en conflicto generados la mayoría de las veces de manera artificial. Un tercer factor es la creación de nuevas formas de protección ciudadana en zonas rurales, porque se requieren mecanismos distintos a los que existen en las áreas urbanas, donde están los planes cuadrantes y Paz Ciudadana. Lamentablemente, esos planteamientos no fueron recogidos por una visión centralista o de corto plazo. También les dije que no había que temer a negociar con la Concertación para un acuerdo que limitara la actuación de la Justicia Militar porque, objetivamente, no existen condenas para ningún mapuche bajo su jurisdicción, porque el Ejército, muy inteligentemente no ha querido comprarse un problema más respecto de los que ya tiene. En tal sentido no era difícil llegar a un consenso para que la Justicia Militar sólo juzgara a los militares y no a los civiles. Creo que hubo una demora innecesaria al no dimensionar esta bomba de tiempo que nos querían hacer explotar”.
¿Era más complejo abordar el tema de la modificación de la legislación antiterrorista como lo pedían los mapuche en huelga de hambre?
“En cuanto a la modificación de las penas también era factible un acuerdo, porque algunas son excesivas, ya que no es posible que un homicidio tenga 10 años de prisión y un incendio tenga 70. Tenemos que ajustar las penas a lo que es razonable. Muy distinto es lo que pretendían los gobiernos de la Concertación, especialmente el de la ex presidenta Michelle Bachelet, con su proyecto que buscaba despenalizar el delito de incendio terrorista en contra de la propiedad privada. En ese sentido la actitud del senador DC Hosain Sabag y de su hijo, el diputado Jorge Sabag, fue de una valentía increíble al respaldar un principio fundamental y rechazar las presiones de la directiva de su partido y los sectores más izquierdistas de la Concertación”.
Se premió a líderes de CAM
-¿Qué sensación le queda que la hacienda Lleu-Lleu fuera comprada por la Conadi a una institución bancaria para traspasarla a los líderes de la CAM, que aparecen como los supuestos responsables de los atentados cuando estaba bajo su propiedad?
“He dado vuelta la página sobre ese tema, porque la experiencia vivida ha sido muy dolorosa para mi familia. En la vida uno está lleno de proyectos exitosos y otros que fracasan, como ocurrió con el que tenía de hacer un gran complejo turístico considerando que el fundo tenía cinco kilómetros de playa a orillas del lago Lleu Lleu. Hicimos todo lo posible para materializarlo, pero nos topamos con el abandono de parte del Gobierno que debía proteger nuestros derechos. Hoy me queda más claro que la entrega de mi ex predio a los dirigentes de la CAM fue un premio a su trabajo y a su acción violenta que hicieron en conjunto con los grupos paramilitares que operan en el marco del conflicto mapuche. Ello, sumado a la aparente liviandad con que las autoridades políticas regionales y centrales de la época enfrentaron el conflicto. Es más, los grupos minoritarios violentos fueron premiados por los gobiernos de la Concertación con la entrega de tierras y beneficios fiscales, en desmedro de las soluciones para la mayoría de las comunidades que son pacíficas y que están por el diálogo para mejorar sus condiciones de vida”.
Mapuches deben renunciar
a uso de la violencia
-¿Qué alcances prácticos tiene como solución para desactivar este conflicto la amnistía que propone para todos los procesados por la justicia en ese tema?
“No estoy por una persecución sin tregua para quienes cometieron hasta actos terroristas bajo su marco. Pero, todos los beneficiados, deben tener muy claro que deben renunciar al uso de la violencia. No puede ni es razonable que los derechos humanos de miles de familias, como los de los agricultores René Urban y Jorge Luchsinger sean atropelladas todos los días. No pueden ser condenadas a vivir verdaderos infiernos, sin ni siquiera dormir tranquilos”.
-¿Se siente frustrado al haber abandonado la zona en circunstancias tan complejas?
“Los malos cristianos, entre los que creo me incluyo, necesitamos que muchas personas recen por nosotros. No tengo dudas que eso ha ocurrido de parte de religiosas de un convento, al que contribuimos para que contaran con una capilla. Toda esa energía positiva nos ha dado la fortaleza para reconstruir nuestras vidas como familia. Si tengo que escribir el libro de mi vida, lo haré con una visión de futuro asumiendo las experiencias del pasado, incluyendo los errores cometidos. En tal sentido, entender que tengo que tener mayor cuidado con los conflictos sociales y con las medidas de seguridad para mí y mi familia. No tuve otra opción que dejar la zona, pero Santiago nos ha recibido de una manera que nunca imaginamos. Quería hacer Patria en el lugar donde había nacido, estudiado y desarrollado gran parte de mi vida familiar y empresarial, pero no lo pude hacer. Rechacé una candidatura a senador por mi partido en la Región del Biobío, porque ya no quería volver. Acá he tenido la oportunidad de ser vicepresidente y tesorero nacional de mi partido, aunque nunca dejaré de criticar el centralismo y pedir un desarrollo con equidad para las regiones. Pero, lo cierto es que hoy, aquí, nos sentimos mucho más tranquilos y seguros respecto de la soledad, el abandono y la inseguridad a que nos condenaron los gobiernos de la Concertación”.