Pablo Ortega Manosalva. El defensor de la causa

Que Chile aplica la Ley Antiterrorista por su alianza con Estados Unidos, que los socialistas tienen la mano dura contra los mapuche y que Celestino Córdova fue injustamente condenado. De eso y más  habla este abogado, que se ha convertido en el más prestigiado de la plaza en el “tema mapuche”, como le dice.
Por Nicolás Durante Parra | Fotografías Gino Zavala.
Fue una imagen, en 1997, en la comunidad mapuche Juana Millahual, en las cercanías del lago Lleu Lleu, la que marcó a fuego el futuro del abogado Pablo Ortega Manosalva. Hoy lo resume como si hubiese visto a David luchando contra Goliat, pero contrario a lo que dice la historia, había sido este último el que ganaba.
“Alguna vez me pidieron asistir a una comunidad, por una consulta jurídica, y entonces fui. Cuando llegamos me topé con un desalojo policial. Fue impactante. En ese momento, además de la policía, se veía a maquinarias forestales destruyendo casas. Imagínese lo que era ver esas máquinas, como robots con brazos para levantar troncos, pero botando casas. Y más encima, con tanta pobreza que había en esas comunidades”.
Ortega, entonces alumno de último año de Derecho de la Universidad de Concepción, inició así su compromiso con el “tema” mapuche, como él lo define. Ni causa ni conflicto, sino que tema, por el amplio espectro de asuntos que aborda. Ahora, a diferencia de en ese entonces -aunque asume que todavía se sorprende con las causas que considera justas- es un reputado abogado de la plaza y ha defendido a cuanto comunero es acusado, injustamente según dice, de delito terrorista por el Estado.
Quienes lo conocen dicen que es un profesional extremadamente cuidadoso en los detalles y que no se rinde con facilidad. Tampoco tiene miedo.
Corría el año 2002 y en La Araucanía se sucedía una serie de hechos de violencia que llevó al Presidente de la época, Ricardo Lagos Escobar, a decretar la Ley Antiterrorista contra comuneros, cuando desde la fiscalía solicitan intervenir el celular de Ortega, quien defendía a una veintena de ellos acusados de asociación terrorista. Recurrió a la justicia, demandó al Estado por violar el secreto profesional, y ganó una indemnización por $ 30 millones. Ahora, cuando recuerda el hecho, habla de la inexperiencia de los fiscales de ese tiempo.
“Yo creo que fue un exceso fruto de la inexperiencia. La reforma estaba empezando en La Araucanía y dudo que esos mismos fiscales hoy hicieran lo mismo”, dice, con una calma que sorprende y mientras toma una taza de té turco durante la entrevista, que le sorprende por su sabor. “Los turcos tienen amplia cultura en té, especias, café”, comenta luego de probarlo, y justo antes de hablar de los inicios de todo el asunto mapuche y en el cual, según él, intervino un turco. “¿Cuál será la medida de todas las cosas?”, pregunta antes de echar, cuchara en mano, el té a su tazón.
De teléfonos intervenidos nunca más supo, aunque siempre duda. De hecho, durante esta conversación contesta una llamada, inexpresivo, responde que se juntará con alguien y le avisará “pronto. Cuando corresponda”. No me atrevo a preguntar con quién hablaba. ¿Quedó con miedo de hablar por teléfono después de esa intervención? le digo. “Después de ese hecho nunca ha sido igual hablar por teléfono, pero después de ese hecho, nunca nada ha sido igual”, asume.
El último y más polémico de sus casos fue la defensa del machi Celestino Córdova, acusado de participar en el asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay. Aunque perdió el juicio, adelanta que hasta el momento, y sobre todo luego del último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obliga al Estado de Chile a eliminar la condena con carácter de acto terrorista a siete mapuche y una activista, podrían también llevar la causa de Córdova hasta el tribunal con sede en Costa Rica.
Eso sí, tal como pasó en 2002, ahora Ortega también cree que fue víctima de una intervención. Esta vez, de su correo electrónico. “Existe una denuncia ante fiscalía y será derivada a la brigada de delitos informáticos. No quiero pensar que fueron otra vez agentes del Estado, pero eso lo determinará la justicia”, explica.

Socialistas con mano dura

Sobre la Ley Antiterrorista, Ortega es claro: “Que exista da señales de un país poco civilizado, pero sacarla, con la clase política imperante, es impensado”. Al menos, aboga porque se mejore.
“Fue con Lagos cuando se aplica más fuerte, después de Pinochet el ‘84, que la crea. Los socialistas tienen la mano dura. Quienes más han aplicado la Ley Antiterrorista son los gobiernos socialistas de la Concertación”.
Incluso, explica que la menor invocación de la Ley con Sebastián Piñera y la decisión del segundo gobierno de Michelle Bachelet de no aplicar la Ley Antiterrorista a mapuche, obedece a que ya se sabía lo del dictamen de la CIDH y el Estado debía empezar ya a acatarlo.
“Cinco casos presentados bajo la Ley Antiterrorista en el primer gobierno de Bachelet fueron absueltos, salvo el de Cañete, del atentado al fiscal Elgueta, que también está en la CIDH. Y bajo el gobierno de Piñera sólo se presentó para el caso del matrimonio Luchsinger-MacKay”.
Ortega es un hombre calmado, sonríe no pocas veces en esta conversación y mantiene tono académico para explicar el tema mapuche, muy relajado al conversar, con manejo de datos y fechas al dedillo. Sólo varía su comportamiento cuando habla de sus casos. Ahí, se transforma en el abogado de la causa, golpea la mesa para dar énfasis, pone un tono más serio y parece que estuviese recitando de memoria los informes que él mismo ha escrito para defender.
Sobre cómo llega a este mundo mapuche, cuenta que entró a estudiar Derecho para trabajar en temáticas ligadas a la promoción de los derechos humanos. Antes de titularse asesoró a organizaciones de pescadores artesanales, principalmente para formar sindicatos. Fue al sur de la Región del Biobío, donde se mezclan mapuche con pescadores, donde conoció esta cultura y pasó lo de la comunidad Juana Millahual.
Una duda que queda en el ambiente cuando habla de causas justas y de la pobreza de las comunidades, es si cobra por su trabajo. Hace una mueca que parece una sonrisa un tanto irónica cuando le pregunto derechamente, y responde convencido que sí, que cobra, que como sujeto particular debe autofinanciarse. Entonces, le replico, ¿nunca ha hecho un trabajo sin cobrar? “Me ha pasado. En la medida que uno trabaja y genera recursos por otras vías puede de algún modo ayudar a otros (…) Si existe una nueva causa por Ley Antiterrorista lo pensaré muy bien antes de involucrarme, porque económicamente no son rentables para un abogado defensor”, dice. Pero deja la puerta entreabierta.
-¿Ha dicho que no alguna vez?
-Lo puedo hacer.
-¿Pero lo ha hecho?
-En caso de Ley Antiterrorista no, en otros casos, sí.
Abogado, ¿cómo parte todo este problema mapuche?, pregunto. Se ríe ligeramente, como dando a entender que podría pasar horas o días hablando sobre el asunto sin jamás llegar a un punto de inicio exacto. Le digo que tengo tiempo, que no se preocupe. Esta conversación duró cerca de 115 minutos.
“Es difícil de resumir, porque parte en Europa, con el deseo de llegar a las Indias tras la caída de Constantinopla. Ahí está su origen. Mehmet II cierra las rutas comerciales a Europa, y Europa busca otras rutas y, de casualidad se topa con América y la invade”. Y mira el té que se está tomando, de origen turco, uno de los productos por los que se vieron obligados los españoles a descubrir América.
-Pero durante mucho tiempo este tema mapuche estuvo invisible, y ahora, quizás en la última década, ha tomado mayor revuelo.
-La Ley Antiterrorista marca una inflexión, pero es más bien de parte del Estado el deseo de mantener esto oculto, eso involucra la tentación de usar leyes de excepción durísimas, que son legados directos de la dictadura militar.
-¿Y por qué no se ve esto en otras partes de Chile?
-Porque los mataron a todos, pues. Pero en los lugares donde hubo resistencia persiste el problema. Los aymara son los más parecidos a los mapuche, porque resistieron 150 años la colonización europea.
-Hoy en los colegios se enseña que esto es un conflicto mapuche y, por lo general, las noticias muestran sólo los hechos de violencia.
-En el último tiempo hay una mayor incidencia del tema mapuche, porque antes estábamos en una dictadura y, por lo tanto, por las prioridades y las atrocidades eran más actuales las de ese momento. En cambio, reestablecidos los cauces institucionales, por muy poca democracia que haya en Chile, hay tribunales más libres, aunque igual los quieren amordazar…
-¿Quién quiere hacer eso?
– El poder, pues. Durante el gobierno de Piñera era escandalosa la intromisión y creemos que es lo más bananero que ha pasado en Chile durante los últimos tiempos. Por ese motivo se ve más ahora, en ausencia de conflictos más graves, queda esto que es un conflicto para el poder, sin duda, pero es un tema complejo, y no es de soluciones fáciles.
-¿Y al poder le molesta que exista este grupo?
-Claro, porque tiene inversiones en el territorio mapuche, por eso le molesta.
-Se han firmado tratados, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que supuestamente iban a ordenar la relación empresas-pueblo mapuche, ¿nada de eso ha servido?
-Un país pequeño como Chile no tiene otra alternativa si no actuar de acuerdo al derecho internacional. Por eso es que respeta el tribunal de La Haya, la última decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso es que firma Tratados de Libre Comercio, porque para un país como Chile es la única forma de incluirse al contexto internacional. El Convenio 169 a esta altura ya está como derecho público y es muy mal visto que una democracia no lo suscriba. Además, ese convenio no dice nada más de lo que dicen los tratados internacionales de derechos civiles, económicos y sociales que están en la fundación de la ONU. No es un tema que marque un antes y un después.
-Y todo este tema, ¿tiene una solución de verdad?
-Es difícil para un particular dar soluciones, porque son teóricas. Evidentemente, no es un tema que se resuelva con becas, con situaciones puntuales, porque resumiendo qué es lo que piden los pueblos mapuche: reconocimiento de la deuda histórica, y no es un reconocimiento sólo jurídico, sino más simbólico. Hay que escuchar a las comunidades que piden territorio y autonomía. Mientras el Estado chileno no comprenda que eso es imprescindible, no va a haber solución.
-¿Y lo que ha hecho el intendente Francisco Huenchumilla es un avance?
-Yo creo que todo gesto debe valorarse, porque son simbólicos, y no por eso menos importantes. Que el intendente Huenchumilla lo diga, lo engrandece, pero no sé si él representa al Estado, él representa a la Presidenta de la República en determinadas situaciones en la Región. En términos personales, creo que está realmente interesado en resolver el problema.
-¿No lo ve como “uno contra el mundo”?
-Yo creo que el tema no pasa por evaluar cuántos hay contra el mundo, pasa por un asunto de Estado y de la sociedad chilena. Él y otras personas hacen gestos, pero mientras no se modifique la estructura del Estado chileno es difícil que haya soluciones verdaderas. Me explico, por situaciones históricas, entre ellas, dos guerras civiles que perdió Concepción, la estructura del Estado es unitaria, reforzada y centralizada. Chile se define como Santiago más las regiones, es decir, se reproduce el esquema que en la cabeza tenían los invasores en el 1500, es decir, un rey que manda a sus súbditos. Ese pequeño rey de España se instaló hoy en Santiago. Los esfuerzos de las provincias por instaurar un Estado federal fueron rápidamente abortados en el siglo XIX.
-¿Entonces una solución concreta es la devolución de tierras?
-Más que tierras, es el territorio, porque las tierras se rigen por el derecho civil chileno, en cambio, el concepto territorio implica un tema mayor, porque es el reconocimiento de la cultura de un pueblo que precede al Estado. Se debe reconocer que dentro de esa cultura existe un derecho, una historia, que debe convivir dentro del Estado, sin duda. La soberanía no es un tema para el mundo mapuche, porque el concepto de soberanía son construcciones occidentales, sino que, dentro de lo que hay se le reconozca la autonomía y el derecho a tener un territorio propio y que rija el derecho mapuche y la costumbre mapuche.
-Y eso llevado a la práctica ¿cómo se debería hacer?
-No sé cómo se debería hacer. Sí creo que debe realizarse en conjunto con los actores involucrados. La relación del pueblo mapuche con el imperio español fue una relación de 300 años, que no debemos dejar de mirar, porque es una experiencia que fue bastante más exitosa que la actual, porque después de una guerra sin cuartel, logra contener al imperio español y también precipitó la caída del propio imperio, considerando todos los otros conflictos que mantenía en el mundo. Ahí es cuando se instala el sistema de Parlamento y obliga a los españoles a aprender mapudungun, por ejemplo, y firmaron tratados. Fue una estructura que no sé si será aplicable hoy, pero produjo una convivencia, una relación, un comercio. Pero cuando el poder necesita seguir creciendo económicamente, se rompen todos los tratados. Y pasa lo de ahora.
– ¿Cómo ocurre todo esto en un país que dice estar al borde del desarrollo, con ingresos per cápita que rozan los US$ 20 mil?
– Porque eso es mentira. El dinero lo tiene un par de personas en Chile.
-¿Y ellos nos hacen creer que está todo bien y que lo de los mapuche es un asunto delictual?
-En la medida que la sociedad se informe vamos a poder ver adecuadamente la realidad, porque sin duda, hay medios de comunicación que controlan lo que se habla, determinan los puntos de vista y esos en Chile están en manos de las familias más poderosas, que son quienes tienen intereses en La Araucanía, pero también en todo Chile, y aportan a las campañas electorales y, de algún modo, controlan el país. Entonces, es una situación que no desean que se vea adecuadamente, y si se ve, se ve sólo el aspecto policial, el más feo.
-Pero la violencia es real.
-Bueno, los medios de comunicación tienen dueños y esos dueños tienen intereses económicos en La Araucanía. Lo demás, el análisis que cada uno haga va a estar dado por el nivel de acceso a la información. El relator para las Naciones Unidas sobre terrorismo señaló que en Chile no existía terrorismo relacionado con el mundo mapuche y que la aplicación de la Ley Antiterrorista y la decisión de ‘policializar’ la zona, es parte del problema y no de la solución. Entonces, claro, un personero de la Naciones Unidas, que está acostumbrado a ver conflictos de verdad, lo dice. Ahora, indudablemente hay situaciones que catalogan como delito, y eso se lleva a Tribunales y cuando hay medios de prueba se condena y cuando no, se absuelve. Y en aquellos casos donde hubo condenas injustas, la Corte Interamericana ha dicho que son injustas y que deben ser anuladas. Eso determina que en Chile está operando el Derecho de algún modo, 10 años después, 100 años después…

Lucha contra la opresión

-Particularmente con el fallo de la CIDH, ¿cuál es la señal que se le da al Estado chileno? ¿Es acusarlo francamente de equivocarse?
-Creo que hay tres cosas muy importantes. Lo primero, es que dijo que la sentencia era injusta y que debe ser anulada en todos sus aspectos. Y lo más importante, es porque eso es la reivindicación del nombre de todos aquellos ciudadanos chilenos que son parte del pueblo mapuche que fueron perseguidos e injustamente condenados. En segundo lugar, le dice al Estado chileno que los testigos secretos son un problema. El sistema que establece la Ley Antiterrorista y que han aceptado los tribunales chilenos, incluso en delitos comunes, es un tema jurídico problemático. Las declaraciones de los testigos sin rostro no pueden ser considerados decisivos, porque son contrarios a los derechos procesales de los imputados. El tercer punto dice relación con la reflexión de que el Estado chileno tiene algunas visiones estereotipadas, lo que podemos resumir de algún modo en que existe racismo. Y eso tiene que ver con la conciencia de todos los actores del sistema.
-¿Cree que este fallo va a cambiar en algo las sentencias que se dicten de aquí en adelante en Chile?
-No, yo creo que las cosas no son automáticas. Es casi imposible que alguien que piensa en una cosa se levante pensando en otra, pero sin duda que esta sentencia va a marcar un antes y un después en la reflexión jurídica. Ahora, tenemos que entender que aunque Chile tiene un problema, no es el peor país del mundo. Todavía no cruzamos la línea roja, y eso pasa cuando existen grupos paramilitares, situaciones de ajusticiamiento del lado que sea. Creemos que el día de hoy las acciones mapuche se enmarcan en actos de reivindicación territorial, más allá que exista violencia, porque son actos de fuerza o violencia política, que si existe delito, será considerado delito, si no existe evidencia, entonces no. Pero es un tema de reivindicación social e histórica de un pueblo sin Estado.
– ¿Y es ésa una forma estratégica de conseguirlo?
– No entiendo su pregunta… porque si se refiere a que respetemos el estado de Derecho, sí, esa es la forma.
-Los hechos de violencia que cataloga como delito, ¿ayudan a una solución de fondo?
-Yo creo que el pueblo mapuche ha ensayado muchas formas, incluso, no olvidemos que al comienzo de la República, muchos mapuche se adscribieron a los partidos de Derecha y hubo algunos diputados de Derecha que eran mapuche, porque entendían que sólo negociando directamente con quienes tenían el poder, podían tener algún tipo de negociación adecuada, lo que es muy acorde con el pensamiento mapuche, es decir, el respeto a la autoridad y el reconocer muy fácilmente quién es el jefe. Y por eso ellos han apoyado y votado incluso por ellos, porque reconocen que en Chile manda la Derecha económica. Entonces, ahora, ante esta situación que nadie los escucha, claro, existe la movilización social, pero es un derecho humano también, si la propia declaración de los derechos humanos dice en su preámbulo que este catálogo de derechos debe respetarse porque o si no, existe el legítimo derecho a la lucha contra la opresión. Y desde el punto de vista mapuche, ellos tienen el sagrado derecho de hacerlo. Si eso lo haría cualquier ser humano ante una situación igual, si hasta los Hare Krishna reconocen eso.

La ley maldita

-¿La Ley Antiterrorista debería eliminarse o modificarse?
-La verdad es que como deseo, eliminarse, porque una sociedad que no necesita una Ley Antiterrorista es una sociedad más igualitaria y más pacífica, pero creemos que Chile no tiene muchas alternativas de eliminarla, porque la alianza política que tiene con Estados Unidos se lo impide. EE.UU. usa la Ley Antiterrorista con objetivos geopolíticos y necesita que sus países aliados la tengan. En términos prácticos, así como los mapuche reconocen quién manda, en estos temas de seguridad sabemos que Chile no se manda solo. Creemos que se puede modificar en términos democráticos, pero al tema mapuche no le va ni le viene que exista o no una ley antiterrorista. Ni le va ni le vienen los temas internacionales. No, no. El tema mapuche no tiene que pasar por las crónicas policiales, tiene que pasar por la crónica política y cultural.
-Y la comisión de expertos que convocó el Gobierno ¿aporta?
-Yo creo que desde el punto de vista de la democratización de Chile es una avance. Pero insisto, la Ley Antiterrorista no es un tema sensible en el mundo mapuche, el tema central es el reconocimiento de territorio y de cultura. Eso implica, por ejemplo, devolución de los territorios que fueron usurpados luego de la usurpación. Me explico, cuando el ejército español invade el territorio mapuche, se le quita territorio, cerca de 500 mil hectáreas, sin indemnización, por supuesto, sino que a sangre y fuego; luego las regala, las remata, para arreglar la raza, según ellos. Yo creo que para empezar hay que devolver las 500 mil hectáreas, y ahí, necesitamos leyes especiales de expropiación, porque los empresarios y los colonos que están ahí no quieren venderlas sino es a un precio exorbitante. ¿Y qué ha pasado con eso? que ahora andan intermediarios hablando con los mapuche para que se tomen ciertas tierras, existe especulación financiera, al parecer, no me consta, pero eso se ha denunciado.

Pueblo chico, infierno grande

-¿Cómo llega al caso de Celestino Córdova?
-En su comunidad he defendido a varios comuneros y he obtenido resoluciones positivas y ellos, entiendo, me recomendaron. Con un equipo de abogados formamos el Centro de Investigación y Defensa Sur que, básicamente, es un grupo de personas que nos hemos encontrado relativamente seguido en temas relacionados con casos mapuche y que hemos decidido ir en su defensa. En el caso de don Celestino, nuestra tesis era la inocencia y realizamos la defensa, una defensa muy difícil por la descarada intervención tanto del Presidente de la República (Sebastián Piñera), como de su primo (Andrés Chadwick), el ministro del Interior. Fue descarada en presionar a los tribunales a una sentencia condenatoria. Nos obligaron a asumir en condiciones muy desfavorables, porque no nos dieron tiempo para prepararnos de manera adecuada, y eso es una situación que va a tener que conocer la Corte Interamericana también.
-¿Cuáles fueron esas condiciones desfavorables?
-Por ejemplo, nosotros asumimos y nos tocó en breves días asumir la audiencia preparatoria, que es donde se depura qué prueba va a juicio y cuál no. Parte de la base que la defensa debe conocer todos los medios de prueba y a la defensa no se le entregaron todos los antecedentes. Y debe tener todos los medios para preparar la defensa y en los pocos días que nos dieron, no eran suficientes. De hecho, en el transcurso de la audiencia preparatoria fuimos conociendo los medios de prueba y el medio de prueba principal fue entregado el último día de la audiencia, algo que se supone que no debe suceder.
-¿Por qué Celestino Córdova renunció al defensor público?
-Los defensores públicos son defensores subsidiarios…Yo creo que las decisiones son personales y lo que él nos ha manifestado es que él deseaba una defensa que pudiera darle garantías de imparcialidad y eso no significa que las personas concretas que defendían a Celestino Córdova en ese momento fueran personas que pudieran no defenderlo adecuadamente. En lo personal, tengo la mejor opinión de la Defensoría. Es más bien una decisión política y jurídica de defenderse con alguien más de confianza, que además es un derecho.
-¿Van a ir a la CIDH?
-Esta es una sentencia que puede ser analizada por la Corte Interamericana.
-¿Pero van a recurrir?
-No está descartada esa posibilidad.
-¿Usted cree que “inculparon” a Córdova, porque es un dirigente político peligroso para el poder?
-La verdad es que los hechos por lo que se acusa a Celestino Córdova son hechos graves. Eso es indudable y genera por sí mismo un tema de mayor gravedad. Pero creemos también que hay en la Novena Región, algo menos en la Octava, una clase social que se conoce como los colonos, que tienen intereses y parentescos con todas las instituciones del Estado, incluyendo la fiscalía, los tribunales, entonces, la Novena Región era el peor escenario para Celestino Córdova para ser procesado.
-¿Usted está absolutamente convencido de la inocencia de Celestino Córdova? ¿Él no tuvo nada que ver con el asesinato de los Luchsinger-MacKay?
– Sin duda. De hecho, en la sentencia dice que él no fue quien irrumpió en la casa, dice que no fue quien disparó ni quien roció, ni quien incendió. Sin embargo, lo condenan porque señalan que él estuvo en algún minuto presente, y que observó y que después se fue. Incluso, eso, en otras legislaciones no es autoría. En Chile sí, porque tenemos un concepto amplio de autoría, que agrega a los encubridores. Entonces, todo se confabuló para estar en contra de Celestino Córdova. En lo personal, creo que él no es autor de los hechos.
-Pero sí estuvo ahí en algún momento.
-Él fue encontrado a dos kilómetros de los hechos, herido, asfixiado por una herida a bala. Una persona no puede caminar o correr 10 minutos en esas condiciones. Fue encontrado y, además, los testimonios hablan que en el cruce de camino, donde fue encontrado, se escuchó un disparo y fue vista una camioneta pasando por ese lugar.
-¿Qué pasó esa noche del incendio, entonces?
-Bueno, de esa noche sabemos que había 45 policías armados en ese lugar y que, al parecer, hubo particulares armados, hubo una camioneta huyendo del lugar, que disparó en ese cruce de camino, y que cayó herido mi representado. ¿Qué pasó? No sabemos, pero lo que sí podemos decir es que Celestino Córdova fue encontrado a dos kilómetros. También está claro que mi representado fue herido con balas de cobre y no de níquel. Las balas de cobre las usaban los policías, y quienes supuestamente asaltaron la casa. El único que tenía balas de níquel era la víctima, el señor Lucksinger tenía balas de níquel. Y mi representado no tenía balas de níquel en su poder.