Desde el establecimiento de medidas excepcionales en nuestro país por causa del COVID-19, hemos sido testigos de cómo esta crisis ha dejado en evidencia, al igual que en otras naciones con mayor o menor nivel de desarrollo, flancos débiles en ámbitos tales como salud, seguridad social y servicios a las personas, por nombrar aquellos más visibles y críticos en el actual contexto.
Las consecuencias han sido múltiples y profundas, y a pesar del indiscutible sentido de urgencia con que instituciones públicas y diversas redes no gubernamentales de apoyo han reaccionado para aplacarlas, resulta evidente que los costos no solo en vidas humanas -lo más grave sin duda-, sino también sociales y económicos de la pandemia están siendo altos y, con toda seguridad, seguirán incrementándose, lamentablemente, en el curso de los próximos meses.
El actual escenario nos plantea una crisis que no solo se instala a partir del shock de demanda que supone el confinamiento de buena parte de la población y una serie de restricciones a la operación normal de muchas actividades, sino también y como consecuencia de lo anterior,una creciente destrucción de la capacidad productiva y de la oferta de servicios, lo cual configura un panorama agregado muy complejo para la economía, que se ve aún más tensionado por las crecientes y apremiantes necesidades básicas de grupos más vulnerables, así como por la presión fiscal que supone una mayor capacidad en infraestructura de salud, asistencial y de seguridad para enfrentar de mejor manera la contingencia. Es muy probable que los efectos de esta gran tormenta no solo persistan todo este año, sino que, además, el próximo.
Todos deseamos una recuperación económica pronta y sostenida. Sin embargo, es probable que se requiera tiempo y mucha colaboración para acercarnos a ella, por de pronto, colaboración público-privada, entre grandes empresas y pymes potencialmente proveedoras y, también, soluciones colaborativas para abordar el cúmulo de desafíos post pandemia en nuestros trabajos y vida cotidiana”.
Un debate muy presente hoy a nivel global es cómo retomaremos la actividad económica lo antes posible, a fin de recuperar empleos, descontraer la demanda y así favorecer la capacidad de generación de ingresos de aquellas capas más vulnerables de la población. La respuesta no es sencilla, por cuanto, a menos que surja y se masifique una vacuna u otro tipo de cura al COVID, todo nos indica que el regreso a la tan esquiva “nueva normalidad” será muy progresivo y marcado por la prudencia.
Deberemos aprender a convivir por un periodo probablemente prolongado con el riesgo de brotes recurrentes, en un mundo con menores flujos internacionales de comercio a los que estábamos acostumbrados, procurando un mayor abastecimiento doméstico, y con muchas industrias que deberán reinventarse como, por ejemplo, el turismo, el transporte de pasajeros, las industrias creativas, el comercio detallista e, incluso, la propia educación. Casi todas estas actividades se están enfrentando a un desafío de supervivencia marcado por modalidades de digitalización forzada. Ya sea para recuperar ventas, reinsertarse en cadenas de proveedores, reconquistar y llegar de manera segura a sus consumidores, la irrupción de formatos y canales digitales no tiene precedente en nuestra historia.
Todos deseamos una recuperación económica pronta y sostenida. Sin embargo, es probable que se requiera tiempo y mucha colaboración para acercarnos a ella, por de pronto, colaboración público-privada, entre grandes empresas y pymes potencialmente proveedoras y, también, soluciones colaborativas para abordar el cúmulo de desafíos post pandemia en nuestros trabajos y vida cotidiana.
Será un tiempo donde muchos “jugadores globales” de la mano, justamente, de las tecnologías digitales procurarán consolidar su dominio en diferentes cadenas de valor en todo el mundo, pero a la vez requerirán proveedores y aliados locales en eslabones claves de ellas. También es posible que enfrenten en muchos casos competidores locales más pequeños, flexibles y adaptables al entorno, igualmente digitalizados.
Cuán rápido nos movamos hacia este anhelado escenario de recuperación, y cuánto valor local seamos capaces de agregar dependerá en buena medida de la existencia de bases habilitantes, que con esta crisis se han revelado como bienes públicos esenciales: la conectividad universal y capilar en todo el territorio, la metrología para asegurar estándares en cadenas deslocalizadas, la existencia de capacidad formativa de capital humano en las nuevas competencias requeridas, la agilidad de los entes normativos para validar el cumplimiento de normas en bienes y servicios y, finalmente, la capacidad de instituciones públicas neutrales para resolver fallas de coordinación y así facilitar el renacer de muchos emprendimientos y su articulación a lo largo de estas diferentes cadenas. Todos ellos resultan ahora más que nunca factores esenciales para comenzar en este caso a “levantar la curva” de nuestra alicaída economía.
