No es desconocimiento para la ciudadanía la realización del plebiscito del día 25 de octubre próximo, cuya discusión en general se ha centrado en las opciones que aparecerán en las papeletas: Apruebo – Rechazo, en una, y Comisión mixta constitucional o comisión constitucional, en la otra.
Pero una discusión que ha surgido y tomado mayor relevancia, por el contexto de la pandemia, tiene que ver con los mecanismos del sistema electoral de nuestro país. Las primeras preguntas y cuestionamientos se realizaron en el contexto de la salud pública. ¿Cómo participarán electoralmente las personas contagiadas de COVID-19?, ¿qué medidas sanitarias extraordinarias se deben tomar durante el proceso (tanto para los vocales de mesa como para el electorado)? En ese contexto se ha trabajado y publicado un exhaustivo protocolo de medidas sanitarias que se implementarán en el proceso electoral.
Sin embargo, la coyuntura actual también nos da la posibilidad de realizar transformaciones más profundas a los mecanismos y aspectos formales de las elecciones. Por ejemplo, la posibilidad de incluir a amplios sectores sociales que por diferentes razones no han participado en los anteriores procesos: como, por ejemplo, enfermos, adultos mayores (especialmente de la cuarta edad), y ciudadanos con capacidades diferentes.
Generalmente, se atribuye la abstención electoral a la desafección política en la sociedad, especialmente, de los grupos más jóvenes, y constantemente se escuchan explicaciones relacionadas con la falta de educación cívica o el poco interés en participar electoralmente. Sin embargo, una variable que debe de ser tomada en consideración tiene que ver con la falta de modernización en los mecanismos electorales, que tienen características más decimonónicas que de pleno siglo XXI.
¿Qué pasaría si el transporte colectivo el día de la elección fuese gratuito? O, mejor aún, ¿por qué no revisar los padrones electorales, depurarlos y reorganizar las mesas electorales de acuerdo con el lugar de residencia? Probablemente de esa forma, los ciudadanos no deban trasladarse en locomoción colectiva a su local de votación, sino que solo caminar un par de cuadras para poder ejercer su derecho a sufragio”.
Por un lado, el acceso a los locales de votación, muchos de los cuales están alejados de los lugares de residencia de los electores y su consecuente costo económico de traslado para llegar a ellos. ¿Qué pasaría si el transporte colectivo el día de la elección fuese gratuito? O, mejor aún, ¿por qué no revisar los padrones electorales, depurarlos y reorganizar las mesas electorales de acuerdo con el lugar de residencia? Probablemente de esa forma, los ciudadanos no deban trasladarse en locomoción colectiva a su local de votación, sino que solo caminar un par de cuadras para poder ejercer su derecho a sufragio.
Otro tema para considerar, y que se planteó últimamente, tiene que ver con el método y condiciones para votar de los pacientes contagiados con COVID- 19. Se mencionó mesas separadas, lo cual atenta contra su derecho a la privacidad. Pero ¿qué pasaba anteriormente con los enfermos de cáncer, por mencionar alguna patología compleja; con los pacientes hospitalizados por diversas afecciones, o pacientes postrados en sus hogares? ¿o los privados de libertad que no habían perdido sus derechos cívicos? A ellos se les ha negado sistemáticamente el derecho a ejercer el sufragio en las elecciones anteriores.
El Estado chileno tiene la necesidad y oportunidad de articular mecanismos más modernos para las elecciones. Ejemplos internacionales exitosos existen: voto adelantado, voto por correo y voto electrónico (que no debe de confundirse con voto online). Ya se ha avanzado con el voto de los ciudadanos chilenos en el extranjero, pero es el momento de progresar en otras áreas para lograr una democracia más participativa y representativa.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.
