350 son los candidatos que el domingo 7 de mayo buscarán un cupo para convertirse en consejeros constitucionales. Los elegidos serán los encargados de discutir y aprobar una propuesta constitucional, a partir del anteproyecto en el que trabaja -desde marzo- la Comisión de Expertos.
A diferencia del primer proceso constitucional, hoy la elección de quienes escribirán la constitución es obligatoria para todos los mayores de 18 años, salvo las excepciones que están establecidas por la ley. Quienes no lo hagan arriesgarán una multa que bordea los 312 mil pesos.
Otra particularidad es que esta vez el órgano constituyente tendrá 50 cupos y no 155 como ocurrió con la convención constitucional. Por eso se dividirá el territorio nacional en circunscripciones -una por región-, tal como se hace en las votaciones de senadores. Las circunscripciones podrán elegir desde dos hasta cinco consejeros.
En la región del Biobío participan 20 candidatos, para tres cupos a repartir. Existen cinco listas en competencia: dos de partidos políticos (PDG y Republicanos) y tres de pactos (Todo por Chile, Unidad para Chile y Chile Seguro). Los escaños por circunscripción se asignarán de acuerdo con el método D´Hondt. Sin embargo, si uno de los sexos está sobrerrepresentado en el consejo, se aplicará un factor corrector para que el organismo tenga una composición paritaria, tal como lo indica la regla de paridad contenida en el número 3, del inciso quinto, artículo 144 de la actual constitución.
Según ha informado el Servicio Electoral, a una semana de la elección, alrededor de 12 millones de personas han consultado sus datos electorales en la página web del Servel. Esa cifra indicaría, según el presidente del consejo directivo de la institución, Andrés Tagle, que la población se está informando para participar en el proceso y, por consiguiente, estaría demostrando un eventual interés en este.
Pero esa lectura está lejos del análisis que hacen expertos electorales y los partidos políticos, quienes han advertido el escaso interés que los chilenos han demostrado por este segundo intento para cambiar la actual constitución. Incluso algunos partidos han expresado su preocupación al Gobierno por lo que consideran un escaso involucramiento del Ejecutivo en el proceso, lo que podría repercutir en la participación de los electores.
Dada la obligatoriedad de la elección y la promesa de multa en contra de quienes incumplan con este deber cívico, la abstención no debería ser significativa. Donde sí tendría que estar puesta la preocupación es en cómo este aparente desinterés influirá en las opciones que escogerán los votantes. Vale la pena cuestionarse si tras las intenciones de voto hay un examen en conciencia sobre el tipo de constitución que queremos o si, en cambio, la decisión se inclinará por aquellos nombres que se han dedicado a hacer ruidosas campañas en las que se ofrecen soluciones a necesidades urgentes, a pesar de que estas no puedan ser abordadas por una constitución.
El 7 de mayo hay que ir a votar. Por ley es obligatorio hacerlo, pero también hay que votar informado y a conciencia, para arribar a una propuesta constitucional que identifique, ojalá, a la mayoría de los ciudadanos.
