Como un hombre con un evidente perfil operativo describen en la institución a la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones de Chile en la Región del Biobío. Entre sus principales metas está bajar la tasa de causas por delitos contra la propiedad que permanecen archivadas, mediante un sofisticado sistema que ya implementó con éxito en Valdivia y por el que fue reconocido con el primer lugar en el Concurso Internacional de Mejores Prácticas en Análisis Delictual (2015). “He sido policía en todos los ámbitos de esta carrera y eso, sin duda, da una visión distinta que espero poner en práctica en esta Región”, afirma.
Hace dos meses llegó a Concepción desde Valdivia, ciudad donde durante un año y medio se desempeñó como Jefe Regional de la Décimo Cuarta Región Policial de Los Ríos. Actualmente ocupa el mismo cargo en la capital del Biobío, donde -dice- espera realizar grandes tareas que, sobre todo, estén relacionadas con un asunto que le quita el sueño: el 90 por ciento de las causas por delitos en contra de la propiedad que permanecen archivadas en el país, principalmente por las dificultades para reconocer a los autores de tales acciones, a quienes se les denomina “imputados desconocidos”.
Para este desafío ya tiene parte del camino recorrido. Durante su estada en Valdivia, el Prefecto Inspector Christian Alfaro Zúñiga (54) -casado y padre de tres hijos- ideó un proyecto pionero, a través de la Oficina Regional de Análisis Criminal de la Policía de Investigaciones, que consistió en la elaboración de una base de datos con la información delictual de la zona para establecer asociaciones de imputados y así facilitar su reconocimiento y detenerlos con los medios de prueba suficientes para su formalización y posterior condena.
Este proyecto fue uno de los ganadores del IV Concurso Internacional Mejores Prácticas en Análisis Delictual (2015), organizado por Paz Ciudadana y la Asociación Internacional de Analistas Criminales (IACA). Parte del equipo que trabajó en la creación de este sistema lo acompaña hoy en Concepción para poner en marcha esta misma base de datos para la Octava Región, la que debería estar funcionando en diciembre de este año.
Su idea, explica, es proyectar la parte operativa de la institución, algo que está muy relacionado con lo que ha sido su trayectoria en la PDI. De él se dice que es un hombre de terreno, y que aunque hoy tiene funciones directivas, “sufre” por no estar ahí, “donde las papas queman”, junto a sus detectives, pero que por lo mismo está muy presente en las fases de planificación y análisis de las grandes investigaciones que llevan a cabo sus policías.
“Yo partí como detective, tengo más de 30 años en esta institución. He dado la vuelta larga, pero ha sido muy gratificante ser policía en todos los ámbitos de nuestra carrera. Y eso lo trasmito a mi gente, que así como yo llegué al Alto Mando, ellos también pueden cumplirlo, trabajando día a día”.
-¿Qué le sucede cuando escucha a la gente decir que no se siente protegida por las policías?
“Los funcionarios de la Policía de Investigaciones hicimos una promesa de servicio de ofrecer la vida si fuese necesario, somos verdaderos servidores públicos y polícias 24/7. Pero sin duda que ante estos comentarios uno recoge el guante y dan más ganas de trabajar para revertir esas críticas y esa desconfianza. Yo ahora soy parte del Alto Mando, pero a veces me gustaría volver a ser el detective de mis primeros años. Echo mucho de menos la calle, porque independientemente de los años que uno tiene, todavía se siente joven y con capacidad y energía para estar trabajando codo a codo con mi gente, en terreno”.
-¿Cree que este perfil de policía “operativo” le dará una visión distinta de cómo debe manejarse una jefatura en una de las regiones más importantes del país?
“Yo agradezco que nuestro Director General confiara en este prefecto inspector para asumir la Octava Región. Pienso que para darme este cargo analizaron mi carrera, todo lo que he hecho como policía para tomar este desafío que asumí con mucha humildad, pero también como mucha responsabilidad. Siento que en las regiones grandes se requiere un perfil diverso, personas que hayan pasado por el área operativa y que también tengan el barniz administrativo, que es lo que me dio el ser jefe regional en Valdivia, por eso digo que la institución me preparó para asumir esta responsabilidad.
He dado la vuelta larga, paso a paso: fui detective, estuve en terreno liderando grupos, luego siendo jefe, después jefe de prefectura, hasta ahora que tuve la oportunidad de llegar al Alto Mando. Todo ello ha sido muy gratificante y, sin duda, da una visión diferente.
Hoy, por ejemplo, se habla mucho de que el 90 por ciento de las causas o delitos en contra de la propiedad en el país están archivadas, mi meta es trabajar para disminuir esa cifra desde esta Región”.
-¿Calificaría usted al Gran Concepción como una zona segura para vivir?
“Lo califico como un Santiago chico, pero con las bondades del sur, porque sigue siendo más tranquilo que la gran metrópoli. Eso no quita que no estemos atentos a los delitos, sobre todo a los nuevos que se están viendo en la capital. Por ello trabajamos en lo que nosotros llamamos la prevención estratégica. Analizamos cuáles son los delitos que se están haciendo más frecuentes, hacemos campañas en la ciudadanía, pero al mismo tiempo redoblamos los patrullajes de servicio comunitario para evitar que esos delitos, como los portonazos, por ejemplo, se reproduzacan en nuestra zona. Se dispuso de un grupo operativo de la Brigada Investigadora de Robos que está permanentemente en las calles, en vehículos particulares, para sacar detenidos en flagrancia. Tenemos servicios de tercer turno toda la noche funcionando, con una central de telecomunicaciones que también se implementó en Talcahuano en los días en que hay mayor incidencia de delitos”.
-Sin embargo, la sensasión de inseguridad de la gente va en aumento, porque los delincuentes cada vez son más temerarios en su actuar.
“Hoy tenemos claro que son los menores de edad quienes más están cometiendo esos delitos violentos porque saben que son inimputables. Por eso creo que es el momento de revisar la ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Pensamos que debería bajar el rango etario de 14 a 12 años. Hoy los menores no son iguales a los de hace 10 o 15 años. Tienen una vision diferente, viven en una sociedad distinta y muchos de ellos arrastran problemas de alcoholismo y drogadicción. Pero habría que hacer algo más, pues no podemos seguir enviando a esos menores a centros donde tienen escasas posibilidades de rehabilitación y reinserción social. Hay que hacer un trabajo conjunto para combatir este creciente problema de nuestra sociedad.
Por nuestra parte seguimos haciendo un trabajo investigativo, y el tener una Oficina de Análisis Criminal con un sistema que nos permita mejorar nuestros procedimientos nos ayudará bastante en esta tarea. Hoy todas las comunas quisieran tener a la PDI en ellas, pero es imposible. Sin embargo, con un buen análisis delictual podemos estar cuando se requiera y ser operativos y eficientes con los medios técnicos y logísticos de los que disponemos”.
-En terminos simples ¿en qué ayudará ese sistema?
“Nos permitirá saber dónde se están cometiendo cierto tipo de delitos, quiénes son las personas que los están cometiendo y vincularlos e imputarlos por varios hechos. Podremos saber cómo está mutando la delincuencia y trabajar mancomunadamente con el Ministerio Público para sacar a más infractores de ley de las calles. La idea es hacer flagrancia, detenerlos cuando están cometiendo delitos, y con la información de todos los otros testigos poder imputarles más hechos.
Pongo como ejemplo lo que sucede con el imputado desconocido, ése que entra a robar a una casa pero no es visto por sus moradores. Con el análisis de datos podemos ir haciendo asociaciones con otros hechos de similares caraterísticas en casas cercanas, donde sí hubo un testigo que nos pudo aportar información sobre el delincuente que finalmente pudo haber sido detenido o calificado como sospechoso. Así vamos juntando esa información, haciendo asociación por sexo, edad, características morfológicas y modus operandi, de manera de llegar hacia ese imputado desconocido”.
-Cifras como ese 90 por ciento de causas archivadas hacen que la gente muchas veces no denuncie porque no cree que vaya a tener resultados.
“Siento que hoy la invisibilidad nos anula, porque la gente no sabe cómo trabajamos, por eso estamos teniendo como política el dar a conocer nuestro trabajo hacia la comunidad, que sepan que día a día estamos aclarando delitos, recuperando especies, pasando imputados con medios de prueba a disposición de los tribunales. Para ello hemos tenido mucho apoyo de los medios de comunicación. Pero creo que la mejor muestra para que la gente sienta confianza en nosotros es trabajar y trabajar para obtener resultados óptimos, disminuyendo la cantidad de delitos y aclarándolos, de manera que quien denuncie tenga la seguridad de que lo ayudaremos por todos los medios posibles”.
Entre los proyectos en carpeta para la PDI en Biobío estaría la creación en la zona de las Brigadas Investigadoras del Cibercrimen y de Delitos con el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema).
De los proyectos en ejecución, uno de los que más orgulloso tiene al prefecto Alfaro es la pronta certificación por el Servicio Médico Legal (SML) de un Laboratorio de ADN en Concepción, que estará radicado en el Laboratorio de Criminalística, y que aportará evidencia asociada a la huella genética a la Unidad de Registro Nacional de ADN Codis, del SML.
“Este sistema permite tener el registro de ADN de imputados condenados por delitos de mayor connotación. Para nuestra labor es una herramienta muy útil como evidencia para conectar hechos aislados y resolver casos ”, sostiene.