En marzo el ministro Carlos Aldana asumirá en propiedad su cargo en el que pretende continuar con la política de apertura de los tribunales. “siempre doy la cara”, dice, respecto de las causas de derechos humanos en las que hace comparecer al procesado y le explica el porqué de su veredicto. Y del caso Matute, del que no ha pedido ningún avance a la ministra Rivas, sorprende con su respuesta: “no puede terminar con un sobreseimiento”.
A lomo de caballo, al estilo de Onur Aksal, el buen mozo protagonista de Las mil y una noches, este ministro de los derechos humanos reflexiona, repasa los crímenes de lesa humanidad, a los autores, a sus víctimas y, recién entonces, en la quietud del entorno campestre de fines de semana, decide sus fallos. Lo ha hecho siempre así, dice; desde su primera destinación como juez en Cauquenes, aunque ahora la tramitación de las 61 causas que recibió en 2005 -de las cuales hay 30 ejecutoriadas- lo sigue desvelando.
No ha sido fácil, reconoce, equilibrar la balanza. Y aunque las agrupaciones de derechos humanos lo consideren “un poco blandengue”, sobre todo en las llamadas causas emblemáticas, él declara sentirse tranquilo porque ha sido prudente y justo en sus sentencias. A lo más, sus superiores le han modificado el quantum de las penas, y así de ecuánime aspira seguir hasta terminar con las 31 causas pendientes, pues en sus planes no está ser reconocido como el juez de hierro, el sabio, el héroe o el personaje de la semana, sino como aquel que escucha por igual a los libres y a los recluidos.
Comprometido con estas causas, varias de ellas emblemáticas como la de Laja-San Rosendo, donde investiga incluso la responsabilidad del primer intendente militar de la Región del Biobío en 1973, no niega ni refrenda un fallo adverso para el general ® Washington Carrasco en la muerte y desaparición de 19 obreros y en el deceso del exintendente Fernando Álvarez. Sólo admite que en todas las causas ha procurado “hacer justicia”, al tiempo que anticipa que retomará con dedicación exclusiva las indagaciones en febrero, un mes antes de asumir en propiedad la presidencia de la Corte de Apelaciones de Concepción. Este mes lo subroga el ministro Manuel Muñoz Astudillo.
Pero no sólo de derechos humanos hablamos con el ministro Carlos Aldana Fuentes (65), el orgulloso papá de la fiscal Ana María Aldana Saavedra y de la médico legista Carla Aldana Saavedra, que lo alentaron a terminar su magíster académico en la UdeC. Aunque “mataíto para el inglés”, salió adelante con su tesis El control de convencionalidad en causas de derechos humanos por el juez interno, y fue el primero de 15 en recibir su cartón el 13 de diciembre de 2014. Estudió para ello, cuenta, todos los fallos que se han dictado en contra de Chile, partiendo por el caso del profesor PC de Rancagua, Luis Almonacid Arellano, acribillado por carabineros a la salida de su casa, en septiembre de 1973, frente a sus hijos pequeños y a su mujer embarazada de ocho meses y medio, quien, ahí mismo, sufrió el desprendimiento de placenta y perdió a su guagua. Entre otros procesos, también revisó la polémica historia de la jueza Karen Atala.
Natural de Quirihue, este ministro integrante de una prole de 11 hermanos, hoy todos profesionales, creció en la época de los varillazos que se dejaban sentir con rigor ante el menor atisbo de rebeldía. Desde chico, según le recordaba doña María Fuentes Domínguez, su madre, quería ser juez y garabateaba incipientes fallos en un cuaderno flaco y amarillento de escuela pública. De allí, quizás, es que hoy se esmere para que sus resoluciones técnicas sean bien comprendidas por los condenados, a quienes convoca a su despacho privado para comunicarles su decisión: “Siempre he dado la cara; incluso los de Laja-San Rosendo me han dicho que les he quitado un peso de encima”, dice.
Caso Matute: “Sobreseimiento no es justicia”
-Lo más probable es que durante su mandato haya una sentencia del caso Matute. Dos ministros -Rubilar y Solís- han sido públicamente maltratados por doña María Teresa Johns. ¿Cuán esperanzada está la Corte de Apelaciones de Concepción en que se haga verdad? ¿Siente que han sido injustamente criticados?
Yo entiendo plenamente a la señora María Teresa Johns; no comparto sus ataques a los ministros, pero la entiendo; como madre está en todo su derecho de perseguir justicia. La Corte está empeñada en que se obtengan resultados. Hay esperanzas en que la ministra Rivas arribe al esclarecimiento de los hechos y con ellos, dicte la sentencia correspondiente, pero ése es un caso complejo cuyos antecedentes desconozco.
-¿Es cierto que todos los ministros –antes y ahora- le han sacado el traste a la jeringa en este caso?
No lo sé. Había varias personas en condiciones de asumir y Carola Rivas fue designada por unanimidad. Hay varios ministros que pudieron haber aceptado este caso y desarrollado esta función. No sé qué pasó en los casos anteriores, cuando se designó al señor Rubilar.
-¿Se llenaría de gloria esta Corte si llega a solucionar el caso Matute?
No creo eso, honestamente.
-Es un caso emblemático, el primer desaparecido en democracia…
Es un caso complejo; estoy de acuerdo con eso y con hacer justicia. Esclarecer los hechos y determinar lo que corresponde nos compete como Poder Judicial. Fíjsese que -y se lo digo con Derechos Humanos que es mi especialidad- mi meta no es obtener condenas y que éstas sean las más duras, mi meta es hacer justicia. Para mí es muy importante hacer justicia; ni siquiera aplicar la ley. La ley es el medio para aplicar justicia. Somos tribunales de justicia y yo no podría aplicar el máximo de la pena en derechos humanos 40 años después para que dijeran: “¡Qué juez más drástico!”. Yo no quiero ser un juez drástico, yo quiero ser un juez justo y aplicar, en el contexto actual, la pena adecuada de acuerdo con los antecedentes.
Volviendo al caso Matute, a mí no me gustaría que apareciera en la prensa “Corte de Apelaciones se reivindica por …” creo que hemos cometido errores en éste y otros casos; podríamos haber sido más ágiles, pero se ha ido procurando hacer justicia. Nosotros esperamos que la Carola haga justicia, esclarezca el hecho y dicte sentencia. Lo óptimo es que esto termine con una sentencia, que no termine con un sobreseimiento. No, no, clamaría al cielo esperando justicia. Terminar con un sobreseimiento no es justicia. Mire lo que le estoy diciendo.
-Como presidente de Corte ¿no ha pedido “un avance”? saber para dónde va la ministra Rivas…
No. ¿Sabe por qué? porque a mí como ministro en visita en Derechos Humanos, el presidente de la Corte nunca me ha preguntado qué voy a hacer con tal cosa. Y han habido cosas tremendas en que han estado involucrados personas que han cumplido altas funciones en Concepción y nunca me preguntaron: “Oye, ¿éste irá o no procesado?”. Si me lo hubieran preguntado tendría que haberle dicho que no, que no se lo podía decir. Por eso digo que a la Carola jamás le podría preguntar para dónde va, porque no corresponde. En esta Corte hay un tremendo respeto por la autonomía que tiene el juez , que a veces no se entiende desde afuera. Uno dicta una cosa y llega luego al Pleno y nadie le dice nada; ni que malo ni que bueno lo que hiciste. Todo el mundo respeta lo que uno hace. Uno podrá no estar de acuerdo con alguna cosa, pero no dice “mira la embarradita en que te metiste”. Eso no.
-Si le hubiera tocado el caso ¿lo tendría resuelto?
Uno nunca sabe con qué se habría encontrado.
-Pero ha logrado hacer verdad en casos que ocurrieron hace 40 años…
Es que son casos distintos.
-¿En qué sentido tan distintos, ministro, si hay un homicidio y desaparición del cuerpo de por medio?
Ni siquiera le diría qué habría hecho yo porque es muy distinto tomar el caso ahora a cuando empezó, pero como juez me constituí siempre en cuanto homicidio existió. Tengo una forma de ser que puede ser distinta a la de otro juez.
-Es más práctico, más operativo, más trabajador, diría…
Soy de los que escucho mucho a las policías, yo no sé si los fiscales las escuchan, pero sí puedo decirle que es muy útil oirlas así como al sentido común; no a los twitters, que a veces son tan ofensivos. Tengo una forma de ser que puede ser distinta a la de otro juez.
Libres y recluidos
-En las cárceles de la zona, en 2014, hemos tenido a lo menos cinco muertos y amenazas de los gendarmes de iniciar una huelga de hambre por las condiciones adversas en que desarrollan su trabajo. ¿Es aceptable esta situación?
Las cárceles dependen del Ministerio de Justicia, pero si hay problemas respecto de recarga del trabajo de gendarmes, obviamente eso afecta a los reclusos. En ese sentido nos preocupan.
-¿Hará visitas a las cárceles, cierto?
Sin duda y sin aviso. Iré, no para sorprender sino para ver la realidad de lo que está ocurriendo.
-¿Y con qué, cree, se puede encontrar?
Todo lo que influya en los recluidos importa al Poder Judicial, y si hay gendarmes con horarios excesivos o con jornadas más allá de lo legal y de lo aceptable, incluso, va repercutir en el trato con los internos. Si se observa alguna anomalía, daremos cuenta a las autoridades de la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia, porque así como hay que escuchar a la sociedad, “a los libres”, también hay que escuchar a las personas recluidas.
-¿Aunque sean los bandidos número uno?
Aunque sean. Duro con la sentencia que establece la ley, como corresponde, pero con trato humano. El hecho de que sean bandidos no les quita el hecho de ser personas.
-Usted que es juez antiguo, ¿diría que hay una evolución entre esta gente? Algunos, los más jóvenes, no respetan hoy los códigos que se daban los antiguos delincuentes, como reconoce el propio vocero de los internos.
Yo pienso que sí, que han evolucionado más rápido que los organismos que tenemos relación con los internos. Los delitos hoy día son organizados, las bandas son especializadas, cuentan con muchos más recursos, con más personas y, si se pudiera decir, con mayor cobertura de seguridad. Han llegado al extremo -más que antes en que también había delincuentes que salían, delinquían y volvían- en que ahora se ha tomado como un oficio ser delincuente. Algunos dicen que “salen a trabajar” y que sus días son fructíferos o no; hay gente que hace un atraco y con eso soluciona su problema por uno o dos años, se toma sus vacaciones y después vuelve a “trabajar”. Como juez, como abogado, como persona, ese sentimiento me preocupa. Me preocupa que en la sociedad se esté aceptando, autorizando que se puede hacer delincuencia. La delincuencia puede tener una justificación social, pero preocupa porque eso sí altera las reglas de la sociedad. Yo no justifico en el Chile de hoy que una persona diga: “Yo cometo un delito de robo por necesidad”. No hay razón en mi concepto para hacerlo. Existen los medios para trabajar, las instituciones del Estado y de beneficencia, las ayudas y los apoyos suficientes para que las personas solucionen sus problemas básicos.
-¿Y los que cometen los de cuello y corbata?
No sé si son más repudiables que los que cometen las personas en su ignorancia. Yo creo que ambos son repudiables, muy repudiables, y deben ser sancionados. Desafortunadamente, las sanciones a veces no son efectivas porque el sistema procesal, nuestro sistema penal, no está adecuado para ser estricto respecto de estos delitos, porque muchas de las formas de subsanarlos es pagando, indemnizando o devolviendo lo que malamente se ha obtenido. Eso a veces posibilita que se hagan transacciones y los delitos no lleguen a condenas.
-¿Es usted pro reforma? En ese sentido, ¿qué piensa de la nulidad de los juicios por “valoración errónea” de las pruebas presentadas por la Fiscalía, como ocurrió con el caso de Alto Río en que ustedes, como Corte, respaldaron la decisión del Ministerio Público para que se celebrara un segundo juicio?
Sobre la causa en sí no puedo opinar porque está resuelta. Para eso, tendría que hacerlo con conocimiento de los hechos y aún así, no puedo opinar de un litigio. Como presidente tampoco lo puedo hacer, no puedo opinar de lo que conoce un tribunal e incluso de lo que ha resuelto la Corte. Sí puedo decirle que soy un convencido de que el sistema procesal penal es el medio para mejorar la justicia penal, pero con modificaciones.
-¿Qué modificaría usted?
Varias cosas, pero, primero, todo lo que agilice las investigaciones. Soy partidario de que las fiscalías deben ser reforzadas, que las policías deben ser capacitadas y otorgárseles mayor ámbito de actuaciones en delitos flagrantes, lo cual también se puede solucionar vía aumento de fiscales, porque lo que falta son fiscales que estén presentes en la investigación de los casos. Antes, los jueces facilitábamos las cosas porque nos constituíamos y decretábamos las diligencias de inmediato. El fiscal está limitado, puede decretar la detención, pero siempre con la autorización del juez. Para los allanamientos tiene que pedirle autorización al juez. Las comunicaciones entre jueces y fiscales hay que procurar mejorarlas. Es decir, tener policías con mayor autonomía y mayor número de fiscales para que estén constituyéndose en los hechos, y mejor relación entre fiscales y jueces para poder agilizar la investigación.
Yo creo que no puede existir que una persona que denuncia un delito de robo, por ejemplo, vaya a consultar al fiscal y el fiscal conteste que si no trae antecedentes, su causa se va archivar cuando la función de investigar es del fiscal y de las policías. ¿Por qué ocurre eso? Porque el sistema que resguarda todos los derechos, fundamentalmente de los imputados, se ha quedado sin resguardar el derecho de las víctimas. Potenciar el Ministerio Público, en mi concepto, es muy importante para ser más efectivo en la investigación de los delitos.
-¿O sea la gente tiene razón cuando reclama que hasta el delincuente parece tener más derechos que la víctima misma?
Sin duda. En la práctica eso es así. El moderno derecho penal (fui profesor ocho años en la Universidad San Sebastián), su tendencia doctrinal nacional e internacional es defender mayormente los derechos de los imputados, de los delincuentes que de las víctimas, porque las víctimas son defendidas por todos los órganos del Estado que tiene sus medios policiales, equipos de fiscales, pero si las fiscalías y las policías no están en condiciones de combatir la delincuencia, e investigar debidamente, estos derechos que tienen en exceso los imputados se transforman prácticamente en impunidad, que es la sensación que está ocurriendo. Es una situación a la que nadie puede negarse, soy el primero en reconocer que la sensación de inseguridad de las personas es notoria, patente. Eso uno lo observa constantemente y para eso tiene que hacerse algo.
-El fiscal Sabas Chahuán ordenó que ahora los fiscales se constituyan en las comisarías.
De eso, no opino.
-Pero de sobremesa, conversará de estas cosas con su hija fiscal…
Sí, claro. Y estaba informado de esa instrucción, pero no opino de eso.
-Pero se critica que la ley le entregó demasiadas facultades a los fiscales como representó en su oportunidad el ex senador Hosain Sabag ¿Tienen demasiadas facultades?
Yo opino que no. Yo creo que las facultades de los fiscales están reguladas y tienen los controles respectivos. Es cierto que tienen autonomía como todo organismo persecutor de Chile y de todos los modelos extranjeros que se tuvieron (en cuenta), y el juez de garantía es un control bastante fuerte respecto de su actuación. Tanto es así que les limita las pruebas, les reduce las facultades inclusive y normalmente le está revisando su actuar. Las detenciones son autorizadas, pero tienen que efectuar los controles de detención. Los controles que tienen son los adecuados.
-Usted dice que no puede opinar sobre Alto Río pero ¿todos los casos ameritarían “segundas vueltas” a pesar del mayor gasto que esto conlleva? Los antecedentes indican que, a nivel país, en diez años se han realizado 10 juicios emblemáticos con un costo de $830 millones.
Yo soy de la segunda vuelta, soy de la segunda revisión; es un derecho que está en la Convención de Derechos Humanos, de que toda persona tiene derecho que su caso sea revisado por un tribunal superior. Pienso que en algunas materias se justifica -más que el recurso de nulidad- el derecho de apelación. Participo de esa opinión, nunca está mal una segunda vuelta.
Derechos humanos
Con su conciencia bien tranquila en la tramitación de todas sus causas de Derechos Humanos dice estar este ministro, a quien el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, le pidió seguir en las indagaciones faltantes, porque “¡qué tanto más te queda que hacer sentencias…. !“, le dijo. Y aunque le contestó: “¡Yo no tengo la cabeza suya, ministro!”, se mostró dispuesto a que su caballo, en sus paseos reflexivos, lo siga mirando con cara de qué culpa tengo yo, pues dice que correspondía que siguiera con estas causas donde ya se ha investigado todo. “Aquí no ha habido un no por respuesta para hacer un peritaje como en otras causas que usted conoce, y en 2016 estarían terminadas con sentencia de primera instancia”.
Le recordamos las palabras del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien expresó que la justicia chilena está “al debe” ante los casos de tortura durante el gobierno militar, especialmente los delitos de connotación sexual registrados en este período. Pero también, que Cristián Cruz, abogado de oficiales de la Fuerza Aérea condenados por traición a la patria, dijo que hay que juzgar la responsabilidad de los tribunales de la época por haber sido verdaderos cómplices. Y tras eso le preguntamos ¿Qué piensa usted del trabajo realizado por su pares en la Corte de Apelaciones de Concepción? ¿Hubo complicidad para no indagar estos casos? -No tengo antecedentes para opinar al respecto, fue su respuesta.
-¿Usted también vería las que se presenten por torturas y abusos sexuales cometidos en el régimen militar?
Sin duda. Yo creo que hay muchos hechos por torturas que no han sido investigados y deben investigarse. De hecho, es el caso de Carlos Maureira Fernández (1984, sospechoso de pertenecer al FPMR y asaltar una carnicería) que se está investigando. Fue abusado en Investigaciones, le habrían introducido un fierro en el ano.
-¿Es la primera causa por torturas que está conociendo?
La causa del ex intendente Álvarez empezó por torturas; (a los autores) los sometí a proceso por torturas primero, no habíamos acreditado que esas fueron la causa de la muerte (paro cardio respiratorio) durante las torturas a las que fue sometido mientras estaba detenido en la Comisaría de Carabineros de Concepción, lo que fue refrendado por el perito español Francisco Etxeberría, a quien entrevisté en Santiago y aportó valiosísimos antecedentes al respecto. Hay otras que son exclusivamente por torturas.
-¿Por qué se va a poner el acento en estas causas?
Porque las de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y homicidios calificados están prácticamente agotadas. Pueden quedar casos contadísimos que no se hayan investigado. En este último periodo de dos años la fiscal Beatriz Pedrals mandó 800 causas al ministro Carroza y después se redistribuyeron a todo el país, fueron todas las causas que quedaban de muertes violentas del 73 al 78. Con esta última parte de las torturas, quedaríamos cerrados. Es bueno que algún día el ciclo se cierre, así como creo que deben cerrarse estas causas. Tengo causas en que han fallecido los querellantes y los procesados.
-¿Y usted qué les dice a unos y otros cuando ha resuelto en uno u otro sentido?
La mayoría agradece de corazón por haber hecho justicia. Las causas de Derechos Humanos tienen dos caras y nunca he sido cargado a un lado o al otro; siempre he sido de una línea central, al igual que ahora.
-Pero ¿demócrata, siempre?
Demócrata y católico. Conocer estas causas de derechos humanos -que yo no me imaginaba que eran tan fuertes-, aunque estaba consciente de lo que ocurrió desde 1973 en adelante, produce un desgaste personal, soportable sí, pero desgaste en el sentido de que en las noches, cuando termino de estudiarlas, es imposible conciliar el sueño; no puedo desconectarme y sigo pensando al día siguiente o el fin de semana en que voy al campo. Pero, no soy ni quejoso cuando se sufre, ni grandioso cuando uno cree que ha hecho las cosas bien.
Tampoco, a estas alturas, he dejado de tener presente en mis fallos a los familiares de los procesados -aunque eso me lo reprochen las agrupaciones- que han tomado conocimiento hoy de que su padre o su abuelo estuvo involucrado. No haber sancionado a alguien que solamente se limitó a cumplir una orden, no me pesa. La condena ha sido para quien conscientemente, teniendo la posibilidad de no haberlo hecho, lo hizo.