La dispar evaluación que tuvo el retorno a clases presenciales de cinco liceos de la comuna de Pirque, en la Región Metropolitana, refleja y representa las profundas diferencias que existen frente a este tema.
20 alumnos llegaron según el Ministerio de Educación a esta convocatoria voluntaria. “Un papelón”, dijo el presidente del Magisterio, Mario Aguilar. “Aunque hubiese llegado uno, como Mineduc era nuestro deber asegurar la continuidad del aprendizaje”, le contestó el secretario de la cartera, Raúl Figueroa, demostrando, una vez más, la grieta que existe entre estos importantes actores frente a uno de los temas que más preocupa a los chilenos.
A fines de agosto, el Mineduc en conjunto con el Banco Mundial dieron a conocer un estudio que midió el impacto del COVID-19 en los resultados de aprendizaje y en la escolaridad en Chile. Uno de ellos abarcó la cobertura de la educación a distancia, que para los establecimientos del quintil más pobre alcanzó un 27 %, mientras que, para el más rico, un 89 %.
Así también, que ante la posibilidad de que no se vuelva a clases presenciales durante 10 meses (un año escolar), los estudiantes perderían, en promedio, un 88 % de los aprendizajes de un año. Y nuevamente aparece en estos resultados la brecha entre estudiantes de menos y de mayores recursos, pues mientras los primeros en promedio perderían un 95 % de sus aprendizajes, los últimos arriesgan un 64 %.
Estos han sido uno de los principales argumentos con los que el ministerio de Educación ha insistido en la necesidad del regreso. Por lo mismo, hace dos meses elaboró un protocolo para “abrir las escuelas paso a paso”, donde se establecen las condiciones que deberían cumplir los planteles que soliciten abrir sus aulas para un retorno gradual, seguro, flexible y voluntario. Una posibilidad que solo tendrían establecimientos emplazados en comunas que se encontraran en las etapas de Preparación y Apertura Inicial del plan Paso a Paso.
El documento también consigna que las seremis de Educación respectivas, asesoradas por el Minsal, autorizarían la vuelta a clases de quienes cumpliesen dicho protocolo que contiene medidas sanitarias, diagnósticos de aprendizaje y socioemocionales, necesidad de nivelación y apoyo socioemocional. Entre las medidas sanitarias, propone, por ejemplo, horarios diferidos de entrada y salida, así como tiempos distintos para los recreos de los estudiantes según niveles; aforos para el uso de baños, distancia de un metro en salas y espacios comunes, y evitar concentraciones de más de 50 personas en lugares abiertos y cerrados. Hasta el cierre de esta edición, 190 establecimientos habían solicitado al Mineduc autorización para la reapertura. 56 de ellos ya la había obtenido.
En el otro lado, el Colegio de Profesores sostiene que no están las condiciones para un retorno seguro, y que hay que cuidar la vida y la salud de los estudiantes y de los profesores. Proponen que el gobierno subsidie a aquellos padres o madres que no puedan regresar a sus trabajos por estar al cuidado de sus hijos y, sobre todo, hace énfasis en la importancia que tiene ayudar a quienes no cuentan ni con un dispositivo ni con Internet para conectarse a las clases a distancia. “Ahí debe estar puesto el esfuerzo de la autoridad mientras no existan las condiciones sanitarias ni tampoco los colegios estén preparados para el regreso”, expresa su presidente.
Con argumentos tan distintos, cuesta creer que podrá haber algún punto de encuentro, sobre todo para que los estudiantes y sus padres y apoderados recuperen la confianza y se sientan seguros de volver a las aulas. Es incomprensible, cómo en un tema que es tan sensible, no pueda haber ni siquiera diálogo entre los actores que de una y otra manera están encargados de la educación de las niñas, niños y jóvenes chilenos. En cambio, observamos una pelea que ha sido azuzada, por igual, desde ambos lados. Quién podría discutir la importancia que tiene la educación presencial para los niños, pero también, quién puede juzgar a un padre por sentir temor que su hijo se exponga a una situación de peligro. Frente a razones tan potentes, se requiere información clara y oportuna, pero sobre todo, acciones pertinentes y enfocadas en las dispares realidades geográficas, sociales, culturales y sanitarias que tiene el país. Esos son los datos y argumentos que requieren los padres para tomar una decisión informada. Lo demás, no ayuda.
