En conversación con Revista NOS dieron a conocer sus aprensiones por la falta de una ruta de navegación más clara en los anuncios para la educación superior. Directivos de universidades tradicionales de la Región del Biobío entregaron propuestas alternativas ante el alto costo del crédito con aval del Estado; mecanismos de asignación de recursos y el cuestionado sistema de acreditación.
La idea era debatir con los rectores de las universidades del Bío-Bío, Católica de la Santísima Concepción, Santa María, sede Rey Balduino, y de Concepción, la propuesta del Presidente Piñera de un Gran Acuerdo Nacional para la Educación. Del diálogo sólo se marginó el titular de esta última, Sergio Lavanchy Merino, quien declinó la invitación de Revista NOS.
Si bien los rectores Juan Cancino, Héctor Gaete y Hernán Paredes valoraron los anuncios, de manera documentada y con datos duros en la mano dejaron entrever sus “grandes dudas” ante la falta de precisión del monto real de los recursos, sus mecanismos de asignación y si, finalmente, la inyección de US$ 4 mil millones terminará con la inequidad que sufren los planteles de regiones.
Piden un financiamiento de acuerdo con el aporte que hacen al desarrollo de cada zona junto con considerar -en los criterios de asignación de los recursos comprometidos- que atienden al 40% de los estudiantes de los quintiles más bajos del país.
También solicitan abordar la grave tasa de deserción universitaria, del 52%, que los lleva a convertirse “en una máquina de endeudamiento y frustración”, ya que los que no terminan su carrera igual deben pagar su crédito “sin cumplir su sueño de convertirse en profesionales”.
Más allá de sus legítimas dudas, también entregaron sus propuestas en temas como la rebaja de los intereses para el crédito con aval del Estado. Demandan que éste opere con parámetros similares al solidario y un aumento significativo del sistema de becas para beneficiar a la mayoría de los quintiles más bajos, como factor de movilidad social y de equidad.
El Ejecutivo se vio obligado a entregar una propuesta de reforma educacional, tras el inédito, prolongado y masivo movimiento iniciado por los estudiantes de las Universidades del Consejo de Rectores y los secundarios de Chile en su conjunto. A la protesta se sumó el Colegio de Profesores y ha tenido, incluso, el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Un conflicto que todavía está lejos de llegar a un consenso que permita su término.
Héctor Gaete Feres, Rector de la Universidad del Bío-Bío: Hay que destinar el 1,3% del PIB a la educación
-¿Esperaba una propuesta de navegación más clara para la Educación Superior?
“No es posible emitir juicios definitivos, porque falta información mucho más acotada para ver lo que hay en “las bajadas de títulos”, en cada uno de los anuncios. Sin embargo, valoro que el Presidente priorizara, a través de una cadena nacional, la educación superior. Además, que optara por crear una Superintendencia de Educación Superior, instrumento que -asegura- permitiría se cumpla a cabalidad la ley que establece que las universidades no pueden tener fines de lucro. Es básico y sencillo lo que solicitamos las comunidades universitarias de Arica a Punta Arenas y que es también la demanda ciudadana: que se cumpla ese cuerpo legal vigente.
Asimismo, pedimos que ese proyecto de Ley sea enviado por el Gobierno al Congreso con la mayor urgencia.
Eso es distinto del llamado que hizo el jefe de Estado a un debate sobre el tema; si se busca validar el lucro a través de un proyecto, entregaremos nuestra clara postura en el Parlamento. Cuando las instituciones se centran en el lucro corren el riesgo de descuidar su fin principal: entregar un buen proyecto educativo. Hay un problema grave de desigualdad social, la competitividad de Chile ha bajado porque su economía está basada en las materias primas y debe avanzar hacia el conocimiento. La educación superior permite solucionar los dos problemas, siendo el principal vehículo de movilidad social, porque formamos desde los técnicos a los doctores en cada especialidad. La inversión en educación chilena debería ser de aproximadamente el 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB), promedio que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, de la que somos parte. Además, los recursos deben asignarse bajo mecanismos de equidad, para que todos accedan a una educación de calidad ya sea en Arica, Magallanes o en la Región del Bíobío. La razón es muy simple: Dios distribuye los talentos aleatoriamente y estamos perdiendo capacidades al tener los recursos concentrados en la Región Metropolitana”.
-¿Qué aprensión tiene sobre el monto destinado a la Educación Superior?
“Hicimos un estudio: Si los recursos se emplean para resolver el problema del crédito con aval del Estado, en 5 años los 4 mil millones de dólares bajarían a la mitad. Ello, considerando que en igual período se destinaron 2 mil millones de dólares para el crédito universitario y para 2011 hay contemplados 579 millones de dólares para recompra de cartera. Como se ha señalado que más de la mitad de ese fondo irá a la enseñanza pre-básica, básica y media, simplemente no queda nada. Considerando esos factores, no habría nuevos recursos para las universidades regionales ni para incrementar los distintos aportes fiscales a los planteles del Consejo de Rectores.
Hemos sabido por la prensa que se trata de un fondo que se invertirá en el exterior y los intereses complementarán el presupuesto de Educación, además de otros dos instrumentos que planteó el Presidente Piñera en su cuenta anual. Es decir, faltan todavía demasiadas precisiones para saber si los recursos serán suficientes”.
-¿Es un avance el monto original de 62 millones de dólares para el Fondo de Revitalización para las 16 universidades estatales?
“Si lo distribuimos en seis años, como lo planteó el ministro de Educación Joaquín Lavín y considerando que todas las universidades son iguales, les corresponderían unos 300 millones de pesos a cada plantel. Un ejemplo: La Universidad del Bío-Bío recibió, por un convenio de desempeño, 2 mil 300 millones de pesos en tres años para bajar su tasa de deserción y para fortalecer su nivel de calidad. Eso implica casi 800 millones anuales que si lo comparamos con los anunciados 300 millones de pesos, no podemos considerarlo como un Fondo de Revitalización. Es necesario seguir dialogando con el Mineduc para llegar a una reforma que sea profunda y que le sirva a Chile”.
-¿La baja de interés del crédito con aval del Estado al 4% resuelve el alto endeudamiento de familias y futuros profesionales?
“Es evidente que no. Soy partidario que el crédito con aval del Estado tenga las mismas condiciones que el Solidario, es decir, un 2% de interés, con parámetros socioeconómicos y años de gracia para su cancelación cuando el profesional está cesante. Para terminar con la grave desigualdad hay que entregar becas a los tres primeros quintiles y al quintil cuatro, un 50% ¿Por qué becas? para usarlas como factor de equidad y redistribución en el Sistema de Educación Superior. Eso se traduce en que un joven se recibe y no le devuelve un peso al país, puede capitalizar para comprarse una casa y educar a sus hijos. Ahora, no pueden hacerlo, porque vienen de sectores bajos y, además, por el pago del crédito terminan endeudados entre 10 y 20 años. Las becas generan un doble efecto de promover la educación universitaria y fortalecer a los grupos más desposeídos para integrarlos al desarrollo del país, asegurando oportunidad con calidad”.
-¿Cuál es su posición en relación a los aporte basales que se solicitan para las universidades?
“Deberían ser permanentes: La UBB recibe del Estado el 8% de su presupuesto que es de 80 millones de dólares y tiene que generar, en consecuencia, 92 de cada 100 pesos que se obtiene de los aranceles. Eso se traduce en que las familias chilenas invierten seis veces más que el Fisco y es un modelo que genera un gran endeudamiento. Las universidades públicas -presionadas por el autofinanciamiento- dejamos de hacer otras cosas. Por ejemplo, en el tema de la formación de ciudadanía, el fortalecimiento de los liderazgos y los sindicatos o aportar para tener una masa crítica de técnicos de alto nivel”.
-¿Qué garantías debe exigir el Estado en función de los aportes que hace para asegurar calidad?
“Es necesario aclarar la vinculación de los aportes del Estado a las instituciones o a los estudiantes con la exigencia de una educación superior de calidad. Si van a institutos profesionales o a carreras que no están acreditadas, es malo para Chile. Lo he dicho en el Consejo de Rectores y al propio ministro Joaquín Lavín que, cuando se habla de nivelar la cancha de las platas hacia las instituciones privadas, se les debe condicionar a que tengan un acceso transparente y por méritos, junto con programas de calidad. Los alumnos, en nuestros planteles, saben por qué quedaron en una carrera, más allá de los perfeccionamientos que hay que hacerle a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), como también si estamos acreditados. Hay IP como Inacap, Duoc o el Virginio Gómez que tienen proyectos educativos serios y de calidad, pero sólo cerca del 17% de ellos están acreditados”.
Juan Cancino Cancino, Rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción: Recursos acordes con lo que hacen las “Ues” regionales
-¿La propuesta termina con la inequidad en la distribución de recursos para los planteles de la zona?
“Es un avance porque incorpora temas planteados por el Consejo de Rectores como la creación de Superintendencia de Educación Superior y entrega de un fondo de 4 mil millones de dólares, una cifra muy superior a los 75 millones de dólares ofrecidos cuando suspendimos el diálogo con el Ministro Joaquín Lavín. Como Universidad, esperamos cambios en la distribución del Aporte Fiscal Directo donde hay una gran inequidad. Hay instituciones que reciben más de un millón 200 mil pesos por alumno y otras donde es de 140 mil pesos, siendo el promedio nacional de 580 mil pesos. En la UCSC es de 160 mil pesos, es decir, recibimos un quinto de ese aporte y muy por debajo del promedio. Si miramos las universidades de la zona, todas estamos bajo el promedio. La mejor posicionada es la U. de Concepción con poco más de 500 mil pesos y del Bío-Bío, con unos 300 mil pesos. Esperamos que nuestros planteles de vocación pública que aportan al desarrollo regional con capacidades actuales y futuras, reciban una asignación de recursos diferente al criterio actual. Hoy, las casas de estudios que más tienen, reciben más. Además, como UCSC tenemos un IP con 3 mil estudiantes en Talcahuano, Los Ángeles, Chillán y Cañete (mil alumnos), generando proyectos para la provincia de Arauco. Hay universidades que están en situación peor ya que tienen poblaciones pequeñas de alumnos en sus entornos y cuando las familias de los buenos estudiantes tienen recursos, prefieren enviarlos a Santiago”.
-¿En qué rango hay que incrementar el aporte del Estado para garantizar equidad y calidad?
“El aporte del Estado es insuficiente para garantizar la calidad y responder a las necesidades del país. Se debe redefinir el 5% del Aporte Fiscal variable que se entrega sobre la base del desempeño, dotándolo de mayores recursos. Hoy, las universidades de regiones tenemos un porcentaje muy alto de alumnos que son primera generación y del 40% más pobre, siendo un factor a considerar en la distribución de los recursos, dada la fragilidad de la comunidad de estudiantes que atendemos. Las grandes universidades no sólo reciben mayores recursos, sino que también captan los mejores alumnos. Debe haber un criterio de equidad, estimulando los desarrollos locales y la función que cada universidad hace, especialmente las ubicadas en la Región del Biobío.”.
– El anuncio por el controvertido tema de la acreditación, a su juicio, ¿va en la línea correcta?
“El tener un sistema de acreditación que sea creíble, transparente y que cumpla con criterios internacionales es un tema central. Hay que mantener la libertad que hoy tienen los planteles para definir su proyecto y modelo educativo. La evaluación debe hacerse en función del cumplimiento de esos objetivos para que no exista engaño. Además, se requiere que las Agencias de Acreditación operen independientemente, porque no ayuda a la transparencia en sus resultados la actual relación cliente que se da entre éstas y las universidades que las contratan. Hay que evitar que puedan ceder a presiones en su labor en el sentido que “como no me acreditaste, no te contrato nunca más”.
También hay que aumentar los recursos destinados a la Comisión Nacional de Acreditación para que sus integrantes reciban una retribución adecuada por su trabajo de evaluación, evitando que, por necesidades económicas, se vean obligados a mantener vínculos laborales con las mismas instituciones que evalúan. Es fundamental que esas personas tengan total independencia para que sus decisiones respondan sólo a estándares de calidad, despejando cualquier duda.
Por ejemplo, hay planes para promover en el extranjero los doctorados chilenos, pero si no podemos dar fe pública de que tenemos un sistema de acreditación que funciona bien y que tiene parámetros internacionales, será difícil lograrlo”.
-¿Qué efecto tiene para la Educación Superior el menor ingreso de alumnos a la enseñanza media por la baja en la tasa de población chilena?
“Es algo que está ocurriendo y lo que han hecho aquellas naciones que viven el mismo proceso es promover su Sistema Educacional de pre-grado en el exterior. Es un tema que debemos abordar si queremos que el de enseñanza superior siga creciendo. Nueva Zelandia y Australia, por ejemplo, están llenas de estudiantes de otras naciones y su incorporación al sistema educativo propio es considerada como política de Estado. Para que Chile pueda hacerlo también hay que tener sistemas de calidad asegurado, porque, entonces me pregunto ¿qué vamos a promocionar internacionalmente”.
Hernán Paredes, Director de la sede Rey Balduino de la Universidad Federico Santa María Déficit de $400 millones frena desarrollo de la Sede
-¿Cómo impacta a su sede y a la Universidad Santa María, en general, la carga financiera que no cubre los aranceles?
“Es imprescindible bajar las tasas de interés en los créditos para estudiantes y la revisión del manejo del crédito universitario. Para nosotros, como sede y también para la universidad, constituye una gran carga financiera, básicamente, porque los aranceles que establece el Mineduc difieren de los reales. Hay una diferencia del orden de los 400 millones de pesos que asumimos anualmente como costo operacional. El no contar con esos recursos inhibe el plan de desarrollo de la sede en todos sus ámbitos”.
-¿Qué criterios espera su universidad para una distribución justa del fondo de US$ 4 mil millones anunciado?
“Quisiéramos que sea un monto coherente con el aporte que desde hace 50 años hacemos al país como Universidad Santa María, porque existe mucha ambigüedad en ese tema. Nos inquieta también el aumento de 70 mil a 120 mil becas para los IP y CFT. No hay claridad si parte de ellas podrán ser canalizadas por universidades como la Santa María, Católica de la Santísima de Concepción o la Universidad de Concepción, a través de nuestros IP y CFT. Esperamos que las aclaraciones del gobierno y los proyectos de ley que se enviarán al Congreso despejen muchas de las dudas que tenemos aún”.
-¿Cómo afecta a su universidad el hecho de que cada vez ingresen estudiantes de los quintiles bajos a la Educación Superior?
“Es una realidad a considerar, porque las proyecciones nos indican que quienes lleguen a la educación superior serán en el futuro de los quintiles más vulnerables. Eso implica que enfrentaremos una situación mucho más compleja. Por lo tanto, es el momento de reformular todo el mecanismo de financiamiento del sistema universitario. Estamos haciendo un estudio respecto de la remuneración de quienes egresan en relación con la deuda que deben servir por el concepto del pago del crédito universitario. Sabemos que ese factor tiene un alta incidencia en los ingresos de los técnicos e incluso en ingenieros en ejecución que hemos formado y están en ejercicio”.
-¿Cuáles deben ser los criterios básicos para un mecanismo de financiamiento que apoye la formación de profesionales técnicos?
“Como parte del financiamiento debiera haben recursos destinados a becas específicas para incentivar la formación de técnicos, porque si analizamos las necesidades de dotaciones que requiere Chile, tenemos una pirámide invertida. Eso se traduce en que existan en promedio diez profesionales de nivel superior por un solo técnico o que estén en un nivel de supervisor, siendo prioritario revertir esa situación para responder a la gran demanda que existe de técnicos sin satisfacer en el aparato productivo del país. Debería haber una política de Estado para una formación masiva de técnicos para las áreas donde son más necesarios. Una buena opción es un mecanismo de incentivo hacia las instituciones de educación superior que tienen esas carreras y también a los alumnos que desean estudiarlas, tal como opera la subvención para asegurar cobertura y permanencia en el sistema educativo.
Estudios señalan que hay una demanda insatisfecha de técnicos en el área industrial chilena. Por ejemplo, en el sector forestal, hay un alto número de ingenieros, pero faltan muchos técnicos que estén insertos en las labores en el bosque mismo. Lo mismo ocurre en muchos otros sectores productivos”.
-¿El proyecto de Superintendencia de Educación Superior que irá en agosto al Congreso permite resolver el tema del lucro?
“Es importante que tenga atribuciones y mecanismos de fiscalización claros para sus funciones. Entre ellas para hacer cumplir la legislación vigente que indica que no puede haber un afán de lucro en la educación superior. Eso requiere de una investigación acuciosa, porque muchas veces el lucro no aparece en las actividades educativas formales de las instituciones, pero si se genera a través de entidades vinculadas de manera anexa al plantel, como, por ejemplo, otras unidades de negocio”.