Viviana Véjar Himsalam
Profesor Investigador
Faro UDD Concepción.
No es novedad que las pensiones que reciben los chilenos de ingresos medios y bajos no alcanzan la tasa de reemplazo del 70% de las rentas promedio percibidas en sus últimos 10 años de trabajo. La declaración que hiciera en 1992 uno de los fundadores del sistema de capitalización individual, José Piñera, en su libro El Cascabel al Gato, ha sido malentendida como una “promesa” por gran parte de los encargados de política pública. Lo cierto es que no hizo ninguna promesa, sino que mencionó que “si todo iba razonablemente bien, nuestros cálculos indican que ahorrando mensualmente un 10% de la remuneración, las pensiones podrían alcanzar a montos equivalentes al 70% de ella al final de la vida de trabajo”.
¿Qué significa “que todo fuera razonablemente bien”? Por una parte, que el crecimiento económico hubiese sido sostenido en el tiempo, que la productividad total de los factores de producción siguiera creciendo a tasas superiores al 7%, que la tasa de desempleo promedio no superara el 5% y que hubiese dinamismo en los mercados con la consecuente generación de nuevos empleos acompañados de aumentos en los salarios reales.
La clase política debió enfocarse en diseñar políticas de Estado con el fin de impulsar la oferta agregada de largo plazo, la adición cuantitativa de capital físico y el mejoramiento cualitativo del capital humano. Una buena política en materia de educación pública hubiese sido la desestandarización de los proyectos educativos de las escuelas municipales, por medio de la ampliación de la oferta educacional básica y media para que los padres chilenos tuvieran la posibilidad de elegir entre distintos proyectos educativos: musicales, deportivos, laicos, religiosos, bilingües, artísticos o científico-humanistas. En este sentido, fue la iniciativa privada la que satisfizo la necesidad de las familias chilenas de elegir un determinado proyecto educativo, sin perjuicio de lo cual, nada le impedía a la clase política competir con las iniciativas educacionales privadas.
Respecto a la calidad de la educación superior, la clase política debió haberse asegurado que las carreras que se ofrecían tanto en universidades como institutos profesionales y centros de formación técnica, públicos y privados, respondieran a las necesidades estructurales de formación que se necesitaba para avanzar a los desafíos laborales del siglo XXI, para poder tener acceso a rentas más altas.
Era necesario también que se evaluara ajustar las edades de jubilación dada la mayor esperanza de vida que experimentaron los chilenos. Que, acorde a las tendencias en equidad de género, se nivelaran las edades de jubilación entre hombres y mujeres, pues estas últimas viven en promedio cinco años más.
Para el ciudadano europeo, una tasa de ahorro general del 10% del salario bruto es percibido como ideal comparado con las tasas cobradas por las leyes sociales de esos países que ascienden al 28,3% en el caso de España. Sin embargo, atendiendo a la realidad nacional, podría haberse ideado un sistema diferenciado de porcentajes de ahorro entre las rentas más altas y las más bajas, similar al mecanismo de impuestos a la renta progresivos para evitar la carga fiscal del Pilar Solidario.
El proyecto de reforma de pensiones del gobierno del presidente Gabriel Boric pretende recomponer las externalidades negativas -las bajas pensiones- causadas por el fallo de la clase política, en tanto representantes del Estado de Chile, con una reforma que castiga a los creadores de riqueza y empleo, gravando su actividad productiva con un impuesto al trabajo de un 6%, haciendo que se produzca una contracción de la oferta agregada de corto plazo como de la demanda agregada, en un momento en que estamos ad portas de una recesión mundial sin precedentes.
Las respuestas intervencionistas a los problemas económicos, lejos de incentivar la creación de riqueza necesaria para mejorar la calidad del empleo y el aumento de los salarios reales, lo que hacen es ahondar en el déficit fiscal. Esto constituye un alivio económico en el corto plazo, pero una carga tributaria intergeneracional excesiva en el largo plazo. Esto es, se garantizan los derechos sociales positivos de la generación actual imponiendo un deber a las futuras generaciones de financiar el derecho del primero.
